08.10.17Los «brotes verdes» que respaldan el aumento del gasto fiscal en el presupuesto 2018
(Politica y Economia) En dirección inversa a lo que estaba haciendo su antecesor, Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, sorprendió con esta cifra, nueve décimas por encima de lo esperado por economistas moderados de gobierno y oposición.Por Hugo Traslaviña
(Politica y Economia) El anuncio de la Presidenta Bachelet de aumentar el gasto en 3,9% en el presupuesto fiscal 2018, desató un fuerte debate sobre la conveniencia de seguir estirando la cuerda para solventar los crecientes gastos del Estado y –a la vez- contener el endeudamiento y el déficit fiscal (alrededor de 23% y 2,7% sobre el PIB, respectivamente). En dirección inversa a lo que estaba haciendo su antecesor, Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, sorprendió con esta cifra, nueve décimas por encima de lo esperado por economistas moderados de gobierno y oposición. Pero, ¿cuán riesgoso es para la economía chilena el incremento del gasto fiscal?
La buena noticia del proyecto de ley de presupuesto 2018, es que el gobierno de la Presidenta Bachelet optó por continuar avanzando con las reformas que tienen un alto foco distributivo, pese a las duras críticas de la oposición de derecha y a la luz amarilla que hace pocos meses encendieron las clasificadoras de riesgo internacional, debido, entre otras cosas, al persistente aunque leve déficit fiscal, en comparación con el que exhiben países más desarrollados que Chile.
En su alocución del 30 de septiembre pasado, cuando anunció el envío del proyecto de ley de presupuesto al Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que en 2018 la economía subirá el doble que en 2017 y que el incremento del gasto se justifica -en su mayor parte- por la continuidad de la reforma educacional, por los compromisos en el área de salud (sobre todo en el plan de construcción de hospitales) y por los mayores recursos para obras públicas, en línea con el esfuerzo reactivador que vive el país.
Por lo tanto, tres son los principales factores que explican la decisión de aumentar el gasto fiscal por sobre la expansión esperada del Producto Interno Bruto (PIB), de entre 3 a 3,5% en 2018. Uno, los nuevos compromisos de gasto asumidos por el gobierno con foco distributivo de largo plazo, particularmente en educación, salud y previsión; dos, la necesidad de que el gasto fiscal siga actuando como un motor contracíclico, para impulsar el crecimiento; y tres, la proyección de que el déficit fiscal efectivo disminuya de 2,7% a 1,9% el próximo año. En tanto, el déficit cíclicamente ajustado, o estructural, caería de 1,7% a 1,5% en 2018 (1).
Todo ello, en el marco de una tasa de crecimiento de entre 3% y 3,5%, lo que por cierto conlleva una mayor recaudación y la entrada en vigencia de la totalidad de la reforma tributaria aprobada en 2014.
Por lo tanto, desde el lado de los ingresos también se da una proyección favorable para sostener el gasto por encima del crecimiento del PIB. Según la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), para el próximo año se espera un alza de los ingresos totales de 7,4% real (2). “Ello, junto con una actualización de los parámetros estructurales (PIB tendencial y precio de referencia del cobre), que son los que permiten estimar los ingresos estructurales que guían nuestra política fiscal, arrojan un nivel de gasto compatible con la meta de convergencia, que constituye el límite máximo del Proyecto de Ley de Presupuestos 2018, de $45.198.536 millones (moneda 2018)”, precisó la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas, divulgado el 2 de octubre pasado (3).
Los brotes verdes
En la práctica, el mayor gasto en consumo corriente e inversión contribuirá a empujar el crecimiento económico el próximo año, lo cual se suma a los factores extra presupuestarios observados en los últimos meses. Entre otros, el ya mencionado aumento en el precio del cobre, la recuperación de las exportaciones, el repunte en las ventas del comercio minorista (retail) y del sector inmobiliario; y el despegue de los proyectos de inversión. Son los llamados “brotes verdes”, con algo de floración, que ansía tener la Presidenta Michelle Bachelet, en sus últimos meses de gobierno.
Más allá de esta discusión, la buena noticia es que el próximo año la economía chilena tendrá un crecimiento mayor que el observado en los últimos cuatro años, marcando con ello un punto de inflexión del largo periodo de ralentización que coincidió con un ciclo de baja en el precio del cobre y la postergación de grandes proyectos en la industria minera.
Frente a esta situación, solo cabe esperar que el repunte en el crecimiento vaya acompañado por un manejo fiscal responsable, que incluya un monitoreo permanente en las partidas del gasto. De otro modo, se corre el riesgo de que el país siga retrocediendo en el plano fiscal, que sigue siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica lograda con mucho esfuerzo desde 1990 en adelante.
La clave está en que por cada peso en que se aumenta el gasto, se debe asegurar otro peso de ingreso a las arcas fiscales, en lo posible proveniente de alguna fuente productiva, distinta del mero endeudamiento.
En esta línea van los ingresos previstos para las arcas fiscales provenientes de la recuperación del precio de cobre y de la mayor recaudación tributaria, debido al repunte previsto de la actividad productiva. Ambas fuentes contribuyen no solo a contener el gasto público, sino también a aumentar el ahorro, destinando cantidades adicionales al stock de los fondos públicos y soberanos. Esto es: Fondo de Reserva de Pensiones, Fondo de Estabilidad Económica y Social, Fondo para Educación, Fondo para Enfermedades de Alto Costo (Ley “Ricarte Soto”) y Fondo de Apoyo Regional.
En la discusión sobre el déficit y el endeudamiento del fisco, poco se toma en cuenta el esfuerzo de ahorro que vienen realizando desde la década pasada los sucesivos gobiernos y que se reflejan en aquellos fondos. Fue precisamente al comienzo del gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) que en Chile por primera vez comenzó a aplicarse el concepto de política fiscal contracíclica, que consiste en que el estado se obliga a ahorrar más en tiempos de holgura o bonanza económica, y a gastar por sobre los niveles del ciclo normal de crecimiento, a condición de hacerlo sobre la base de un respaldo de balance estructural en que se cotejan los ingresos normales que tiene el país en un horizonte de largo plazo, con los gastos permanentes que tiene comprometido.
Este concepto fue refrendado en 2006 por el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando dictó la Ley de Responsabilidad Fiscal (4), que consagró la existencia de los fondos soberanos, de Reserva de Pensiones y de Estabilidad Económica y Social. Al poco tiempo, y gracias al ahorro fiscal reforzado por estos fondos, Chile se convirtió en un país acreedor neto, condición que ha perdido transitoriamente en los últimos años, pero que sin duda a medida que se recupere el crecimiento económico, nuevamente retomará esta rara virtud, mirando el contexto internacional, donde lo predominante es la existencia de países deudores netos.
Citas:
(1) Informe de Finanzas Públicas, Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2018. Dirección de Presupuestos.
(2) Ibid.
(3) Al tipo de cambio estimado en este mismo informe, la cifra de $45.198.536 millones, equivale a US$ 69.536 millones.
(4) Ley 20.128, del 27 de septiembre de 2006
(Politica y Economia) El anuncio de la Presidenta Bachelet de aumentar el gasto en 3,9% en el presupuesto fiscal 2018, desató un fuerte debate sobre la conveniencia de seguir estirando la cuerda para solventar los crecientes gastos del Estado y –a la vez- contener el endeudamiento y el déficit fiscal (alrededor de 23% y 2,7% sobre el PIB, respectivamente). En dirección inversa a lo que estaba haciendo su antecesor, Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, sorprendió con esta cifra, nueve décimas por encima de lo esperado por economistas moderados de gobierno y oposición. Pero, ¿cuán riesgoso es para la economía chilena el incremento del gasto fiscal?
La buena noticia del proyecto de ley de presupuesto 2018, es que el gobierno de la Presidenta Bachelet optó por continuar avanzando con las reformas que tienen un alto foco distributivo, pese a las duras críticas de la oposición de derecha y a la luz amarilla que hace pocos meses encendieron las clasificadoras de riesgo internacional, debido, entre otras cosas, al persistente aunque leve déficit fiscal, en comparación con el que exhiben países más desarrollados que Chile.
En su alocución del 30 de septiembre pasado, cuando anunció el envío del proyecto de ley de presupuesto al Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que en 2018 la economía subirá el doble que en 2017 y que el incremento del gasto se justifica -en su mayor parte- por la continuidad de la reforma educacional, por los compromisos en el área de salud (sobre todo en el plan de construcción de hospitales) y por los mayores recursos para obras públicas, en línea con el esfuerzo reactivador que vive el país.
Por lo tanto, tres son los principales factores que explican la decisión de aumentar el gasto fiscal por sobre la expansión esperada del Producto Interno Bruto (PIB), de entre 3 a 3,5% en 2018. Uno, los nuevos compromisos de gasto asumidos por el gobierno con foco distributivo de largo plazo, particularmente en educación, salud y previsión; dos, la necesidad de que el gasto fiscal siga actuando como un motor contracíclico, para impulsar el crecimiento; y tres, la proyección de que el déficit fiscal efectivo disminuya de 2,7% a 1,9% el próximo año. En tanto, el déficit cíclicamente ajustado, o estructural, caería de 1,7% a 1,5% en 2018 (1).
Todo ello, en el marco de una tasa de crecimiento de entre 3% y 3,5%, lo que por cierto conlleva una mayor recaudación y la entrada en vigencia de la totalidad de la reforma tributaria aprobada en 2014.
Por lo tanto, desde el lado de los ingresos también se da una proyección favorable para sostener el gasto por encima del crecimiento del PIB. Según la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres), para el próximo año se espera un alza de los ingresos totales de 7,4% real (2). “Ello, junto con una actualización de los parámetros estructurales (PIB tendencial y precio de referencia del cobre), que son los que permiten estimar los ingresos estructurales que guían nuestra política fiscal, arrojan un nivel de gasto compatible con la meta de convergencia, que constituye el límite máximo del Proyecto de Ley de Presupuestos 2018, de $45.198.536 millones (moneda 2018)”, precisó la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas, divulgado el 2 de octubre pasado (3).
Los brotes verdes
En la práctica, el mayor gasto en consumo corriente e inversión contribuirá a empujar el crecimiento económico el próximo año, lo cual se suma a los factores extra presupuestarios observados en los últimos meses. Entre otros, el ya mencionado aumento en el precio del cobre, la recuperación de las exportaciones, el repunte en las ventas del comercio minorista (retail) y del sector inmobiliario; y el despegue de los proyectos de inversión. Son los llamados “brotes verdes”, con algo de floración, que ansía tener la Presidenta Michelle Bachelet, en sus últimos meses de gobierno.
Más allá de esta discusión, la buena noticia es que el próximo año la economía chilena tendrá un crecimiento mayor que el observado en los últimos cuatro años, marcando con ello un punto de inflexión del largo periodo de ralentización que coincidió con un ciclo de baja en el precio del cobre y la postergación de grandes proyectos en la industria minera.
Frente a esta situación, solo cabe esperar que el repunte en el crecimiento vaya acompañado por un manejo fiscal responsable, que incluya un monitoreo permanente en las partidas del gasto. De otro modo, se corre el riesgo de que el país siga retrocediendo en el plano fiscal, que sigue siendo uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica lograda con mucho esfuerzo desde 1990 en adelante.
La clave está en que por cada peso en que se aumenta el gasto, se debe asegurar otro peso de ingreso a las arcas fiscales, en lo posible proveniente de alguna fuente productiva, distinta del mero endeudamiento.
En esta línea van los ingresos previstos para las arcas fiscales provenientes de la recuperación del precio de cobre y de la mayor recaudación tributaria, debido al repunte previsto de la actividad productiva. Ambas fuentes contribuyen no solo a contener el gasto público, sino también a aumentar el ahorro, destinando cantidades adicionales al stock de los fondos públicos y soberanos. Esto es: Fondo de Reserva de Pensiones, Fondo de Estabilidad Económica y Social, Fondo para Educación, Fondo para Enfermedades de Alto Costo (Ley “Ricarte Soto”) y Fondo de Apoyo Regional.
En la discusión sobre el déficit y el endeudamiento del fisco, poco se toma en cuenta el esfuerzo de ahorro que vienen realizando desde la década pasada los sucesivos gobiernos y que se reflejan en aquellos fondos. Fue precisamente al comienzo del gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) que en Chile por primera vez comenzó a aplicarse el concepto de política fiscal contracíclica, que consiste en que el estado se obliga a ahorrar más en tiempos de holgura o bonanza económica, y a gastar por sobre los niveles del ciclo normal de crecimiento, a condición de hacerlo sobre la base de un respaldo de balance estructural en que se cotejan los ingresos normales que tiene el país en un horizonte de largo plazo, con los gastos permanentes que tiene comprometido.
Este concepto fue refrendado en 2006 por el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando dictó la Ley de Responsabilidad Fiscal (4), que consagró la existencia de los fondos soberanos, de Reserva de Pensiones y de Estabilidad Económica y Social. Al poco tiempo, y gracias al ahorro fiscal reforzado por estos fondos, Chile se convirtió en un país acreedor neto, condición que ha perdido transitoriamente en los últimos años, pero que sin duda a medida que se recupere el crecimiento económico, nuevamente retomará esta rara virtud, mirando el contexto internacional, donde lo predominante es la existencia de países deudores netos.
Citas:
(1) Informe de Finanzas Públicas, Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2018. Dirección de Presupuestos.
(2) Ibid.
(3) Al tipo de cambio estimado en este mismo informe, la cifra de $45.198.536 millones, equivale a US$ 69.536 millones.
(4) Ley 20.128, del 27 de septiembre de 2006