14.07.17Populismo, demagogia, corrupción estado de derecho fallido: Latinoamérica hoy
De estos flagelos la ciudadanía latinoamericana percibe nitidamente uno y lo puntúa: la corrupción.Por Hugo Machín Fajardo
Presidentes en riesgo de ser enjuiciados, ex presidentes enviados a prisión o con sentencias judiciales por delitos de corrupción, presos políticos detenidos en dependencias militares sin ser sometidos a procesos civiles, gobiernos sospechados de espiar a representantes de la CIDH, zares anticorrupción capturados por corrupción. Son realidades políticas de los tiempos que se viven en Latinoamérica.
En los últimos días diversos hechos sacuden a las sociedades latinoamericanas.
Brasil. El presidente Michel Temer brega denodadamente para que no prospere en el parlamento brasileño el pedido del Supremo Tribunal Federal por que se le aparte del cargo durante 90 días para ser juzgado por presuntos hechos de corrupción.
El miércoles 12 se conoció el pedido de nueve años y cinco meses de prisión para el ex presidente Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva, al haber recibido un apartamento triplex como propina por beneficiar contratos de Petrobras, y por lavado de activos, según el juez de la 13ª Vara Federal de Curitiba, Segio Moro. De prosperar el pedido judicial, Lula quedaría inhabilitado por 19 años para ejercer cualquier cargo público.
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto es sospechado de haber espiado a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desparecidos en setiembre de 2014. El software Pegasus que comprobadamente es utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios mexicanos, fue empleado contra los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su permanencia en México. También fueron grabados los testimonios de quienes colaboraron en la investigación. “Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”, declaró el estadounidense James Cavallaro, comisionado de la CIDH. El gobierno mexicano negó haber utilizado el programa de espionaje Pegasus para esos fines y prometió una investigación.
En Perú, el jueves 13, el juez Richard Concepción Carhuancho condenó a 18 meses de prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Según el fiscal German Juárez Atoche, de los tres millones de dólares provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS y del gobierno venezolano durante la administración de Hugo Chávez, ilegalmente volcados a las campañas electorales del Partido Nacionalista de Humala -2006 y 2011- una parte también ingresó al patrimonio personal de la pareja. El juez sostiene que existe “un alto grado de probabilidad” sobre las imputaciones.
Asimismo, el expresidente Alejandro Toledo (2001- 2006), quien apoyó a Humala en la campaña del 2011, está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht y tiene dos pedidos de prisión preventiva y arrestos con fines de extradición.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, hombre de Rafael Correa, vivió meses a la espera de que el viernes 14 se cumpliera el plazo para que sus acusadores completen pruebas de que incurrió en supuesta concusión (coima) y poder archivar el caso. No está acusado de haber cometido este delito, sino de haber permitido que se dé en los sectores estratégicos que estuvieron a su cargo en contratos con Odebrecht. Podría llegar a 33.5 millones de dólares -entre el 2007 y 2016- el pago por sobornos en Ecuador para lograr beneficios en contratos por 116 millones de dólares.
Colombia. La Fiscalía constató que Odebrecht financió las campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos (aproximadamente 2 millones de dólares) y su principal opositor, Oscar Iván Zuluaga (1,6 millones de dólares). La multinacional brasileña corrupta fue favorecida por el Gobierno colombiano con un contrato de casi 700 millones de dólares. No obstante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo plazo para expedirse vence el 15 de julio, no adoptará resolución.
El fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, está preso por corrupción y a punto de ser extraditado a EEUU; el secretario de Seguridad de Medellín, segunda ciudad del país, en los últimos días fue procesado por presunta alianza con bandas criminales; hace menos de dos semanas fue descubierta una red de 21 fiscales, jueces y agentes de criminalística, funcionarios de cárcel y abogados, que vendían decisiones judiciales para favorecer a delincuentes con poder económico. Encausamientos que se suman a los 140 operadores jurídicos –de un total de 60 mil funcionarios- procesados. Hechos que crispan a la sociedad colombiana. Revista Semana, prestigioso semanario bogotano, tituló su última edición con la pregunta “¿En qué momento se acabó la ética en Colombia?” y uno de sus principales columnistas, Antonio Caballero, sostiene que “en materia de corrupción parecería que fuera imposible caer más hondo de lo que ha caído Colombia hoy”.
En Venezuela, calificada como “narcoestado” por el ex presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, a días de una encuesta nacional convocada por la oposición al gobierno chavista para el domingo 16, dan la casa por cárcel a un emblemático preso político, como Leopoldo López, pero mantienen a 400 prisioneros en cuarteles, según datos del Foro Penal Venezolano y más de 350 han sido juzgados en tribunales militares. López sufrió una reclusión de tres años y cuatro meses al ser responsabilizado de provocar 43 muertes al azuzar manifestaciones ciudadanas tras un proceso con cargos falsos y evidencia fabricada como denunció el fiscal actuante Franklin Nieves, luego de exiliarse en EEUU. Las decisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano para otorgar casa por cárcel -o revertirlas como en el caso del alcalde Daniel Ceballos, también encarcelado por motivos políticos, a quien se le concedió arresto domiciliario para luego de un año llevarlo nuevamente a prisión- dejan en evidencia una discrecionalidad dependiente del Poder Ejecutivo para administrar justicia.
Casi un centenar de muertes tras 105 días de protestas callejeras, arrojan un saldo de 1.500 heridos y 3.000 detenidos en manifestaciones.
De estos flagelos la ciudadanía latinoamericana percibe nítidamente uno y lo puntúa: la corrupción. En 2016, según Transparencia Internacional, en una escala donde 0 es el más corrupto y 100 el menos corrupto, los países mencionados en esta columna quedan así: Brasil obtuvo 40; México, 30; Perú, 35; Ecuador, 31; Colombia, 37 y Venezuela 17.
Presidentes en riesgo de ser enjuiciados, ex presidentes enviados a prisión o con sentencias judiciales por delitos de corrupción, presos políticos detenidos en dependencias militares sin ser sometidos a procesos civiles, gobiernos sospechados de espiar a representantes de la CIDH, zares anticorrupción capturados por corrupción. Son realidades políticas de los tiempos que se viven en Latinoamérica.
En los últimos días diversos hechos sacuden a las sociedades latinoamericanas.
Brasil. El presidente Michel Temer brega denodadamente para que no prospere en el parlamento brasileño el pedido del Supremo Tribunal Federal por que se le aparte del cargo durante 90 días para ser juzgado por presuntos hechos de corrupción.
El miércoles 12 se conoció el pedido de nueve años y cinco meses de prisión para el ex presidente Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva, al haber recibido un apartamento triplex como propina por beneficiar contratos de Petrobras, y por lavado de activos, según el juez de la 13ª Vara Federal de Curitiba, Segio Moro. De prosperar el pedido judicial, Lula quedaría inhabilitado por 19 años para ejercer cualquier cargo público.
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto es sospechado de haber espiado a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desparecidos en setiembre de 2014. El software Pegasus que comprobadamente es utilizado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios mexicanos, fue empleado contra los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su permanencia en México. También fueron grabados los testimonios de quienes colaboraron en la investigación. “Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas”, declaró el estadounidense James Cavallaro, comisionado de la CIDH. El gobierno mexicano negó haber utilizado el programa de espionaje Pegasus para esos fines y prometió una investigación.
En Perú, el jueves 13, el juez Richard Concepción Carhuancho condenó a 18 meses de prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Según el fiscal German Juárez Atoche, de los tres millones de dólares provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS y del gobierno venezolano durante la administración de Hugo Chávez, ilegalmente volcados a las campañas electorales del Partido Nacionalista de Humala -2006 y 2011- una parte también ingresó al patrimonio personal de la pareja. El juez sostiene que existe “un alto grado de probabilidad” sobre las imputaciones.
Asimismo, el expresidente Alejandro Toledo (2001- 2006), quien apoyó a Humala en la campaña del 2011, está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht y tiene dos pedidos de prisión preventiva y arrestos con fines de extradición.
En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas, hombre de Rafael Correa, vivió meses a la espera de que el viernes 14 se cumpliera el plazo para que sus acusadores completen pruebas de que incurrió en supuesta concusión (coima) y poder archivar el caso. No está acusado de haber cometido este delito, sino de haber permitido que se dé en los sectores estratégicos que estuvieron a su cargo en contratos con Odebrecht. Podría llegar a 33.5 millones de dólares -entre el 2007 y 2016- el pago por sobornos en Ecuador para lograr beneficios en contratos por 116 millones de dólares.
Colombia. La Fiscalía constató que Odebrecht financió las campañas electorales de 2014 del presidente Juan Manuel Santos (aproximadamente 2 millones de dólares) y su principal opositor, Oscar Iván Zuluaga (1,6 millones de dólares). La multinacional brasileña corrupta fue favorecida por el Gobierno colombiano con un contrato de casi 700 millones de dólares. No obstante el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo plazo para expedirse vence el 15 de julio, no adoptará resolución.
El fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, está preso por corrupción y a punto de ser extraditado a EEUU; el secretario de Seguridad de Medellín, segunda ciudad del país, en los últimos días fue procesado por presunta alianza con bandas criminales; hace menos de dos semanas fue descubierta una red de 21 fiscales, jueces y agentes de criminalística, funcionarios de cárcel y abogados, que vendían decisiones judiciales para favorecer a delincuentes con poder económico. Encausamientos que se suman a los 140 operadores jurídicos –de un total de 60 mil funcionarios- procesados. Hechos que crispan a la sociedad colombiana. Revista Semana, prestigioso semanario bogotano, tituló su última edición con la pregunta “¿En qué momento se acabó la ética en Colombia?” y uno de sus principales columnistas, Antonio Caballero, sostiene que “en materia de corrupción parecería que fuera imposible caer más hondo de lo que ha caído Colombia hoy”.
En Venezuela, calificada como “narcoestado” por el ex presidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, a días de una encuesta nacional convocada por la oposición al gobierno chavista para el domingo 16, dan la casa por cárcel a un emblemático preso político, como Leopoldo López, pero mantienen a 400 prisioneros en cuarteles, según datos del Foro Penal Venezolano y más de 350 han sido juzgados en tribunales militares. López sufrió una reclusión de tres años y cuatro meses al ser responsabilizado de provocar 43 muertes al azuzar manifestaciones ciudadanas tras un proceso con cargos falsos y evidencia fabricada como denunció el fiscal actuante Franklin Nieves, luego de exiliarse en EEUU. Las decisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano para otorgar casa por cárcel -o revertirlas como en el caso del alcalde Daniel Ceballos, también encarcelado por motivos políticos, a quien se le concedió arresto domiciliario para luego de un año llevarlo nuevamente a prisión- dejan en evidencia una discrecionalidad dependiente del Poder Ejecutivo para administrar justicia.
Casi un centenar de muertes tras 105 días de protestas callejeras, arrojan un saldo de 1.500 heridos y 3.000 detenidos en manifestaciones.
De estos flagelos la ciudadanía latinoamericana percibe nítidamente uno y lo puntúa: la corrupción. En 2016, según Transparencia Internacional, en una escala donde 0 es el más corrupto y 100 el menos corrupto, los países mencionados en esta columna quedan así: Brasil obtuvo 40; México, 30; Perú, 35; Ecuador, 31; Colombia, 37 y Venezuela 17.