(Análisis Latino) Este cambio brutal, de haberse logrado, hubiera abonado el terreno para cualquier aventura extra-constitucional que abriera el camino a la segunda reelección de Cristina sin necesidad de una reforma constitucional. Este era el objetivo estratégico de máxima de la ´´democratización de la Justicia´´. El kirchnerismo siempre piensa en grande. ´´Va por todo´´, como dijo la propia Cristina en un acto que hizo historia. Y no hay que dar por seguro que esta operación esté totalmente abortada gracias al fallo de la Corte Suprema.

Por Pablo Díaz de Brito

(Análisis Latino) La Argentina alejó el pasado martes 18 de junio, al menos momentáneamente, un gravísimo peligro sobre su Poder Judicial. De haberse concretado el cambio de ese poder que impulsaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), los jueces hubieran sido barridos de sus cargos para ser sustituidos por fanáticos incondicionales. Argentina se hubiera hundido en una situación chavista. A partir de allí, forzar a como diera lugar la reelección de la presidenta en 2015 hubiese sido algo  descontado y hasta relativamente sencillo.

¿Cómo tuvo lugar la superación de ese riesgo letal para la República tal como la concebimos los demócratas? Vale la pena estudiar el asunto in extenso.

"El Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras. No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. Los poderes son limitados; si se quiere cambiar eso, hay que modificar la Constitución".

Este párrafo no es, como pudiera pensarse, de un manual básico de derecho constitucional, sino de la sentencia que el 18 de junio dio a conocer la Corte Suprema de Justicia de la Argentina contra la pretensión hecha ley del gobierno de CFK de "democratizar" la Justicia a su manera. O sea, apropiándosela mediante la aberrante elección popular -a través de afiliación a los partidos políticos- de los integrantes del Consejo de la Magistratura que representan a jueces, abogados y académicos. En su sentencia, el máximo tribunal recordó sobre el asunto que: "Las personas que integran el Consejo lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que supone inexorablemente su elección por los integrantes de esos sectores. En consecuencia, el precepto no contempla la posibilidad de que los consejeros puedan ser elegidos por el voto popular ya que, si así ocurriera, dejarían de ser representantes del sector para convertirse en representantes del cuerpo electoral". Tan básico como cierto. Siempre en este tono docente, la Corte agrega: "El equilibrio significa contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas". Sobre el asunto del origen popular de los consejeros que propone la ley y que clarísimamente viola la Constitución (art.114), la Corte recuerda otro punto clave del diseño cristinista: "la expresión de la voluntad democrática del pueblo quedaría sujeta a la decisión del Congreso de mantener o cancelar los cargos electivos según si el comportamiento de la mayoría del pueblo coincide o no con la mayoría en el Congreso". Y más adelante agrega: "En la práctica, la ley contraría la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso y a la ciudadanía toda, pues le exige identificarse con un partido político mientras cumple la función de administrar justicia. Desaparece así la idea de neutralidad judicial frente a los poderes políticos y fácticos".

En resumen: además de rechazar de plano una ley aberrante enviada por la Presidencia y aprobada casi a libro cerrado por el Congreso, la Corte agregó una breve lección de conceptos básicos de derecho constitucional, dirigidos a la mandataria y a sus obedientes legisladores. El Ejecutivo y el Legislativo habían decidido forzar la Constitución y hacer una reforma constitucional de facto a través de una ley ordinaria. Como señaló con acierto el demandante, el abogado Jorge Rizzo: el que viola la voluntad popular es el gobierno. Si la respetara, convocaría una reforma constitucional. Claro, la perdería de partida: no tiene ni remotamente los dos tercios que esa convocatoria requiere en el Congreso. Y además el planteo mismo de una nueva reforma de la Constitución a 19 años de la anterior es enormemente impopular.

En suma, a este punto de anomalía político-institucional ha llegado la Argentina en este segundo mandato presidencial de CFK, cada vez más radicalizado y confrontativo. El proyecto de reforma de la Justicia abortado por la Corte buscaba someter al único poder que no se había doblegado, o no lo suficiente según el criterio kirchnerista. Para muchos analistas, el plan también tenía su urgencia: terminar la domesticación total de la Justicia antes de 2015 cuando, muy probablemente, se termine la era K iniciada en 2003. La idea era asegurarse una Justicia dócil que no investigue en el futuro la monumental corrupción de la administración kirchnerista. Esto puede ser cierto, pero los objetivos de fondo de Cristina son mucho más ambiciosos.

El kirchnerismo nació bajo el signo de la anomalía, en una elección en 2003 que era de hecho una "primaria" del peronismo transformada en elección general. Derivó en el famoso triunfo-derrota de Néstor Kirchner (22% de votos contra 24% de Carlos Menem, quien sin embargo resignó su candidatura). Las anomalías, la tendencia constante a pasar por encima de las leyes y las instituciones, fueron una constante en estos diez años.

Pero este ciclo realmente parece ahora haber entrado en su último tramo. Este fallo ejemplar de la Corte argentina se suma a numerosas señales políticas e institucionales que indican que, esta vez sí, el kirchnerismo ha entrado en su ocaso. Es el inicio del fin de ese país fuera de la norma en el que los argentinos se acostumbraron a vivir desde la salida de la cataclísmica crisis de 2001/2 y aquellas elecciones de 2003.

Sin embargo, Cristina guarda un considerable poder de fuego y lo utilizará mientras lo conserve. El juego no está terminado, ni mucho menos, por más que las derrotas del oficialismo se acumulen.

Vale tomar acá un poco de perspectiva y plantearse qué es "un país normal". Que es lo que piden hoy muchos argentinos, cansados, sino atemorizados, de la "década ganada" del gobierno kirchnerista. ¿Cómo sería esa Argentina normal? No es difícil visualizarla: sería como Chile, Uruguay o Brasil, los otros países que integran el Cono Sur. Apuntemos que la anomalía K no está en la duración, en esos diez años de poder, que serán 12 en 2015 cuando CFK termine su segundo mandato. En Chile la Concertación gobernó desde 1990 a 2010, y luego del actual mandato de Sebastián Piñera probablemente volverá al poder de la mano de Michele Bachelet. En Brasil, el PT de Lula y Dilma manda también desde 2003, y pese a las actuales manifestaciones de malestar, las previsiones son (o eran hasta ahora) que el PT y su heterogénea coalición podrían continuar por otro período más. En Uruguay, el Frente Amplio gobierna desde 2005, ya va por dos presidencias continuadas y tal vez logre una tercera. En fin, está claro que la continuidad de un partido en el poder no indica per se ninguna ruptura de la normalidad democrática. Porque, precisamente, se garantiza la división y contrapeso de los poderes, como señala la Corte argentina. Porque en esos países no hay un gobierno que hostiga permanentemente a la prensa independiente, anula a los organismos de control y compra o coopta medios a diestra y siniestra.

En Argentina, como marca esa pequeña lección de derecho constitucional que la Corte decidió darle a Cristina, la situación del régimen democrático es realmente grave. Argentina vive desde estos últimos años de radicalización K al borde de la emergencia democrática, o ya plenamente inmersa en ella, según sea el diagnóstico.

La situación por ahora no es tan grave como en Venezuela, pero es obvio que existe un diseño hegemónico que en 2003/7 se expresaba como lejana aspiración, y que desde hace unos años ya está en plena ejecución. El kirchnerismo siempre tuvo inclinaciones autoritarias, pero hasta 2008 las moderó, por opción o por imposición de la realidad. A partir de entonces, con el conflicto con el sector agropecuario, se inicia una decidida radicalización, tanto política como de políticas económicas. El resultado está hoy a la vista: en lo económico, una de las tres mayores inflaciones del mundo, emisión monetaria en el rango del 35/40% anual, fuga de capitales, control de cambios cada vez más rígido y extendido, desinversión en todas las áreas, incluso aquellas supuestamente favorecidas por el "modelo", etc. Esto deriva, especialmente desde poco después de la reelección de CFK en octubre de 2011, en una persistente caída de la popularidad de la presidenta y de su gobierno.

En este marco de mala economía, se suman una tras otra las iniciativas legislativas que buscan trastocar el paisaje institucional de una democracia normal. La ley de medios (2009), aún a estudio de la Corte, que buscó la hegemonía mediática del gobierno K, y la que igualmente casi logra el gobierno por la vía de los hechos mediante la compra de voluntades y medios; la intervención de la Comisión Nacional de Valores y la nueva ley de mercado de capitales de fines de 2012, que permite insólitamente al gobierno imponer su voluntad en empresas en las que tiene representación minoritaria (esta presencia es a su vez efecto de otro avance anterior del Estado: la expropiación de las AFJP, los fondos privados de pensiones, en noviembre de 2008). Luego del fracaso de la farragosa ley de medios y la imposibilidad de CFK y su gobierno de desmembrar al principal grupo de medios del país, vino este año la ofensiva directa sobre la Justicia. La llamada "democratización de la Justicia".

El proyecto fue desde su mismo inicio un disparate jurídico: era evidente lo que ocurriría con el texto si salía del Congreso, como sucedió en abril de 2013. De un paquete de seis leyes, destacan la ley sobre elección popular de los consejeros de la Magistratura y el igualmente abusivo que recorta drásticamente el acceso del ciudadano a las medidas cautelares contra el Estado.

Al citado fallo de la Corte Suprema lo antecedieron al menos 23 fallos y cautelares de primera instancia. Pero entre todos ellos se destacó uno muy importante, porque decidía sobre la cuestión de fondo. Este fallo, sintomáticamente, provino de una jueza famosa en Argentina por su capacidad para acomodarse al gobierno de turno: María Servini de Cubría. Un signo claro del cambio del viento político en Argentina. Se ha dicho siempre que cuando los jueces empiezan a fallar contra un gobierno es signo seguro de que este ha entrado en su etapa final.

Pero no necesariamente es este el caso: la rebelión judicial contra el proyecto cristinista obedece a algo menos sutil: la "corporación" judicial, como la llama despectivamente el gobierno, vio que estaba en peligro su misma existencia. El enojo de jueces amigos del gobierno se hizo manifiesto en los meses previos a la sentencia de la Corte Suprema. Bastaba, según la ley querida por CFK, una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura elegido por votación popular, para desplazar a cualquier juez. Estos jueces prudentes y acomodaticios que se habían inclinado ante el poder arrollador del kirchnerismo durante años iban a ser, sencillamente, cambiados en masa por abogados afiliados a la agrupación juvenil ultraK “La Cámpora”. Ninguna concesión iba a ser suficiente para mantener el puesto. Servini lo entendió perfectamente. Se abría una temporada de caza de jueces como nunca se había visto en la democracia argentina. Los fallos de fondo de Servini y de la Corte se dieron en este contexto de un Poder Judicial en estado de asamblea y alarma ante un Ejecutivo que buscaba simplemente eliminarlo tal como se lo conoció hasta hoy y sustituirlo por uno militante, al estilo venezolano. Cristina ya no trataba de correr un poco más los límites del dominio del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sino de vaciar a este de sus actuales magistrados y reemplazarlos en bloque por cientos de magistrados totalmente fieles, fanáticos creyentes en "el proyecto".

No se trata entonces solamente de preparar el terreno judicial para la salida del poder de Cristina en 2015. Este cambio brutal, de haberse logrado, hubiera abonado el terreno para cualquier aventura extra-constitucional que abriera el camino a la segunda reelección de Cristina sin necesidad de una reforma constitucional. Este era el objetivo estratégico de máxima de la "democratización de la Justicia". El kirchnerismo siempre piensa en grande. "Va por todo", como dijo la propia Cristina en un acto que hizo historia. Y no hay que dar por seguro que esta operación esté totalmente abortada gracias al fallo de la Corte Suprema. La noche del miércoles 19, al día siguiente del fallo de la Corte, CFK participó en un acto en la ciudad de Córdoba. Allí advirtió: "aquellos que no quieren dejar votar al pueblo, sepan que sólo podrán hacerlo por un tiempo". "Más temprano que tarde se van a elegir democráticamente todos los órganos políticos de la Constitución (...) las reformas son indetenibles, porque indetenible es la voluntad popular". Y arengó a sus seguidores: "los militantes tenemos que estar preparados para otra batalla". Dicho de otra forma: la guerra continúa, la tropa sigue ahí, lista para combatir al enemigo, el "todo vale" está más vigente que nunca. El límite impuesto por la Corte Suprema se buscará eludir por todos los medios. Por cualquiera. Así es el kirchnerismo.

Pablo Díaz de Brito es periodista y redactor especial de Análisis Latino – Portal informativo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).