(La Nación) Alguien debía hacerse cargo de proteger los derechos y las libertades de las minorías; incluso de ese único y solitario ciudadano que tal vez crea que un pequeño derecho suyo ha sido pisoteado por un decreto presidencial o una ley aprobada en el Parlamento. Para escucharlo, entenderlo y -si se diera el caso- darle la razón, está el Poder Judicial y existen los jueces.

Por Tomas Linn

(La Nación) Prometer la "democratización" de la Justicia es, así enunciado, una idea seductora. Pero esa fascinación apenas dura un instante, no sólo porque los detalles de una propuesta de este tipo terminan alarmando, sino porque el concepto en sí es contradictorio y peligroso.

Hace dos siglos y medio, algunos de los más lúcidos pensadores y constitucionalistas de la época llegaron a una clara y simple conclusión, que se convirtió en el pilar de las constituciones democráticas modernas en todo el mundo.

Para asegurarse de que un país de veras sea democrático, resolvieron que uno de los tres poderes debía ser menos democrático que los demás, entendido este término como un gobierno elegido por el pueblo a través de la expresión de la mayoría de sus votantes.

Sabían que de las mayorías se encargaría el Ejecutivo y que ellas estarían bien representadas en el Parlamento. Pero alguien debía hacerse cargo de proteger los derechos y las libertades de las minorías; incluso de ese único y solitario ciudadano que tal vez crea que un pequeño derecho suyo ha sido pisoteado por un decreto presidencial o una ley aprobada en el Parlamento.

Para escucharlo, entenderlo y -si se diera el caso- darle la razón, está el Poder Judicial y existen los jueces. Si quieren hacer bien su trabajo, ellos no pueden responder a lo que determinan las mayorías electorales, siempre circunstanciales, sino que les corresponde afirmar la libertad y defender aquellos derechos que trascienden a los tiempos y están por encima de las mayorías.

Hay tal cosa como los legítimos intereses personales, las libertades que responden a los fueros íntimos de la gente, y ellos están por encima de los antojos de quienes ejercen el gobierno.

Así fue como se creó ese tercer poder, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son designados por mecanismos que varían según cada país, pero que necesitan la aprobación de los órganos representativos (que por lo general requieren alguna mayoría especial para designarlos) y que deben durar en el cargo más tiempo que los períodos normales de un gobierno.

Asimismo diseñaron mecanismos que también varían según el país, pero que buscan despolitizar lo más posible las designaciones de los diferentes jueces (sería ingenuo suponer que eso se puede lograr de forma total) para que trabajen con la independencia y distancia necesarias para atender los reclamos personales de cada ciudadano por fuera de la coyuntura política y el fragor del momento.

Estos mecanismos, con sus virtudes y defectos, han pretendido ser la garantía última del ciudadano frente a los abusos de poder de los gobernantes de turno y a la tentación constante de someter a los ciudadanos en cuanto personas.

Son la confirmación de la teoría democrática de que, si bien la mayoría vota a un gobierno, ésta nunca puede arrasar ni aplastar ni acallar a la minoría, y de que nadie, por elegido que sea, concentra todo el poder.

Por eso, pretender "democratizar" la Justicia es liquidar la democracia misma de un país. Es un contrasentido.

Fuente: La Nación, Buenos Aires - Argentina