14.09.18Reviviendo la transición
(El Líbero) Independientemente de cuál sea el resultado de la acusación constitucional contra los tres jueces de la Corte Suprema, la decisión que tomó un grupo significativo de la Cámara de Diputados refleja un equívoco intento por revivir la historia para hacer las cosas de forma diferente. Por Patricio Navia
(El Líbero) El debate sobre la pertinencia de acusar constitucionalmente a tres jueces de la Corte Suprema por dejar en libertad condicional a militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura es más un intento por reescribir la historia que un debate sobre cuál criterio aplicar para asegurarse de que los derechos humanos de los violadores de derechos humanos no sean también violados. Pero como no se puede revivir el pasado y la transición chilena ya es un capítulo cerrado, el espectáculo solo logrará debilitar las instituciones democráticas hoy y generar conflictos innecesarios entre poderes del Estado.
No hay esfuerzo más inútil que querer revivir la historia para hacer las cosas de modo diferente. Y lo es especialmente cuando los que quieren hacerlo ni siquiera fueron los protagonistas de los hechos que quieren revivir y corregir. La ventaja que da poder analizar la historia después que se conoce el desenlace de los hechos y cuando no se vive con el riesgo de arruinar un precario equilibrio democrático hace que los juicios que hoy se hacen sobre la forma en que los gobiernos de la Concertación condujeron el proceso de normalización de la democracia sean injustamente severos. Los hechos indesmentibles sobre la forma en que se produjo la transición apuntan a un pacto tácito entre la saliente dictadura y el gobierno democrático entrante. La presencia del ex dictador Pinochet como comandante en jefe del Ejército y la aceptación por parte de la Concertación de la constitución de 1980 como el marco dentro del cual se debería construir la democracia limitaron la capacidad de dar justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. La justicia se demoró en llegar. Y en muchos casos, nunca llegó.
Pero esa transición pactada permitió que se construyera una democracia que funciona bien. El Chile de hoy es un país mucho mejor que el de 1989. Respecto al resto de América Latina, Chile ha mejorado sustancialmente. Es más, ahora nos comparamos con otros países de la OECD y aspiramos a estándares mucho más altos que nunca antes en nuestra historia. Es el éxito de la transición a la democracia el que hoy permite que haya algunos que quieran revivir la historia y hacer que transcurra de forma diferente.
Es verdad que hay muchos momentos de la transición que no llenan de orgullo a nadie y hay muchas concesiones que fueron difíciles de tragar para aquellos que querían democracia, justicia, reducir la pobreza y lograr la reconciliación nacional. Pero resulta mucho más fácil decir eso hoy que decirlo —e incluso pensarlo— cuando nada garantizaba que la transición chilena terminaría bien. Es más, incluso si aceptamos que las fuerzas democráticas hicieron concesiones de más y no se esmeraron tanto como debían para lograr llevar ante la justicia a los violadores de derechos humanos, solo queda lamentarse por lo que no se hizo. Nadie puede volver a vivir la historia.
Aquellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos hoy no pueden corregir los errores del pasado. Sus esfuerzos debieran centrarse en ayudar a preservar la memoria —para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer ese tipo de abusos— y en asegurarse de que se respeten los derechos humanos de los chilenos hoy. Aunque duela decirlo, eso significa asegurarse que los derechos humanos de los que atentaron contra los derechos humanos sean también respetados. Nadie, por más brutales que hayan sido sus crímenes, pierde sus derechos humanos.
La tarea de los jueces es aplicar las leyes que existen en el país. Los legisladores a su vez, junto con el Ejecutivo, están mandatados para decidir cuáles son las leyes que regirán en el país. Cuando los jueces buscan legislar a través de sus sentencias o los legisladores buscan aplicar la ley amedrentando a los jueces por la forma en que aplican la justicia, la democracia se ve debilitada. Peor aún, se generan conflictos entre poderes del estado que dificultan la tarea de todos los involucrados.
Independientemente de cuál sea el resultado de la acusación constitucional contra los tres jueces de la Corte Suprema, la decisión que tomó un grupo significativo de la Cámara de Diputados refleja un equívoco intento por revivir la historia para hacer las cosas de forma diferente. Porque la historia no se puede revivir y porque los legisladores incumplen su mandato democrático al tratar de viajar al pasado para hacer las cosas de forma diferente, la polémica sobre la acusación constitucional contra los tres jueces de la Suprema no nos hace un mejor país. Tampoco permite corregir los errores del pasado. Ni siquiera avanza la causa del respeto a los derechos humanos. La iniciativa de los legisladores solo confirma, como decía Marx, que cuando la historia se repite, primero es una tragedia. La segunda vez es solo una comedia.
(El Líbero) El debate sobre la pertinencia de acusar constitucionalmente a tres jueces de la Corte Suprema por dejar en libertad condicional a militares condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura es más un intento por reescribir la historia que un debate sobre cuál criterio aplicar para asegurarse de que los derechos humanos de los violadores de derechos humanos no sean también violados. Pero como no se puede revivir el pasado y la transición chilena ya es un capítulo cerrado, el espectáculo solo logrará debilitar las instituciones democráticas hoy y generar conflictos innecesarios entre poderes del Estado.
No hay esfuerzo más inútil que querer revivir la historia para hacer las cosas de modo diferente. Y lo es especialmente cuando los que quieren hacerlo ni siquiera fueron los protagonistas de los hechos que quieren revivir y corregir. La ventaja que da poder analizar la historia después que se conoce el desenlace de los hechos y cuando no se vive con el riesgo de arruinar un precario equilibrio democrático hace que los juicios que hoy se hacen sobre la forma en que los gobiernos de la Concertación condujeron el proceso de normalización de la democracia sean injustamente severos. Los hechos indesmentibles sobre la forma en que se produjo la transición apuntan a un pacto tácito entre la saliente dictadura y el gobierno democrático entrante. La presencia del ex dictador Pinochet como comandante en jefe del Ejército y la aceptación por parte de la Concertación de la constitución de 1980 como el marco dentro del cual se debería construir la democracia limitaron la capacidad de dar justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. La justicia se demoró en llegar. Y en muchos casos, nunca llegó.
Pero esa transición pactada permitió que se construyera una democracia que funciona bien. El Chile de hoy es un país mucho mejor que el de 1989. Respecto al resto de América Latina, Chile ha mejorado sustancialmente. Es más, ahora nos comparamos con otros países de la OECD y aspiramos a estándares mucho más altos que nunca antes en nuestra historia. Es el éxito de la transición a la democracia el que hoy permite que haya algunos que quieran revivir la historia y hacer que transcurra de forma diferente.
Es verdad que hay muchos momentos de la transición que no llenan de orgullo a nadie y hay muchas concesiones que fueron difíciles de tragar para aquellos que querían democracia, justicia, reducir la pobreza y lograr la reconciliación nacional. Pero resulta mucho más fácil decir eso hoy que decirlo —e incluso pensarlo— cuando nada garantizaba que la transición chilena terminaría bien. Es más, incluso si aceptamos que las fuerzas democráticas hicieron concesiones de más y no se esmeraron tanto como debían para lograr llevar ante la justicia a los violadores de derechos humanos, solo queda lamentarse por lo que no se hizo. Nadie puede volver a vivir la historia.
Aquellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos hoy no pueden corregir los errores del pasado. Sus esfuerzos debieran centrarse en ayudar a preservar la memoria —para que nunca más en Chile se vuelvan a cometer ese tipo de abusos— y en asegurarse de que se respeten los derechos humanos de los chilenos hoy. Aunque duela decirlo, eso significa asegurarse que los derechos humanos de los que atentaron contra los derechos humanos sean también respetados. Nadie, por más brutales que hayan sido sus crímenes, pierde sus derechos humanos.
La tarea de los jueces es aplicar las leyes que existen en el país. Los legisladores a su vez, junto con el Ejecutivo, están mandatados para decidir cuáles son las leyes que regirán en el país. Cuando los jueces buscan legislar a través de sus sentencias o los legisladores buscan aplicar la ley amedrentando a los jueces por la forma en que aplican la justicia, la democracia se ve debilitada. Peor aún, se generan conflictos entre poderes del estado que dificultan la tarea de todos los involucrados.
Independientemente de cuál sea el resultado de la acusación constitucional contra los tres jueces de la Corte Suprema, la decisión que tomó un grupo significativo de la Cámara de Diputados refleja un equívoco intento por revivir la historia para hacer las cosas de forma diferente. Porque la historia no se puede revivir y porque los legisladores incumplen su mandato democrático al tratar de viajar al pasado para hacer las cosas de forma diferente, la polémica sobre la acusación constitucional contra los tres jueces de la Suprema no nos hace un mejor país. Tampoco permite corregir los errores del pasado. Ni siquiera avanza la causa del respeto a los derechos humanos. La iniciativa de los legisladores solo confirma, como decía Marx, que cuando la historia se repite, primero es una tragedia. La segunda vez es solo una comedia.