27.05.15Un ministro en la cuerda floja
(El Observador) Fernández Huidobro en el último semestre chocó con Serpaj y con los activistas de derechos humanos. La Mesa Política del FA, el viernes pasado, cuestionó explícitamente sus últimas declaraciones. Varias fracciones del FA y las redes frenteamplistas ya reclaman su renuncia. A esta altura, parece difícil que pueda aportar ni informaciones ni soluciones al presidente. Por el contrario, todo indica que se está convirtiendo en un dolor de cabeza y en un gran problema.Por Adolfo Garcé
(El Observador) El presidente Tabaré Vázquez, desde que comenzó su segundo mandato, ha enviado señales contradictorias acerca de cuál habrá de ser su política en lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por un lado, reafirmó su compromiso con la Verdad y la Justicia. Por el otro, designó al ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa Nacional. Observemos este asunto un poco más de cerca.
Vázquez, lo escribí muchas veces, fue un presidente centrista. A pesar de sus maneras moderadas y pese a que, por ejemplo, la política económica por la que optó fue decididamente market-friendly, durante su primera presidencia se llevaron adelante algunas reformas de porte mayor, como la reestructura del sistema de salud y la implantación del Impuesto a la Renta.
Ese mismo presidente, en tantos sentidos tan centrista, tampoco fue moderado en lo que refiere a la cuestión de los derechos humanos. Al menos no lo fue durante los primeros dos años de su mandato. Ordenó excavaciones, perforó la ley de Caducidad, destituyó a un comandante en jefe del Ejército, e hizo esfuerzos impactantes por obtener información.
No habrá hecho temblar las raíces de los árboles. Pero excavó cada centímetro cúbico de pasto de los cuarteles militares. Es cierto, nunca estuvo dispuesto a derogar la ley de Caducidad como pretendían algunas fracciones frenteamplistas. Pero nadie puede negar que el tema derechos humanos estuvo, especialmente al inicio, en el centro de su agenda.
Es igualmente cierto que, en determinado momento, sacó el pie del acelerador. ¿Se conformó con los resultados obtenidos? ¿Llegó a la conclusión de que era imposible ir más lejos? No lo sabemos. El hecho es que en diciembre de 2006 anunció el fin de las excavaciones y propuso convertir el feriado del 19 de junio en el Día del Nunca Más. No tuvo eco. Su propio partido, el FA, rechazó enfáticamente el enfoque presidencial. Sobre el final de su mandato vio organizarse, crecer y casi triunfar la campaña a favor de la anulación de la ley de Caducidad. Más tarde, durante el gobierno de Mujica, comprobó cómo, luego de múltiples intentos, a instancias del FA, se aprobaba una ley que, en los hechos, anulaba la Caducidad.
La reciente creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, puesta en esta perspectiva, es una señal importante. Parece anunciar el regreso de aquel primer Vázquez, el que se mostraba decidido a conseguir información y dispuesto a hacer toda la presión posible sobre las FFAA con tal de alcanzar sus objetivos.
***
El relanzamiento de la vieja obsesión vazquista con la Verdad y la Justicia, mirado a simple vista, es contradictorio con la ratificación de Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa. No hago más que decir lo obvio si afirmo que el jerarca referido tiene otras prioridades, desde la contaminación del agua a la reorganización de los servicios de inteligencia del Estado, pasando por el presupuesto militar. Como cualquier persona tiene derecho a abrazar sus propias convicciones.
Habiendo sido uno de los principales referentes del más importante movimiento guerrillero durante la larga antesala del quiebre de la democracia, es perfectamente comprensible (al menos para quien firma estas líneas), que considere que es injusto pretender hacer justicia. Es cierto que durante los primeros meses de su actuación como ministro en el gobierno de José Mujica fueron hallados los restos de Julio Castro (diciembre 2011) y Ricardo Blanco (marzo 2012). Es obvio que no le puede resultar indiferente, por más que tenga otras prioridades, que aparezcan o no restos de detenidos-desaparecidos. Pero, todo indica que, si fuera por él, sin pestañar, daría vuelta la página.
Lo dicho antes lo piensa todo Uruguay. El presidente, por ende, no tiene cómo ignorarlo. Si es así, ¿por qué, cuando organizó su gabinete en diciembre del año pasado, lo ratificó en este cargo? ¿Por qué Vázquez tiene en su gabinete, en un puesto clave, a un dirigente que no tiene entre sus prioridades las consignas de Verdad y Justicia? Se me ocurren apenas dos explicaciones. En primer lugar, es posible que el presidente simplemente esté intentando conformar a dos públicos distintos. La creación del Grupo de Trabajo estaría orientada a dar satisfacción, al menos parcial, a los demandas de los activistas de derechos humanos y del ala izquierda del FA. La ratificación de Fernández Huidobro, por su parte, buscaría enviar señales de buena voluntad hacia las FFAA. En segundo lugar, también es posible que el presidente haya considerado que la buena relación de su ministro con la corporación militar, tarde o temprano, debería facilitar la obtención y circulación de información. Dicho de otra manera, la conformación del mencionado Grupo de Trabajo y la actuación de Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa podrían no ser señales opuestas sino decisiones complementarias.
En cualquier caso, el grado de deterioro de la imagen del ministro de Defensa ante la mayoría de los dirigentes y militantes frenteamplistas ya superó cualquier límite políticamente razonable. Cada día que pasa las críticas que recibe se vuelven más duras y por tanto, se torna más oneroso políticamente para el presidente sostenerlo en su cargo.
Fernández Huidobro en el último semestre chocó con Serpaj y con los activistas de derechos humanos. La Mesa Política del FA, el viernes pasado, cuestionó explícitamente sus últimas declaraciones. Varias fracciones del FA y las redes frenteamplistas ya reclaman su renuncia. A esta altura, parece difícil que pueda aportar ni informaciones ni soluciones al presidente. Por el contrario, todo indica que se está convirtiendo en un dolor de cabeza y en un gran problema.
(El Observador) El presidente Tabaré Vázquez, desde que comenzó su segundo mandato, ha enviado señales contradictorias acerca de cuál habrá de ser su política en lo relacionado con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por un lado, reafirmó su compromiso con la Verdad y la Justicia. Por el otro, designó al ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa Nacional. Observemos este asunto un poco más de cerca.
Vázquez, lo escribí muchas veces, fue un presidente centrista. A pesar de sus maneras moderadas y pese a que, por ejemplo, la política económica por la que optó fue decididamente market-friendly, durante su primera presidencia se llevaron adelante algunas reformas de porte mayor, como la reestructura del sistema de salud y la implantación del Impuesto a la Renta.
Ese mismo presidente, en tantos sentidos tan centrista, tampoco fue moderado en lo que refiere a la cuestión de los derechos humanos. Al menos no lo fue durante los primeros dos años de su mandato. Ordenó excavaciones, perforó la ley de Caducidad, destituyó a un comandante en jefe del Ejército, e hizo esfuerzos impactantes por obtener información.
No habrá hecho temblar las raíces de los árboles. Pero excavó cada centímetro cúbico de pasto de los cuarteles militares. Es cierto, nunca estuvo dispuesto a derogar la ley de Caducidad como pretendían algunas fracciones frenteamplistas. Pero nadie puede negar que el tema derechos humanos estuvo, especialmente al inicio, en el centro de su agenda.
Es igualmente cierto que, en determinado momento, sacó el pie del acelerador. ¿Se conformó con los resultados obtenidos? ¿Llegó a la conclusión de que era imposible ir más lejos? No lo sabemos. El hecho es que en diciembre de 2006 anunció el fin de las excavaciones y propuso convertir el feriado del 19 de junio en el Día del Nunca Más. No tuvo eco. Su propio partido, el FA, rechazó enfáticamente el enfoque presidencial. Sobre el final de su mandato vio organizarse, crecer y casi triunfar la campaña a favor de la anulación de la ley de Caducidad. Más tarde, durante el gobierno de Mujica, comprobó cómo, luego de múltiples intentos, a instancias del FA, se aprobaba una ley que, en los hechos, anulaba la Caducidad.
La reciente creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, puesta en esta perspectiva, es una señal importante. Parece anunciar el regreso de aquel primer Vázquez, el que se mostraba decidido a conseguir información y dispuesto a hacer toda la presión posible sobre las FFAA con tal de alcanzar sus objetivos.
***
El relanzamiento de la vieja obsesión vazquista con la Verdad y la Justicia, mirado a simple vista, es contradictorio con la ratificación de Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa. No hago más que decir lo obvio si afirmo que el jerarca referido tiene otras prioridades, desde la contaminación del agua a la reorganización de los servicios de inteligencia del Estado, pasando por el presupuesto militar. Como cualquier persona tiene derecho a abrazar sus propias convicciones.
Habiendo sido uno de los principales referentes del más importante movimiento guerrillero durante la larga antesala del quiebre de la democracia, es perfectamente comprensible (al menos para quien firma estas líneas), que considere que es injusto pretender hacer justicia. Es cierto que durante los primeros meses de su actuación como ministro en el gobierno de José Mujica fueron hallados los restos de Julio Castro (diciembre 2011) y Ricardo Blanco (marzo 2012). Es obvio que no le puede resultar indiferente, por más que tenga otras prioridades, que aparezcan o no restos de detenidos-desaparecidos. Pero, todo indica que, si fuera por él, sin pestañar, daría vuelta la página.
Lo dicho antes lo piensa todo Uruguay. El presidente, por ende, no tiene cómo ignorarlo. Si es así, ¿por qué, cuando organizó su gabinete en diciembre del año pasado, lo ratificó en este cargo? ¿Por qué Vázquez tiene en su gabinete, en un puesto clave, a un dirigente que no tiene entre sus prioridades las consignas de Verdad y Justicia? Se me ocurren apenas dos explicaciones. En primer lugar, es posible que el presidente simplemente esté intentando conformar a dos públicos distintos. La creación del Grupo de Trabajo estaría orientada a dar satisfacción, al menos parcial, a los demandas de los activistas de derechos humanos y del ala izquierda del FA. La ratificación de Fernández Huidobro, por su parte, buscaría enviar señales de buena voluntad hacia las FFAA. En segundo lugar, también es posible que el presidente haya considerado que la buena relación de su ministro con la corporación militar, tarde o temprano, debería facilitar la obtención y circulación de información. Dicho de otra manera, la conformación del mencionado Grupo de Trabajo y la actuación de Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa podrían no ser señales opuestas sino decisiones complementarias.
En cualquier caso, el grado de deterioro de la imagen del ministro de Defensa ante la mayoría de los dirigentes y militantes frenteamplistas ya superó cualquier límite políticamente razonable. Cada día que pasa las críticas que recibe se vuelven más duras y por tanto, se torna más oneroso políticamente para el presidente sostenerlo en su cargo.
Fernández Huidobro en el último semestre chocó con Serpaj y con los activistas de derechos humanos. La Mesa Política del FA, el viernes pasado, cuestionó explícitamente sus últimas declaraciones. Varias fracciones del FA y las redes frenteamplistas ya reclaman su renuncia. A esta altura, parece difícil que pueda aportar ni informaciones ni soluciones al presidente. Por el contrario, todo indica que se está convirtiendo en un dolor de cabeza y en un gran problema.