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Adolfo Garcé

Dinámica electoral y legado político del sí a la baja

(El Observador) La movilización en torno a la “baja” de la imputabilidad, iniciada por Pedro Bordaberry desde Vamos Uruguay, hizo posible que todo el sistema de partidos tome nota de hasta qué punto la ciudadanía está preocupada por la seguridad.

Por Adolfo Garcé
23 de julio de 2014
 

(El Observador) Las encuestas acerca de la reforma constitucional que propone bajar la edad de imputabilidad penal empiezan a cambiar de tono. Durante años, cerca de dos tercios de los encuestados manifestaban estar dispuestos a apoyar la reforma. Según los datos de Cifra (que son consistentes con los de otras empresas similares), el porcentaje de la ciudadanía a favor de la baja pasó de 65% en junio de 2011 a 50% en julio de 2014. El asunto merece varias lecturas.

Empecemos por intentar entender las razones de este cambio. En primer lugar, hay que descartar que la disminución del apoyo a la reforma derive de una mayor sensación de seguridad pública. Más allá de la evolución efectiva de los delitos durante estos tres años, los sondeos muestran claramente que la inseguridad sigue encabezando el ranking de los principales problemas del país. En segundo lugar, no creo que la explicación del cambio en la intención de voto hacia el plebiscito pueda explicarse por las campañas de las respectivas comisiones, la que promueve la reforma constitucional y la que se opone a ella. Ambas han trabajado con intensidad y compartido con la ciudadanía sus datos y argumentos. Pero lo nuevo vino por otro lado.

Para dar cuenta de lo que pasó hay que prestar especial atención al factor liderazgo, esto es, a cómo se posicionaron los principales referentes de los partidos en torno a la cuestión de la baja. Tabaré Vázquez, desde el inicio mismo de su campaña hacia junio, hizo énfasis en su posición contraria a la reforma. Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou, los principales referentes políticos de la reforma propuesta, prefirieron transitar por otros temas (como política económica y reforma educativa). Dicho de otra manera: los defensores de la reforma optaron por tener un perfil bajo en este tema y por priorizar otros asuntos; los opositores, en cambio, no ahorraron energías a la hora de criticar la reforma constitucional.

Sin perjuicio de la demanda de renovación que sopla en el sistema político y que se manifestó el 1º de junio, es evidente que los partidos políticos y sus líderes siguen siendo muy influyentes en el proceso de formación de la opinión pública. Sin embargo, no son los únicos formadores de opinión relevantes. A menudo, otras voces logran hacerse oír en el debate público. En el caso que nos ocupa, tuvieron una repercusión muy amplia las declaraciones contrarias a la baja de la edad de imputabilidad de Daniel Sturla, el nuevo arzobispo de Montevideo.

A esta altura, dada la información que surge de las encuestas, no es fácil hacer un pronóstico tajante. Todo indica que, también en este sentido, la campaña electoral agosto-octubre será decisiva. Habrá que estar muy atentos a las estrategias y discursos de cada partido. Para empezar, en un escenario político como el que se abrió después del 1º de junio, es decir, en una competencia en la que cada voto cuenta, no creo que el FA vaya a insistir mucho en argumentar en contra de la baja (la inseguridad es uno de los principales flancos débiles de la gestión frenteamplista). No creo tampoco que la fórmula del PN priorice este asunto, entre otras razones, porque existen claras diferencias de enfoque en este punto entre Lacalle Pou y Larrañaga.

En este contexto, se vuelve a abrir una oportunidad para el PC. Liderando la campaña de recolección de firmas que hizo posible el plebiscito sobre este tema logró crecer en intención de voto entre 2011 y 2013. En este momento, el 50% de los ciudadanos está a favor de la baja. Si el PN baja la guardia con este tema (pensando desde ya en el balotaje con Vázquez), a los colorados podría convenirles volver a convertir la cuestión de la inseguridad y la defensa de la propuesta de reforma constitucional en uno de sus principales ejes de campaña.

No me atrevo a pronosticar un resultado. Independientemente de su resultado final, esta campaña valió la pena. Voy a decirlo de un modo más polémico: desde mi punto de vista fue una campaña democratizadora. La movilización en torno a la “baja” de la imputabilidad, iniciada por Pedro Bordaberry desde Vamos Uruguay, hizo posible que todo el sistema de partidos tome nota de hasta qué punto la ciudadanía está preocupada por la seguridad.

La democracia directa en el mundo funciona de varias maneras. A veces, es promovida “desde arriba”, esto es, por los gobernantes como parte de una estrategia para permanecer en el poder. Otras veces, es promovida “desde abajo”. En estos casos, también está ligada a estrategias de supervivencia política, en estos casos, de partidos de oposición que intentan, canalizando demandas insatisfechas, abrirse camino hacia el poder. Esto es exactamente lo que ha pasado en nuestro país. La oposición logró sintonizar con la frustración de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero la campaña fue democratizadora en otro sentido, también muy importante. Puso de manifiesto que los partidos no están obligados a tener las mismas posiciones en todos los temas. La confrontación entre los argumentos de unos y otros permite poner de manifiesto discrepancias no triviales entre los partidos en un tema clave. Esto también es fundamental. La democracia representativa solamente tiene sentido si las ofertas de los partidos no son idénticas.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

 
Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.