(TN) Hay quienes en el oficialismo también celebran esto, diciendo «vieron, ¡volvió la República!». El problema sería que su regreso equivalga al declive de la gobernabilidad. La clave está en que el sistema republicano divide el poder pero para que los distintos actores institucionales cooperen y se fortalezcan entre sí, no para que se traben unos a otros.

Por Marcos Novaro

(TN) Es razonable que los funcionarios del Ejecutivo, cuando están de malas, disimulen, y digan ahora que el fallo de la Corte que invalidó los aumentos residenciales del gas no fue para tanto, que bastará hacer las audiencias reclamadas y seguir para adelante.

Pero no sería razonable que se lo crean. Porque en verdad el fallo fue mucho peor de lo esperado, va a traer mucha cola, tanto para la situación económica y fiscal como para el equilibrio político y la gobernabilidad, y coronó una serie de desaciertos oficiales muy difícil de entender, en que se comprobó que el famoso “equipo” no funciona muy bien que digamos, y el Gobierno, el núcleo del Ejecutivo más precisamente, puede hacerse a sí mismo más daño que sus peores enemigos.

Aranguren explicó bien el problema de las tarifas de gas en el Congreso la semana pasada. Y poco después Marcos Peña comunicó también muy bien lo que el Gobierno piensa hacer ahora que la Corte terminó de hundir su primer intento de actualizarlas. Ojalá hubieran actuado así cuando todavía había chances de salvar al gobierno del papelón.

Un papelón que se fue gestando de a poco, en un proceso lento y por capítulos, frente al que el Ejecutivo se negó reiteradamente a reaccionar y cambiar de estrategia, con el criterio de que cambiar en medio de la pelea iba a generarle costos que se podrían evitar si la Corte finalmente le daba la razón, y de que finalmente los que buscaban frenar los aumentos iban a quedar como “los que ponen palos en la rueda” porque el grueso de la opinión pública se movía entre el aval a la postura oficial y relativizar la cuestión (Durán Barba dixit).

Pero ninguna de esas dos premisas con que el vértice oficial se vino manejando finalmente se verificó.

Los aumentos de tarifas se volvieron el tema central de la agenda y el gran desafío para la “normalización sin mayores costos sociales” que el macrismo prometió. Y ni la oposición moderada ni los jueces quisieron colaborar con él en la tarea de administrarlos. Eso sucedió porque desde el principio eran el problema más grave de todos los problemas graves que el nuevo gobierno recibió. Y porque encima se agravó aun más por el modo, los tiempos y los argumentos con que el gobierno quiso resolverlo.

Marcos Peña afirmó, el jueves pasado, que el fallo no fue del todo contrario a la estrategia oficial porque dejó en pie los aumentos para empresas y comercios, de modo que el agujero fiscal generado sería de solo unos miles de millones, no de decenas de miles de millones como él mismo había dicho poco antes; y porque se reconoció que los problemas son heredados, es decir se mantuvo a salvo la legitimidad de la administración actual para insistir con estas medidas.

Pero la suya fue una lectura demasiado optimista, tanto en el terreno fiscal como en el político. El fallo no pudo ser peor porque hacía falta mucha explícita mala leche para empeorarlo. Si no incluyó los aumentos no residenciales fue porque no era el tema en disputa, pero abrió la puerta para que los comercios y empresas presenten reclamos similares a los ya resueltos y dio la pauta para que jueces y fiscales decidan al respecto de modo semejante a como lo han hecho hasta aquí.

Además el fallo impugnó dos argumentos centrales que el Ejecutivo necesitaba mantener en pie para hacer gobernable el proceso de “actualización tarifaria”: en primer lugar, la distinción entre los precios de generación de la energía (el famoso “gas en boca de pozo”), y los de distribución. Sin certidumbre sobre precios de mercado o aproximados para la generación no va a haber inversiones en el sector petrolero, y la Corte acaba de enturbiar esa certidumbre al hacerse eco de la postura de Gils Carbó, según la cual ellos no son materia exclusiva de decisión del Ejecutivo y para su fijación rige la obligación de hacer audiencias y de que se garanticen difusos criterios de razonabilidad para los consumidores. Por eso el fallo invalidó todo el aumento, y no sólo la porción que afectaba la distribución, como esperaba el gobierno de la supuesta “vocación salomónica” de los jueces supremos.

En segundo lugar, la advertencia de que las audiencias no deben ser solo consultivas sino que deben tomarse seriamente en cuenta las opiniones que en ellas se expongan. Los jueces tampoco explicaron cómo hacerlo y probablemente haya sido porque deben saber que es casi imposible que algo así se lleve a la práctica cuando lo que está en juego es una brecha enorme entre los precios vigentes y los que hace falta establecer para que producir gas o electricidad y distribuirlos vuelva a ser más o menos sustentable. De nuevo, salvaron la cara, a costa del Ejecutivo: será él el que deberá ir próximamente a la Usina del Arte y enfrentar allí masivas concentraciones opositoras que le reclamarán, con el fallo de la Corte en la mano, “¡¡que se vote!!”.

En suma, Lorenzetti y compañía se aseguraron que los garantistas de este mundo festejen y los celebren. Y que el oficialismo se encargue solito del problema de la gobernabilidad. No sólo en materia fiscal, sino más en general, de la gobernabilidad social y económica.

Porque si se prolonga y generaliza la demora del aumento de tarifas, como es muy probable que suceda de seguir por esta senda, la situación se va a complicar por todos esos flancos: tendremos más déficit, más inflación, menos inversiones, más recesión y por tanto más protestas y reclamos, que sólo se calmarán con más déficit y así sucesivamente.

¿Qué opciones tiene todavía a su alcance el gobierno? Por ahora puede disimular, mientras acomoda el golpe. Y prepara las famosas audiencias. Pero debería saber que si va a ellas con el mismo esquema de gestión y propuestas que manejó hasta aquí puede sufrir nuevos trastazos, porque más gente va a reclamar, por la electricidad, el agua y todo lo demás, desde las entidades empresarias y no sólo las ligas de consumidores, y más jueces y fiscales van a considerarse autorizados a intervenir.

Una alternativa sería, como ha sugerido Domingo Cavallo, un giro hacia el mercado: desregular el sector, intervenido desde 2002 con los resultados que están a la vista, lo que permitiría entre otras cosas terminar con este asunto de que la emergencia ha dejado de ser un recurso de gobernabilidad en manos del Ejecutivo y le impone ahora a él la obligación de lograr lo imposible, conformar a todo el mundo.

Una segunda alternativa sería un pacto de gobernabilidad energética, con una porción suficientemente amplia de la oposición, que esté dispuesta a hacer lo que los jueces no quisieron, compartir los costos de administrar la salida, ya con menos margen de tiempo, pero con más sustento político de lo que se intentó hasta aquí.

El Ejecutivo en principio parece inclinado a optar por esto último, pero habrá que ver si sigue siendo su idea en caso de que las exigencias opositoras se vuelvan excesivas, o el tiempo se agote. En cualquier caso no podrá disimular que su poder ya no es el mismo: los jueces han incrementado el suyo a su costa, y seguramente los legisladores harán pronto lo mismo.

Hay quienes en el oficialismo también celebran esto, diciendo “vieron, ¡volvió la República!”. El problema sería que su regreso equivalga al declive de la gobernabilidad. La clave está en que el sistema republicano divide el poder pero para que los distintos actores institucionales cooperen y se fortalezcan entre sí, no para que se traben unos a otros. El fallo de marras no asegura que esa cooperación vaya a ser en adelante más sencilla y fluida. Todo lo contrario. Pero claro, la culpa no es sólo de quienes lo escribieron, sino sobre todo de quienes les dieron la oportunidad de hacerlo. Estos son los que tienen que cambiar urgentemente de menú.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)