En el presente, el 86 por ciento de la población colombiana se localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media. Un 28 por ciento está expuesta a un alto potencial de inundación. La prevención ambiental que evitaría muertes no se lleva bien con la corrupción.

Por Hugo Machín Fajardo

Suman 300 los muertos, que serán más, y 4.000 las familias damnificadas por la avalancha torrencial desatada en la noche del 31 de marzo sobre la ciudad de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, región fronteriza con Ecuador, distante unos 600 kilómetros de Bogotá. 

Son víctimas directas de la corrupción, flagelo que constituye el principal problema colombiano para el 56 por ciento de los estudiantes de 30 universidades bogotanas encuestados. 

¿Exagerado atribuirle a la corrupción esas víctimas?  

La conclusión se desprende de lo que diariamente sostienen editoriales y analistas en los medios de comunicación del país en los días siguientes a la tragedia. El domingo 9 de abril en El Tiempo de Bogotá, se publicó que existían cinco informes técnicos que diagnosticaron lo ocurrido en Mocoa y que de haberse seguido sus recomendaciones pudo evitarse la pérdida de vidas humanas. 

El primer ministro ambiental colombiano (1990 – 1995),  prestigioso científico, Manuel Rodríguez Becerra, escribió “que tragedias similares o más graves que la ocurrida seguirán sucediendo si no se afronta con contundencia una realidad que los líderes nacionales y locales parecen evadir”. Y agrega : "seamos claros: en muchas ciudades del país existen urbanizaciones legales ubicadas en zonas que nunca debieron urbanizarse por su vulnerabilidad ambiental y que parecerían ser, en muchas ocasiones, el producto de actos corruptos de concejales y alcaldes, en alianza con empresarios, que han encontrado en los Planes de Ordenamiento Territorial otra fuente para el enriquecimiento ilícito. Se trata de un acto criminal que debería ser castigado". 

Rodrigo Botero, ambientalista conocedor de la región afectada por el desborde de tres ríos que sepultó 17 barrios populares, sostiene en revista Semana  que la desforestación irracional y las obras inconclusas que podrían haber mitigado los efectos naturales son algunas de las causas de la avalancha. 

El ex senador y columnista Juan Lozano, atribuye el drama de Mocoa a “malas acciones humanas y malos diseños institucionales”, sumado a  la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, así como a la ausencia de coordinación entre los instrumentos de planificación del suelo y las cuencas fluviales; a la precariedad de las alarmas y alertas tempranas; al desdén de los políticos, locales y nacionales, frente a los asuntos ambientales. 

Las advertencias técnicas datan de hace décadas. Hace 36 años el entonces Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), advertía al Gobierno lo que podría pasar si el río Mulato, uno de los causantes de la avalancha, se desbordaba. El informe planteaba las medidas que debían tomarse y el presupuesto de las obras necesarias. 

Potencia hídrica. Desde los setenta Colombia, junto a Brasil y Rusia, es considerada una potencia hídrica pero, en opinión de investigadores de la Universidad Javeriana de Bogotá, el estado colombiano no ha asumido los correctivos que adapten y moderen el comportamiento de este recurso, 

Paradójicamente, en el país existen regiones donde el agua es un bien escaso. En El Carmen de Bolívar -a 114 kilómetros al sudeste de Cartagena de Indias-  entre 2007 y 2012 se vivió una odisea en el período en que sus habitantes pagaron seis veces por un acueducto sin conseguir tener agua en sus casas y sin que supieran en qué se invirtieron los aproximadamente ocho millones de dólares destinados a solucionar esa carencia. Sí se comprobó que a mediados de los noventa un narcotraficante confeso recibió unos 330 mil dólares de los dineros públicos afectados al esperado acueducto. 

Otra incongruencia de en un país que cuenta con innumerables recurso hídricos es la de de San Juan de Urabá al norte del departamento de Antioquia. En 2015 estuvo terminado un acueducto tras una espera de 30 años, pero que al inaugurarse no proveía de agua potable. Un año después, RCN Radio de Bogotá informaba que por lo menos 10 mil habitantes del municipio estaban sin agua para bañarse, lavar la ropa e incluso para cocinar. Solo contaban con el servicio de agua potable por unas horas. Incluso, durante días no tenían ni una gota. 

Otra paradoja de la riqueza hídrica colombiana fruto de la corrupción privada y estatal, más la burocracia, es “el uso del mercurio para la explotación ilegal de oro que además de contaminar 232 ríos del país, (de 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país) está enfermando silenciosamente a pobladores de al menos 373 municipios”, se consigna en un informe especial  publicado el domingo 9 por la Unidad investigativa del El Tiempo. 

Se calcula que de las 118,8 toneladas de mercurio que ingresan legalmente a Colombia cada año, un 50 por ciento termina en la minería ilegal, las autoridades no saben cómo y por la naturaleza líquida del mercurio, el metal se mimetiza y moviliza clandestinamente lo que hace prácticamente imposible su persecución, se sostiene en el informe periodístico. 

“Un influyente ex congresista del (departamento del) Chocó” repartió aproximadamente 65 mil dólares para que liberaran unas dragas incautadas. Y también hay complicidad de algunos alcaldes. 

El mercurio llega de Kirguistán, Rusia, Países Bajos, China, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y México. “Según Planeación Nacional, de eliminarse el uso de mercurio, cada año se evitarían costos en salud del orden de aproximadamente 310 millones de dólares”. Según el informe periodístico satélites oficiales han detectado más de 7.000 puntos en todo el país en donde se usa ese metal para explotar oro en ríos o aluvión. El número de hectáreas afectadas ya supera las 100.000, concentradas especialmente en los departamentos del Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba. También hay un daño ambiental importante en Cauca, Nariño y los límites con Perú y Brasil. 

Colombia tiene entre otras tragedias la de Armero, un pueblo entero desparecido bajo el barro en 1985, con un saldo de  25 mil muertos y otros tantos damnificados. Entre ellos la niña Omayra Sánchez, cuyos últimos minutos de vida fueron documentados tras agonizar tres días antes de ser tragada por el pantano en que quedó atrapada entre escombros, con una barra de metal clavada en su cadera. Un doloroso recuerdo que no generó enseñanzas. 

Armero fue una tragedia anunciada con mucha anticipación, ya que un grupo de expertos en vulcanología, luego de un análisis concienzudo, anunciaron que podría ocurrir un deshielo al que nadie con decisión gubernamental hizo caso.  

Corrupción mata prevención. En el presente, el 86 por ciento de la población colombiana se localiza en zonas de amenaza sísmica alta y media. Un 28 por ciento está expuesta a un alto potencial de inundación. La prevención ambiental que evitaría muertes no se lleva bien con la corrupción. 

En el sector privado, la Encuesta Nacional Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas, publicado por Transparencia por Colombia y Universidad Externado, en abril de 2015, decía que más del 90 por ciento de los empresarios del país reconoce que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. 

Según una encuesta de Gallup de julio, el 85 por ciento de los colombianos cree que la corrupción en Colombia aumentó en el último periodo y se encontraba en máximos históricos. El informe divulgado el 25 de enero por Transparencia Internacional, organización no gubernamental que combate  la corrupción,  demuestra que  Colombia cayó del puesto 83, que ocupó durante el 2015, al 90 dentro de 176 países calificados. 

Guillermo Perry, ex ministro de Minería (1986 -1988) y Hacienda (1994 -1996)  y ex jefe para América Latina del Banco Mundial, sostiene que el escenario del presente colombiano dominado por el concepto de “que todos son corruptos” es contraproducente: “al acusar a todos de corrupción, se les permite a los corruptos camuflarse mejor. Por eso son los primeros en acusar de corrupción a los demás”.  

La preocupación pública por la corrupción en Colombia viene del siglo pasado. A mediados de los sesenta, un legislador seguidor del dictador Gustavo Rojas Pinilla, propuso un proyecto de ley que establecía “el fusilamiento de los presidentes colombianos” culpables de “irresponsabilidad” o malversación de los fondos públicos, previo juico ante el congreso y luego del pronunciamiento del Tribunal Supremo. En la propuesta se establecía que el pelotón de fusilamiento fuera integrado por eminente ciudadanos que serían declarados “héroes nacionales”, quienes ejecutarían la sentencia ante el público en la Plaza Bolívar de Bogotá. El proyecto no fue aprobado. 

La gobernadora del departamento de Putumayo, Sorrel Arroca, a los ocho días de la destrucción de los barrios de Mocoa, su ciudad capital, sostuvo que la avalancha “fue un hecho fortuito, no hay que buscar culpables”.