Hay una rica historia uruguaya en materia de derecho internacional y actuación en ese campo como para conceptualizar una postura republicana y democrática respecto a Venezuela y apelar a ella cuando sea necesario como presidente de todos los uruguayos, no de una porción de ellos.

Por Hugo Machín Fajardo

Foto: uypress.net

Uruguay tendrá elecciones generales el 27 de octubre donde el candidato de izquierda Yamandú Orsi (Frente Amplio-FA) y el candidato del oficialismo Álvaro Delgado (Partido Nacional), disputarán la presidencia muy posiblemente en segunda vuelta.

Las encuestas otorgan hoy una ventaja de 3 a 5 puntos al candidato Orsi, exintendente del departamento de Canelones, el segundo en población del país, quien se desempeñó durante dos periodos consecutivos al frente de esa municipalidad. En diciembre 2023, obtenía el 70% de aprobación de su gestión en limpieza, con guarismos de tres puntos más, específicamente en recolección de residuos y alumbrado público, según encuesta de la empresa Cifra.

Delgado ocupó la secretaria general del actual presidente, Luis Lacalle Pou, cargo desde el que se proyectó a esta instancia en la que encabezará la coalición de gobierno formada por seis partidos, donde destacan el Nacional y el Partido Colorado.

El FA está integrado por más de 40 sectores entre partidos y agrupaciones —desde izquierda radical a centro izquierda— distribuidos en tres tendencias encabezadas por el sector del ex presidente José «Pepe» Mujica una; el Partido Comunista otra; y el Partido Socialista la tercera. 

Más allá del fragor propio de toda campaña electoral invariablemente polarizada, ya sea por el retorno de la izquierda al gobierno ejercido entre 2004 y 2019, y que ejerce en Montevideo desde 1989; o por la continuidad del enfoque impreso por la administración Lacalle Pou, en Uruguay, a partir de marzo 2025, no «temblarán hasta las raíces de los árboles», ni se impondrá el «neoliberalismo», como pronostican algunos ciudadanos con espíritu de barrabrava en las redes sociales.

Por cierto, que en cada caso el énfasis en unos y otros aspectos de la vida nacional hace la diferencia, según el sector social sobre el que se aplique la lupa, si es Orsi o Delgado, quien llegue a la presidencia. Pero no es hoy el análisis de esos importantes aspectos, esencia de la democracia, en esta columna.

No, lo que entiendo necesario proponer aquí es discernir la actitud individual a asumir cuando, sin ser víctima o victimario, pero sí testigo de la violación de los derechos humanos de un semejante, cuando se lidera a la mitad de la ciudadanía uruguaya, y se tiene chance de alcanzar la presidencia.

Nueve días después del anuncio hecho pasada la medianoche del 28 de julio por un organismo electoral de bolsillo de Nicolás Maduro, que no ofreció una sola constancia de lo que estaba anunciando como triunfo oficialista, el candidato Orsi expresó no creer en esos resultados.  En esos nueve días hubo 11 muertos (hoy llegan a 24); más de mil ciudadanos detenidos; cacería de testigos de mesas electorales de la oposición (son 30.000) un número indeterminado de desaparecidos; personas detenidas por el contenido de sus celulares y arbitraria anulación de pasaportes.

La responsabilidad moral siempre es individual. Algo que, conocido el Holocausto, fue objeto de análisis y debate sobre qué responsabilidad cupo a unos y otros. «Tan terrible como la maldad de los inicuos fue la pasividad de los buenos», se ha dicho acerca de las actitudes personales frente a la barbarie.

Es la conclusión del obispo anglicano sudafricano Desmond Tutu respecto a la posición a adoptar ante el Apartheid: «Si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor».  

La indiferencia hacia la suerte de las víctimas subyace en las diferentes actitudes asumidas en esas instancias históricas salvo en la de comprometerse de una u otra manera con la víctima.

El tiempo transcurrido y los diferentes hechos contrapuestos no pueden ser una nueva excusa para relativizar el pasado y el presente. Me explico: el horror del pueblo judío vivido entre 1933 y 1945 en Alemania y la Europa invadida por Hitler, no cesa ante la vesania de un Netanyahu que no debe ser visto como el representante de la colectividad hebrea. De hecho, en Israel —medido por encuesta— solo un 27% de la ciudadanía apoya su desproporcionada venganza ante el horror ocurrido el 7 de octubre 2023.

Dos días antes de la elección en Venezuela del 28 de julio, el candidato uruguayo Orsi se negó a firmar un documento suscrito por los cuatro restantes candidatos presidenciales en el que se sostenía que los comicios «no garantizan un proceso democrático» debido a la existencia de «presos políticos (…) hostigamiento a la oposición la inhabilitación de la principal candidata opositora María Corina Machado», aunque abrían una puerta de expectativa, siempre que las elecciones fueran transparentes y con garantías.

El documento era la fotografía de una situación concreta. Orsi se abstuvo porque no había participado en la redacción. Pero un líder tiene la obligación de conocer la película más que la fotografía. Y la película venezolana que se desarrolla desde hace un cuarto de siglo ha sido y sigue siendo concluyente respecto a la erosión de una democracia latinoamericana hasta llegar a la dictadura de hoy.

Entre los asesores del candidato Orsi reviste quien fuera por dos periodos relator para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), cargo al que accedió durante la administración de Pepe Mujica. Durante los ocho años en que redactó informes anuales sobre el estado de la libertad de prensa en el continente, «no pudo no saber» dicho asesor que en ese período el chavismo cerró 405 medios de prensa, en las últimas dos décadas, como parte de una «política de Estado» contra «la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo», según denuncia de periodistas venezolanos. Medios internacionales han sido expulsados o censurados por períodos. Además de haber cooptado canales de TV mediante petrodólares que sensibilizaron a los propietarios, así como que se robó las instalaciones del periódico El Nacional de Caracas, donde, medio siglo antes trabajaron uruguayos exiliados.

Otro de los asesores del candidato Orsi fue invitado por el régimen de Maduro para que oficiara como veedor electoral el domingo 28 de julio, responsabilidad que le fue negada a varios interesados en presenciar esas elecciones.

A su regreso al país, el veedor uruguayo elogió el sistema electoral venezolano como uno de los «mejores del mundo», e incluso destaco que el sistema electoral de Uruguay «no tiene las garantías» del caribeño. El veedor del FA no entendió la diferencia entre un sistema de votación, —registro y computarización e impresión de actas electorales electrónicos— y el margen de maniobra humana que permite trampear el acto electoral pese a dicho sistema. Compró con ojos de militante al CNE venezolano la versión «del hackeo», sin averiguar en qué consistió, cómo y en qué habría afectado si realmente hubiera existido tal «ciberataque».

El sistema electoral uruguayo es reconocido como uno de los más garantistas de la región. En 1980 la dictadura que entonces imperaba en Uruguay sometió un referéndum a la voluntad ciudadana para aprobar o rechazar la constitución castrense propuesta. Alcanzó que los opositores solicitaran «la cuarta acta» a la Corte Electoral, para que los delegados electorales opositores supieran y transmitieran —sin WhatsApp mediante— el triunfo del NO que fue reconocido por la dictadura uruguaya antes de que culminara el día de las elecciones. El candidato Orsi contaba con 13 años entonces. No podía asumir la trascendencia histórica de aquel triunfo.

La pregunta a hacerle hoy a Orsi es por qué al asesor electoral del FA no se le ocurrió averiguar con los representantes del Centro Carter, —única institución admitida por el chavismo para supervisar las elecciones— cómo habían calificado los comicios. Por qué tampoco dialogó con representantes de la oposición antes de regresar a Uruguay. ¿A qué fue ese asesor a Caracas? Otro incompetente asesor.

El candidato Orsi debería mínimamente exigir a sus asesores que le informen, no que le adulen, y si a partir de marzo 2025 ejerce la presidencia del país, para la cual casi la mitad de la ciudadanía no lo habría votado, mucho más exigente deberá ser con su entorno. Su primera responsabilidad como jefe de Estado es no propiciar una mayor polarización social en el Uruguay.

Vale la pena recordar que en 1994 el ex teniente coronel golpista Hugo Chávez visitó Montevideo y se entrevistó con dirigentes de la izquierda Uruguay. El entonces presidente del FA, Líber Seregni, no aceptó reunirse con el venezolano. «No recibo a militares golpistas» habría sido la respuesta de Seregni al dirigente frenteamplista que le propuso la reunión.

Lo cierto es que Venezuela confirma, una vez más, que de esa polarización medran los Maduro para apropiarse dictatorialmente del poder. Argentina y Brasil también sufren las consecuencias generadas por jefes de Estado dedicados a incentivar la fractura social que pone en riesgo la convivencia democrática. Donald Trump fue un precursor en la materia.

El candidato Orsi debe pensar con su propia cabeza porque, reitero, la responsabilidad moral para con su país es suya solo. Es personal. No son referentes morales ni Lula, a quien en 2016 Dilma Rousseff le tiró el salvavidas de un cargo ministerial para eludir a la justicia, luego excarcelado en virtud de un tecnicismo jurídico, pero no exculpado de su responsabilidad por el «mensalão» y por Odebrecht. Ni lo es “Pepe” Mujica, —quien estuvo de acuerdo con el «mensalão»— y también propició el ingreso por la ventana del régimen chavista al Mercosur— «lo político está por encima de lo jurídico»— se burló de quienes reclaman democracia aconsejándoles «no ponerse delante de la tanqueta» en momentos (2017) en que Maduro asesinaba en la calle a 300 manifestantes; y piensa y dice que «la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana». Ni López Obrador es referente —el que irresponsablemente pretendía saber más que los médicos respecto al Covid -19— quien un día invoca a la OEA,  y otro día la descalifica, en aras de darle tiempo a Maduro para que arme otro fraude dentro del robo.

Ni tiene porqué serlo Boric, más allá de lo importante de su postura democrática expresada no bien se conoció que Maduro pretendía robarse la elección a mano armada.

Si el candidato Orsi es el futuro presidente, deberá abrevar en otras fuentes: José Serrato primer presidente uruguayo electo por voto popular, directo y secreto (1922), quien en 1945 participó en representación de Uruguay en la conferencia de  San Francisco que originó la Carta de la ONU; el maestro Justino Jiménez de Aréchaga, partícipe de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU,1948; Enrique Rodríguez Fabregat, batllista  —22 años después cofundaba el Frente Amplio— quien en 1948 fue un factor clave en la comunidad internacional sobre la necesidad de que se creara el Estado de Israel; Eduardo Jiménez de Aréchaga, Carlos Martínez Moreno, Rodolfo Schurmann Pacheco, Alberto Ramón Real, Mario Sambarino, Héctor Gros Espiell; Alberto Pérez Pérez y decenas más. Hay rica, riquísima historia uruguaya en materia de derecho internacional y actuación en ese campo como para conceptualizar una postura republicana y democrática respecto a Venezuela y apelar a ella cuando sea necesario como presidente de todos los uruguayos, no de una porción de ellos, pues sobrevendrán nuevos conflictos entre democracia y autoritarismo que es lo que hoy está planteado en el orden multilateral.