Guatemala tiene diversas problemáticas a resolver entre las que se encuentra la trágica adopción ilegal de niños. Los menores son extirpados de sus hogares en contra de los deseos de sus padres. Incluso hay familias que por ignorancia o por no querer realizar los trámites necesarios llevan a cabo un proceso de adopción que se encuentra por fuera de la ley.

Por Lucía Borello Taiana

Osmín Ricardo Tobar Ramírez es su primer y verdadero nombre, a pesar de que en su pasaporte figura Ricardo William Borz. Con tan sólo siete años, Ricardo fue llevado a los Estados Unidos para ser adoptado por una familia en el estado de Pennsylvania, sin concientización de sus padres biológicos y de manera irregular.

Él, al igual que su hermano menor y muchos otros niños de Guatemala y de América Latina, fue arrancado ilegalmente de su hogar para ser enviado en adopción. Osmín tenía ocho años en 1997 y su hermano Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, dos cuando se los llevaron. Según un informe de 2013 de CIDH los niños “fueron retirados de su casa por agentes de la Procuraduría General de la Nación, por orden del Juzgado de Menores”.

Guatemala padece la problemática de la adopción ilegal de menores desde hace décadas. A pesar de que el Estado ha tomado medidas preventivas para combatir estos delitos, el problema continúa. El 22 de mayo, en una audiencia pública, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Guatemala por el proceso ilegal de adopción de los hermanos Tobar Ramírez.

"Debemos tomar acciones para que nuestra sociedad y nuestro país no cometa esto de nuevo. Guatemala debe aceptar su responsabilidad y avanzar. Quiero que el Estado cuide a mi madre y mi papá, que les provea lo necesario y quiero mi nombre de nacimiento de vuelta porque es quién soy. Ese día dos hombres en una van me llevaron a mí y a mi hermano mientras mi madre estaba trabajando", sostuvo Osmin ante la CIDH.

Flor María Ramírez Escobar y Gustavo Amílcar Tobar Fajardo, los padres biológicos de los jóvenes que hoy tiene 27 y 21 años, enviaron en agosto de 2006 una petición a CIDH a través de la Asociación Casa Alianza, el Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con el objetivo de denunciar al Estado guatemalteco por lo ocurrido con sus hijos, por los que lucharon durante los últimos 20 años.

El Estado alega que lo ocurrido con los hermanos sucedió a partir de una denuncia anónima al juzgado por supuesto abandono de los niños. Además, las autoridades manifiestan que la denuncia fue “corroborada por diversas diligencias probatorias, que habrían confirmado el estado de abandono de los niños”.

Guatemala tiene diversas problemáticas a resolver entre las que se encuentra la trágica adopción ilegal de niños. Los menores son extirpados de sus hogares en contra de los deseos de sus padres. Incluso hay familias que por ignorancia o por no querer realizar los trámites necesarios llevan a cabo un proceso de adopción que se encuentra por fuera de la ley. Así lo describe el artículo “Esto es todo lo que debes saber sobre las adopciones en Guatemala” escrito por Wendy del Cid que esclarece paso a paso el proceso correcto y legal que hay que llevar adelante en caso de querer adoptar a un niño en Guatemala.

El procurador de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), Erick Cárdenas, afirma que la mayor parte de los bebés robados son vendidos para adopciones ilegales o para la extracción de sus órganos. Cárdenas establece que incluso muchos de los empleados de los hospitales están involucrados en el negocio ilegal, al colaborar con las redes criminales y obtener certificados de nacimiento falsos. Según un informe acerca de actores involucrados en el proceso de adopciones ilegales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre 2001 y 2009 se registraron 26.758 adopciones irregulares internacionales.

En Guatemala, distintas organizaciones no gubernamentales que se abocan a la protección de los derechos de los niños como por ejemplo “El Refugio de la Niñez”, que trabaja en pos de la restitución de los derechos humanos de los niños y adolescentes guatemaltecos. Además otorga “protección jurídica” denunciando a las autoridades y “litiga casos penales y de protección en el sistema de justicia guatemalteco”. Según estadísticas que proveyó esta organización, 1.700 niños continuaban desaparecidos a principios de 2013.

El Estado guatemalteco ha tomado varias medidas para contrarrestar los delitos de adopción ilegal y por ende también de tráfico de personas, pero sin embargo no logran resolver la problemática. En 2011 la justicia apresó a la abogada, Susana María de la Asunción Loarca Saracho, vinculado con adopciones irregulares. La mujer fue encarcelada por delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de adopción irregular y uso de documentos falsos y condenada a 18 años y 8 meses de prisión. El Ministerio Público (MP) acusó a Saracho de ser líder de una red especializada en procesos ilegales de adopción de menores. Saracho fue la que gestionó la adopción ilegal de Osmín y Jeffrey.

Existen muchos casos similares en Guatemala de abogados, médicos entre otros, que se encuentran involucrados en este tipo de accionar ilícitos. Incluso se ha llegado a apresar a funcionarios públicos por acciones irregulares vinculadas con la adopción y robo de bebés, como fue el caso de la vicecanciller Sandra Erika Jovel Polanco el año pasado. Jovel obtuvo su libertad luego de pagar una fianza de 10 mil quetzales.

En 2007 la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos, perteneciente al Ministerio de relaciones Exteriores de Guatemala, planteó que en Guatemala la mayoría de las adopciones son de carácter internacional y que “han funcionado como negocio, sin regulaciones adecuadas, y han generado intereses creados (abogados, médicos, intermediarios)”. Ese mismo Guatemala adhirió al Convenio de La Haya sobre Adopciones, y en diciembre fue aprobado el Decreto N° 77 - Ley de Adopciones.

Por otro lado, las redes de adopción ilegal no son la única razón por la cual se infringen los derechos de los niños en la región. Niñas son insertadas -muchas veces vendidas por sus propios familiares- en el tráfico de personas, convirtiéndolas así en esclavas sexuales desde muy temprana edad. La periodista mexicana Lydia Cacho ilustra con claridad esta problemática en su libro de investigación “Esclavas del poder” (2010).

En 1990, Guatemala adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 sobre la base de la Declaración de los Derechos de los Niños (1959). La Convención tiene como objetivo comprometer a los Estados involucrados a promocionar estos derechos y poder reconocer aquellos en los que se debe enfatizar para mejorar. La adopción ilegal de menores infringe muchos de los artículos o principios de la Convención mencionada, por lo que el Estado guatemalteco es responsable de las adopciones irregulares e ilegítimas que suceden en su territorio.

Sin embargo, llama la atención no haya mención alguna en las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, en su informe de 2016 acerca de los derechos de los niños guatemaltecos y la protección de los mismos contra adopciones ilegales. Hasta que esta problemática no se erradique, los niños estarán expuestos a diversos peligros y no gozarán de manera plena de todos sus derechos.