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15.04.17

La mini reforma previsional de Bachelet que genera grietas al interior de su gobierno

(Política & Economía) La Presidenta Michelle Bachelet, anunció una mini reforma al sistema de pensiones: la creación de un mecanismo estatal para administrar el 5 % de cotización adicional, tres puntos de los cuales irían a las cuentas individuales de los cotizantes y dos puntos a un fondo colectivo. De esta forma, la mandataria dio un golpe de timón al ritmo cansino con que su gobierno ha tratado de atender una sentida demanda de la ciudadanía, que en los últimos meses se encargó de dilatar el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Por Hugo Traslaviña

(Política & Economía) El año pasado la Presidenta Bachelet encomendó al ministro Rodrigo Valdés buscar una solución técnica para concretar una propuesta anunciada por ella misma el 9 de agosto de 2016 (también por cadena nacional), para tratar de solucionar el problema de las bajas pensiones que recibe la mayoría de los pensionados chilenos, sobre todo de los que dependen de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

“Debemos avanzar hacia un sistema previsional realmente mixto, donde todos pongan su parte, donde la solidaridad vaya de la mano del esfuerzo personal, donde el Estado y los empleadores hagan la parte que les corresponda”, manifestó Bachelet el 12 de abril pasado.

Enseguida precisó que se va a establecer una nueva cotización de 5%, para crear un nuevo sistema de ahorro colectivo. El aporte de 5% será de cargo del empleador y se aplicará en un período de 6 años, según la Presidenta, “para garantizar una mejor transición”.

La administración del 5% la hará una entidad pública y autónoma, “con reglas estrictas y altas exigencias profesionales, para que nadie pueda poner en duda su eficiencia, transparencia e independencia”, dijo Bachelet.

Tres puntos porcentuales irán directamente a la cuenta personal de cada trabajador, por lo tanto estos fondos serán de su propiedad y heredables. El restante 2% irá a un seguro colectivo y será administrado por un ente público, con un fin distributivo, entre los trabajadores con menor capacidad de ahorro.

Más transparencia al sistema

Junto con lo anterior, la Presidenta anunció otros cambios al sistema de AFP, con el fin de aumentar la transparencia. “Proponemos que los afiliados tengan participación en la definición de las políticas de inversión, así como en las políticas de solución de conflictos de interés”, señaló la mandataria.

Además, dijo que las administradoras privadas “dejarán de tener la exclusividad para nombrar directores en las empresas en las que invierten los fondos de pensión, porque también tendrán un rol los propios afiliados a través de su comisión de usuarios”.

Por otra parte, se crearán mecanismos e incentivos para que el cobro de las comisiones esté relacionado con los beneficios reportados a los afiliados. “No es posible que cuando a una administrador le vaya mal, el único que asuma el costo sea el afiliado”, sentenció la Presidenta.

De este modo Bachelet se hizo cargo del problema que más chilenos ha convocado a las calles a protestar, en este caso contra el sistema de AFP. Con el pasar del tiempo, este problema ha alimentado el fuerte descontento hacia su gobierno, cuya dilación lo ha llevado hasta un nivel extremo, en que la mayoría de los ciudadanos ya no se conforma con una reforma al sistema privado de pensiones, sino que sencillamente pide su abolición. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura (CISEC) de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, reveló que el 60,3% de los chilenos es partidario de reemplazar las AFP por un sistema público solidario.

Tenga o no razón este clamor ciudadano, lo cierto es que el rechazo hacia las AFP ha llevado también a generar grietas al interior del gobierno, en este caso entre los equipos del ministro Valdés y de la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss. Las declaraciones emitidas el 23 de marzo pasado por Krauss, de que ni un peso más iría a las AFP, precisando que el 5% de cotización extra sería administrado por un ente estatal, dejaron al descubierto las grietas.

Con esta declaración la ministra Krauss desató una insólita reacción de Valdés, quien descalificó públicamente a una colega del gabinete. Pero al día siguiente le tuvo que pedir disculpas porque notoriamente fue un exabrupto que operó como un bumerán para el titular de Hacienda. Aparte de ganarse el repudio de la mayoría de los partidos de gobierno (a excepción del suyo, el PPD), Valdés tuvo que observar sin comentarios, como la ministra Krauss era aplaudida. De paso, ella catalizó el proceso al interior del gobierno, para buscar una salida reformista al problema. En este contexto fue que la Presidenta Bachelet tuvo que salir a empujar la mini reforma previsional, el 12 de abril pasado.

Rechazo ciudadano

Aparte de las críticas que recibió desde dentro del conglomerado de gobierno, el ministro Valdés cosechó el repudio a nivel ciudadano, porque la gente ha interpretado que en la disputa con la ministra Krauss, él aparece como defensor de las AFP. Solo así se explica cómo el ciudadano de a pie también se lanza en su contra, como ocurrió el 6 de abril pasado, cuando fue objeto de un bochornoso episodio en pleno centro de Santiago. Con el pretexto de pagar una apuesta al presidente ejecutivo de Codelco (porque esta empresa logró revertir las pérdidas del año pasado), Valdés concurrió a un local de comida rápida a compartir un sándwich y fue insultado por anónimos transeúntes. Debió abandonar rápidamente el lugar y refugiarse en su gabinete ministerial, de Teatinos 120.

Este episodio da cuenta de tres hechos que ilustran la gravedad del problema de las bajas pensiones: uno, que hasta hace poco la Presidente Bachelet no alcanzada a dimensionar la urgencia del problema; dos, que su ministro de Hacienda cree estar haciendo bien las cosas y por ello puede exponerse directamente al escrutinio ciudadano; y tres, que los asesores políticos y de imagen, tanto de Valdés como del presidente de Codelco, tienen escasa o nula capacidad de lectura del sentido común.

A lo anterior se suma el hecho de que en círculos más estrechos de la izquierda y la centroizquierda, se ratificó que el ministro Valdés representa al ala más conservadora del gobierno de Bachelet y que ha actuado como un muro de contención para emprender no solo una reforma más profundas al sistema previsional, sino también otras que permitan que el Estado asuma un rol más activo para empujar el crecimiento económico, cuyos indicadores más recientes se acercan al piso de lo tolerable.

La reforma al sistema de pensiones fue una de las principales promesas del programa de gobierno de Michelle Bachelet. Por eso una de las primeras medidas que adoptó cuando asumió por segunda vez la Presidencia, fue crear la comisión Bravo. Esta comisión entregó sus propuestas técnicas en septiembre de 2015 y desde entonces siguen esperando que el gobierno le dé curso legislativo.

Sin acuerdo transversal

Desde agosto del año pasado, cuando Bachelet anunció las medidas más urgentes para reformar el sistema previsional, pasaron siete meses hasta que el ministro Valdés dijera este mes que no había logrado un acuerdo “transversal” para legislar al respecto. Esto, no obstante que las alternativas técnicas aportadas por la comisión Bravo están disponibles desde 2015 y tienen la ventaja de que se trata de un ejercicio que incluye la opinión de un equipo transversal de expertos.

La guinda de la torta la puso el mismo Valdés al día siguiente de que la Presidenta anunciara por cadena nacional la manera cómo se va a gestionar el 5% de cotización extra. Según el ministro de Hacienda, la sola preparación del proyecto de ley demoraría no menos de tres meses. Con ello, nuevamente le quitó el sentido de urgencia al proyecto, de modo que quizás en julio entraría a trámite legislativo.

Conclusión, es probable que en los pocos meses que le quedarán a Michelle Bachelet en La Moneda (siete en rigor), la idea de aumentar la cotización obligatoria en cinco puntos porcentuales, con cargo al empleador, no se hará realidad en su segundo gobierno.

Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)