La 47 Asamblea General de la organización realizada entre el 19 y 21 de junio en Cancún, confirmó que los petrodólares venezolanos provenientes de una PDVSA (Petróleos de Venezuela) corrupta, sumados al proveniente del cartel del narcotráfico encaramado en el gobierno de Nicolás Maduro, untaron los votos de los cancilleres del Caricom, para evitar que América enjuicie a una dictadura.

Por Hugo Machín Fajardo

La violencia y la capacidad corruptora del crimen organizado constituyen “una amenaza para las democracias y la economía en el continente”, concluía y advertía un foro de funcionarios judiciales, fiscales y ministros de los países de la OEA desarrollado en marzo de 2012 en México.

Cinco años después, la 47 Asamblea General de la organización realizada entre el 19 y 21 de junio en Cancún, confirmó que los petrodólares venezolanos provenientes de una PDVSA (Petróleos de Venezuela) corrupta, sumados al proveniente del cartel del narcotráfico encaramado en el gobierno de Nicolás Maduro, untaron los votos de los cancilleres del Caricom, para evitar que América enjuicie a una dictadura.

Una prueba de lo anterior la proporcionó el diputado venezolano y por entonces presidente del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, Julio Montoya, al denunciar en marzo de 2016 el desvío de más de 60.000 millones de dólares de PDVSA, así como la vinculación de 116 funcionarios y ex funcionarios venezolanos a tales transacciones.

Montoya reveló en esa oportunidad que agencias internacionales han detectados cuentas de venezolanos en Hong Kong, Madagascar, Gibraltar, Islas Vírgenes, Panamá, Andorra y Suiza.

Dinero también robado a Venezuela por el gobierno de Maduro es el que evitó el martes 20 el juicio y rechazo de casi mil millones de americanos a una dictadura de la región. Pronunciamiento que nada tiene que ver con la supuesta injerencia que denuncia el chavismo.

El ex senador uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, en los sesenta consideraba a la OEA como una herramienta de Estados Unidos. Michelini defendía la autodeterminación y la no intervención, pero tras el golpe de Estado dado en Uruguay en 1973, sostuvo ante el Tribunal Russell que la autodeterminación no podía traducirse en “una mano libre que, dentro (…) de las fronteras, hace posible los ataques salvajes y premeditados a los estándares más básicos de la existencia humana”.

Agravios, verdades y silencios. La moción apoyada por veinte países en Cancún no llegó a los 23 votos indispensables para ser aprobada, permitió a la canciller venezolana Delcy Rodríguez afirmar que “Venezuela se retira victoriosa”. Además de permitirle utilizar durante las sesiones un lenguaje propio de barrabrava para con otros cancilleres presentes: “perro sumiso”, le endilgó al canciller peruano Ricardo Luna Mendoza; calificó de “analfabeto político” a su par costarricense Manuel A. González Sanz; a la ministra canadiense Christya Freeland le imputó defender la violencia; al secretario general Luis Almagro, le acusó de “llamar abiertamente a una guerra civil en Venezuela” y agravios por el estilo a otros cancilleres americanos.

No obstante Rodríguez describió realidades ciertas en los casos de México y Honduras, con informes y datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unicef y Cepal reveladores de la violencia, corrupción e impunidad que se vive en el primero, y de la mayoritaria pobreza en que vive la ciudadanía, con especial énfasis en la niñez, en el segundo.

Por cierto que nada pudo ni puede decir contra Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, Transparencia Internacional, y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos desde la ciudadanía -no desde los Estados- que hace años denuncian al régimen chavista. En esos casos guarda silencio o miente ante la dureza irrefutable de la represión que lleva adelante su gobierno desde hace ochenta y cuatro días con un saldo de 74 muertos en las calles en que se manifiestan sus compatriotas,.

Bergolio cambia. El escritor estadunidense Philip Roth en su novela “Pastoral americana” dice que “la gente cree que la historia es algo que sucede a la larga, pero la verdad es que se trata de algo muy repentino”.

Jorge Bergoglio, que en marzo de 2016 había contribuido al estiramiento del régimen chavista con su llamado al dialogo entre Gobierno y oposición para darle oxígeno y espacio de maniobra política a Maduro, giró el timón.

Ocurrió que los obispos venezolanos consideraron la convocatoria de Maduro a una Constituyente parcial como “un paso más en el socavamiento del Estado social de Derecho que garantiza la carta magna”.

Ante la contundencia de la postura de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), optó por no tirar más de la cuerda pro populista y el 13 de junio reclamó elecciones para el país caribeño desmarcándose, por omisión como buen jesuita, de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Nada raro en un

“Papa peronista”, como bien lo definiera el extinto presidente uruguayo Jorge Batlle Ibáñez (1927 - 2016).

Bergoglio cambia asiduamente de parecer y de función. Como obispo de Buenos Aires enfrentaba a Cristina Fernández de Kirchner quien reiteradamente lo denostó. Ya en el Vaticano, retomó su veta populista y la recibió con afecto que niega a otros argentinos. En las últimas horas invitó a la Santa Sede a la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dirigente de Justicia Legítima, la organización de jueces y fiscales simpatizantes del cristinismo.

Funcionalmente, Bergoglio hoy puede ser jefe de Estado del Vaticano y visitar a un dictador como Raúl Castro sin siquiera mirar hacia a unos metros de su papamóvil donde reprimen a opositores cubanos; y mañana, como jefe espiritual de los católicos, realizar una visita pastoral a Colombia el país latinoamericano más religioso después de México.

No obstante -y es lo que le importa a los venezolanos- su cambio de posición respecto al chavismo es un golpe difícil de encajar por Maduro que sigue impulsando una inconstitucional Asamblea Constituyente a costa de arrasar con la paupérrima institucionalidad vigente: la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, convertida en firme cuestionadora del Gobierno, es acusada de demencia y desde un Poder Judicial subordinado a Maduro se le inició una causa orientada a su destitución.

Allanamientos y torturas. Ortega Díaz el miércoles 21 denunció allanamientos masivos a casas particulares protagonizados por un grupo chavista llamado “los verdes” que a su paso dejan destrozos de la propiedad personal y colectiva en casas y edificios. Sostiene que en Venezuela “el Estado puede considerarse disuelto” y que insistir con la Asamblea Constituyente “es la muerte del Estado de derecho, la pérdida de las instituciones y quizás se está cerrando la última puerta de la democracia”.

Un día después del comunicado vaticano, el miércoles 14, el líder opositor venezolano y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, denunció que luego de conocerse el domingo 11 un video en que el principal preso político venezolano, Leopoldo López, exhorta a mantener la movilización ciudadana, los servicios de contrainteligencia militar –mencionó también al socialista Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, hermano de la ahora ya ex Canciller venezolana- iniciaron una verdadera cacería entre los militares detenidos en la prisión castrense de Ramo Verde para saber cómo se filtró el video desde el recinto militar.

“El gran árbitro”. Once militares detenidos por razones políticas fueron sacados de sus celdas encapuchados y llevados a un centro de torturas. Se les sometió a golpes y picana eléctrica, durante horas, con música a todo volumen, para que confesaran lo que sabían respecto al video realizado por López. La Dirección General de Contrainteligencia Militar chavista (DGCIM), asesorada por cubanos, según Capriles “es un niño en pañales respecto a la Seguridad Nacional de [Marcos] Pérez Jiménez”, quien gobernó dictatorialmente en Venezuela entre 1952 y 1958.

A un militar integrante de la guardia de honor presidencial a quien se le incautó el celular en que había una fotografía de una caravana de apoyo a Maduro, Capriles dijo que se le torturó “salvajemente, le arrancaron todas las uñas de las manos y de los pies”.

El opositor venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mediador en el proceso de paz que puso fin a más de diez años de guerra civil en El Salvador, dijo hace dos días a la BBC que teme “una rebelión popular con la fuerza armada dividida. Y no estamos tan distantes de que eso pueda ocurrir. A mí no me gusta decirlo, pero la fuerza armada es otra vez el gran árbitro".

"Es la que tiene el poder real – agregó- en un momento en el que todas las instituciones están desquiciadas. Es la única que parece que no está completamente desquiciada. Espero que sea árbitro para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República”