(Política & Economía) Está por verse si los estudiantes universitarios se quedarán tranquilos con este anuncio que obedece la gradualidad con el gobierno de Bachelet está avanzando en las reformas. De lo contrario, en los próximos meses los jóvenes volverán a las calles a exigir educación gratis, sean éstos de establecimientos estatales o privados, complicando aún más el ambiente para las pretensiones electorales del actual bloque gobernante.

Por Hugo Traslaviña

(Política & Economía) El diseño del presupuesto es una tarea clave para cualquier gobierno que intenta controlar las riendas del gasto y, con ello, la sostenibilidad de la política fiscal, al menos en el mediano plazo. Sin embargo, frente a la infinidad de demandas de la ciudadanía y del propio Estado (de todo tipo y magnitudes), resulta una virtud que el gobierno de Michelle Bachelet no haya caído presa de los afanes populistas, en víspera de un año electoral. Es más, se puede decir que el proyecto de presupuesto 2017 que Bachelet envió al Congreso el 30 de septiembre pasado, obedece al enfoque más conservador de la política de responsabilidad fiscal que inauguró ella misma en 2006, cuando promulgó la Ley 20.128.

La cifra que sintetiza el sesgo conservador que prevaleció en el diseño del presupuesto 2017 es el aumento del gasto en 2,7%, la más baja desde 2003, cuando el país se estaba recuperando de la crisis asiática. Descontada la proyección de inflación para el próximo año, igual o superior al 3%, este 2,7% implica una leve reducción del gasto real. O sea, un denodado intento por avanzar en la eliminación del déficit fiscal -que fue de -2,2 % en año pasado-, pero también un nuevo freno para el crecimiento, que alarga el estado de ralentización en que se encuentra la economía chilena desde 2014.

De este modo, el marcadamente moderado presupuesto fiscal para 2017, no hace más que confirmar esta tendencia. Salvo que de pronto ocurra un milagro que revierta la situación.

La cifra sorprendió a todos los sectores políticos, especialmente a los que están más a la izquierda del bloque oficialista de Nueva Mayoría. Días antes de que Bachelet hiciera el anunció, abundaron los llamados de éstos últimos para darle un giro neokeynesiano a la política fiscal, aun dentro de la Ley 20.128 -llamada de responsabilidad fiscal-, que instauró de manera permanente el objetivo de la regla de superávit fiscal estructural. En términos prácticos, esta ley consagró en Chile el enfoque de política fiscal contracíclica, que obliga al gobierno a ahorrar en tiempos de bonanza económica y a aumentar el gasto en momentos de crisis.

En el otro extremo de la óptica conservadora de esta política, expresada en el objetivo de la austeridad fiscal, se ubica el argumento de los neokeynesianos de que el Estado debe gastar más en inversión, para contrarrestar el pobre desempeño del sector privado y, por lo tanto, para impulsar el producto interno bruto (PIB). El peligro es que de continuar esta tendencia, el próximo año puede llevar al estancamiento de la economía chilena.

El motor fiscal

“Chile debe hacer una reactivación. Y la respuesta es una sola: política fiscal expansiva. No hay otro camino. Con ello se estaría acelerando la inversión privada. Las casas, hospitales y carreteras las construyen los empresarios privados y ahí se concreta la alianza público privada, pero el botón de partida la debe dar el fisco. No hay otro camino”, expresó días antes de que se anunciara el presupuesto 2017, el economista y profesor de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis. Y de manera casi premonitoria avanzó su intuición de que esto no ocurriría:

-La respuesta de las autoridades para no hacer una política contracíclica es que si la hacen, los mercados financieros lo pueden castigar, y es lo mismo que le dijeron a Corea (del Sur) en agosto de 1998, pero tres meses después lo hizo igual y en un año reactivó el país. Ahí crecieron 11%. Aprendamos de esos ejemplos. Pongamos ingresos permanentes para gastos permanentes, y los gastos transitorios se financian con créditos o fondos soberanos, porque se necesita un impulso para la demanda. Si no se hace, el ánimo, el espíritu emprendedor se deprime, un año, dos años, tres años con baja de expectativas y bajo crecimiento es un retroceso estructural. Achata, deprime a las empresas y en los hogares corre el desempleo (1).

La economía chilena se mueve al ritmo del precio del cobre y ocurre que la baja del crecimiento es resultado directo de la caída en la cotización de este metal. El cobre actúa como variable exógena y se superpone a otros factores endógenos, como la pérdida de confianza de los empresarios e inversionistas, debido supuestamente a las reformas que se encuentra realizando Bachelet. Valiéndose de innumerables medios y recursos, los empresarios y los partidos que los representan, han estado resistiendo las reformas de Bachelet: tributaria, laboral, constitucional e incluso educacional, en tanto esta última afecta a los establecimientos privados que tradicionalmente han perseguido fines de lucro.

Aplausos de los empresarios

Paradójicamente, los dirigentes empresariales expresaron su conformidad con el proyecto de presupuesto anunciado por Bachelet para 2017. En declaraciones al diario económico “Pulso”, el presidente de los industriales manufactureros, Hermann von Mühlenbrok, dijo que “el anuncio de la Presidenta es muy positivo y demuestra un esfuerzo real del gobierno por mantener la disciplina fiscal”.

Sin embargo, frente a tal conformidad subyace otra lectura que es un secreto a voces en Chile: el uso del gasto fiscal como un instrumento de proyección política, en periodos eleccionarios.

El sesgo austero y claramente restrictivo en ciertas áreas clave, como obras públicas, cuyo presupuesto disminuye en 2,9% el próximo año, beneficia a la oposición, porque esta no tendrá al frente a un rival dispendioso y aparentemente exitoso en lo económico. De este modo, el gobierno de Bachelet le otorga una ventaja inesperada a la derecha para la elección presidencial del próximo año. El más beneficiado podría ser el ex Presidente Sebastián Piñera, que hasta ahora lidera las preferencias dentro de este sector.

En la memoria del votante estará quizás el mejor desempeño económico del gobierno de Piñera, que en sus cuatro años logró un crecimiento promedio de 5,3%, respecto del 2% que probablemente sumará el actual periodo de Bachelet.

A Piñera lo benefició un precio del cobre promedio superior al actual, que se ubica levemente por sobre los 2 dólares por libra. Esto es, un dólar menos que el promedio del precio observado en el gobierno anterior. Así y todo, en el gobierno de Piñera el sector público mantuvo un déficit por encima de la regla fiscal, el mismo que hoy el gobierno de Bachelet se propone reducir, en medio del ciclo de baja del cobre. O sea, el mundo al revés.

Como resultado de este esfuerzo, en el gobierno de Bachelet la economía chilena completará un ciclo de cuatro años de crecimiento mediocre, que en el mejor de los casos podría promediar 2,5%, afectando de paso el empleo y los salarios.

“Con una economía que crece menos y un precio del cobre bajo, vamos a perseverar en mantener nuestras cuentas ordenadas”, subrayó Michelle Bachelet cuando anunció el presupuesto 2017. Enseguida añadió que su gobierno seguirá “cuidando la aplicación de la regla fiscal, porque de ello depende nuestra credibilidad institucional y la confianza necesaria para la inversión privada nacional y extranjera”.

Esta explicación revela que Bachelet y particularmente su ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, optaron por una política fiscal procíclica, ubicándose en el extremo más conservador del espíritu de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Así y todo, Bachelet dijo que las prioridades en materia de gasto serán salud, educación y seguridad ciudadana. Otra de las prioridades será un reajuste extraordinario de 10% de las pensiones básicas solidarias, que hoy no exceden de $ 90.000 (unos US$ 136 al mes). En materia educacional, la mandataria destacó la puesta en marcha del nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente y la ampliación en hasta 470.000 los estudiantes beneficiados con el fin del copago en instituciones subvencionadas, lo que llevará a que más de 2 millones de estudiantes estudien gratis en educación básica y media. En tanto, se incrementarán en 55% los recursos para la gratuidad en la educación superior.

Está por verse si los estudiantes universitarios se quedarán tranquilos con este anuncio que obedece la gradualidad con el gobierno de Bachelet está avanzando en las reformas. De lo contrario, en los próximos meses los jóvenes volverán a las calles a exigir educación gratis, sean éstos de establecimientos estatales o privados, complicando aún más el ambiente para las pretensiones electorales del actual bloque gobernante.

(1) Click aquí para ver entrevista a Ricardo Ffrench-Davis