24.03.17Presidente Santos, un Nobel a la baja
El presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, vive su peor momento por las sospechas de haber recibido favores del omnipresente Odebrecht. La ciudadanía se ve ganada por un clima de descrecimiento ciudadano y fuerte descredito de la gestión política -tanto oficial como opositora- pues también el partido del ex presidente Álvaro Uribe está salpicado por sospechas de haber recibido favores del delincuente brasileño.Por Hugo Machín Fajardo
Lo había anunciado el principal negociador del proceso de paz colombiano, Humberto de la Calle, cuando advirtió en enero de 2016 que una vez resuelto el acuerdo de paz, “el capítulo que sigue en Colombia es combatir la corrupción”. Y pareciera que antes de que se formalice la paz, no sin dificultades por cierto, la corrupción irrumpe con desusada visibilidad en el país caribeño.
El presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, vive su peor momento por las sospechas de haber recibido favores del omnipresente Odebrecht. La ciudadanía se ve ganada por un clima de descrecimiento ciudadano y fuerte descredito de la gestión política -tanto oficial como opositora- pues también el partido del ex presidente Álvaro Uribe está salpicado por sospechas de haber recibido favores del delincuente brasileño. Se suman datos económicos pocos favorables. Todo parece enturbiar el ánimo de la sociedad colombiana.
En los últimos días la Fiscalía colombiana interrogó a los gerentes de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, hombre de Uribe, su rival de hace tres años, en el marco de investigaciones por el ingreso de dineros de la constructora brasileña Odebrecht.
También la contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo contra nueve exfuncionarios del Acueducto de la capital colombiana por un contrato con Odebrecht.
La economía
El déficit del país tuvo un alivio al mejorar su balanza comercial que cerró enero con un déficit de US$ 754 millones FOB, equivalentes a un descenso de 49,4% respecto al mismo periodo de 2015. Sin embargo, el Índice de Confianza Industrial de febrero se encuentra en su nivel más bajo desde 2013, debido a un deterioro de todos los componentes, en particular el volumen de pedidos y nivel de existencias que consigna la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. También el Índice de Confianza Comercial disminuyó en febrero frente a enero y con relación al mismo mes del año anterior; asimismo, se redujo el índice de porcentaje de ocupación de la capacidad instalada respecto a 2016.
Aunque la misión del FMI en su informe anual se congratuló por el manejo de la política monetaria del país para controlar la inflación, redujo las expectativas de crecimiento de la economía en 2017 a 2,3 %, del inicial 2,6 % estimado hace tres meses.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), conocidas en las últimas horas, revelan que aumentó la pobreza monetaria en el país, alcanzando a un 28% de la población. Colombia cuenta con más de 49 millones de habitantes. El promedio latinoamericano de pobreza es de 29,2 por ciento y Colombia ocupa el octavo puesto entre los países más inequitativos según la ONU. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano (IDH), Colombia cayó en 25% respecto a la repartición del ingreso, descendiendo nueve lugares en la lista de países. El dato no tan negativo, en opinión del director del periódico Portafolio, Ricardo Avila Pinto, es que si se analiza desde el concepto de pobreza multidimensional - medición incorporada por el Nobel de Economía Amartya Sen- la cifra es de 17,8 por ciento, dos puntos y medio menos que en el periodo anterior.
¿Y el proceso de paz? La Fundación Paz y Reconciliación (Fpyr), sostiene que en los primeros cien días del nuevo acuerdo de paz el balance tiene luces y sombras. Se mantiene el cese al fuego bilateral, se procesó la concentración de las Farc en las zonas asignadas; y disminuyeron los homicidios, secuestros y desplazamientos forzados. Se inició el cronograma del desarme de la guerrilla, que el gobierno calcula debe llegar a las 14.000 armas, de las cuales hasta el presente la misión especial de la ONU ha recibido 140.
Pero asimismo la Fpyr consigna que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con la adecuación de las zonas destinadas a la concentración de las Farc; que 29 líderes de paz han sido asesinados en el período; que crece la ocupación de fuerzas ilegales sobre los territorios abandonados por la guerrilla; que persisten los cultivos ilícitos que, según cifras de diferentes informes, redondea unas 188 mil hectáreas destinadas al cultivo de coca con el consiguiente incremento de corrupción violencia e inseguridad. Se calcula que unas cinco mil personas concurrieron el sábado 18 al sepelio de uno de los principales jefes de bandas delictivas abatido por las fuerzas de seguridad al norte del departamento de Antioquia. Se suma la lentitud del Congreso para tramitar leyes y decretos que viabilizan el proceso de paz.
Agréguese a esto que la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), no cesa sus acciones pese al inicio de conversaciones de paz con el Gobierno desarrolladas en Ecuador. Colombia ha dejado de producir más de 900 mil barriles de petróleo por las 28 voladuras ocasionadas por el Eln al oleoducto Caño Limón Coveñas en lo que va de 2017. Los ataques contra la infraestructura petrolera concentrados en el oleoducto de la costa del Caribe están dejando sin recursos las regiones que se benefician de las regalías petroleras destinadas a inversión social. En los últimos 17 años lo atentados terroristas ha provocado el derrame de 66 millones de galones de crudo y el saldo trágico, violatorio del Derecho Internacional Humanitario, de unas 167 personas muertas producto de las minas antipersona instaladas alrededor de los tramos afectados por las voladuras, con el fin de obstaculizar las reparaciones, informó la prensa colombiana el jueves 23.
En ese período se han presentado 2.590 eventos ocasionados por minas antipersonal, que han ocasionado 584 heridos, para un total de 751 víctimas, incluida población civil (niños, mujeres y trabajadores), según estadísticas de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA).
Santos anunció el pasado martes 21 de marzo que como consecuencia del fin del conflicto con las Farc comienza la transición hacia la desmilitarización de la policía -178.024 efectivos – para concentrarse en labores genuinamente policiales incrementándose su presencia en calles y labores de seguridad ciudadana.
El Presidente cuenta con 17 meses de gobierno para mejorar su deteriorada imagen -71 por ciento lo desaprueba según Gallup – y 85 por ciento de la ciudadanía encuestada considera que “la corrupción está empeorando”.
Lo había anunciado el principal negociador del proceso de paz colombiano, Humberto de la Calle, cuando advirtió en enero de 2016 que una vez resuelto el acuerdo de paz, “el capítulo que sigue en Colombia es combatir la corrupción”. Y pareciera que antes de que se formalice la paz, no sin dificultades por cierto, la corrupción irrumpe con desusada visibilidad en el país caribeño.
El presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, vive su peor momento por las sospechas de haber recibido favores del omnipresente Odebrecht. La ciudadanía se ve ganada por un clima de descrecimiento ciudadano y fuerte descredito de la gestión política -tanto oficial como opositora- pues también el partido del ex presidente Álvaro Uribe está salpicado por sospechas de haber recibido favores del delincuente brasileño. Se suman datos económicos pocos favorables. Todo parece enturbiar el ánimo de la sociedad colombiana.
En los últimos días la Fiscalía colombiana interrogó a los gerentes de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, hombre de Uribe, su rival de hace tres años, en el marco de investigaciones por el ingreso de dineros de la constructora brasileña Odebrecht.
También la contraloría de Bogotá abrió proceso de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo contra nueve exfuncionarios del Acueducto de la capital colombiana por un contrato con Odebrecht.
La economía
El déficit del país tuvo un alivio al mejorar su balanza comercial que cerró enero con un déficit de US$ 754 millones FOB, equivalentes a un descenso de 49,4% respecto al mismo periodo de 2015. Sin embargo, el Índice de Confianza Industrial de febrero se encuentra en su nivel más bajo desde 2013, debido a un deterioro de todos los componentes, en particular el volumen de pedidos y nivel de existencias que consigna la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. También el Índice de Confianza Comercial disminuyó en febrero frente a enero y con relación al mismo mes del año anterior; asimismo, se redujo el índice de porcentaje de ocupación de la capacidad instalada respecto a 2016.
Aunque la misión del FMI en su informe anual se congratuló por el manejo de la política monetaria del país para controlar la inflación, redujo las expectativas de crecimiento de la economía en 2017 a 2,3 %, del inicial 2,6 % estimado hace tres meses.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), conocidas en las últimas horas, revelan que aumentó la pobreza monetaria en el país, alcanzando a un 28% de la población. Colombia cuenta con más de 49 millones de habitantes. El promedio latinoamericano de pobreza es de 29,2 por ciento y Colombia ocupa el octavo puesto entre los países más inequitativos según la ONU. De acuerdo al último Índice de Desarrollo Humano (IDH), Colombia cayó en 25% respecto a la repartición del ingreso, descendiendo nueve lugares en la lista de países. El dato no tan negativo, en opinión del director del periódico Portafolio, Ricardo Avila Pinto, es que si se analiza desde el concepto de pobreza multidimensional - medición incorporada por el Nobel de Economía Amartya Sen- la cifra es de 17,8 por ciento, dos puntos y medio menos que en el periodo anterior.
¿Y el proceso de paz? La Fundación Paz y Reconciliación (Fpyr), sostiene que en los primeros cien días del nuevo acuerdo de paz el balance tiene luces y sombras. Se mantiene el cese al fuego bilateral, se procesó la concentración de las Farc en las zonas asignadas; y disminuyeron los homicidios, secuestros y desplazamientos forzados. Se inició el cronograma del desarme de la guerrilla, que el gobierno calcula debe llegar a las 14.000 armas, de las cuales hasta el presente la misión especial de la ONU ha recibido 140.
Pero asimismo la Fpyr consigna que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con la adecuación de las zonas destinadas a la concentración de las Farc; que 29 líderes de paz han sido asesinados en el período; que crece la ocupación de fuerzas ilegales sobre los territorios abandonados por la guerrilla; que persisten los cultivos ilícitos que, según cifras de diferentes informes, redondea unas 188 mil hectáreas destinadas al cultivo de coca con el consiguiente incremento de corrupción violencia e inseguridad. Se calcula que unas cinco mil personas concurrieron el sábado 18 al sepelio de uno de los principales jefes de bandas delictivas abatido por las fuerzas de seguridad al norte del departamento de Antioquia. Se suma la lentitud del Congreso para tramitar leyes y decretos que viabilizan el proceso de paz.
Agréguese a esto que la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), no cesa sus acciones pese al inicio de conversaciones de paz con el Gobierno desarrolladas en Ecuador. Colombia ha dejado de producir más de 900 mil barriles de petróleo por las 28 voladuras ocasionadas por el Eln al oleoducto Caño Limón Coveñas en lo que va de 2017. Los ataques contra la infraestructura petrolera concentrados en el oleoducto de la costa del Caribe están dejando sin recursos las regiones que se benefician de las regalías petroleras destinadas a inversión social. En los últimos 17 años lo atentados terroristas ha provocado el derrame de 66 millones de galones de crudo y el saldo trágico, violatorio del Derecho Internacional Humanitario, de unas 167 personas muertas producto de las minas antipersona instaladas alrededor de los tramos afectados por las voladuras, con el fin de obstaculizar las reparaciones, informó la prensa colombiana el jueves 23.
En ese período se han presentado 2.590 eventos ocasionados por minas antipersonal, que han ocasionado 584 heridos, para un total de 751 víctimas, incluida población civil (niños, mujeres y trabajadores), según estadísticas de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA).
Santos anunció el pasado martes 21 de marzo que como consecuencia del fin del conflicto con las Farc comienza la transición hacia la desmilitarización de la policía -178.024 efectivos – para concentrarse en labores genuinamente policiales incrementándose su presencia en calles y labores de seguridad ciudadana.
El Presidente cuenta con 17 meses de gobierno para mejorar su deteriorada imagen -71 por ciento lo desaprueba según Gallup – y 85 por ciento de la ciudadanía encuestada considera que “la corrupción está empeorando”.