04.02.16La estabilidad laboral no puede amparar empleos mal habidos
(NOTIAR) El uso partidista del Estado –el spoil system- fue erradicado en las democracias modernas a lo largo del siglo XIX y XX. Sobrevive todavía en algunas democracias latinoamericanas de baja calidad. Las decisiones que está tomado el gobierno de Macri pueden ser consideradas como un cambio radical de paradigma en tanto suponen un fuerte compromiso hacia el futuro.Por Aleardo F. Laría
(NOTIAR) La resolución judicial le ordena al Enacom (el nuevo ente) reincorporar a los trabajadores por considerarlos despedidos por razones discriminatorias. Los jueces han adoptado esta resolución ignorando el contexto, es decir que los despedidos habían sido contratados por su militancia en Nuevo Encuentro, de modo que la verdadera discriminación (inversa) se produjo antes, en el momento de contratarlos.
Según el ex presidente del Afsca, Martín Sabbatella, “se trata de despidos claramente discriminatorios por persecución político ideológica, que se basan única y exclusivamente en la filiación política de los empleados. En ningún caso se analizó el desempeño laboral. Lo primero que hizo el gobierno a horas de haber intervenido la Afsca fue despedir a decenas de trabajadores por su pertenencia a un partido político”.
Es fácil deducir de las palabras del propio Sabbatella que si todos los afectados pertenecían a un único partido político –el de Sabbatella- no estaban allí por casualidad, sino por su pertenencia a ese partido, con lo cual el argumento de la discriminación queda desvirtuado. La verdadera discriminación se produjo antes, al momento de contratarlos por su pertenencia partidaria, infiriendo así una lesión por trato discriminatorio a otros potenciales candidatos que solo competían ofreciendo idoneidad.
En todas las democracias avanzadas del mundo se garantiza la estabilidad en el empleo público. Se evita así que los empleados del Estado puedan ser cesados por causas políticas, garantizando su autonomía funcional. Pero esta estabilidad alcanza solo a quienes han sido designados en concursos públicos transparentes y competitivos, habiendo acreditado previamente su idoneidad según las exigencias requeridas para cumplir con las responsabilidades del cargo.
En Argentina existe una ley que regula la forma de contratación en la Administración Pública Nacional, pero en la práctica no se respeta. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25164), sancionada el 15 de septiembre de 1999, contiene un conjunto de disposiciones dirigidas a regular la relación de empleo público y establece el régimen de ingreso, obligaciones y sanciones de los empleados públicos nacionales. Señala que las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo “se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública”.
En la práctica estas disposiciones se han dejado de lado durante la década kirchnerista. Miles de empleos públicos han sido cubiertos por militantes del partido en el gobierno o, incluso, simplemente por ostentar la condición de familiares o amigos de algún ministro, diputado o senador. En algunos casos se han amañado concursos, sorteando la exigencia de que se respeten los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección.
La decisión política del gobierno de Mauricio Macri de poner fin a estas prácticas, disponiendo el cese de los designados por razones políticas en el último período del gobierno kirchnerista, está siendo resistida mediante la interposición de acciones judiciales de amparo. Como el proceso de incorporación de militantes se ha dado también en el Poder Judicial, nos encontramos con el fenómeno novedoso de jueces K que amparan conductas que entran de lleno en lo que en derecho se denomina “fraude de ley”, es decir la utilización de normas o procedimientos aparentemente legales para obtener resultados prohibidos por el ordenamiento jurídico.
La administración pública debe regirse por los principios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, y sometimiento pleno a la ley y el derecho. Es deber de toda administración pública ofrecer un servicio de calidad, en el que los ciudadanos encuentren razonada satisfacción de sus demandas y expectativas. Por este motivo en todas las todas las democracias avanzadas se ha conformado una administración pública profesional que conserva una esfera de autonomía e imparcialidad en su funcionamiento. Esto ha permitido establecer una clara separación entre el Gobierno, compuesto por un acotado número de altos cargos de designación política, y el aparato del Estado, conformado por una administración pública profesionalizada, integrada por funcionarios de carrera.
La profesionalización de la administración pública supone el reconocimiento del empleo público como una relación especial, basada en el mérito, la profesionalidad y la autonomía de los funcionarios. Por este motivo, los sindicatos que representan a los empleados públicos, debieran estar a la cabeza en estos procesos de modernización que suponen una mayor jerarquización de la labor que realizan y eventualmente un mejor pago. La presencia de “ñoquis” o militantes es un fuerte desestimulo para los que verdaderamente trabajan, de modo que sería beneficioso para todos terminar con esa cultura del patronazgo político.
El uso partidista del Estado –el spoil system- fue erradicado en las democracias modernas a lo largo del siglo XIX y XX. Sobrevive todavía en algunas democracias latinoamericanas de baja calidad. Las decisiones que está tomado el gobierno de Macri pueden ser consideradas como un cambio radical de paradigma en tanto suponen un fuerte compromiso hacia el futuro. Sería impensable que luego de haber tomado decisiones tan drásticas este gobierno pudiera incurrir en las mismas prácticas que ha condenado.
Fuente: NOTIAR (Argentina)
(NOTIAR) La resolución judicial le ordena al Enacom (el nuevo ente) reincorporar a los trabajadores por considerarlos despedidos por razones discriminatorias. Los jueces han adoptado esta resolución ignorando el contexto, es decir que los despedidos habían sido contratados por su militancia en Nuevo Encuentro, de modo que la verdadera discriminación (inversa) se produjo antes, en el momento de contratarlos.
Según el ex presidente del Afsca, Martín Sabbatella, “se trata de despidos claramente discriminatorios por persecución político ideológica, que se basan única y exclusivamente en la filiación política de los empleados. En ningún caso se analizó el desempeño laboral. Lo primero que hizo el gobierno a horas de haber intervenido la Afsca fue despedir a decenas de trabajadores por su pertenencia a un partido político”.
Es fácil deducir de las palabras del propio Sabbatella que si todos los afectados pertenecían a un único partido político –el de Sabbatella- no estaban allí por casualidad, sino por su pertenencia a ese partido, con lo cual el argumento de la discriminación queda desvirtuado. La verdadera discriminación se produjo antes, al momento de contratarlos por su pertenencia partidaria, infiriendo así una lesión por trato discriminatorio a otros potenciales candidatos que solo competían ofreciendo idoneidad.
En todas las democracias avanzadas del mundo se garantiza la estabilidad en el empleo público. Se evita así que los empleados del Estado puedan ser cesados por causas políticas, garantizando su autonomía funcional. Pero esta estabilidad alcanza solo a quienes han sido designados en concursos públicos transparentes y competitivos, habiendo acreditado previamente su idoneidad según las exigencias requeridas para cumplir con las responsabilidades del cargo.
En Argentina existe una ley que regula la forma de contratación en la Administración Pública Nacional, pero en la práctica no se respeta. La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25164), sancionada el 15 de septiembre de 1999, contiene un conjunto de disposiciones dirigidas a regular la relación de empleo público y establece el régimen de ingreso, obligaciones y sanciones de los empleados públicos nacionales. Señala que las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo “se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública”.
En la práctica estas disposiciones se han dejado de lado durante la década kirchnerista. Miles de empleos públicos han sido cubiertos por militantes del partido en el gobierno o, incluso, simplemente por ostentar la condición de familiares o amigos de algún ministro, diputado o senador. En algunos casos se han amañado concursos, sorteando la exigencia de que se respeten los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos de selección.
La decisión política del gobierno de Mauricio Macri de poner fin a estas prácticas, disponiendo el cese de los designados por razones políticas en el último período del gobierno kirchnerista, está siendo resistida mediante la interposición de acciones judiciales de amparo. Como el proceso de incorporación de militantes se ha dado también en el Poder Judicial, nos encontramos con el fenómeno novedoso de jueces K que amparan conductas que entran de lleno en lo que en derecho se denomina “fraude de ley”, es decir la utilización de normas o procedimientos aparentemente legales para obtener resultados prohibidos por el ordenamiento jurídico.
La administración pública debe regirse por los principios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, y sometimiento pleno a la ley y el derecho. Es deber de toda administración pública ofrecer un servicio de calidad, en el que los ciudadanos encuentren razonada satisfacción de sus demandas y expectativas. Por este motivo en todas las todas las democracias avanzadas se ha conformado una administración pública profesional que conserva una esfera de autonomía e imparcialidad en su funcionamiento. Esto ha permitido establecer una clara separación entre el Gobierno, compuesto por un acotado número de altos cargos de designación política, y el aparato del Estado, conformado por una administración pública profesionalizada, integrada por funcionarios de carrera.
La profesionalización de la administración pública supone el reconocimiento del empleo público como una relación especial, basada en el mérito, la profesionalidad y la autonomía de los funcionarios. Por este motivo, los sindicatos que representan a los empleados públicos, debieran estar a la cabeza en estos procesos de modernización que suponen una mayor jerarquización de la labor que realizan y eventualmente un mejor pago. La presencia de “ñoquis” o militantes es un fuerte desestimulo para los que verdaderamente trabajan, de modo que sería beneficioso para todos terminar con esa cultura del patronazgo político.
El uso partidista del Estado –el spoil system- fue erradicado en las democracias modernas a lo largo del siglo XIX y XX. Sobrevive todavía en algunas democracias latinoamericanas de baja calidad. Las decisiones que está tomado el gobierno de Macri pueden ser consideradas como un cambio radical de paradigma en tanto suponen un fuerte compromiso hacia el futuro. Sería impensable que luego de haber tomado decisiones tan drásticas este gobierno pudiera incurrir en las mismas prácticas que ha condenado.
Fuente: NOTIAR (Argentina)