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30.01.17

Bachelet refuerza cordón institucional para enfrentar crisis desatada por mega incendios

(Política & Economía) El mega incendio que desde mediados de enero afecta el centro-sur del país, pone a prueba la capacidad de los chilenos para enfrentar este tipo de catástrofes y al gobierno para garantizar la seguridad. Once mil voluntarios de bomberos y expertos en el combate de incendios, tanto nacionales como extranjeros, más las fuerzas policiales, trabajaban día y noche para tratar de controlar las llamas. Sin duda esta catástrofe impacta a la economía y pone a prueba la capacidad operativa del gobierno encabezado por Michelle Bachelet.
Por Hugo Traslaviña

(Política & Economía) A dos semanas de que estallara la ola de incendios entre las regiones Metropolitana por el norte y La Araucanía por el sur la Presidenta Michelle Bachelet aventuró la sospecha de que muchos de los 120 focos incendiarios habrían sido intencionales. “Estamos seguros que sí ha habido intencionalidad en algunos de los focos y vamos a perseguir las responsabilidades hasta el final”. Mientras tanto, dijo que continuarían combatiendo el fuego y ayudando a los miles de familias, trabajadores y empresarios afectados. En este último caso, pequeños y medianos.
Antes de que la Presidente hiciera esta declaración ya se había reunido con los jefes de inteligencia de las distintas entidades armadas y había instruido investigar el origen de los incendios a las entidades policiales y al Ministerio Público (Fiscalía). Cinco sospechosos habían sido detenidos, mientras seguían las indagaciones en terreno y el gobierno procedía a reforzar de la vigilancia en las áreas rurales que estaban amenazadas con la propagación del fuego.
De ser reales las sospechas de la Presidenta, como también de vecinos y voluntarios de bomberos que han denunciado movimientos de individuos sospechosos y el hallazgo de objetos para propiciar el fuego, el país estaría en una situación extremadamente grave, dado que se trataría de atentados realizados de manera simultánea a lo largo de cientos de kilómetros, supuestamente con la participación de grupos organizados y respaldo logístico, al menos para mantener el anonimato y la comunicación en línea.

Violencia rural y urbana

Para el común de los chilenos, son naturales aquellas sospechas, habida cuenta de la larga historia de atentados incendiarios, sobre todo en la Región de La Araucanía, los cuales recrudecieron el año pasado. Por lo mismo, el gobierno creó una comisión especial para abordar lo que llama “violencia rural”, alimentada por grupos extremos que se escudan en la causa de reivindicación territorial mapuche. Esta comisión entregó sus conclusiones el 23 de enero pasado y curiosamente, en la víspera arreciaban los incendios en los predios forestales.
En las zonas urbanas, especialmente en Santiago, los grupos radicalizados de jóvenes encapuchados (embozados) también echan mano a los incendios para hacerse notar en las convocatorias a protestas callejeras: prenden fogatas, queman neumáticos, lanzan bombas incendiarias a locales comerciales y vehículos policiales y queman con frecuencia buses del transporte urbano. Por lo tanto, hay bases empíricas para sospechar de la ola de incendios, en enero de 2017 en el país.
En este contexto fue que la Presidenta decretó zona de catástrofe en los principales distritos afectados, en los cuales las fuerzas armadas tomaron el control militar de la situación, tanto para facilitar el desplazamiento de las brigadas que combaten el fuego, como para ayudar a los civiles. Del mismo modo, en las apariciones públicas clave, la Presidenta se hizo acompañar los representantes de los altos mandos de las fuerzas armadas.
Subyace a tales apariciones, el mensaje implícito de la autoridad para demostrar fuerza y predisposición política para enfrentar la emergencia. También para enviar un mensaje disuasivo a los sospechosos, que de existir, se trataría de grupos anti sistema, empeñados en sembrar terror más que en alcanzar algún tipo de poder real.

Sin descartar que pudiera tratarse de acciones de terrorismo, el formato elegido por el gobierno ha sido combinar el despliegue de las fuerzas policiales y militares con los civiles, sobre todo con las entidades especializadas para enfrentar catástrofes, como es el caso de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y bomberos.
En tal sentido, el gobierno descartó la idea de aplicar estado de sitio en las zonas afectadas, entre otras cosas porque esta decisión debe ser acordada con el Congreso y porque se optó por el estado de catástrofe para las regiones más afectadas: Sexta (O´Higgins), Séptima (El Maule) y Octava (Biobío). Además, Bachelet distribuyó a algunos de sus ministros en misión especial para desplegarse en terreno.
Por otra parte, la Presidenta Bachelet se ocupó de lograr el respaldo de los empresarios y por ello se reunió con sus dirigentes en La Moneda, de modo de canalizar la ayuda de éstos y coordinar otras acciones para enfrentar la emergencia y el apoyo para lo que será la reconstrucción.

Pero más allá del refuerzo del cordón de seguridad institucional, quizás la clave para enfrentar una eventual amenaza terrorista de mayor escala sería el cambio de paradigma que propuso la comisión presidencial para enfrentar la violencia en La Araucanía. Esto es, un llamado a reformular la relación del Estado con los pueblos originarios.
La comisión demandó “el esfuerzo colectivo de las autoridades y un fuerte compromiso de voluntades políticas”, como elementos fundamentales para abandonar el odio y favorecer el diálogo.
Junto con lo anterior y, de acuerdo a la experiencia y normativa internacional, “el Estado de Chile debe transitar por cambios estructurales que no solo reparen la denominada deuda histórica con los pueblos indígenas, sino que, además, pavimenten las vías del dialogo democrático e intercultural, la participación, el reencuentro y la paz social”, concluyó la citada comisión presidencial.

Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)