(La Nación) Hay una comprensión atrasada y feudal del Estado que atraviesa la mayoría de los partidos: predominan los lazos primarios y una dinámica de selección escasamente institucionalizada que es desconocida por el resto y, por ende, no democrática. Lógicas tribales que monopolizan y precarizan la burocracia estatal. Es el método informal, primitivo y selectivo del puntero político trasladado a las cumbres del poder.

Por Nicolás José Isola

(La Nación) El Estado argentino se transformó en un club de amigos de la renta estatal. Una nobleza que desprecia tanto los méritos académicos como los de gestión y a la que se accede por portación de apellido o por invisibles cartas de recomendación. Al menos una veintena de altos funcionarios del Gobierno nombró en los últimos meses y años a sus hijos, sobrinos, esposas o hermanos como empleados públicos. La dedocracia llevada a las más altas esferas del poder.

El problema de que la hija del ministro Rossi haya sido nombrada directora del Banco Nación no es que tenga 26 años. Su edad no es motivo de objeción. El problema es que no ganó un concurso público en el que demostrara mayor idoneidad y antecedentes que otros postulantes convocados para ocupar el puesto, como debió haberse hecho. Licenciada en Economía, pero sin experiencia bancaria, entró por la ventana. Antes que ella, el hoy presidente de ese mismo banco, Juan Ignacio Forlón, había ingresado por el mismo lugar: asumió como director en 2013, a los 35 años, sin concurso previo ni antecedentes bancarios. Era, eso sí, amigo de la adolescencia de Máximo Kirchner. La excepción deviene regla.

La burocracia estatal es la maquinaria técnica y administrativa que un gobierno pone a disposición de la sociedad para resolver sus problemas. Para que sea eficaz, se necesitan cuatro condiciones: un sistema de concursos y promociones que reconozca a quienes saben más; reglamentación actualizada; organigramas estables, y control autónomo.

En la Argentina del siglo XX, cada pasaje de un gobierno a otro -democrático o militar- produjo purgas en los cargos. La inestabilidad en los roles, operaciones y funciones institucionales (secretarías, subsecretarías, etc.) entorpeció la consolidación de espacios creativos e innovadores.

Desde la reconstrucción democrática, fue oscilante el modo en que el Estado fortaleció sus capacidades y reformó su administración pública. Buena parte de la dotación estatal se mantuvo en condiciones laborales transitorias y los concursos públicos atendieron más a las pertenencias familiares o partidarias que a la idoneidad de los postulantes.

La discontinuidad y el favoritismo arropados bajo un disfraz refundacionalista fueron operando una desconfianza de la sociedad frente a un Estado lento y poco moderno.

En la actualidad, hay experiencias que muestran cierta modernización estatal. La velocidad para sacar un DNI o la presteza de la AFIP para controlar a ciertos evasores evidencian que cuando el Estado quiere puede. Sin embargo, aun existiendo muchísimos funcionarios competentes, el escenario burocrático-técnico expone falencias estructurales.

Una investigación del Programa de Instituciones Políticas del Cippec que analizó a 300 directores generales y nacionales de la administración pública central designados por concurso destacó que este funcionariado está "débilmente especializado, tiene baja antigüedad en el cargo y es muy volátil". Además, marca que nueve de cada 10 directores nacionales y generales no se presentaron a concurso y fueron designados de manera transitoria, lo que implica menos salario, menos estabilidad y mayor dependencia política.

A la hora de mirar estas falencias estructurales, un caso trillado, pero ineludible, es la intervención del Indec. Ante el desprestigio que sufría el centro de estadísticas, el entonces ministro de Economía Amado Boudou solicitó un informe a un Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento, integrado por cinco universidades nacionales. Allí se señalaba que la baja calidad de los recursos humanos de ciertos programas -como la Encuesta Permanente de Hogares y el Índice de Precios al Consumidor- abonaba la desconfianza de la sociedad hacia las estadísticas. En algunos de los programas, sólo una de cada tres personas era profesional.

Tiene su lógica: cuanto menor es la formación, más fácil es rendirse ante el "dibujo" de las cifras, la falsificación de documentos públicos o los mails internos que invitan a asistir a actos partidarios. Como el cargo no depende del conocimiento, sino de la obediencia, los recursos humanos menos profesionalizados son más fácilmente manipulables. Es sabido: la educación emancipa.

En los últimos meses, diversas voces han expresado su inquietud y han denunciado la ocupación masiva de posiciones de trabajo en la planta permanente estatal: el gran botín del Estado tomado por los "propios".

Una evidencia de la degradación burocrática e institucional es la viveza criolla que en Aerolíneas Argentinas consiguió crear una Gerencia de Planificación Estratégica de Operaciones que está por encima de las gerencias existentes. Su titular, que por supuesto no concursó esa posición, es licenciado en Economía Agropecuaria (por si alguna vaca vuela, quizá). Se trata de "tunear" los organigramas para correr a los que saben y colocar a los íntimos, que no saben, pero acatan.

Este tipo de Estado premoderno y su clientelismo burocrático tienden a otorgar cargos a los amigos y sus clanes familiares, valorizando la fidelidad a la línea de mando y no el conocimiento técnico. Termina pareciéndose a un negocio familiar en donde las normas institucionales son desatendidas.

Se trata de una comprensión atrasada y feudal del Estado que atraviesa la mayoría de los partidos: predominan los lazos primarios y una dinámica de selección escasamente institucionalizada que es desconocida por el resto y, por ende, no democrática. Lógicas tribales que monopolizan y precarizan la burocracia estatal. Es el método informal, primitivo y selectivo del puntero político trasladado a las cumbres del poder.

En verdad, con personal que no sabe, intromisiones políticas, organigramas camaleónicos, reglamentaciones inestables, ausencia de control, capacitación inadecuada y un sistema de promociones misterioso, lo extraño es que algo funcione.

A un panorama plagado de amiguismo y tráfico de influencias se le puede adicionar la inexistencia de contralor y de auditorías vinculantes. Eso permite que desde diciembre de 2013 permanezca acéfala la Defensoría del Pueblo, órgano independiente en el ámbito del Congreso de la Nación establecido por la Constitución. Ni la sociedad ni los medios presionan por ello.

En este río revuelto, los pescadores de turno privilegian los estándares que amplifican su poder y empobrecen la calidad institucional, todo bajo el paraguas de la impunidad que ningunea a la Justicia y hace caja. Así, se indican postulantes a la Cámara Federal de Casación Penal sin experiencia alguna en el Poder Judicial. Dale que va.

Éste es un mensaje muy fuerte que se da a la población desde el poder (tan fuerte como la indolencia de viajar en primera clase cuando mueren los votantes ahogados).

Se juega con el Estado y con la palabra pública como si fueran lúdicos, y no dramáticos, los daños que se causan. Cuando el Estado y sus funcionarios no saben y se desentienden, entonces es más fácil que exista una tragedia de Once; que fallezca Néstor Femenía desnutrido de 7 años y que el certificado de defunción indique sólo "enfermedad"; que mujeres como Maira Belén Morán mueran acuchilladas (con sus denuncias desestimadas), y que inundaciones como las de estos días sean atribuidas al cambio climático en vez de a las obras hídricas pendientes.

Muchas vidas dependen de que quien esté a cargo sepa y haga algo. Pero eso no ocurre. En la puerta de ese Estado que se ausenta hay un oráculo escrito con desidia que dice: "No se preocupe. aquí no hace falta saber".

Fuente: La Nación (Buenos Aires, Argentina)