América Latina en el índice global del Estado de Derecho
Los cambios más relevantes en el ranking global representan retrocesos significativos, tanto en nuestra región, Latinoamérica, como en el resto del globo. Por sexto año consecutivo el Estado de Derecho se debilitó en más países que en los que mejoró.
El Rule of Law Index, elaborado por el World Justice Project (WJP) desde 2015, presenta la situación del Estado de Derecho a nivel mundial mediante rankings y puntajes, basándose en ocho factores principales: las limitaciones a los poderes del Gobierno, la ausencia de corrupción, la transparencia del Gobierno, los derechos fundamentales, la seguridad y el orden, la aplicación de las regulaciones, la justicia civil y la justicia criminal.
El WJP define el Estado de Derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario, en el que se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, un gobierno abierto y una justicia accesible e imparcial. En su última edición de 2023 se midieron a través de encuestas globales, realizadas por más de 149.000 hogares y 3.400 juristas, las distintas percepciones y experiencias de la población sobre el Estado de Derecho en 142 países y jurisdicciones.
Si bien este índice ofrece un análisis global, al centrarnos en América Latina notamos que han sido evaluados 32 países. En esta región la evaluación se basó en el cuestionario General Population Poll (GPP), el cual fue traducido a varios idiomas y adaptado a las expresiones locales de cada país. Estas encuestas fueron llevadas a cabo por diferentes empresas encuestadoras nacionales mediante sondeos cara a cara en muestras de 1000 personas en promedio. Más aún, la metodología fue representativa a nivel nacional en todos los casos, a excepción de Chile y México, donde las encuestas fueron realizadas en las tres ciudades más grandes de cada país.
Por otro lado, dentro del Rule of Law Index observamos que el ranking global es ordenado por los distintos puntajes que van de 0 a 1, donde 1 indica la adherencia más fuerte al Estado de Derecho. Dicho esto, podemos identificar que los países líderes del ranking son Dinamarca, Noruega y Finlandia, mientras que los últimos puestos del mismo le pertenecen, de manera decreciente, a Afganistán, Camboya y Venezuela.
Siguiendo con el análisis y volviendo al enfoque en Latinoamérica, notamos que recién en el puesto 25 del ranking global nos encontramos con un país de la región, en este caso Uruguay. A su vez, podemos señalar que sólo 4 países latinoamericanos se encuentran en el 25% superior del ranking, sumando a Costa Rica, Chile y Barbados. Estos territorios ocupan puestos similares a países como Estados Unidos, España, Portugal, Italia y Eslovenia.
Sin embargo, si miramos el 25% inferior del listado, nos encontramos con 8 países latinoamericanos: El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Estas otras naciones se encuentran en puestos cercanos a países como Sierra Leona, Rusia, República del Congo, Sudán y Birmania. Es decir, el primer cuartil duplica al cuarto cuartil en términos de cantidad de países latinoamericanos.
Por último, es importante destacar que el ranking global publicado anualmente por WJP, basado en el Rule of Law Index, ha experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dentro de las variaciones más destacables entre 2015 y 2023 se encuentra la de Egipto con aproximadamente un 20% de disminución. Siguiendo un orden descendente, encontramos que Venezuela y Nicaragua disminuyeron sus puntajes en aproximadamente un 18,7% y 18,6%, respectivamente. Más aún, Myanmar y Bielorrusia tuvieron una disminución del 16,6% y 15%. Como última mención, Hungría sufrió una baja aproximada del 12% en su puntaje.
En conclusión, los cambios más relevantes en el ranking global representan retrocesos significativos, tanto en nuestra región, Latinoamérica, como en el resto del globo. Por sexto año consecutivo el Estado de Derecho se debilitó en más países que en los que mejoró. Esto repercute en los distintos factores que establecen un Estado de Derecho; un ejemplo claro es que en 3 de cada 4 países los derechos humanos se vieron afectados desde que la recesión global del Estado de Derecho comenzó allá por 2016.
El Rule of Law Index, elaborado por el World Justice Project (WJP) desde 2015, presenta la situación del Estado de Derecho a nivel mundial mediante rankings y puntajes, basándose en ocho factores principales: las limitaciones a los poderes del Gobierno, la ausencia de corrupción, la transparencia del Gobierno, los derechos fundamentales, la seguridad y el orden, la aplicación de las regulaciones, la justicia civil y la justicia criminal.
El WJP define el Estado de Derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario, en el que se cumplen cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, un gobierno abierto y una justicia accesible e imparcial. En su última edición de 2023 se midieron a través de encuestas globales, realizadas por más de 149.000 hogares y 3.400 juristas, las distintas percepciones y experiencias de la población sobre el Estado de Derecho en 142 países y jurisdicciones.
Si bien este índice ofrece un análisis global, al centrarnos en América Latina notamos que han sido evaluados 32 países. En esta región la evaluación se basó en el cuestionario General Population Poll (GPP), el cual fue traducido a varios idiomas y adaptado a las expresiones locales de cada país. Estas encuestas fueron llevadas a cabo por diferentes empresas encuestadoras nacionales mediante sondeos cara a cara en muestras de 1000 personas en promedio. Más aún, la metodología fue representativa a nivel nacional en todos los casos, a excepción de Chile y México, donde las encuestas fueron realizadas en las tres ciudades más grandes de cada país.
Por otro lado, dentro del Rule of Law Index observamos que el ranking global es ordenado por los distintos puntajes que van de 0 a 1, donde 1 indica la adherencia más fuerte al Estado de Derecho. Dicho esto, podemos identificar que los países líderes del ranking son Dinamarca, Noruega y Finlandia, mientras que los últimos puestos del mismo le pertenecen, de manera decreciente, a Afganistán, Camboya y Venezuela.
Siguiendo con el análisis y volviendo al enfoque en Latinoamérica, notamos que recién en el puesto 25 del ranking global nos encontramos con un país de la región, en este caso Uruguay. A su vez, podemos señalar que sólo 4 países latinoamericanos se encuentran en el 25% superior del ranking, sumando a Costa Rica, Chile y Barbados. Estos territorios ocupan puestos similares a países como Estados Unidos, España, Portugal, Italia y Eslovenia.
Sin embargo, si miramos el 25% inferior del listado, nos encontramos con 8 países latinoamericanos: El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Estas otras naciones se encuentran en puestos cercanos a países como Sierra Leona, Rusia, República del Congo, Sudán y Birmania. Es decir, el primer cuartil duplica al cuarto cuartil en términos de cantidad de países latinoamericanos.
Por último, es importante destacar que el ranking global publicado anualmente por WJP, basado en el Rule of Law Index, ha experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dentro de las variaciones más destacables entre 2015 y 2023 se encuentra la de Egipto con aproximadamente un 20% de disminución. Siguiendo un orden descendente, encontramos que Venezuela y Nicaragua disminuyeron sus puntajes en aproximadamente un 18,7% y 18,6%, respectivamente. Más aún, Myanmar y Bielorrusia tuvieron una disminución del 16,6% y 15%. Como última mención, Hungría sufrió una baja aproximada del 12% en su puntaje.
En conclusión, los cambios más relevantes en el ranking global representan retrocesos significativos, tanto en nuestra región, Latinoamérica, como en el resto del globo. Por sexto año consecutivo el Estado de Derecho se debilitó en más países que en los que mejoró. Esto repercute en los distintos factores que establecen un Estado de Derecho; un ejemplo claro es que en 3 de cada 4 países los derechos humanos se vieron afectados desde que la recesión global del Estado de Derecho comenzó allá por 2016.