Artículos / Opinión
Elías Amor Bravo

Los experimentos en el sector comercial castrista: un nuevo fracaso anunciado

El estado castrista mantiene la reserva de propiedad de los activos e inmuebles físicos puestos a disposición de la actividad comercial, y recauda no sólo las rentas de los alquileres, sino la variada gama de impuestos y tasas que recaen sobre los nuevos emprendedores, lo que supone una pesada presión fiscal que puede poner en peligro las nuevas iniciativas.

Por Elías Amor Bravo
16 de noviembre de 2013
 

El anunciado experimento de reformas en las nuevas “formas comerciales” en tres provincias cubanas, La Habana, Artemisa y Mayabeque, anunciado por el régimen castrista tiene poco recorrido.

Son varias las razones que nos llevan a mostrarnos escépticos con respecto a estas nuevas medidas integradas en los llamados “Lineamientos”, y que han sido publicadas en un reglamento en la Gaceta Oficial: como si una economía se pudiera activar a golpe de normas administrativas. No han aprendido la lección, o lo que es peor, no la quieren aprender.

Todas las nuevas “formas comerciales” anunciadas dependen, en exclusiva, del estado, que sigue siendo el que controla y posee los activos físicos necesarios para la prestación de los servicios. De ese modo, las funciones del estado se amplifican y aumentan de dimensión. El estado autoriza a los nuevos trabajadores por cuenta propia para poder realizar su actividad, concede las licencias y permisos a los que pretendan alquilar puestos en los mercados mayoristas y minoristas, es el que determina quién puede obtener un local en alquiler para realizar sus actividades comerciales y establece por medio de los consejos provinciales, las funciones y el ámbito de actuación de los vendedores ambulantes. Nada queda al margen del poder estatal.

La mayor parte de la actividad comercial se somete así al control directo del aparato político burocrático del estado y la regulación emanada de éste, con todas sus consecuencias.

A las nuevas “formas comerciales” no se les reconoce el derecho a ser propietarios de los activos en que van a realizar sus funciones. A lo sumo, podrán alquilar o arrendar, pero nunca serán propietarios del suelo en que prestan sus servicios. Se les excluye de este derecho abiertamente.

No existen fórmulas que vinculen, de forma eficiente, la producción en origen con la distribución y la actividad del vendedor final al consumidor. La escasa transparencia de los canales, su excesiva longitud y la escasa eficacia que cabe esperar de los mismos, apunta a que los mismos problemas de siempre se seguirán presentando en el arcaico panorama comercial castrista.

Se mantiene la existencia de productos con precios regulados y controlados por el régimen en unos determinados establecimientos, y al resto solo se permite vender a precios determinados por oferta y demanda. Esto supone una situación asimétrica que puede generar distorsiones en el comportamiento del conjunto del sector.

Tampoco queda resuelto el problema de los transportes y la logística, al no permitir el acceso a la propiedad privada de los mismos, lo que supondrá el mantenimiento de la arbitrariedad burocrática y política que ha marcado los últimos 55 años de existencia de la economía.

No se autoriza, ni siquiera se plantea, el desarrollo de nuevas formas de organización comercial, ni tampoco se piensa en fomentar la mejora tecnológica del sector en beneficio de los ciudadanos. Por el contrario, la pluralidad de establecimientos del estado cedidos o alquilados a particulares, hace presagiar un uso ineficiente, y bajos niveles de inversión en mantenimiento y acondicionamiento de las estructuras de prestación de los servicios.

La “venta ambulante”, como actividad por cuenta propia reconocida por el estado, pone de manifiesto qué espacios de libertad e iniciativa emprendedora permite el castrismo para el ejercicio de la iniciativa privada: ninguno.

Tampoco se indica cuál va a ser el procedimiento que seguirán las autoridades burocráticas  para la adjudicación de las “tarimas” en los mercados mayoristas, ni cuál va a ser el proceso que se siga para el arrendamiento de los espacios ni en que criterios se basará, de las grandes empresas a las más pequeñas.

El estado castrista mantiene la reserva de propiedad de los activos e inmuebles físicos puestos a disposición de la actividad comercial, y recauda no sólo las rentas de los alquileres, sino la variada gama de impuestos y tasas que recaen sobre los nuevos emprendedores, lo que supone una pesada presión fiscal que puede poner en peligro las nuevas iniciativas.

Finalmente, y no por ello menos relevante, no existen planes de formación y actualización en técnicas comerciales, de atención al cliente, merchandising, gestión de los comercios a los nuevos emprendedores, que deberán ir aprendiendo sobre la marcha una actividad que en los últimos 55 años ha sido prácticamente borrada de la economía castrista.

La conclusión que cabe extraer de todo ello es que no cabe esperar grandes resultados de este experimento, cuya generalización al resto de la economía va para largo. Y en esa seguimos. Sin hacer lo que realmente se tiene que hacer, y lo que es peor, sin ganas políticas de hacerlo.

 
Acerca del autor
Elías Amor Bravo
Elías Amor Bravo
Elías Amor Bravo es Economista y miembro de la Unión Liberal Cubana.