La presidenta hubiera dado una lección magistral de republicanismo y de defensa del Estado de Derecho si en ese acto público hubiese recriminado, fiel a su estilo, a Luís D’Elía y Emilio Pérsico, protagonistas de la toma violenta de la Plaza de Mayo durante dos noches consecutivas y que expulsaron a pacíficos ciudadanos que protestaban por la suba impositiva. La presidenta tiene una legitimidad de origen indiscutible con su victoria electoral en el 2007, y también debería serlo su legitimidad en el ejercicio del gobierno, aplicando todo el peso de las leyes a quienes emulan a las camisas negras del fascismo de Mussolini.

Por Ricardo López Göttig

Los argentinos hemos vuelto a sentir el repiqueteo de las cacerolas, nuevamente en repudio a un discurso presidencial. Desde hace algunos años, el centro de los debates políticos se ha venido trasladando a las calles y rutas, en donde impera la lógica del corte y la búsqueda de adhesiones forzadas a todo tipo de causas. Asambleístas, piqueteros y productores agropecuarios imponen sus demandas a cuanto incauto circule por las carreteras argentinas, violando la libertad de movimiento consagrada por la Constitución.

El que debería ser el escenario por excelencia de la discusión tributaria, el Congreso nacional, está dominado por una mayoría oficialista que ha cedido su rol fundamental al Poder Ejecutivo, olvidando la responsabilidad que tiene todo legislador frente a la ciudadanía que lo eligió en las urnas. Y el pueblo delibera y pretende gobernar desde las calles, desde las plazas y las rutas, derogando el texto constitucional. Apasionados por la simbología egipcia, los kirchneristas se preocupan por apoderarse de la Pirámide de Mayo y los productores agropecuarios y sus familias se resignan a reunirse en torno al Obelisco, ante el temor a ser golpeados.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de un discurso de confrontación que despertó la reacción cívica en varias ciudades de la Argentina, optó por subir dos días después a la tribuna partidaria en el acto de Parque Norte con una arenga menos combativa. No hizo mención hacia los elementos violentos que respaldan a su gobierno y que estaban presentes en el palco junto a los ministros y gobernadores. La presidenta hubiera dado una lección magistral de republicanismo y de defensa del Estado de Derecho si en ese acto público hubiese recriminado, fiel a su estilo, a Luís D'Elía y Emilio Pérsico, protagonistas de la toma violenta de la Plaza de Mayo durante dos noches consecutivas y que expulsaron a pacíficos ciudadanos que protestaban por la suba impositiva. La presidenta tiene una legitimidad de origen indiscutible con su victoria electoral en el 2007, y también debería serlo su legitimidad en el ejercicio del gobierno, aplicando todo el peso de las leyes a quienes emulan a las camisas negras del fascismo de Mussolini. El martes 25 de marzo por la noche, la ciudadanía quedó helada al observar las columnas amenazantes de Pérsico, y observó con tristeza que nada se aprendió del pasado con las amenazas racistas y clasistas de D'Elía. El Estado se ausentó deliberadamente de su función primordial de evitar la violencia, ya que la policía se limitó a observar pasivamente el enfrentamiento tras las vallas que rodean a la Casa de Gobierno.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó al diálogo, pero descalificó acremente a quienes golpearon sus cacerolas. Y bien recordó que fueron muchos los que la votaron, pero persiste en olvidar que fueron muchos más los que no la acompañaron con su sufragio, dispersando sus preferencias en una multitud de candidatos. Y en una sociedad pluralista deben primar el diálogo y la sinceridad, el debate pacífico y la predisposición a escuchar.

Como a tantos otros gobernantes, a la presidenta argentina le está faltando autocrítica y carga el peso de los errores en terreno ajeno. La política económica se sigue enmarañando con más medidas intervencionistas, sosteniendo un tipo de cambio alto por la permanente compra de dólares por parte del Banco Central, devaluando constantemente la moneda argentina y, por consiguiente, reduciendo aún más el poder adquisitivo de la ciudadanía. A esto se le suma una creciente presión impositiva, los controles de precios monitoreados por Guillermo Moreno, el crecimiento de la deuda externa, una inflación cada vez más inocultable, subsidios y una política proteccionista que no industrializa y que nos aleja de la innovación tecnológica. Y las inversiones extranjeras se asientan en Chile, Brasil y Uruguay.

Las cacerolas están volviendo a sonar, pero no masivamente. Una buena parte de la ciudadanía argentina no quiere repetir los tristes episodios de fines del 2001, con aquella seguidilla de efímeros primeros mandatarios. Unos se reúnen en la Pirámide, golpeando personas; otros en el Obelisco, golpeando cacerolas. El Congreso es un templo olvidado, sepultado por las arenas del desierto de las ideas. Nadie se molesta siquiera en pedir la renuncia del ministro de economía Martín Lousteau, porque es una figura decorativa en el gabinete. Los más, aún miran con cierta indiferencia cuanto acontece, esperando que cada crecida del Nilo siga trayendo un poco de bonanza que, aunque pasajera, sirva para pasar otro invierno.

El autor es Director de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano e Investigador Asociado de CADAL.