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05.08.16

La encerrona ciudadana que pone en jaque el modelo previsional chileno de las AFP

(Política&Economía) Por más de tres décadas, el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha sido el prototipo internacional de las reformas estructurales realizadas por la dictadura del general Augusto Pinochet. Este modelo cruzó las fronteras de Chile y numerosos países de América Latina y del resto del mundo siguieron sus pasos para imitarlo. Sin embargo, hoy este sistema se encuentra amenazado de muerte por los propios chilenos, justo cuando el objetivo para el que fue creado -otorgar mejores pensiones que el antiguo sistema de reparto- terminó por defraudar las expectativas.
Por Hugo Traslaviña

(Política&Economía) Por más de tres décadas, el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) ha sido el prototipo internacional de las reformas estructurales realizadas por la dictadura del general Augusto Pinochet. Este modelo cruzó las fronteras de Chile y numerosos países de América Latina y del resto del mundo siguieron sus pasos para imitarlo. Sin embargo, hoy este sistema se encuentra amenazado de muerte por los propios chilenos, justo cuando el objetivo para el que fue creado -otorgar mejores pensiones que el antiguo sistema de reparto- terminó por defraudar las expectativas.

En julio pasado el sistema de AFP chileno pagaba una pensión promedio de US$ 317 al mes, al millón cien mil pensionados que de él dependían. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, esta cifra representa apenas el 29% del ingreso promedio de los trabajadores activos, muy lejos del 70% de la tasa de reemplazo que prometió hace 35 años el economista José Piñera, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, del entonces dictador Pinochet.

En medio de la euforia desatada en los primeros años por la creación de las AFP, José Piñera comenzó a ganarse la vida recorriendo el mundo para promocionar el sistema. Pero la gigantesca marcha que el domingo 24 de julio organizó el movimiento ciudadano “No + AFP” (congregó a más de 600.000 personas en las principales ciudades del país), le aguó el negocio y anunció su inmediato regreso a Chile, según él, para defender el sistema. A su regreso al país, el hermano mayor del ex Presidente Sebastián Piñera se estrelló con una realidad muy distinta con la que pretendía encontrarse, al punto de que sus antiguos partidarios -incluso su propia familia- le dieron la espalda y sencillamente no quisieron acompañarlo en este postrero esfuerzo por salvar a su creatura.

José Piñera había prometido (vía twitter) que al día siguiente de su regreso al país formularía públicamente sus propuestas “para perfeccionar el sistema de AFP”. Aunque ya había comprobado que no contaba con el mínimo piso político, sus propuestas resultaron ser similares a las formuladas hace un año por la comisión especial designada por la Presidenta Bachelet, el año pasado, más conocida como Comisión Bravo, en alusión al economista David Bravo, quien la presidió.

En las varias entrevistas de prensa ofrecida esta vez, José Piñera repitió el argumento de que el sistema es perfectible, advirtiendo que su eventual abolición sería como el estallido de una bomba atómica en el país.

Esto último es medianamente cierto, porque las AFP se transformaron en uno de los pilares fundamentales de la economía de libre mercado chilena. Entonces, José Piñera tiene razón para decir que su abolición terminaría por afectar a todo el sistema.

En las últimas tres décadas la creatura de José Piñera caló hondo en la institucionalidad económica chilena y logró cautivar hasta los más escépticos economistas y políticos chilenos, de derecha, centro e izquierda. Esto explica por qué el sistema se mantiene vivo y por qué existe la convicción entre los técnicos de que es posible reformarlo nuevamente, subiendo la tasa de cotización obligatoria, del 10 al 15%; reforzando el llamado “pilar solidario”, para ayudar a los trabajadores que tienen “lagunas” en su trayectoria de ahorro previsional; y elevando la edad de jubilación, entre otras propuestas.

El estallido

El descontento de la gente se venía acumulando lentamente, pero estalló repentinamente días antes de la gran marcha del 24 de julio, cuando el país se escandalizó con la noticia de que el Estado era capaz de pagar pensiones multimillonarias en el sistema antiguo (de reparto). Eso sí, a personas notoriamente bien contactadas con las autoridades. El estallido ciudadano fue provocado por la noticia de que la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), había sido promovida a un alto cargo poco antes de jubilarse (con 21 años de servicio), precisamente para “fabricar” una pensión equivalente al último ingreso de su vida activa en el servicio de Gendarmería. Esto es, $ 5.200.000 mensuales, equivalentes a unos US$ 8.000.

Tal discriminación del sistema antiguo se junta ahora con la discriminación que a diario observan los pensionados del sistema de AFP. Sobre todo aquellos que reciben pensiones bajas o miserables. Tratándose de un sistema de ahorro individual, para el segmento de bajos ingresos el resultado de una pensión miserable se explica porque no ahorraron lo suficiente; porque recibieron bajas remuneraciones en su vida activa, o porque tuvieron que enfrentar largos periodos de cesantía. En estas circunstancias no opera el principio básico del sistema de capitalización individual para todos los cotizantes y debe ser el Estado el que mediante algún mecanismo subsidiario actúe para asistir a las personas que reciben pensiones miserables.

Al final del día, el sistema de capitalización individual reporta beneficios a los afiliados con altas rentas, no así a los trabajadores de bajos ingresos y la paradoja es que para que siga existiendo el Estado ha tenido que crear mecanismos para asistir a estos últimos, como ha sido el caso de "pilar solidario", creado con la reforma al sistema, en 2008.

Mientras tanto y más allá de la iniquidad que representa para los trabajadores con ingresos bajos, en las tres últimas décadas el sistema de AFP han alimentado diversos negocios especulativos, en la bolsa, en la banca y en el mercado de valores. Son los mayores inversionistas institucionales del país, con una cartera de US$ 167.836 millones (cifra a julio de 2016), que la distribuyen en distintos instrumentos de inversión, tanto en Chile como en el extranjero.

Remedio para el déficit fiscal

Los defensores más entusiastas del sistema han sido los economistas neoliberales, porque lo han usado de pivote para tratar de resolver los déficits fiscales crónicos. La fórmula mágica consistió en privatizar la previsión para alivianar la mochila fiscal. De este modo los empresarios se hacen cargo de su administración, a cambio de generar ganancias para ellos y rentabilidad para los trabajadores que depositan sus ahorros en una cuenta de capitalización individual. Esto último sin opción, o sea obligatoriamente.

Al comienzo todo se veía muy bonito, sobre todo para los trabajadores más jóvenes, cuyo horizonte de jubilación estaba muy lejos y no había mucho de qué preocuparse en el corto plazo. Simultáneamente, para los gobiernos (desde Pinochet en adelante) el sistema de AFP fue la tabla de salvación para iniciar un largo peregrinaje hacia el saneamiento de la caja fiscal. A su vez, para los grandes empresarios ha sido una fuente de financiamiento alternativa para sostener o hacer crecer otros negocios.

Como lo dijo José Piñera, frente a la eventual abolición de las AFP, subyace el temor de los economistas de que una vuelta de la tortilla lleve a la restitución del sistema solidario, o de reparto, que hasta hoy se presenta como alternativa al de capitalización individual. Es un hecho que en la mayoría de los países donde se aplica el sistema de reparto (incluido Chile, donde sigue vigente para los pensionados de las fuerzas armadas y de orden), éste representa un elevado costo para el Estado y empuja al alza el gasto fiscal, postergando a su vez otros requerimientos, sobre todo en el plano social. Esto sin contar las discriminaciones y/o discrecionalidades que permite el sistema, como ha sido el caso de las pensiones otorgadas en Gendarmería a un grupo de privilegiados.

Sistema mixto

En los hechos, el sistema previsional chileno es mixto, porque existen las antiguas cajas de previsión de reparto para los uniformados y porque la reforma realizada en 2008 creó el “pilar solidario”, que vino a solucionar en parte las paupérrimas pensiones conocidas hasta ese momento como “asistenciales”. Mediante el “pilar solidario” el Estado se compromete a poner parte de los fondos para que un vasto sector de chilenos, que cotizaron poco y nada en las AFP, accedan a una pensión mínima.

Por lo tanto, aquella reforma de 2008 fue el primer gran intento realizado por un gobierno de centroizquierda, con recursos del Estado, para salvar un sistema previsional que sigue favoreciendo a grandes conglomerados empresariales. Antes de 2008, se había creado el sistema de multifondos, con el propósito de optimizar la distribución de las inversiones de las AFP y por esta vía mejorar la rentabilidad de los fondos, lo cual es clave para la suma final que se toma en cuenta al momento en que el afiliado solicita su pensión, al final de su vida laboral.

Reforma pendiente

La propuesta de reforma hecha el año pasado por la Comisión Bravo ha permanecido en stand by, hasta ahora, por falta de decisión política. Al menos hasta el 24 de julio pasado esta propuesta había dejado de ser una prioridad, supuestamente porque en medio de una economía desacelerada, los tiempos no están para aumentar el gasto fiscal. Cualquiera sea el camino para elevar las pensiones, probablemente el Estado nuevamente beberá desembolsar más dinero para cofinanciar las medidas.

Mientras tanto, a modo de calmante, la Presidenta dijo que acelerará la tramitación del proyecto de ley que crea una AFP estatal, idea que a la larga tiende a reforzar el sistema. Bajo las actuales condiciones, una AFP estatal no garantiza que se pueda solucionar el problema de fondo, que se expresa en las bajas pensiones.

La fuerte presión social que se dejó sentir en los últimos días obligó al gobierno a admitir -al menos- que está dispuesto a preparar un proyecto de “ley corta”, para avanzar en este sentido. Los políticos saben que mientras la presión ciudadana se mantenga viva, la idea de una reforma profunda al sistema no cejara y que si no se hacen cargo del problema, más temprano que tarde perderán el apoyo en las futuras elecciones.

Plataforma de financiamiento empresarial

Cualquiera sea el tenor de la próxima reforma previsional, deberá tomar en cuenta que el sistema de AFP chileno se arraigó férreamente de la institucionalidad económica. Esto porque se ha encargado de usar los ahorros previsionales de los trabajadores como plataforma de financiamiento para las principales empresas del país y porque ha

contribuido a reforzar el ahorro nacional, de manera obligatoria, aunque de paso ha contribuido también a la concentración de la propiedad y del capital en pocas manos.

Curiosamente, a las AFP les está vedado invertir parte de los ahorros previsionales en Codelco, la mayor empresa estatal del país. No obstante ésta ha pedido ayuda por todos los medios al gobierno para que la respalde con capital, en momentos cuando exhibe una alta tasa de endeudamiento y enfrenta serios problemas por la baja del precio del cobre. Las AFP sólo pueden invertir en sociedades anónimas abiertas y las principales empresas del Estado no tienen esta categoría . Tampoco pueden hacerlo en proyectos de infraestructura que emprende el Estado.

Las AFP chilenas están integradas verticalmente con conglomerados económicos, especializados en el negocio financiero. De hecho, los controladores de las principales AFP son grupos extranjeros que controlan también grandes compañías de seguros: Sura de Colombia controla la AFP Capital; y las norteamericanas Principal Financial Group y MetLife, las AFP Cuprum y Provida, respectivamente.

Junto con manejar las mayores carteras de inversión del país, con la compra de acciones y bonos, las AFP cofinancian empresas privadas en diversos sectores productivos: servicios, construcción, industria, retail, sector inmobiliario y recursos naturales, ofreciendo de paso negocios colaterales a sus controladores, desde cargos y asesorías en los directorios, hasta estudios de mercado y suculentas campañas publicitarias que se pagan con las comisiones cobradas a los millones de trabajadores que están obligados a pertenecer al sistema.

Como en el juego popular “nadie sabe para quién trabaja”, por más de 30 años los trabajadores chilenos han contribuido anónimamente al crecimiento de los conglomerados empresariales que son dueños de las llamadas “empresas afepeables”, es decir, aquellas sociedades anónimas abiertas que son seleccionadas por una comisión clasificadora de riesgos, supuestamente porque son rentables y seguras.

Pero esta misma comisión no ha dicho una palabra cuando su selección ha sido errada y generado considerables pérdidas para los trabajadores que participan en el sistema. Aquí caen los escándalos de Soquimich y Penta, por el caso de financiamiento irregular de la política y el megafraude ocurrido en la cadena de multitiendas La Polar, donde las AFP eran los accionistas mayoritarios, con el 24% del capital.

O sea, negocios privados que fueron alimentados con fondos de los afiliados al sistema de AFP.


Fuente: Política&Economía (Santiago, Chile)