08.07.13Reforma política y Asamblea constituyente: juego de damas
(Infolatam) En Chile y Brasil se han vivido las mayores movilizaciones de América Latina. En Chile el disparador del conflicto fueron las reclamaciones estudiantiles por la gratuidad de la enseñanza universitaria, mientras en Brasil fue el aumento del precio del transporte urbano. En ambos casos, las protestas enmascaraban insatisfacciones mucho más profundas que impactaban de lleno sobre el sistema político.Por Carlos Malamud
(Infolatam) Las últimas revueltas populares en todo el planeta muestran la desafección de los ciudadanos con la política en un contexto de emergencia de clases medias. Pese a ciertas denuncias de conspiración, como la del presidente turco, la espontaneidad y convergencia de grupos disímiles, faltos de coordinación y con reivindicaciones contradictorias son algunas señas de identidad de estos movimientos.
Recep Tayyip Erdog(an apuntó a que tanto Turquía como Brasil, escenarios de las últimas protestas masivas, habían sufrido tramas conspirativas similares. Entre sus principales argumentos menciona que los dos países se han enfrentado a las políticas del FMI (Fondo Monetario Internacional) y que existía una metodología común basada en las redes sociales como vía de convocar las movilizaciones.
La teoría conspirativa de Erdogan no merece mayores explicaciones, aunque demuestra la preocupación de muchos gobiernos frente a unos hechos para los que carecen de respuestas adecuadas. Mientras Turquía ensaya la represión, Brasil practica el diálogo. Pero hasta ahora sin respuestas atinadas, y menos con soluciones capaces de satisfacer las demandas insatisfechas.
En Chile y Brasil se han vivido las mayores movilizaciones de América Latina. En Chile el disparador del conflicto fueron las reclamaciones estudiantiles por la gratuidad de la enseñanza universitaria, mientras en Brasil fue el aumento del precio del transporte urbano. En ambos casos, las protestas enmascaraban insatisfacciones mucho más profundas que impactaban de lleno sobre el sistema político.
Si bien no estaba en el guión de los manifestantes brasileños, ni en el de quienes negociaron con Dilma Rousseff, tras unas primeras jornadas de desconcierto la presidente intentó avanzar en la reforma política como uno de los ejes centrales para la solución de los graves problemas sociales que enfrentaba. En este caso, la reforma no venía sola, ya que su propuesta inicial incluía un referéndum y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Ante la reciente experiencia latinoamericana y las asambleas “originarias” de tintes bolivarianos muchas alarmas se encendieron en Brasilia. El vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), se opuso frontalmente y sumó a los presidentes del Congreso y el Senado. Se cerraban así las puertas para la reforma constitucional por la vía asamblearia y se reconducía el proceso por los marcos institucionales.
Éste es uno de los puntos más conflictivos. La legítima demanda por reformar el sistema político, haciéndolo más funcional y efectivo, con mecanismos de control eficientes y transparentes, se enfrenta a las resistencias corporativas de los políticos en ejercicio. ¿Cómo impulsar una reforma frenada por quiénes deben ser reformados? ¿Cómo comprometer a quiénes son juez y parte a hacerse el harakiri político y legislar en su contra? Las preguntas son de difícil solución, pero ante lo ocurrido en los últimos 15 años en la región, los mecanismos plebiscitarios, especialmente si ocurren en plena descomposición de los partidos políticos tradicionales, no auguran nada bueno. En estos casos, el remedio es peor que la enfermedad.
Ante las dificultades para impulsar la reforma en el parlamento, Rousseff amenaza con activar los movimientos sociales, comenzando por sindicatos y estudiantes. También se reunió con el MST (Movimiento de Campesinos sin Tierra), que se pronunció a favor de la movilización. En realidad, si los políticos son los responsables del problema ellos deberían ser los responsables de la solución. Pero sus métodos van por otros derroteros y cuando están en campaña optan por discursos etéreos y vaporosos, de forma de no comprometerse ni plantear temas difíciles ni resbaladizos. Prácticamente nadie va con la verdad por delante.
Para plasmar la reforma lo primero que debería hacer Rousseff es enfrentarse a su partido y con su apoyo avanzar en la dirección deseada. Luego debería lidiar con los restantes partidos de la coalición gobernante y por último con la oposición. Todo esto sería muy desgastante y probablemente la dejaría fuera de la carrera presidencial del año próximo. Pero en términos institucionales sería un camino más apropiado que el del plebiscito y la movilización social.
En Chile se aproximan a un panorama similar. Tras las elecciones primarias del pasado junio, Michelle Bachelet ha mejorado sus opciones para ganar la presidencia, aunque todavía debe acomodar las piezas del rompecabezas que supone Nueva Mayoría, la nueva identidad de la Concertación, que incorpora al Partido Comunista. La convivencia de comunistas y demócrata cristianos no será sencilla y habrá que ver cómo reaccionan los votantes de la DC en el momento de votar. Al margen de estas consideraciones, Bachelet también impulsa una reforma constitucional, y si bien prefiere los métodos institucionales frente a los plebiscitarios, no renuncia abiertamente a estos últimos.
En una entrevista publicada por La Tercera señaló: “Yo prefiero un cambio constitucional… dentro del marco institucional. Creo que todos los cambios transformadores que Chile requiere tienen que hacerse con gobernabilidad democrática y dentro del marco institucional… Eso tiene un gran desafío, no sólo para un futuro presidente si yo soy electa, porque lo que va a pasar es que si el mundo parlamentario no va con los tiempos de lo que a la gente le está pasando, si no somos capaces de generar canales a esa expresión de la calle, la gente va a empezar a buscar otros mecanismos. Optar por un mecanismo institucional significa exigirle mucho más a ese marco institucional, de que responda a las necesidades de hoy”.
Su conclusión es que “Chile cambió y se va a hacer más difícil gobernar para cualquier presidente, porque hoy la gente ya no está porque le den cualquier cosa; está por pedir lo que sienten que es justo”. Por ser esto último verdad, al igual que el predominio de las instituciones en la vida política de los dos países frente a otros del vecindario, se les debe, y se les puede, exigir a Rousseff y a Bachelet un mayor compromiso con la democracia señalando las líneas rojas que en ningún caso debería traspasar una reforma constitucional.
Fuente: (Infolatam)
(Infolatam) Las últimas revueltas populares en todo el planeta muestran la desafección de los ciudadanos con la política en un contexto de emergencia de clases medias. Pese a ciertas denuncias de conspiración, como la del presidente turco, la espontaneidad y convergencia de grupos disímiles, faltos de coordinación y con reivindicaciones contradictorias son algunas señas de identidad de estos movimientos.
Recep Tayyip Erdog(an apuntó a que tanto Turquía como Brasil, escenarios de las últimas protestas masivas, habían sufrido tramas conspirativas similares. Entre sus principales argumentos menciona que los dos países se han enfrentado a las políticas del FMI (Fondo Monetario Internacional) y que existía una metodología común basada en las redes sociales como vía de convocar las movilizaciones.
La teoría conspirativa de Erdogan no merece mayores explicaciones, aunque demuestra la preocupación de muchos gobiernos frente a unos hechos para los que carecen de respuestas adecuadas. Mientras Turquía ensaya la represión, Brasil practica el diálogo. Pero hasta ahora sin respuestas atinadas, y menos con soluciones capaces de satisfacer las demandas insatisfechas.
En Chile y Brasil se han vivido las mayores movilizaciones de América Latina. En Chile el disparador del conflicto fueron las reclamaciones estudiantiles por la gratuidad de la enseñanza universitaria, mientras en Brasil fue el aumento del precio del transporte urbano. En ambos casos, las protestas enmascaraban insatisfacciones mucho más profundas que impactaban de lleno sobre el sistema político.
Si bien no estaba en el guión de los manifestantes brasileños, ni en el de quienes negociaron con Dilma Rousseff, tras unas primeras jornadas de desconcierto la presidente intentó avanzar en la reforma política como uno de los ejes centrales para la solución de los graves problemas sociales que enfrentaba. En este caso, la reforma no venía sola, ya que su propuesta inicial incluía un referéndum y la convocatoria de una asamblea constituyente.
Ante la reciente experiencia latinoamericana y las asambleas “originarias” de tintes bolivarianos muchas alarmas se encendieron en Brasilia. El vicepresidente Michel Temer, líder del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), se opuso frontalmente y sumó a los presidentes del Congreso y el Senado. Se cerraban así las puertas para la reforma constitucional por la vía asamblearia y se reconducía el proceso por los marcos institucionales.
Éste es uno de los puntos más conflictivos. La legítima demanda por reformar el sistema político, haciéndolo más funcional y efectivo, con mecanismos de control eficientes y transparentes, se enfrenta a las resistencias corporativas de los políticos en ejercicio. ¿Cómo impulsar una reforma frenada por quiénes deben ser reformados? ¿Cómo comprometer a quiénes son juez y parte a hacerse el harakiri político y legislar en su contra? Las preguntas son de difícil solución, pero ante lo ocurrido en los últimos 15 años en la región, los mecanismos plebiscitarios, especialmente si ocurren en plena descomposición de los partidos políticos tradicionales, no auguran nada bueno. En estos casos, el remedio es peor que la enfermedad.
Ante las dificultades para impulsar la reforma en el parlamento, Rousseff amenaza con activar los movimientos sociales, comenzando por sindicatos y estudiantes. También se reunió con el MST (Movimiento de Campesinos sin Tierra), que se pronunció a favor de la movilización. En realidad, si los políticos son los responsables del problema ellos deberían ser los responsables de la solución. Pero sus métodos van por otros derroteros y cuando están en campaña optan por discursos etéreos y vaporosos, de forma de no comprometerse ni plantear temas difíciles ni resbaladizos. Prácticamente nadie va con la verdad por delante.
Para plasmar la reforma lo primero que debería hacer Rousseff es enfrentarse a su partido y con su apoyo avanzar en la dirección deseada. Luego debería lidiar con los restantes partidos de la coalición gobernante y por último con la oposición. Todo esto sería muy desgastante y probablemente la dejaría fuera de la carrera presidencial del año próximo. Pero en términos institucionales sería un camino más apropiado que el del plebiscito y la movilización social.
En Chile se aproximan a un panorama similar. Tras las elecciones primarias del pasado junio, Michelle Bachelet ha mejorado sus opciones para ganar la presidencia, aunque todavía debe acomodar las piezas del rompecabezas que supone Nueva Mayoría, la nueva identidad de la Concertación, que incorpora al Partido Comunista. La convivencia de comunistas y demócrata cristianos no será sencilla y habrá que ver cómo reaccionan los votantes de la DC en el momento de votar. Al margen de estas consideraciones, Bachelet también impulsa una reforma constitucional, y si bien prefiere los métodos institucionales frente a los plebiscitarios, no renuncia abiertamente a estos últimos.
En una entrevista publicada por La Tercera señaló: “Yo prefiero un cambio constitucional… dentro del marco institucional. Creo que todos los cambios transformadores que Chile requiere tienen que hacerse con gobernabilidad democrática y dentro del marco institucional… Eso tiene un gran desafío, no sólo para un futuro presidente si yo soy electa, porque lo que va a pasar es que si el mundo parlamentario no va con los tiempos de lo que a la gente le está pasando, si no somos capaces de generar canales a esa expresión de la calle, la gente va a empezar a buscar otros mecanismos. Optar por un mecanismo institucional significa exigirle mucho más a ese marco institucional, de que responda a las necesidades de hoy”.
Su conclusión es que “Chile cambió y se va a hacer más difícil gobernar para cualquier presidente, porque hoy la gente ya no está porque le den cualquier cosa; está por pedir lo que sienten que es justo”. Por ser esto último verdad, al igual que el predominio de las instituciones en la vida política de los dos países frente a otros del vecindario, se les debe, y se les puede, exigir a Rousseff y a Bachelet un mayor compromiso con la democracia señalando las líneas rojas que en ningún caso debería traspasar una reforma constitucional.
Fuente: (Infolatam)