09.02.17El éxito relativo del ajuste fiscal contrasta con el pobre crecimiento de la economía chilena
(Política & Economía) Desde que las agencias Fitch Ratings y Standard and Poor’s redujeron la perspectiva de la deuda chilena del nivel estable a negativo, el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha esmerado en poner paños fríos a los agoreros que temen que en los próximos meses aquellos evaluadores externos bajen la calificación de riesgo-país de Chile, que hoy se ubica en el holgado estatus A+ y AA-, respectivamente, el mejor de América Latina. Esto podría ocurrir, entre otras cosas, si el país sigue mostrando una tendencia al aumento del déficit fiscal.Por Hugo Traslaviña
(Política & Economía) Las alarmas por la tendencia al alza del déficit fiscal en Chile se remontan al inicio del actual gobierno liderado por la Presidenta Bachelet, cuando comenzó el ciclo de baja del precio del cobre y de otras materias primas. Al mismo tiempo, la inversión comenzó a frenarse, empujando a la baja el crecimiento económico. En este contexto, el gobierno de Bachelet impulsó la reforma a la educación, que implica un fuerte aumento del gasto fiscal y una tributaria, que puso en estado de alerta a los empresarios, siempre refractarios al pago de impuestos.
Para colmo de esta tormenta fiscal casi perfecta, una menor tasa de crecimiento significa también una baja en la recaudación tributaria, simplemente porque se reduce el volumen de facturación de las empresas.
En este contexto, a fines de enero pasado el gobierno dio un respiro con la noticia de que en 2016 el déficit fiscal fue casi un punto porcentual inferior al estimado por aquellas agencias clasificadoras, cuando poco antes de esta noticia elaboraron el informe que prendió la luz amarilla, sobre la perspectiva de riesgo de la deuda soberana chilena. Tal alivio indica que el ajuste fiscal propuesto por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tuvo un éxito relativo, en medio del pobre desempeño del ritmo de crecimiento económico, cercano a 1,5% en 2016, según estimaciones preliminares.
En línea con la política de contención del gasto, el gobierno ha descartado las propuestas de reanimación de la actividad económica, vía aumento de la inversión pública que le han hecho llegar los propios partidos que lo apoyan. Con este predicamento, iniciativas como la creación del Fondo de Infraestructura es probable que no alcance a ser realidad en el actual gobierno, porque bajo el actual paradigma de búsqueda del equilibrio fiscal, este fondo podría afectar la meta del endeudamiento del sector público.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal efectivo acumulado durante 2016 totalizó $4.595.400 millones. Esto es, unos US$ 6.890 millones (1), lo que equivale a -2,8% del PIB estimado para el ejercicio. Esta cifra muestra un quiebre en la tendencia al alza del déficit efectivo, observada en los últimos años. Además, 2016 habría cerrado con un déficit estructural de 1,6% del PIB, cifra que resulta de considerar los retornos por los ahorros del país mantenidos en los fondos soberanos (2). La cifra definitiva del déficit estructural se debiera conocer en marzo de 2017, una vez que el Banco Central entregue el PIB de 2016 y se conozca la información del cierre del ejercicio de Codelco.
Gracias a la reforma tributaria, los ingresos del gobierno central acumulados al cierre del año pasado tuvieron un modesto aumento -real anual- de 1,0%, respecto de igual período de 2015, mientras que los gastos crecieron en 3,7% real durante el mismo ejercicio. De este modo, el balance del gobierno central registró un déficit equivalente al 2,8% del producto interno bruto (PIB).
Según el balance entregado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), a diciembre de 2016 los ingresos totales del gobierno central alcanzaron $35.040.590 millones, unos US$ 52.500 millones, lo que representa un aumento real de 1,0% respecto de igual período del año anterior. De este total, $34.543.036 millones (US$ 51.788 millones) corresponden a ingresos presupuestarios corrientes y $497.554 (US$ 745 millones) a ingresos extrapresupuestarios.
De esta forma, los ingresos del gobierno central en el período habrían representado el 21,1% del PIB estimado para el año pasado.
El balance fiscal del año pasado indica que los ingresos tributarios netos crecieron en un modesto 0,9% respecto del año anterior, variación que se descompone en un incremento real anual de 5,8% en la tributación de los contribuyentes no mineros y una caída de 99,1% en la tributación de la gran minería privada. Esto último muestra el fuerte ajuste que tuvo en año pasado el sector productivo exportador más importante del país, el que a su vez actúa como un propulsor del resto de los sectores productivos.
Baja del precio del cobre
En efecto, el año pasado se observó una fuerte caída de 17,9% en los ingresos provenientes de Codelco, por ventas de cobre, en relación con 2015. Este resultado se explica en gran medida por la baja del precio del cobre, que en 2016 tuvo un promedio de US$2,21 la libra del metal, mientras que en 2015 este fue de US$2,50 por libra.
Mientras tanto, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), registró un alza real 2,1%, mientras que los ingresos por el pago del impuesto a la renta experimentó una baja real anual de 5,8%, también respecto de 2015.
Según Dipres, esto último fue consecuencia de una drástica baja, de 99,1% , en la recaudación del impuesto a la renta que afecta al grupo de las 10 mayores compañías mineras privadas que operan en el país, como consecuencia de la caída del precio del cobre.
En contraste con lo anterior, en el caso del resto de los contribuyentes se observó un incremento real de 5,7% de la recaudación del impuesto a la renta, debido en parte al incremento de la tasa de primera categoría establecido en la reforma tributaria y a una recaudación extraordinaria, asociada al impuesto transitorio sobre el fondo de utilidades tributarias (FUT) histórico, mecanismo que fue parcialmente eliminado por la reforma aprobada en 2014.
Adicionalmente, durante 2016, al igual que en 2015, se percibieron ingresos extraordinarios por concepto de registro de capitales en el exterior, que ascendieron a $520.071 millones (US$ 780 millones), los que se contabilizan junto con el impuesto a la renta del resto de contribuyentes y en el ítem otros impuestos. Estos últimos crecieron 168,5% real a diciembre del año pasado.
En la otra columna del balance fiscal, el año pasado el gasto del gobierno central acumulado a diciembre de 2016, alcanzó a $39.635.990 millones (US$ 59.424 millones), lo que significa un crecimiento real de 3,7% en relación al año anterior. De este total, $39.289.373 millones (US$ 58.904 millones) corresponden al gasto presupuestario normal, que el año pasado tuvo un crecimiento real anual de 3,8%.
Sub ejecución del gasto
Al cierre de 2016 se registró una tasa de ejecución del gasto de 98,4%, levemente inferior al presupuesto aprobado por ley. Esta tasa contrasta con la sobre ejecución registrada el año anterior, que ascendió al 101,1%.
En gran medida, la sub ejecución presupuestaria se explica por la instrucción emanada del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre de 2016, de reducir el gasto en $380.014 millones (unos US$ 570 millones), lo que se tradujo en un ajuste promedio del 4% para la mayoría de los ministerios y servicios del Estado.
El ítem gasto de capital, esto es inversión más transferencias de capital a diciembre pasado, alcanzó un nivel de ejecución del 94%, dato que no deja de preocupar en medio de la desaceleración del crecimiento y que se suma a la sub ejecución observada en 2015, que fue del 96,4%.
De entre los ministerios con mayor gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuesto 2016, los que más rindieron fueron Obras Públicas y Vivienda, con tasas de ejecución de 100,7% y 100,3 respectivamente. Sin embargo, los ministerios de Salud y de Educación registraron una sub ejecución del gasto de capital de 69,8% y 85,3%, respectivamente. Ambas cifras son francamente insuficientes, en medio de los enormes requerimientos de mejoras en esas dos carteras clave para la gestión social del gobierno. A su vez, esta sub ejecución presupuestaria da cuenta de la mala gestión ministerial, que por años se viene observando tanto en Salud como en Educación.
Gasto versus activos fiscales
El año pasado el gasto fiscal corriente presentó también una sub ejecución, aunque menor, de 99,3%. Esta cifra es inferior al 102,3% registrado en 2015. Sin embargo, los ministerios que más gasto corriente tuvieron son Salud (113,4%); Interior (104,9%); y Trabajo (103,7%)
Como contrapartida del gasto y del déficit acumulado, a diciembre de 2016, el Fondo de Estabilización Económica y Social acumuló US$13.772,1 millones y el Fondo de Reserva de Pensiones US$8.826,1 millones. A su vez, el Fondo para la Educación y el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto), registraron saldos US$ 2.878,2 millones y US$ 88,5 millones, respectivamente.
Considerando todos los activos del tesoro público, éstos totalizaron US$28.843,4 millones en 2016, cifra que representa el 11,6% del PIB estimado para el año. A su vez, el stock de deuda consolidada del gobierno central en moneda nacional, totalizó $35.608.991 millones (US$ 53.386 millones) lo que representa el 21,4% del PIB estimado para 2016.
Esta última cifra es la que tanto preocupa a las clasificadoras de riesgo internacionales y de paso a los bancos y grandes empresarios nacionales e inversionistas extranjeros, que temen por una reducción de la nota en el ranking de la deuda soberana. O sea, por una eventual baja en este ranking, que puede significar un aumento en las tasas de interés por los préstamos que piden.
En medio del pobre desempeño que vive la economía chilena, acompañado por una notoria austeridad fiscal, conviene preguntarse ¿de qué sirve que el país goce de una buena calificación crediticia internacional, si los empresarios e inversionistas no aprovechan de hacer negocios con las bajas tasas de interés que ofrece esta favorable situación crediticia?
(1) Cifra al cambio de $ 667 por dólar, al 31 de diciembre de 2016.
(2) El año pasado los fondos soberanos, de Estabilización Económica y Social y de Reserva de Pensiones, sumaron alrededor de US$ 22.600 millones.
(Política & Economía) Las alarmas por la tendencia al alza del déficit fiscal en Chile se remontan al inicio del actual gobierno liderado por la Presidenta Bachelet, cuando comenzó el ciclo de baja del precio del cobre y de otras materias primas. Al mismo tiempo, la inversión comenzó a frenarse, empujando a la baja el crecimiento económico. En este contexto, el gobierno de Bachelet impulsó la reforma a la educación, que implica un fuerte aumento del gasto fiscal y una tributaria, que puso en estado de alerta a los empresarios, siempre refractarios al pago de impuestos.
Para colmo de esta tormenta fiscal casi perfecta, una menor tasa de crecimiento significa también una baja en la recaudación tributaria, simplemente porque se reduce el volumen de facturación de las empresas.
En este contexto, a fines de enero pasado el gobierno dio un respiro con la noticia de que en 2016 el déficit fiscal fue casi un punto porcentual inferior al estimado por aquellas agencias clasificadoras, cuando poco antes de esta noticia elaboraron el informe que prendió la luz amarilla, sobre la perspectiva de riesgo de la deuda soberana chilena. Tal alivio indica que el ajuste fiscal propuesto por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tuvo un éxito relativo, en medio del pobre desempeño del ritmo de crecimiento económico, cercano a 1,5% en 2016, según estimaciones preliminares.
En línea con la política de contención del gasto, el gobierno ha descartado las propuestas de reanimación de la actividad económica, vía aumento de la inversión pública que le han hecho llegar los propios partidos que lo apoyan. Con este predicamento, iniciativas como la creación del Fondo de Infraestructura es probable que no alcance a ser realidad en el actual gobierno, porque bajo el actual paradigma de búsqueda del equilibrio fiscal, este fondo podría afectar la meta del endeudamiento del sector público.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal efectivo acumulado durante 2016 totalizó $4.595.400 millones. Esto es, unos US$ 6.890 millones (1), lo que equivale a -2,8% del PIB estimado para el ejercicio. Esta cifra muestra un quiebre en la tendencia al alza del déficit efectivo, observada en los últimos años. Además, 2016 habría cerrado con un déficit estructural de 1,6% del PIB, cifra que resulta de considerar los retornos por los ahorros del país mantenidos en los fondos soberanos (2). La cifra definitiva del déficit estructural se debiera conocer en marzo de 2017, una vez que el Banco Central entregue el PIB de 2016 y se conozca la información del cierre del ejercicio de Codelco.
Gracias a la reforma tributaria, los ingresos del gobierno central acumulados al cierre del año pasado tuvieron un modesto aumento -real anual- de 1,0%, respecto de igual período de 2015, mientras que los gastos crecieron en 3,7% real durante el mismo ejercicio. De este modo, el balance del gobierno central registró un déficit equivalente al 2,8% del producto interno bruto (PIB).
Según el balance entregado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), a diciembre de 2016 los ingresos totales del gobierno central alcanzaron $35.040.590 millones, unos US$ 52.500 millones, lo que representa un aumento real de 1,0% respecto de igual período del año anterior. De este total, $34.543.036 millones (US$ 51.788 millones) corresponden a ingresos presupuestarios corrientes y $497.554 (US$ 745 millones) a ingresos extrapresupuestarios.
De esta forma, los ingresos del gobierno central en el período habrían representado el 21,1% del PIB estimado para el año pasado.
El balance fiscal del año pasado indica que los ingresos tributarios netos crecieron en un modesto 0,9% respecto del año anterior, variación que se descompone en un incremento real anual de 5,8% en la tributación de los contribuyentes no mineros y una caída de 99,1% en la tributación de la gran minería privada. Esto último muestra el fuerte ajuste que tuvo en año pasado el sector productivo exportador más importante del país, el que a su vez actúa como un propulsor del resto de los sectores productivos.
Baja del precio del cobre
En efecto, el año pasado se observó una fuerte caída de 17,9% en los ingresos provenientes de Codelco, por ventas de cobre, en relación con 2015. Este resultado se explica en gran medida por la baja del precio del cobre, que en 2016 tuvo un promedio de US$2,21 la libra del metal, mientras que en 2015 este fue de US$2,50 por libra.
Mientras tanto, la recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA), registró un alza real 2,1%, mientras que los ingresos por el pago del impuesto a la renta experimentó una baja real anual de 5,8%, también respecto de 2015.
Según Dipres, esto último fue consecuencia de una drástica baja, de 99,1% , en la recaudación del impuesto a la renta que afecta al grupo de las 10 mayores compañías mineras privadas que operan en el país, como consecuencia de la caída del precio del cobre.
En contraste con lo anterior, en el caso del resto de los contribuyentes se observó un incremento real de 5,7% de la recaudación del impuesto a la renta, debido en parte al incremento de la tasa de primera categoría establecido en la reforma tributaria y a una recaudación extraordinaria, asociada al impuesto transitorio sobre el fondo de utilidades tributarias (FUT) histórico, mecanismo que fue parcialmente eliminado por la reforma aprobada en 2014.
Adicionalmente, durante 2016, al igual que en 2015, se percibieron ingresos extraordinarios por concepto de registro de capitales en el exterior, que ascendieron a $520.071 millones (US$ 780 millones), los que se contabilizan junto con el impuesto a la renta del resto de contribuyentes y en el ítem otros impuestos. Estos últimos crecieron 168,5% real a diciembre del año pasado.
En la otra columna del balance fiscal, el año pasado el gasto del gobierno central acumulado a diciembre de 2016, alcanzó a $39.635.990 millones (US$ 59.424 millones), lo que significa un crecimiento real de 3,7% en relación al año anterior. De este total, $39.289.373 millones (US$ 58.904 millones) corresponden al gasto presupuestario normal, que el año pasado tuvo un crecimiento real anual de 3,8%.
Sub ejecución del gasto
Al cierre de 2016 se registró una tasa de ejecución del gasto de 98,4%, levemente inferior al presupuesto aprobado por ley. Esta tasa contrasta con la sobre ejecución registrada el año anterior, que ascendió al 101,1%.
En gran medida, la sub ejecución presupuestaria se explica por la instrucción emanada del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre de 2016, de reducir el gasto en $380.014 millones (unos US$ 570 millones), lo que se tradujo en un ajuste promedio del 4% para la mayoría de los ministerios y servicios del Estado.
El ítem gasto de capital, esto es inversión más transferencias de capital a diciembre pasado, alcanzó un nivel de ejecución del 94%, dato que no deja de preocupar en medio de la desaceleración del crecimiento y que se suma a la sub ejecución observada en 2015, que fue del 96,4%.
De entre los ministerios con mayor gasto de capital aprobado en la Ley de Presupuesto 2016, los que más rindieron fueron Obras Públicas y Vivienda, con tasas de ejecución de 100,7% y 100,3 respectivamente. Sin embargo, los ministerios de Salud y de Educación registraron una sub ejecución del gasto de capital de 69,8% y 85,3%, respectivamente. Ambas cifras son francamente insuficientes, en medio de los enormes requerimientos de mejoras en esas dos carteras clave para la gestión social del gobierno. A su vez, esta sub ejecución presupuestaria da cuenta de la mala gestión ministerial, que por años se viene observando tanto en Salud como en Educación.
Gasto versus activos fiscales
El año pasado el gasto fiscal corriente presentó también una sub ejecución, aunque menor, de 99,3%. Esta cifra es inferior al 102,3% registrado en 2015. Sin embargo, los ministerios que más gasto corriente tuvieron son Salud (113,4%); Interior (104,9%); y Trabajo (103,7%)
Como contrapartida del gasto y del déficit acumulado, a diciembre de 2016, el Fondo de Estabilización Económica y Social acumuló US$13.772,1 millones y el Fondo de Reserva de Pensiones US$8.826,1 millones. A su vez, el Fondo para la Educación y el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto), registraron saldos US$ 2.878,2 millones y US$ 88,5 millones, respectivamente.
Considerando todos los activos del tesoro público, éstos totalizaron US$28.843,4 millones en 2016, cifra que representa el 11,6% del PIB estimado para el año. A su vez, el stock de deuda consolidada del gobierno central en moneda nacional, totalizó $35.608.991 millones (US$ 53.386 millones) lo que representa el 21,4% del PIB estimado para 2016.
Esta última cifra es la que tanto preocupa a las clasificadoras de riesgo internacionales y de paso a los bancos y grandes empresarios nacionales e inversionistas extranjeros, que temen por una reducción de la nota en el ranking de la deuda soberana. O sea, por una eventual baja en este ranking, que puede significar un aumento en las tasas de interés por los préstamos que piden.
En medio del pobre desempeño que vive la economía chilena, acompañado por una notoria austeridad fiscal, conviene preguntarse ¿de qué sirve que el país goce de una buena calificación crediticia internacional, si los empresarios e inversionistas no aprovechan de hacer negocios con las bajas tasas de interés que ofrece esta favorable situación crediticia?
(1) Cifra al cambio de $ 667 por dólar, al 31 de diciembre de 2016.
(2) El año pasado los fondos soberanos, de Estabilización Económica y Social y de Reserva de Pensiones, sumaron alrededor de US$ 22.600 millones.