15.05.17Crisis de TVN enfrenta el negocio basado en el rating con el financiamiento estatal
(Política&Economía) El proyecto que propone modificar la Ley 19.132, que regula el funcionamiento de Televisión Nacional de Chile (TVN), ingresó al Congreso el 6 de noviembre de 2008. O sea, partió en el anterior gobierno de Michelle Bachelet y suma poco más de ocho años de tramitación. Aun así, recién está en su segunda fase de discusión legislativa (segundo trámite constitucional). Por Hugo Traslaviña
(Política & Economía) El proyecto que propone modificar la Ley 19.132, que regula el funcionamiento de Televisión Nacional de Chile (TVN), ingresó al Congreso el 6 de noviembre de 2008. O sea, partió en el anterior gobierno de Michelle Bachelet y suma poco más de ocho años de tramitación. Aun así, recién está en su segunda fase de discusión legislativa (segundo trámite constitucional). En marzo de 2017 el Ejecutivo hizo llegar al Senado una séptima indicación, que modifica el texto original, pero esta vez con un recorte que puso en alerta al actual directorio de TVN, porque lo obliga a buscar otros caminos para cubrir las pérdidas acumuladas en los dos últimos años.
La indicación que en marzo pasado envió al Congreso la Presidenta Michelle Bachelet, para reformular el proyecto de ley que pretende reordenar el negocio de Televisión Nacional (TVN), es como una aspirina tratando de curar una bronconeumonía. Esto porque la Presidenta propuso rebajar tanto la cifra de capitalización como aquella para crear un canal cultural, a cargo de TVN.
La indicación autoriza una inyección de capital “extraordinaria” por US$ 47 millones, es decir, US$ 28 millones menos que los que anunció el año pasado. Y respecto del canal cultural, redujo la cifra a US$ 18 millones, esto es US$ 7 millones menos que lo prometido en la indicación anterior.
El gobierno aclaró que ambos aportes de capital serán administrados en presupuestos separados, con lo cual la empresa no podría trasvasijar parte del capital fresco para cubrir las pérdidas registradas en el bienio 2015 y 2016, que suman $ 40.674 mil millones (U$62 millones). Por ahora no hay señales de que en 2017 éstas puedan revertirse.
Estas pérdidas dan cuenta de un pobre desempeño del corazón del negocio de Televisión Nacional, es decir, la venta de publicidad para apuntalar su oferta de contenidos, a estas alturas de dudosa receptividad, a juzgar por el bajo rating (audiencia) que ha mantenido al canal estatal en la cuarta posición del ranking de las televisoras chilenas.
Frente a esta situación la dirección de TVN no pueda achacar las pérdidas acumuladas a un problema exclusivo del mercado, porque entre tanto, otros canales de la competencia han tenido éxito, anotando ganancias, como es el caso de Mega, que en 2016 registró un saldo positivo por $ 10.899 millones (US$ 16,6 millones).
En el ranking de audiencia de la televisión abierta chilena (rating), en 2016 TVN se ubicó en el cuarto lugar, con un promedio de 5 puntos. La lista la volvió a liderar Mega, por tercer año consecutivo, con 9,5 puntos, seguido por Chilevisión, con 6,2 y por Canal 13, con 6,1 puntos.
Autofinanciamiento
El actual modelo de negocio de TVN descansa fundamentalmente en la publicidad (77,6% el año pasado), porque así lo dispusieron los legisladores en la década del ’90, cuando establecieron la Ley 19.132. Según ellos, estaban echando las bases de un canal estatal con vocación pública, supuestamente autónomo de los gobiernos de turno, tanto en la definición de los contenidos, como en la línea editorial. Si bien con esto el canal estatal logró autonomía financiera, no está claro que haya conseguido independencia en el ámbito de los contenidos, debido a que se ha tenido que someter al condicionamiento del rating, de modo que hoy TVN carece de los rasgos de una televisión pública que la diferencien de la televisión comercial.
Lejos de este modelo está la televisión pública europea, que se financia con impuestos o con aportes directos del estado, precisamente para alejarla del negocio publicitario, que en casos extremos conduce a la prevalencia de los contenidos chatarra.
“Al ser puesta a competir con los canales privados por la ‘torta publicitaria’ y por tanto por el rating, la TV pública se verá atrapada en una cruda paradoja: o hacer una programación cada día más parecida a la de la TV privada -con base en géneros de máxima audiencia como concursos gigantescos y millonarios, o talk show- o a una programación culturalmente para minorías exquisitas”, dice el experto Jesús Martín Barbero en el libro “Televisión pública: del consumidor al ciudadano”.
Agrega que “por ambos lados una gran parte de su audiencia se siente estafada: ¿por qué seguir subvencionando con dineros públicos una televisión igualmente frívola y barata como la privada, o por qué subvencionar una televisión cara, sólo para las minorías cultas de siempre?”. Luego sostiene que estas cuestiones han venido a reforzar la oferta segmentada y directa del satélite (particularmente de Netflix), del cable, para quienes pueden suscribirse a una programación cultural de calidad, o de entretenimiento diversificado.
Sin necesidad de reinventar la rueda, quizás el modelo de la PBS (Public Broadcasting Service) de Estados Unidos, es el que debiera tomar en cuenta el gobierno para solucionar esta disyuntiva y ofrecer una alternativa de financiamiento mixta a TVN. En el caso de PBS este proviene en 47% de fondos federales y de estaciones locales y/o educacionales afiliadas, que contratan contenidos; 24% por derechos de transmisión y royalties; y el
resto con ingresos provenientes de la venta de otros servicios (programas envasados, productos educacionales, películas, libros y juguetes, entre otros). Incluso PBS cuenta con una tienda on line.
Inercia comercial
Mientras tanto, en su afán de autofinanciarse con la venta de publicidad, TVN cayó en el juego de la TV comercial, con la exigencia de que al mismo tiempo debía cumplir con la noble misión de contribuir al desarrollo cultural y a la defensa de los valores que supuestamente velan por los grandes intereses del país. Idealmente, con una oferta de contenidos que la distinguiera de la industria cultural de origen privado, cuya prioridad es conseguir renta con a partir de una oferta programática que asegure el éxito comercial.
Cualquier negocio que dependa preponderantemente de la publicidad debe estar dispuesto a competir con las armas que el mercado valida y que se traduce en el rating. Por lo mismo, en cualquier parte donde existe televisión comercial los contenidos pasan por el rasero de una audiencia masiva, cuya principal motivación para ver la pantalla chica es el pasatiempo lúdico (reality shows, competencias de baile, telenovelas y cartomancia, entre otros), el fútbol y la noticia revestida como espectáculo. Con este fin, la producción televisiva comercial selecciona la información con el sesgo del facilismo, incluyendo la “puesta en escena de las noticias”. En este marco los editores seleccionan las informaciones que son fácilmente digeribles por el público masivo, descartando otras de mayor especialización y que aparentemente son solo del gusto de las élites.
Así como ocurre con cualquier otro medio masivo, sea cual fuere la plataforma tecnológica, el resultado de este ejercicio de pragmatismo comercial en televisión, conduce inevitablemente al ajuste de los contenidos a lo que espera la gran audiencia, tendiendo un puente con los potenciales avisadores. De este modo, la relación con los avisadores determina no sólo el financiamiento y la sobrevivencia económica del medio y en este caso la pretendida autonomía del poder político convierte a la televisión comercial en un rehén del rating.
La paradoja de este fenómeno es que, en los casos extremos de enajenación comercial, la pretendida autonomía política es ejercida sólo como una declaración de principios, imposible de contrapesar el poder de la expresión consumista. Al final del día, los avisadores condicionan los contenidos, logrando más influencia que las autoridades y los representantes de las élites políticas.
De otro modo no se explica la crítica transversal que ha recibido la gestión del directorio de TVN, cuoteado políticamente, pero incapaz de ofrecer un modelo de negocio distinto del que ofrece la industria televisiva manejada por el sector privado.
Esto lleva a preguntarse si el país está en condiciones de seguir sosteniendo una empresa estatal que por una parte arroja pérdidas y por otra no atrae el interés de la audiencia. A estas alturas TVN es una televisora más del mercado, con rumbo incierto y representan una carga para el Estado, sin que sus directivos puedan asegurar que esta situación será superada en el mediano plazo.
(Política & Economía) El proyecto que propone modificar la Ley 19.132, que regula el funcionamiento de Televisión Nacional de Chile (TVN), ingresó al Congreso el 6 de noviembre de 2008. O sea, partió en el anterior gobierno de Michelle Bachelet y suma poco más de ocho años de tramitación. Aun así, recién está en su segunda fase de discusión legislativa (segundo trámite constitucional). En marzo de 2017 el Ejecutivo hizo llegar al Senado una séptima indicación, que modifica el texto original, pero esta vez con un recorte que puso en alerta al actual directorio de TVN, porque lo obliga a buscar otros caminos para cubrir las pérdidas acumuladas en los dos últimos años.
La indicación que en marzo pasado envió al Congreso la Presidenta Michelle Bachelet, para reformular el proyecto de ley que pretende reordenar el negocio de Televisión Nacional (TVN), es como una aspirina tratando de curar una bronconeumonía. Esto porque la Presidenta propuso rebajar tanto la cifra de capitalización como aquella para crear un canal cultural, a cargo de TVN.
La indicación autoriza una inyección de capital “extraordinaria” por US$ 47 millones, es decir, US$ 28 millones menos que los que anunció el año pasado. Y respecto del canal cultural, redujo la cifra a US$ 18 millones, esto es US$ 7 millones menos que lo prometido en la indicación anterior.
El gobierno aclaró que ambos aportes de capital serán administrados en presupuestos separados, con lo cual la empresa no podría trasvasijar parte del capital fresco para cubrir las pérdidas registradas en el bienio 2015 y 2016, que suman $ 40.674 mil millones (U$62 millones). Por ahora no hay señales de que en 2017 éstas puedan revertirse.
Estas pérdidas dan cuenta de un pobre desempeño del corazón del negocio de Televisión Nacional, es decir, la venta de publicidad para apuntalar su oferta de contenidos, a estas alturas de dudosa receptividad, a juzgar por el bajo rating (audiencia) que ha mantenido al canal estatal en la cuarta posición del ranking de las televisoras chilenas.
Frente a esta situación la dirección de TVN no pueda achacar las pérdidas acumuladas a un problema exclusivo del mercado, porque entre tanto, otros canales de la competencia han tenido éxito, anotando ganancias, como es el caso de Mega, que en 2016 registró un saldo positivo por $ 10.899 millones (US$ 16,6 millones).
En el ranking de audiencia de la televisión abierta chilena (rating), en 2016 TVN se ubicó en el cuarto lugar, con un promedio de 5 puntos. La lista la volvió a liderar Mega, por tercer año consecutivo, con 9,5 puntos, seguido por Chilevisión, con 6,2 y por Canal 13, con 6,1 puntos.
Autofinanciamiento
El actual modelo de negocio de TVN descansa fundamentalmente en la publicidad (77,6% el año pasado), porque así lo dispusieron los legisladores en la década del ’90, cuando establecieron la Ley 19.132. Según ellos, estaban echando las bases de un canal estatal con vocación pública, supuestamente autónomo de los gobiernos de turno, tanto en la definición de los contenidos, como en la línea editorial. Si bien con esto el canal estatal logró autonomía financiera, no está claro que haya conseguido independencia en el ámbito de los contenidos, debido a que se ha tenido que someter al condicionamiento del rating, de modo que hoy TVN carece de los rasgos de una televisión pública que la diferencien de la televisión comercial.
Lejos de este modelo está la televisión pública europea, que se financia con impuestos o con aportes directos del estado, precisamente para alejarla del negocio publicitario, que en casos extremos conduce a la prevalencia de los contenidos chatarra.
“Al ser puesta a competir con los canales privados por la ‘torta publicitaria’ y por tanto por el rating, la TV pública se verá atrapada en una cruda paradoja: o hacer una programación cada día más parecida a la de la TV privada -con base en géneros de máxima audiencia como concursos gigantescos y millonarios, o talk show- o a una programación culturalmente para minorías exquisitas”, dice el experto Jesús Martín Barbero en el libro “Televisión pública: del consumidor al ciudadano”.
Agrega que “por ambos lados una gran parte de su audiencia se siente estafada: ¿por qué seguir subvencionando con dineros públicos una televisión igualmente frívola y barata como la privada, o por qué subvencionar una televisión cara, sólo para las minorías cultas de siempre?”. Luego sostiene que estas cuestiones han venido a reforzar la oferta segmentada y directa del satélite (particularmente de Netflix), del cable, para quienes pueden suscribirse a una programación cultural de calidad, o de entretenimiento diversificado.
Sin necesidad de reinventar la rueda, quizás el modelo de la PBS (Public Broadcasting Service) de Estados Unidos, es el que debiera tomar en cuenta el gobierno para solucionar esta disyuntiva y ofrecer una alternativa de financiamiento mixta a TVN. En el caso de PBS este proviene en 47% de fondos federales y de estaciones locales y/o educacionales afiliadas, que contratan contenidos; 24% por derechos de transmisión y royalties; y el
resto con ingresos provenientes de la venta de otros servicios (programas envasados, productos educacionales, películas, libros y juguetes, entre otros). Incluso PBS cuenta con una tienda on line.
Inercia comercial
Mientras tanto, en su afán de autofinanciarse con la venta de publicidad, TVN cayó en el juego de la TV comercial, con la exigencia de que al mismo tiempo debía cumplir con la noble misión de contribuir al desarrollo cultural y a la defensa de los valores que supuestamente velan por los grandes intereses del país. Idealmente, con una oferta de contenidos que la distinguiera de la industria cultural de origen privado, cuya prioridad es conseguir renta con a partir de una oferta programática que asegure el éxito comercial.
Cualquier negocio que dependa preponderantemente de la publicidad debe estar dispuesto a competir con las armas que el mercado valida y que se traduce en el rating. Por lo mismo, en cualquier parte donde existe televisión comercial los contenidos pasan por el rasero de una audiencia masiva, cuya principal motivación para ver la pantalla chica es el pasatiempo lúdico (reality shows, competencias de baile, telenovelas y cartomancia, entre otros), el fútbol y la noticia revestida como espectáculo. Con este fin, la producción televisiva comercial selecciona la información con el sesgo del facilismo, incluyendo la “puesta en escena de las noticias”. En este marco los editores seleccionan las informaciones que son fácilmente digeribles por el público masivo, descartando otras de mayor especialización y que aparentemente son solo del gusto de las élites.
Así como ocurre con cualquier otro medio masivo, sea cual fuere la plataforma tecnológica, el resultado de este ejercicio de pragmatismo comercial en televisión, conduce inevitablemente al ajuste de los contenidos a lo que espera la gran audiencia, tendiendo un puente con los potenciales avisadores. De este modo, la relación con los avisadores determina no sólo el financiamiento y la sobrevivencia económica del medio y en este caso la pretendida autonomía del poder político convierte a la televisión comercial en un rehén del rating.
La paradoja de este fenómeno es que, en los casos extremos de enajenación comercial, la pretendida autonomía política es ejercida sólo como una declaración de principios, imposible de contrapesar el poder de la expresión consumista. Al final del día, los avisadores condicionan los contenidos, logrando más influencia que las autoridades y los representantes de las élites políticas.
De otro modo no se explica la crítica transversal que ha recibido la gestión del directorio de TVN, cuoteado políticamente, pero incapaz de ofrecer un modelo de negocio distinto del que ofrece la industria televisiva manejada por el sector privado.
Esto lleva a preguntarse si el país está en condiciones de seguir sosteniendo una empresa estatal que por una parte arroja pérdidas y por otra no atrae el interés de la audiencia. A estas alturas TVN es una televisora más del mercado, con rumbo incierto y representan una carga para el Estado, sin que sus directivos puedan asegurar que esta situación será superada en el mediano plazo.