29.08.16Ley Reservada del Cobre deja sin utilidades a Codelco y queda en la mira de la discusión presupuestaria 2017
(Política & Economía) Acostumbrada desde siempre a contar sus excedentes semestrales en cientos de millones de dólares, Codelco, la mayor productora individual de cobre del mundo, debe conformarse ahora con mascullar cifras en rojo. El primer semestre de 2016 anotó una pérdida de US$ 97 millones y marcó el punto más oscuro en su brillante trayectoria productiva y comercial, desde que el Presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre, en 1971.Por Hugo Traslaviña
(Política & Economía) El factor directo que explica la cifra en rojo obtenida por Codelco es la baja del precio del cobre, que llegó a -21% en el primer semestre. Pero hay otra razón de fondo que la refuerza: la obligación de entregar el 10% de sus ventas brutas en dólares (sí, de las ventas brutas) a las fuerzas armadas chilenas, un caso único en la industria del cobre a nivel mundial, que le impone una pesada mochila, ajena a su rol comercial, aunque sea una empresa pública. A esto se suma la exigencia de entregar todas sus ganancias a su dueño, el Estado de Chile, obligándose a financiar la mayor parte de sus inversiones con la depreciación de activos y endeudamiento.
Al mismo tiempo que Codelco registraba una pérdida semestral histórica, tuvo que erogar al Estado chileno US$ 538 millones, de los cuales el 96% (US$ 517 millones) pasaron directamente a las fuerzas armadas, para cumplir con la llamada Ley Reservada del Cobre (N° 13.196). Esta ley fue dictada en octubre de 1958 y reformada casi por completo durante la dictadura de Pinochet, para hacer más gravosa la contribución directa de la principal empresa chilena a las distintas ramas de la defensa. Esta y no otra fue la razón que impidió que Codelco fuera privatizada durante el régimen militar.
La principal enmienda introducida en los años de dictadura fue obligar a Codelco a depositar en una cuenta especial el 10% de sus ventas de cobre y de otros subproductos, en contraste con el texto original -redactado en 1958- que establecía que del total de los impuestos que hasta entonces se aplicaba a las empresas de la gran minería del cobre, el 15% debía ser destinado al financiamiento directo de las fuerzas armadas.
En contraste con el saldo favorable de US$ 828 millones que obtuvo en la primera mitad del año pasado, en el primer semestre de 2016 Codelco trabajó casi exclusivamente para cumplir con la obligación de transferirle el 10% de sus ventas a las fuerzas armadas, lo que constituye un patrón atípico para cualquier empresa comercial.
La Ley Reservada del Cobre es un gravamen que desvirtúa completamente el resultado de cualquier balance y a lo menos debe ser considerado como un costo fijo. Pero lo insólito es que se trata de un costo imposible de mitigar y mucho menos de abatir con los mecanismos convencionales de contención de costos. Es como si a una empresa se la obligara a pagar un impuesto por la ley de gravedad, como una exigencia completamente ajena al objetivo de cualquier compañía de optimizar sus operaciones para mejorar su eficiencia y ganar productividad.
Alternativa para reformar la ley
La obligación impuesta a Codelco desde 1976 pone en tela de juicio la conveniencia y legitimidad de mantener un cuerpo legal operativamente abusivo, que garantiza un privilegio a un solo sector institucional, por encima de otras urgencias del país, particularmente en el plano social.
En el marco de la próxima discusión del presupuesto fiscal 2017, es muy probable que salte la propuesta de echar mano, al menos, a una parte de los fondos acumulados por la Ley Reservada del Cobre, lo que obligaría a postergar la compra de armamentos y pertrechos, si es que para ello fue diseñada esta ley. Dada la reserva con que se manejan tales recursos, no hay claridad de que así sea.
Desde el gobierno se han enviado señales de que el presupuesto del próximo años debiera ser más restrictivo, dado -entre otras cosas- los menores ingresos que aportará el cobre. Sin embargo, para contrarrestar esta situación, parte de los fondos de la Ley Reservada del Cobre ayudarían a una política fiscal más activa, de modo de ir en contra del largo ciclo de ralentización en que se encuentra la economía chilena. Una ley corta para hacer uso de aquellos fondos, ya aportados por Codelco en el primer semestre y los que se espera que aporte en el segundo semestre (alrededor de US$ 400 millones) liberarían más del doble del ajuste al gasto que ordenó el año pasado el Ministerio de Hacienda. Simultáneamente, se podría avanzar hacia una nueva forma del financiamiento de las fuerzas armadas por una vía presupuestaria regular, tal vez plurianual, tal como lo han planteado dirigentes políticos de derecha, centro e izquierda. Por estos días no deja de llamar la atención que existiendo el consenso político para legislar en esta dirección, el proyecto de ley ingresado en 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera, sigue durmiendo en el Congreso.
Reformar Ley Reservada del Cobre, reasignando los fondos acumulados por ésta, puede ser el camino más corto para ayudar a reactivar, sin seguir presionando el déficit fiscal, o para evitar que el país se siga endeudando. Tampoco, sin echar mano a los fondos soberanos, de Reserva de Pensiones y de Estabilidad Económica y Social. Ambos fondos acumulan más de US$ 22.000 millones y fueron creados en el anterior gobierno de Bachelet, con un objetivo de reserva estructural, o sea, para financiar gastos estructurales permanentes. Por lo tanto, estos fondos no debieran tener como objetivo el incremento del gasto en situaciones coyunturales, como la actual. Es más, echar mano a estos fondos implicaría aumentar el déficit fiscal efectivo, alargando el plazo que se han fijado las autoridades de Hacienda para cubrir esta brecha y retornar al equilibrio fiscal.
El riesgo de no lograr esta meta es que el país caiga en una espiral de déficit fiscal crónico, que a la larga lo puede llevar a su degradación en los mercados del crédito internacional, incrementando el costo financiero (tasas) para las futuras inversiones, tanto públicas como privadas.
“Milicogate”
Al pobre resultado de Codelco en el primer semestre se suma otro ingrediente para poner en el banquillo a la Ley Reservada del Cobre: la millonaria defraudación ocurrida al interior del Ejército con parte del dinero generado por esta ley (o sea por Codelco). El resultado de la investigación realizada por el propio Ejército -informado el 26 de agosto pasado-, confirmó que 30 oficiales y suboficiales que participaron en el llamado “milicogate” se apropiaron de US$ 8 millones, mediante la simulación de compras a supuestos proveedores externos que emitieron facturas falsas.
Mientras tanto, en la última década Codelco ha debido lidiar con el aumento de los costos, desde suculentos reajustes de salarios hasta los altos precios de la energía y otros insumos. A esto se suma la paulatina disminución de las leyes de contenido de cobre en los yacimientos y el incremento de los costos que ocasiona la mayor profundidad en que se encuentra depositado el mineral. En estas circunstancias, a la empresa no le ha quedado más alternativa que seguir avanzando con el plan de contención y reducción de costos, ahora con mayor razón, cuando el actual ciclo de baja de precio del cobre se proyecta para un par de años más. Todo ello, sin detener los proyectos de inversión estructural para mantener el nivel de producción actual, por al menos unos 15 años.
Aún en medio de la exacción derivada de la Ley Reservada del Cobre, en el primer semestre de este año Codelco logró la mayor producción propia de su historia, con 843.000 toneladas de cobre fino, las que se elevan a 906 mil toneladas, considerando su participación en El Abra y en Anglo American.
Estas cifras representan un aumento de 1,4% de la producción de todas las divisiones, en relación a igual período de 2015, y de 2% sobre la meta propuesta por la propia empresa. Junto con este récord de producción Codelco, siguió avanzando en la meta de reducción de costos operativos. Así, el llamado costo directo (C1) fue de 1 dólar y 27,5 centavos la libra de cobre, con una caída de 9% respecto de igual período de 2015, cuando alcanzó a 1 dólar con 40,8 centavos por libra. De esta forma, seis de las siete divisiones de la minera estatal lograron un margen operacional positivo en el primer semestre de 2016. La más eficiente de todas fue El Teniente, que con 98,6 centavos por libra tuvo los costos más bajos de la industria, a nivel nacional.
Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)
(Política & Economía) El factor directo que explica la cifra en rojo obtenida por Codelco es la baja del precio del cobre, que llegó a -21% en el primer semestre. Pero hay otra razón de fondo que la refuerza: la obligación de entregar el 10% de sus ventas brutas en dólares (sí, de las ventas brutas) a las fuerzas armadas chilenas, un caso único en la industria del cobre a nivel mundial, que le impone una pesada mochila, ajena a su rol comercial, aunque sea una empresa pública. A esto se suma la exigencia de entregar todas sus ganancias a su dueño, el Estado de Chile, obligándose a financiar la mayor parte de sus inversiones con la depreciación de activos y endeudamiento.
Al mismo tiempo que Codelco registraba una pérdida semestral histórica, tuvo que erogar al Estado chileno US$ 538 millones, de los cuales el 96% (US$ 517 millones) pasaron directamente a las fuerzas armadas, para cumplir con la llamada Ley Reservada del Cobre (N° 13.196). Esta ley fue dictada en octubre de 1958 y reformada casi por completo durante la dictadura de Pinochet, para hacer más gravosa la contribución directa de la principal empresa chilena a las distintas ramas de la defensa. Esta y no otra fue la razón que impidió que Codelco fuera privatizada durante el régimen militar.
La principal enmienda introducida en los años de dictadura fue obligar a Codelco a depositar en una cuenta especial el 10% de sus ventas de cobre y de otros subproductos, en contraste con el texto original -redactado en 1958- que establecía que del total de los impuestos que hasta entonces se aplicaba a las empresas de la gran minería del cobre, el 15% debía ser destinado al financiamiento directo de las fuerzas armadas.
En contraste con el saldo favorable de US$ 828 millones que obtuvo en la primera mitad del año pasado, en el primer semestre de 2016 Codelco trabajó casi exclusivamente para cumplir con la obligación de transferirle el 10% de sus ventas a las fuerzas armadas, lo que constituye un patrón atípico para cualquier empresa comercial.
La Ley Reservada del Cobre es un gravamen que desvirtúa completamente el resultado de cualquier balance y a lo menos debe ser considerado como un costo fijo. Pero lo insólito es que se trata de un costo imposible de mitigar y mucho menos de abatir con los mecanismos convencionales de contención de costos. Es como si a una empresa se la obligara a pagar un impuesto por la ley de gravedad, como una exigencia completamente ajena al objetivo de cualquier compañía de optimizar sus operaciones para mejorar su eficiencia y ganar productividad.
Alternativa para reformar la ley
La obligación impuesta a Codelco desde 1976 pone en tela de juicio la conveniencia y legitimidad de mantener un cuerpo legal operativamente abusivo, que garantiza un privilegio a un solo sector institucional, por encima de otras urgencias del país, particularmente en el plano social.
En el marco de la próxima discusión del presupuesto fiscal 2017, es muy probable que salte la propuesta de echar mano, al menos, a una parte de los fondos acumulados por la Ley Reservada del Cobre, lo que obligaría a postergar la compra de armamentos y pertrechos, si es que para ello fue diseñada esta ley. Dada la reserva con que se manejan tales recursos, no hay claridad de que así sea.
Desde el gobierno se han enviado señales de que el presupuesto del próximo años debiera ser más restrictivo, dado -entre otras cosas- los menores ingresos que aportará el cobre. Sin embargo, para contrarrestar esta situación, parte de los fondos de la Ley Reservada del Cobre ayudarían a una política fiscal más activa, de modo de ir en contra del largo ciclo de ralentización en que se encuentra la economía chilena. Una ley corta para hacer uso de aquellos fondos, ya aportados por Codelco en el primer semestre y los que se espera que aporte en el segundo semestre (alrededor de US$ 400 millones) liberarían más del doble del ajuste al gasto que ordenó el año pasado el Ministerio de Hacienda. Simultáneamente, se podría avanzar hacia una nueva forma del financiamiento de las fuerzas armadas por una vía presupuestaria regular, tal vez plurianual, tal como lo han planteado dirigentes políticos de derecha, centro e izquierda. Por estos días no deja de llamar la atención que existiendo el consenso político para legislar en esta dirección, el proyecto de ley ingresado en 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera, sigue durmiendo en el Congreso.
Reformar Ley Reservada del Cobre, reasignando los fondos acumulados por ésta, puede ser el camino más corto para ayudar a reactivar, sin seguir presionando el déficit fiscal, o para evitar que el país se siga endeudando. Tampoco, sin echar mano a los fondos soberanos, de Reserva de Pensiones y de Estabilidad Económica y Social. Ambos fondos acumulan más de US$ 22.000 millones y fueron creados en el anterior gobierno de Bachelet, con un objetivo de reserva estructural, o sea, para financiar gastos estructurales permanentes. Por lo tanto, estos fondos no debieran tener como objetivo el incremento del gasto en situaciones coyunturales, como la actual. Es más, echar mano a estos fondos implicaría aumentar el déficit fiscal efectivo, alargando el plazo que se han fijado las autoridades de Hacienda para cubrir esta brecha y retornar al equilibrio fiscal.
El riesgo de no lograr esta meta es que el país caiga en una espiral de déficit fiscal crónico, que a la larga lo puede llevar a su degradación en los mercados del crédito internacional, incrementando el costo financiero (tasas) para las futuras inversiones, tanto públicas como privadas.
“Milicogate”
Al pobre resultado de Codelco en el primer semestre se suma otro ingrediente para poner en el banquillo a la Ley Reservada del Cobre: la millonaria defraudación ocurrida al interior del Ejército con parte del dinero generado por esta ley (o sea por Codelco). El resultado de la investigación realizada por el propio Ejército -informado el 26 de agosto pasado-, confirmó que 30 oficiales y suboficiales que participaron en el llamado “milicogate” se apropiaron de US$ 8 millones, mediante la simulación de compras a supuestos proveedores externos que emitieron facturas falsas.
Mientras tanto, en la última década Codelco ha debido lidiar con el aumento de los costos, desde suculentos reajustes de salarios hasta los altos precios de la energía y otros insumos. A esto se suma la paulatina disminución de las leyes de contenido de cobre en los yacimientos y el incremento de los costos que ocasiona la mayor profundidad en que se encuentra depositado el mineral. En estas circunstancias, a la empresa no le ha quedado más alternativa que seguir avanzando con el plan de contención y reducción de costos, ahora con mayor razón, cuando el actual ciclo de baja de precio del cobre se proyecta para un par de años más. Todo ello, sin detener los proyectos de inversión estructural para mantener el nivel de producción actual, por al menos unos 15 años.
Aún en medio de la exacción derivada de la Ley Reservada del Cobre, en el primer semestre de este año Codelco logró la mayor producción propia de su historia, con 843.000 toneladas de cobre fino, las que se elevan a 906 mil toneladas, considerando su participación en El Abra y en Anglo American.
Estas cifras representan un aumento de 1,4% de la producción de todas las divisiones, en relación a igual período de 2015, y de 2% sobre la meta propuesta por la propia empresa. Junto con este récord de producción Codelco, siguió avanzando en la meta de reducción de costos operativos. Así, el llamado costo directo (C1) fue de 1 dólar y 27,5 centavos la libra de cobre, con una caída de 9% respecto de igual período de 2015, cuando alcanzó a 1 dólar con 40,8 centavos por libra. De esta forma, seis de las siete divisiones de la minera estatal lograron un margen operacional positivo en el primer semestre de 2016. La más eficiente de todas fue El Teniente, que con 98,6 centavos por libra tuvo los costos más bajos de la industria, a nivel nacional.
Fuente: Política & Economía (Santiago, Chile)