Sectores del oficialismo chavista se sienten incómodos con el presidente y estarían dispuestos a un diálogo que evite un enfrentamiento ciudadano más violento. Los militares hasta el presente apoyan al régimen. La exigencia internacional y de la mayoría opositora interna es que haya elecciones, libertad para los centenares de presos políticos y medidas que reviertan la crisis humanitaria y económica.

Por Hugo Machín Fajardo

Por primera vez hubo una reacción internacional contundente respecto al régimen chavista y 17 países de los 21 presentes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron el 3 de abril una declaración en la que denuncian que en Venezuela “existe un alteración del orden constitucional”, acordando analizar los hechos desde la perspectiva de la Carta Democrática de esa organización.

Quedó así en evidencia la fisura existente entre Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, desde que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien denunció la decisión del presidente Nicolás Maduro de otorgarle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las competencias del Poder Legislativo por entender que se ha roto el hilo constitucional, pertenece al sector de Cabello y su pronunciamiento habría sido hecho con apoyo de ese sector. Aclaremos que esta fiscal general Ortega es la misma que no objetó ninguna de las sentencias del medio centenar emitido desde 2016 por el mismo TSJ contrarias a la Asamblea Legislativa; o la misma que amañó expedientes judiciales, así también como la que fabricó testigos en el proceso contra el dirigente Leopoldo López encarcelado desde febrero de 2014.

También se produjo el regresó a la calle y la movilización de la ciudadanía con mayor coordinación de la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), lo que aparejó el consiguiente incremento represivo de la policía bolivariana, con el saldo de un manifestante muerto, Jairo Ortiz, de 19 años, decenas de heridos y detenidos el jueves 6; que incluyó agresiones físicas a legisladores de la oposición protagonizadas por grupos de particulares armados de palos y piedras que actúan con anuencia policial; y la orden de detención contra el principal referente de la oposición, Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, quien en la tarde del viernes anunció que le fue notificada una inhabilitación política por 15 años.

Capriles se reunió el viernes 31 de marzo con el secretario general de la OEA Luis Almagro reclamando que se aplique ya la Carta Democrática en el caso Venezuela con el propósito de mantener el tema venezolano en la agenda de esa organización.

El Mercosur sesionó de manera urgente el sábado primero de abril para analizar la situación del país caribeño y sus cancilleres calificaron de “intromisión sistemática” del TSJ en las competencias legislativas y definieron para Venezuela “una situación en la que claramente la separación de poderes, esencia de las instituciones democráticas, no está funcionando”.

La  hasta ahora indecisa posición del gobierno uruguayo -único defensor de Maduro en el Mercosur- se definió en dos etapas. Una, al apoyar la resolución de los 17 países de la OEA; y otra a partir del martes 4 con la respuesta de los principales líderes del partido de gobierno (Frente Amplio). El presidente Tabaré Vázquez dijo que Maduro debía retractarse de sus “insultos gravísimos” contra el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa; el ministro de Economía Danilo Astori llamo “desagradecido” a Maduro, subrayó que “no se puede decir que hay una democracia en Venezuela y hasta el pintoresco Pepe Mujica aunque matizó sus cuestionamientos, declaró a la prensa uruguaya que “la democracia está cuestionada en Venezuela y en todas partes. Agregó que no le gustan los presos políticos, “tampoco me gustan en Venezuela”. Por su parte, el vicepresidente uruguayo Raúl Sendic (h), también en la línea de cuestionar con folclore, dijo que a Maduro “se le fue la moto”.

La presidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, llamó el jueves 30 de marzo a su embajador en Caracas ante la crisis venezolana y a principios de ese mes lo había hecho el gobierno de Perú, más el envió de una nota de protesta por las "inaceptables" declaraciones de la canciller venezolana sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ecuador y El Salvador, gobiernos tradicionalmente aliados del chavismo, no defendieron a Maduro y tres de los países beneficiados durante años por el petróleo barato  de Venezuela – Bahamas, Belice y República Dominicana-  - también retiraron su apoyo, mediante abstención, en la OEA.

Bolivia y Nicaragua, por el contrario, hicieron causa común con Samuel Moncada, el ríspido embajador venezolano ante la OEA.

"Vade retro Satanás, va de retro OEA, vete de aquí OEA, saca tus manos inmundas llenas de sangre de la Venezuela y la patria bolivariana, repudiamos y rechazamos el golpe de Estado en la OEA", fue la reacción de Maduro expresada en cadena de radio y televisión.

La MUD exige el cese de los miembros del TSJ cabeza del Poder Judicial venezolano, por entender que es un poder “de bolsillo” de Maduro y sostiene que luego de la denuncia de la fiscal general Ortega, Maduro ordenó al TSJ que diera marcha atrás en sus sentencias número 155 y 156, de fechas 28 y 29 de marzo,  por las que se había eliminado la inmunidad parlamentaria de los legisladores y el propio TSJ asumía las funciones legislativas. Así lo hizo de inmediato el TSJ y el primero de abril emitió las sentencias 157 y 158 derogando las sentencias anteriores, con  lo que ofreció descarnadamente la prueba de su absoluta dependencia del Poder Ejecutivo.

El reclamo de la oposición también se asienta en que el TSJ entre sus decisiones inconstitucionales parcialmente derogadas 24 horas después, dejó en firme que el Presidente de la República pueda realizar contratos y crear empresas mixtas de hidrocarburos sin que sean avalados por la Asamblea Legislativa, lo que contradice a la propia constitución aprobada bajo el chavismo.

¿Qué puede pasar? Es imprevisible un diagnóstico. La eventual mediación del Vaticano tiene la pólvora mojada tras el fracaso del diálogo convocado por Bergoglio en noviembre.

Cabello arenga desde los medios de comunicación controlados por el chavismo a “pasar a alerta combatiente”. Un ex alcalde caraqueño especula con que “si llegara el momento de que cada hombre y cada mujer tomara un kalashnikov para defender a Venezuela, estaríamos dispuestos”.

Sectores del oficialismo chavista se sienten incómodos con el presidente y estarían dispuestos a un diálogo que evite un enfrentamiento ciudadano más violento.

Los militares hasta el presente apoyan al régimen.

La exigencia internacional y de la mayoría opositora interna es que haya elecciones, libertad para los centenares de presos políticos y medidas que reviertan la crisis humanitaria y económica.

Injerencia. Sobre la presunta injerencia de la OEA, repetida hasta el cansancio por los dirigentes chavistas, en especial Maduro, Cabello y su canciller Delcy Rodríguez, es necesario hacer precisiones al respecto, pues en mucha gente latinoamericana el concepto de injerencia siempre estuvo asociado a la intervención estadounidense en el continente sudamericano y el chavismo machaca sobre ese reflejo condicionado.

Coincidamos que “el derecho de injerencia” invocado por EEUU en sus intervenciones como la de Irak en 2003, es rechazable. Otra situación es la reacción democrática de los países de la OEA ante la violación de los DDHH, o el desconocimiento al principio de la división de poderes estatales, sea en Venezuela o en donde sea. Eso no es injerencia. Es exigencia del respeto por la democracia reconocida en la Carta Democrática de la OEA para permanecer en el organismo. Así de simple. Ningún país latinoamericano propone invadir a Venezuela, pues no existe allí un genocidio que lo justifique, ni Venezuela ha agredido militarmente a otro miembro de la OEA, parafraseando a Todorov. Claro está que la OEA no contribuye a esclarecer cuando adolece de vista gorda en casos como el de México, con otras circunstancias,  pero también con efectos terribles para los DDHH.