Sirve contrastar este asunto decisivo con el trámite exprés del último presupuesto argentino, aprobado a sobre cerrado como es rutina en la Argentina “K”. Todos sabían que ese presupuesto es un “dibujo”, pero salió sin una coma de diferencia sobre lo enviado por el Ejecutivo.

Por Pablo Díaz de Brito

Finalmente el “shutdown” y el default en Estados Unidos  fueron abortados el pasado miércoles 16, o al menos postergados. El Tea Party queda aislado en el Partido Republicano y se ha registrado una clara victoria política del presidente Barack Obama. Pero, desde una perspectiva argentina, acá interesa otro aspecto del caso estadounidense: el propiamente institucional, y la real división de poderes que revela el episodio. Sirve contrastar este asunto decisivo con el trámite exprés del último presupuesto argentino, aprobado a sobre cerrado como es rutina en la Argentina “K”. Todos sabían que ese presupuesto es un “dibujo”, pero salió sin una coma de diferencia sobre lo enviado por el Ejecutivo. De hecho, pocos días después ya fue modificado por el gobierno mediante decreto para afrontar los pagos de los acuerdos en el Ciadi. Es el Congreso-escribanía, como lo llama la oposición.

En enorme contraste, los grandes poderes de los que goza el Congreso en Estado Unidos han llevado a este exceso de un grupo de radicales, que han querido forzar las cosas a partir de su mayoría -relativa, como se vio finalmente- en una rama del Congreso. Los radicales republicanos simplemente rompieron el equilibrio institucional al violar la regla no escrita pero hasta ahora siempre vigente del fair play. Esas reglas indican que una minoría no puede usar salvajemente su poder de veto o bloqueo como se hizo, sólo por tener mayoría en una sola rama del Congreso Es este el problema del sistema político estadounidense desde la irrupción del Tea Party en 2010. Gente que fue "a Washington" a romper lo que ven como un corrupto statu quo y no como una arquitectura institucional valiosísima y única en el mundo. Pero a la vez el episodio demuestra, aunque en forma negativa, ese enorme poder de veto y por tanto de negociación que posee el Congreso norteamericano. Ocurre que, a  diferencia de Argentina, si no se aprueba el nuevo presupuesto, el Ejecutivo no puede gastar más dinero. No hay “superpoderes” ni eterna “emergencia económica”. El gobierno gasta sólo mientras se lo permite el Congreso. Lo mismo pasa con la deuda pública. El presidente tiene así que negociar por la fuerza con el Congreso, que es el que tiene la llave de la caja fuerte.

Conviene subrayar un punto que no se conoce demasiado, y está directamente vinculado con lo anterior: el presidente de Estados Unidos también tiene que negociar con sus legisladores, no sólo con los opositores. Los de su partido no son “tropa propia”, como se los llama en Argentina, sino gente que trae sus condiciones e impone rubros de gasto según los intereses locales que representa. Abundan asimismo los "librepensadores", para contrariedad de algún ex jefe de bancada argentino. Así, cada bancada es una suma de matices, de puntos de vista y de representación de intereses diversos (algunos francamente vidriosos, ciertamente).

El sistema electoral de distrito uninominal tiene mucho que ver con estas características del sistema institucional norteamericano. Hace que cada legislador deba responder en forma directa ante su electorado. No puede esconderse en una lista sábana, y por esto ningún legislador llega al Congreso siendo un desconocido para sus votantes, sino todo lo contrario. Tampoco puede ese legislador votar cualquier cosa en nombre de la “disciplina partidaria”. Después de ser elegido o reelegido, el representante o senador debe mantener un contacto directo y continuo con sus electores y explicarles qué hará en el Congreso, de acuerdo al programa prometido en la campaña. La rendición de cuentas es directa, ineludible y constante. Nadie concibe que no sea así. Esta es una práctica común en todos los países anglosajones, que mantienen el sistema de distrito uninominal. La división real de poderes, un Legislativo poderoso, un Poder Judicial realmente independiente y esta rendición de cuentas sistemática ante el electorado hacen claramente superior al modelo estadounidense sobre el presidencialismo “monárquico” que predomina en América latina.