Artículos

11.03.15

Frente Amplio y empresas públicas

(El Observador) Para algunos es fundamental que no generen déficit fiscal. Para otros deben jugar un papel clave en la industrialización del país. Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, es fundamental que las inversiones de las empresas públicas, durante el próximo gobierno, se ajusten a un plan global.
Por Adolfo Garcé

(El Observador) Está empezando un nuevo gobierno del Frente Amplio. Tabaré Vázquez, fiel a su estilo, se esfuerza por pasar el plumero y poner la casa en orden. Aunque por ahora reina la armonía no hay que creer que faltarán las tensiones. La semana pasada argumenté que vale la pena estar atentos a los eventuales conflictos dentro de tiendas frenteamplistas entre un ejecutivo integrado, en esencia, por leales al presidente Vázquez y un legislativo en el que prevalecen sus rivales. Esto no implica, desde luego, que no puedan existir también controversias y disputas dentro del Poder Ejecutivo. Me gustaría, hoy, profundizar en este asunto. Para hacerlo es preciso repasar algunos asuntos doctrinarios que agitan hace tiempo el debate en tiendas del FA.

Los frenteamplistas, en el plano de los valores y creencias, comparten el anhelo de compatibilizar crecimiento económico con igualdad social. Todos ellos piensan que el Estado tiene un papel importante a jugar en la construcción de esta difícil conciliación de objetivos. Pero cuando se desciende desde el plano de los objetivos generales al de las políticas específicas empiezan a aparecer diferencias importantes. Por ejemplo, para todos es fundamental cuidar los equilibrios macroeconómicos (minimizar el déficit fiscal, mantener los precios bajo control, evitar la apreciación de la moneda local). Pero para algunos los objetivos macroeconómicos terminan siendo, en los hechos, más importantes que para otros.

Esto es exactamente lo que ocurre con las empresas públicas. Todos los frenteamplistas, retomando la vieja tradición batllista, piensan que tienen un papel decisivo a cumplir. El Programa del FA (2015-2020) refleja muy bien esta visión: “En la construcción de un modelo de desarrollo diferente (…), el Estado tiene a su cargo la conducción de las áreas estratégicas del país. Entre sus principales herramientas se encuentran las actuales empresas públicas, sean entes autónomos o servicios descentralizados”.1 Además, los frenteamplistas advierten que existe una tensión difícil de resolver entre el impacto que tiene la actividad de estas empresas en la macroeconomía y el que tiene (o debería tener) en el desarrollo económico nacional. Pero evidencian, en la práctica de gobierno, visiones distintas respecto a qué hay que priorizar, si el cuidado de los equilibrios de corto plazo o la estrategia de desarrollo de largo plazo.

Para algunos es fundamental que no generen déficit fiscal. Para otros deben jugar un papel clave en la industrialización del país. Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori, es fundamental que las inversiones de las empresas públicas, durante el próximo gobierno, se ajusten a un plan global. “Lo que no nos puede pasar” –declaró recientemente a Radio Uruguay– “es que cada empresa decida por sí misma, como ocurrió en los últimos años”. El énfasis del MEF en el control de la inversión de las empresas públicas es visto, a su vez, con preocupación por los desarrollistas. En verdad, no suscriben el diagnóstico anterior. En un documento de balance de la gestión de la OPP (uno de los bastiones del desarrollismo durante el gobierno de José Mujica), se sostiene que “no es de recibo el argumento de que el deterioro del déficit fiscal en 2014 respecto a 2013 es atribuible al comportamiento de las Empresas Públicas”.2

El debate está instalado y promete convertirse en uno de los más significativos del próximo período de gobierno. Los astoristas, a pesar de su mala performance electoral en octubre, gracias al respaldo del presidente Vázquez, controlan todos los cargos ejecutivos directamente vinculados a la macroeconomía. Los desarrollistas están muy bien representados en el Poder Ejecutivo por dos figuras en ascenso como el vicepresidente Raúl Sendic y la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Ambos demostraron con hechos, a lo largo de sus respectivas gestiones en empresas públicas (al frente de ANCAP, el primero, y de ANTEL, la segunda), hasta qué punto creen que las empresas públicas deben jugar un papel central como palancas de primer orden en el impulso hacia el desarrollo. Ambos sectores tienen cargos influyentes y argumentos teóricos potentes.

Habrá que ver qué papel termina jugando en este pleito la OPP bajo la dirección de Álvaro García. Esta oficina dispone de una herramienta poderosa para controlar la inversión: el Sistema Nacional de Inversión Pública (creado en 2011). Sin embargo, chocar en este punto con los desarrollistas puede generarle un costo político serio en términos de sus aspiraciones políticas futuras. Los líderes que despegan políticamente en el FA (como Sendic y Cosse) son los que se identifican públicamente con el viejo sueño, antes batllista y ahora frenteamplista, de un Estado promotor, fuerte, influyente.

En suma. Las empresas públicas están llamadas a ser un escenario privilegiado del pleito entre desarrollistas y astoristas. La polémica acerca de sus gastos e inversiones resonará en el Parlamento.

Pero que nadie se asombre si estalla también dentro del Poder Ejecutivo. Para unos y otros es mucho lo que hay en juego. 

1 Bases Programáticas. Tercer gobierno nacional del Frente Amplio 2015-2020. Disponible en:http://www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=articulo&ID=1013

2 Desafíos políticos de la planificación. La OPP 2010-2014. Disponible en:http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2015/noticias/NO_P187/opp_documento.pdf

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)