19.03.14Los grandes desafíos del nuevo gobierno Bachelet
(Infolatam) Tras las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el precio político que pagó Sebastián Piñera por no dar cumplida cuenta de sus reivindicaciones, Bachelet se propuso una transformación total del sistema educativo chileno. Por eso, uno de los mantras de su campaña fue: “Queremos gratuidad para todos y de calidad”, un beneficio que quiere extender al 70% más vulnerable de la población.Por Carlos Malamud
(Infolatam) El nuevo gobierno de Michelle Bachelet afronta grandes desafíos. Los mayores son consecuencia de las metas fijadas por la presidente para su segundo mandato, comenzando por la lucha frontal contra la desigualdad. Sin embargo, su principal objetivo, clave para la evaluación que la ciudadanía haga de Bachelet, es la reforma educativa.
Tras las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el precio político que pagó Sebastián Piñera por no dar cumplida cuenta de sus reivindicaciones, Bachelet se propuso una transformación total del sistema educativo chileno. Por eso, uno de los mantras de su campaña fue: “Queremos gratuidad para todos y de calidad”, un beneficio que quiere extender al 70% más vulnerable de la población.
El ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre, ha sido designado para la cartera de Educación. Sus conocimientos fiscales serán determinantes ya que la reforma tributaria, la segunda gran meta gubernamental, es vital para financiar tamaña iniciativa. Inclusive se vincula la reforma constitucional con la reforma de la enseñanza.
La salida forzada de Claudia Peirano, días antes de que asumiera como subsecretaria de Educación, demuestra lo complicado del tema. La gratuidad de todos los niveles de la enseñanza es un gran desafío técnico, político y económico, al cual se une la presión estudiantil. Habrá que ver si los estudiantes pueden mantener su representatividad y legitimidad frente al gobierno de la Nueva Mayoría, y más cuando algunos antiguos dirigentes estudiantiles, empezando por Camila Vallejo, hoy son diputados. Por eso, la frase de Vallejo sobre uno de sus principales socios de coalición, preanuncia marejada: “Me duele un poco el estómago de hacer alianzas con sectores de la DC (Democracia Cristiana)”.
No todas las colectividades que integran el gobierno, desde la DC al PC (Partido Comunista) tienen la misma sensibilidad. También hay contradicciones entre los cuadros partidarios adscritos al gobierno y los que son diputados o senadores o sólo ejerzan como simples militantes. Esto también se observa en lo referente al aborto. La ministra del Servicio Social de la Mujer, Claudia Pascual, es la única integrante del PC con cartera ministerial. Ella es la responsable de legalizar el aborto, una reforma de alto contenido simbólico. Para ello, deberá vencer la resistencia de la iglesia católica, de vastos sectores de la derecha y de algunos aliados de Nueva Mayoría, aunque no sólo la DC.
La discusión entre consenso, acuerdo político e imposición de la agenda de la mayoría ha dejado de ser un ejercicio académico en Chile. Para Pascual la cuestión es clara: “Hay una distinción política entre buscar acuerdos y consensos”. Y agrega: “Este Gobierno de Bachelet no es en el marco de la Concertación. Este es un primer Gobierno de Bachelet en una coalición de Nueva Mayoría, que instala un nuevo ciclo político en el país y que implica tener un programa de mayores transformaciones, urgentes y necesarias. Eso contempla dialogar para llegar a acuerdos, pero no una política de los consensos. Porque la política de los consensos tiene límites: todo aquello que nos molesta, en lo que no llegamos a un acuerdo, no se trabaja. Y aquí hay un respaldo mayoritario para un programa de Gobierno no solo por la votación de Bachelet, sino porque fue un tema de la campaña presidencial que le preocupa a mucha gente en Chile”. Al igual que en España, en Chile han comenzado a cuestionarse los consensos básicos sobre los que se basó la transición, al pensarse que eran paralizantes.
Las diferencias también se observan en política exterior, especialmente en lo que atañe a Brasil y América Latina. Durante la campaña, algunas declaraciones de Bachelet sugerían un nuevo alineamiento con Brasil y un distanciamiento de la Alianza del Pacífico. Estas tendencias fueron reforzadas por el nuevo ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz, quien escribió en El País: “Nuestro propósito será fortalecer la presencia de [Chile] en los distintos mecanismos de integración existentes, impulsando puentes de acuerdo por encima de las diferencias ideológicas o subregionales. La política exterior de Chile no tendrá un sesgo ideológico, sino que pondrá énfasis en avanzar pragmáticamente hacia una región más integrada y con una identidad propia”.
En lo referente a la Alianza, Muñoz rechaza la idea de que sea “un bloque ideológico excluyente o antagónico con otros proyectos de integración”. En la misma línea, Bachelet manifestó que “Chile en los últimos años ha perdido presencia regional y se ha privilegiado una visión economicista”. Habrá que ver si con el paso del tiempo su gobierno mantiene esta visión tan ponderada de la integración regional, que incluye bastantes definiciones ajenas, o a medida que emerjan dificultades con los vecinos se vuelve al discurso tradicional. Los distintos puntos de vista entre gobierno y oposición y también dentro del propio gobierno y su coalición se traslucieron en las respuestas al conflicto de Venezuela. Bachelet y su ministro de Exteriores se inclinaron por respaldar al gobierno de Maduro.
En Chile y otros países de América Latina, como Brasil, los presidentes son respaldados por coaliciones que cubren un amplio espectro político e ideológico. En Brasil lo demuestra la filiación de los vicepresidentes de Lula y Rousseff: José de Alencar, del derechista Partido Liberal, en los dos gobiernos de Lula, y Michel Temer, del centro derechista PMDB, con Rousseff. En ambos casos, y pese a la existencia de acuerdos mínimos, la gestión diaria de gobierno provoca importantes malabarismos. En buena medida, porque cualquiera sea la identidad y filiación del presidente, éste se cree legitimado a obrar según su criterio. El peso del presidencialismo en América Latina y el caudillismo presidencial terminan por imponerse a la gran inexperiencia existente a la hora de formar y gobernar con coaliciones políticas.
Fuente: Infolatam (Madrid, España)
(Infolatam) El nuevo gobierno de Michelle Bachelet afronta grandes desafíos. Los mayores son consecuencia de las metas fijadas por la presidente para su segundo mandato, comenzando por la lucha frontal contra la desigualdad. Sin embargo, su principal objetivo, clave para la evaluación que la ciudadanía haga de Bachelet, es la reforma educativa.
Tras las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el precio político que pagó Sebastián Piñera por no dar cumplida cuenta de sus reivindicaciones, Bachelet se propuso una transformación total del sistema educativo chileno. Por eso, uno de los mantras de su campaña fue: “Queremos gratuidad para todos y de calidad”, un beneficio que quiere extender al 70% más vulnerable de la población.
El ex ministro de Hacienda de Ricardo Lagos, Nicolás Eyzaguirre, ha sido designado para la cartera de Educación. Sus conocimientos fiscales serán determinantes ya que la reforma tributaria, la segunda gran meta gubernamental, es vital para financiar tamaña iniciativa. Inclusive se vincula la reforma constitucional con la reforma de la enseñanza.
La salida forzada de Claudia Peirano, días antes de que asumiera como subsecretaria de Educación, demuestra lo complicado del tema. La gratuidad de todos los niveles de la enseñanza es un gran desafío técnico, político y económico, al cual se une la presión estudiantil. Habrá que ver si los estudiantes pueden mantener su representatividad y legitimidad frente al gobierno de la Nueva Mayoría, y más cuando algunos antiguos dirigentes estudiantiles, empezando por Camila Vallejo, hoy son diputados. Por eso, la frase de Vallejo sobre uno de sus principales socios de coalición, preanuncia marejada: “Me duele un poco el estómago de hacer alianzas con sectores de la DC (Democracia Cristiana)”.
No todas las colectividades que integran el gobierno, desde la DC al PC (Partido Comunista) tienen la misma sensibilidad. También hay contradicciones entre los cuadros partidarios adscritos al gobierno y los que son diputados o senadores o sólo ejerzan como simples militantes. Esto también se observa en lo referente al aborto. La ministra del Servicio Social de la Mujer, Claudia Pascual, es la única integrante del PC con cartera ministerial. Ella es la responsable de legalizar el aborto, una reforma de alto contenido simbólico. Para ello, deberá vencer la resistencia de la iglesia católica, de vastos sectores de la derecha y de algunos aliados de Nueva Mayoría, aunque no sólo la DC.
La discusión entre consenso, acuerdo político e imposición de la agenda de la mayoría ha dejado de ser un ejercicio académico en Chile. Para Pascual la cuestión es clara: “Hay una distinción política entre buscar acuerdos y consensos”. Y agrega: “Este Gobierno de Bachelet no es en el marco de la Concertación. Este es un primer Gobierno de Bachelet en una coalición de Nueva Mayoría, que instala un nuevo ciclo político en el país y que implica tener un programa de mayores transformaciones, urgentes y necesarias. Eso contempla dialogar para llegar a acuerdos, pero no una política de los consensos. Porque la política de los consensos tiene límites: todo aquello que nos molesta, en lo que no llegamos a un acuerdo, no se trabaja. Y aquí hay un respaldo mayoritario para un programa de Gobierno no solo por la votación de Bachelet, sino porque fue un tema de la campaña presidencial que le preocupa a mucha gente en Chile”. Al igual que en España, en Chile han comenzado a cuestionarse los consensos básicos sobre los que se basó la transición, al pensarse que eran paralizantes.
Las diferencias también se observan en política exterior, especialmente en lo que atañe a Brasil y América Latina. Durante la campaña, algunas declaraciones de Bachelet sugerían un nuevo alineamiento con Brasil y un distanciamiento de la Alianza del Pacífico. Estas tendencias fueron reforzadas por el nuevo ministro de Exteriores, Heraldo Muñoz, quien escribió en El País: “Nuestro propósito será fortalecer la presencia de [Chile] en los distintos mecanismos de integración existentes, impulsando puentes de acuerdo por encima de las diferencias ideológicas o subregionales. La política exterior de Chile no tendrá un sesgo ideológico, sino que pondrá énfasis en avanzar pragmáticamente hacia una región más integrada y con una identidad propia”.
En lo referente a la Alianza, Muñoz rechaza la idea de que sea “un bloque ideológico excluyente o antagónico con otros proyectos de integración”. En la misma línea, Bachelet manifestó que “Chile en los últimos años ha perdido presencia regional y se ha privilegiado una visión economicista”. Habrá que ver si con el paso del tiempo su gobierno mantiene esta visión tan ponderada de la integración regional, que incluye bastantes definiciones ajenas, o a medida que emerjan dificultades con los vecinos se vuelve al discurso tradicional. Los distintos puntos de vista entre gobierno y oposición y también dentro del propio gobierno y su coalición se traslucieron en las respuestas al conflicto de Venezuela. Bachelet y su ministro de Exteriores se inclinaron por respaldar al gobierno de Maduro.
En Chile y otros países de América Latina, como Brasil, los presidentes son respaldados por coaliciones que cubren un amplio espectro político e ideológico. En Brasil lo demuestra la filiación de los vicepresidentes de Lula y Rousseff: José de Alencar, del derechista Partido Liberal, en los dos gobiernos de Lula, y Michel Temer, del centro derechista PMDB, con Rousseff. En ambos casos, y pese a la existencia de acuerdos mínimos, la gestión diaria de gobierno provoca importantes malabarismos. En buena medida, porque cualquiera sea la identidad y filiación del presidente, éste se cree legitimado a obrar según su criterio. El peso del presidencialismo en América Latina y el caudillismo presidencial terminan por imponerse a la gran inexperiencia existente a la hora de formar y gobernar con coaliciones políticas.
Fuente: Infolatam (Madrid, España)