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Adolfo Garcé

Iglesia, inseguridad y campaña electoral en Uruguay

(El Observador) Los recientes pronunciamientos de Daniel Sturla, nuevo arzobispo de Montevideo, constituyen un hecho político insoslayable. Aunque también se refirió a la nueva regulación del cannabis, sus palabras más impactantes fueron las referidas a la reforma constitucional que se plebiscitará en octubre y que propone la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Durante la semana pasada, el nuevo jerarca manifestó que la propuesta referida no es la solución para el problema de la inseguridad.

Por Adolfo Garcé
3 de mayo de 2014
 

(El Observador) Los politólogos uruguayos, educados en el credo de la “partidocracia”, estamos acostumbrados a pensar nuestra dinámica política a partir de los partidos y sus fracciones. Desde luego, hay excelentes razones para esto: los partidos fueron, casi desde el comienzo de nuestra vida independiente, y todavía siguen siendo los protagonistas principales de nuestro sistema político (construyeron la idea de nación, edificaron el Estado moderno e impulsaron los sucesivos cambios de paradigma en las distintas políticas públicas).

Sin embargo, otros actores juegan y pesan en la formación de actitudes y, por ende, en las decisiones electorales. Un primer ejemplo de estos otros actores lo constituyen los centros de investigación independientes como Ceres que, cada tanto, dejan su huella en el debate público a partir de resultados de investigación. Otro tanto ocurre con los pronunciamientos de los tribunales judiciales que, como hemos visto este año, pueden provocar terremotos en el tablero político. Un tercer ejemplo lo ofrece la Iglesia Católica. Incluso en Uruguay, el país más secularizado del continente, sus declaraciones calan hondo, forman opinión y afectan la competencia política.

Los recientes pronunciamientos de Daniel Sturla, nuevo arzobispo de Montevideo, mirados desde este punto de vista, constituyen un hecho político insoslayable. Aunque también se refirió, durante los últimos días, a la nueva regulación del cannabis, sus palabras más impactantes fueron las referidas a la reforma constitucional que se plebiscitará en octubre y que propone la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Durante la semana pasada, el nuevo jerarca manifestó que la propuesta referida no es la solución para el problema de la inseguridad.

Estas declaraciones circularon en una coyuntura especialmente delicada de la campaña electoral. En el Frente Amplio, a partir de declaraciones del ministro Eduardo Bonomi a Brecha, se acababa de instalar una discusión acerca de la orientación de la campaña “No a la baja”. Los dichos de Sturla se derramaron como aceite sobre las olas y contribuyeron a calmar los ánimos. Para el FA, obviamente, la aprobación de la reforma constitucional sería una gran derrota política y una señal muy fuerte acerca del debilitamiento de su capacidad de producir “sentido común” y de construir hegemonía (para decirlo en los elocuentes códigos gramscianos).

En el Partido Nacional, el pronunciamiento del nuevo arzobispo llegó en el mejor momento de la campaña de Lacalle Pou (luego de su exitoso acto en el Palacio Peñarol y de conseguir la adhesión del senador y excanciller Sergio Abreu). Y cayó como un balde de agua fría. Tómese en cuenta que, en la campaña del nuevo líder nacionalista, el apoyo a la baja de la imputabilidad venía ocupando un lugar de destaque. Esto, a su vez, era perfectamente lógico dado el clima de opinión que ha prevalecido a lo largo de todos estos meses en torno a este tema (amplia mayoría a favor de la reforma). Mientras tanto, la vuelta de tuerca en el discurso público de la Iglesia representó una excelente noticia para el otro precandidato del PN, Jorge Larrañaga, que le permite abordar la recta final de la campaña hacia la primaria confirmando su favoritismo.

Es obvio que el principal perjudicado por el punto de vista de las autoridades de la Iglesia uruguaya es Pedro Bordaberry, quien ha sido, contra viento y marea, y desde el comienzo, el gran impulsor de esta propuesta. Es cierto que, durante los últimos meses, el líder del Partido Colorado venía dejando este asunto en un segundo plano, supongo que en el marco de la, tantas veces mentada, búsqueda de los esquivos electores centristas y de las malas noticias que ha venido recibiendo sistemáticamente desde las empresas especializadas en la medición de la intención de voto (el PC no ha logrado despegar).

En todo caso, si Bordaberry pensaba cambiar de estrategia después de junio y apostar más fuerte al tema de la inseguridad valiéndose de su protagonismo en la propuesta de reforma constitucional seguramente tenga que ir diseñando un “plan B”. Su propuesta acaba de recibir un golpe duro. Su rival más probable en la competencia por un lugar en el balotaje, Larrañaga, en este nuevo entorno político, tiene un discurso sobre este tema mejor blindado que el suyo. Logró combinar su oposición de principios a la rebaja de la edad de imputabilidad con una campaña de “mano dura a la delincuencia” de alto perfil, que se ajusta al reclamo mayoritario de los electores de todos los grupos sociales.

Empecé esta columna sosteniendo que los partidos no son los únicos actores políticos relevantes. Sin embargo, por paradójico que pueda parecer, el episodio de las declaraciones de Sturla y el debate sobre sus impactos electorales constituyen una prueba adicional del poder de los partidos y de su posición central en el sistema político uruguayo A nadie se le escapa que el nuevo arzobispo, desde que asumió su cargo, ha desplegado una intensa actividad (contactos, visitas, gestos, declaraciones). Pero solamente logró ocupar el centro del escenario político cuando se atrevió a sumergirse de lleno en un tema clave de la disputa por el poder entre los partidos.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

 
Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.