El congreso colombiano implementará el nuevo acuerdo de paz
Antes del plebiscito del 2 de octubre el uribismo, principal opositor al primer acuerdo logrado en La Habana, demandó ante la Corte Constitucional del país un acto legislativo para refrendar la paz. Luego de obtener el triunfo en las urnas intentó retirar la demanda, pero la Corte Constitucional no se la devolvió. Y la Corte podría expedirse sobre el trámite del nuevo acuerdo en el Congreso, donde Santos cuenta con casi el 80% de los votos.Por Hugo Machín Fajardo
El nuevo acuerdo logrado el 11 de noviembre entre los negociadores del gobierno colombiano y los dirigentes de las Farc, tras 40 días de intenso trabajo en que se incorporaron 500 nuevas propuestas agrupadas en 57 temas provenientes de los defensores del No, a las 297 páginas rechazadas en el plebiscito del 2 de octubre, será implementado por el congreso de ese país, anunció el miércoles 16 el presidente y flamante Premio Nobel de la Paz, Juan M. Santos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó por aclamación el viernes 18 una declaración de apoyo al nuevo acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC. La declaración, auspiciada por 17 países, recibió el aplauso de los 34 embajadores asistentes al Consejo Permanente extraordinario que contó con la presencia de Santos.
Antes del plebiscito del 2 de octubre el uribismo, principal opositor al primer acuerdo logrado en La Habana, demandó ante la Corte Constitucional del país un acto legislativo para refrendar la paz. Luego de obtener el triunfo en las urnas intentó retirar la demanda, pero la Corte Constitucional no se la devolvió. Y la Corte podría expedirse sobre el trámite del nuevo acuerdo en el Congreso, donde Santos cuenta con casi el 80% de los votos.
Los negociadores del gobierno han dicho hasta el presente que el nuevo acuerdo fue cerrado el 12 de noviembre y no admite modificaciones.
Todos los presidentes que en el pasado firmaron sus procesos de paz incluidos el acordado entre el entonces presidente Álvaro Uribe y el paramilitarismo, carecieron de refrendación ciudadana mediante las urnas.
No hay diferencias de fondo entre ambos textos de acuerdo. Sí podrá tener consecuencias el nuevo acuerdo en el proceso de implementación, normativización y cumplimiento, desde que el futuro gobierno podrá modificarlo por la vía legislativa, salvo en los temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que quedaron incorporados al bloque constitucional.
La cláusula del anterior acuerdo que permanece igual es la referida a la participación política de las Farc. Así lo anunció Santos en su presentación del nuevo acuerdo realizada el sábado 12 por cadena de radio y televisión nacional.
No habrá jueces extranjeros en el Tribunal Supremo de Paz que aplique la justicia transicional, pero queda abierta la posibilidad de que a través de la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal) haya expertos extranjeros que colaboren con el tribunal.
El cese al fuego pende de un hilo. Y tampoco hay avances en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana.
El miércoles 16 se informó de la muerte de dos guerrilleros a manos de militares y de un tercero que fue apresado, en un confuso hecho ocurrido en el departamento de Bolívar, al norte del país, cuya capital es Cartagena.
Las tropas de las Farc que quedaron a mitad de camino, que bajaron de la montaña para llegar a sitios de concentración dispuestos, están en un limbo y un incidente puede echar a perder todo el proceso.
Santos aspira llegar al 10 de diciembre a Oslo con el "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera" aprobado y completar el arco iniciado con el otorgamiento del premio sueco. Lo que no necesariamente garantiza un posconflicto apacible ni mucho menos. Y menos si los dirigentes del No quedan desconformes con el trámite seguido con el nuevo acuerdo.
Evidencia de la dificultad para el posconflicto es la preocupación expresada a principios de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el aumento de asesinatos de líderes sociales defensores de derechos humanos. Según entidades no gubernamentales 19 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios fueron asesinados entre julio y septiembre. Llega a 54 el total de personas ultimadas en 2016 a manos de grupos armados ilegales. La CIDH reporta como último caso el “del defensor campesino Yimer Chávez Rivera el 16 de octubre en el departamento del Cauca”.
El gobierno de Colombia reconoce la existencia de ocho millones de víctimas y 250 mil muertos a causa del conflicto armado.
“La CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos” se comunica desde Washington, D.C.
El nuevo acuerdo logrado el 11 de noviembre entre los negociadores del gobierno colombiano y los dirigentes de las Farc, tras 40 días de intenso trabajo en que se incorporaron 500 nuevas propuestas agrupadas en 57 temas provenientes de los defensores del No, a las 297 páginas rechazadas en el plebiscito del 2 de octubre, será implementado por el congreso de ese país, anunció el miércoles 16 el presidente y flamante Premio Nobel de la Paz, Juan M. Santos.
La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó por aclamación el viernes 18 una declaración de apoyo al nuevo acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC. La declaración, auspiciada por 17 países, recibió el aplauso de los 34 embajadores asistentes al Consejo Permanente extraordinario que contó con la presencia de Santos.
Antes del plebiscito del 2 de octubre el uribismo, principal opositor al primer acuerdo logrado en La Habana, demandó ante la Corte Constitucional del país un acto legislativo para refrendar la paz. Luego de obtener el triunfo en las urnas intentó retirar la demanda, pero la Corte Constitucional no se la devolvió. Y la Corte podría expedirse sobre el trámite del nuevo acuerdo en el Congreso, donde Santos cuenta con casi el 80% de los votos.
Los negociadores del gobierno han dicho hasta el presente que el nuevo acuerdo fue cerrado el 12 de noviembre y no admite modificaciones.
Todos los presidentes que en el pasado firmaron sus procesos de paz incluidos el acordado entre el entonces presidente Álvaro Uribe y el paramilitarismo, carecieron de refrendación ciudadana mediante las urnas.
No hay diferencias de fondo entre ambos textos de acuerdo. Sí podrá tener consecuencias el nuevo acuerdo en el proceso de implementación, normativización y cumplimiento, desde que el futuro gobierno podrá modificarlo por la vía legislativa, salvo en los temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que quedaron incorporados al bloque constitucional.
La cláusula del anterior acuerdo que permanece igual es la referida a la participación política de las Farc. Así lo anunció Santos en su presentación del nuevo acuerdo realizada el sábado 12 por cadena de radio y televisión nacional.
No habrá jueces extranjeros en el Tribunal Supremo de Paz que aplique la justicia transicional, pero queda abierta la posibilidad de que a través de la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal) haya expertos extranjeros que colaboren con el tribunal.
El cese al fuego pende de un hilo. Y tampoco hay avances en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana.
El miércoles 16 se informó de la muerte de dos guerrilleros a manos de militares y de un tercero que fue apresado, en un confuso hecho ocurrido en el departamento de Bolívar, al norte del país, cuya capital es Cartagena.
Las tropas de las Farc que quedaron a mitad de camino, que bajaron de la montaña para llegar a sitios de concentración dispuestos, están en un limbo y un incidente puede echar a perder todo el proceso.
Santos aspira llegar al 10 de diciembre a Oslo con el "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera" aprobado y completar el arco iniciado con el otorgamiento del premio sueco. Lo que no necesariamente garantiza un posconflicto apacible ni mucho menos. Y menos si los dirigentes del No quedan desconformes con el trámite seguido con el nuevo acuerdo.
Evidencia de la dificultad para el posconflicto es la preocupación expresada a principios de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el aumento de asesinatos de líderes sociales defensores de derechos humanos. Según entidades no gubernamentales 19 defensores de derechos humanos y líderes comunitarios fueron asesinados entre julio y septiembre. Llega a 54 el total de personas ultimadas en 2016 a manos de grupos armados ilegales. La CIDH reporta como último caso el “del defensor campesino Yimer Chávez Rivera el 16 de octubre en el departamento del Cauca”.
El gobierno de Colombia reconoce la existencia de ocho millones de víctimas y 250 mil muertos a causa del conflicto armado.
“La CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos” se comunica desde Washington, D.C.