(Prensa y Expresión) Así como en Ecuador y Nicaragua, los gobiernos de Argentina y Venezuela no han tenido vergüenza para atacar a los medios y periodistas críticos, aduciendo su carácter mercantilista, corrupto y desestabilizador. Leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, ha sido norma constante.

Por Ricardo Trotti

(Prensa y Expresión) El cambio de política editorial de la televisora venezolana Globovisión y la amenaza del presidente Nicolás Maduro de exigir el retiro de la señal de CNN en Venezuela, así como las nuevas leyes en la ciudad de Buenas Aires y en Córdoba que prohíben al gobierno de Cristina Kirchner abusar de la libertad de prensa, demuestran el papel relevante de los medios privados comerciales en una democracia.

Así como en Ecuador y Nicaragua, los gobiernos de Argentina y Venezuela no han tenido vergüenza para atacar a los medios y periodistas críticos, aduciendo su carácter mercantilista, corrupto y desestabilizador. Leyes que violan preceptos constitucionales de no legislar en contra de la libertad de prensa, persecución judicial y el acoso económico para debilitar a los medios y quedarse con su propiedad, ha sido norma constante.

Más allá de los abusos, el problema es que estos gobiernos han tenido éxito para confundir al público sobre el rol del periodismo independiente en la sociedad, destruyendo una incipiente cultura sobre libertad de prensa que comenzó a gestarse con las nuevas democracias. Que existan medios y periodistas malos como en cualquier otra disciplina es normal, pero de ahí a justificar ataques contra la crtica, el disenso y la opinión, no es más que una contradicción al mandato gubernamental.

Ante la confusión, valga recordar por qué son necesarios los medios privados en un ambiente en que los políticos, en general, los consideran imprescindibles para la democracia cuando son oposición y una amenaza cuando están en el gobierno. El caso del prócer estadounidense Thomas Jefferson, sirve de ejemplo. Cuando resistía el poder colonial del rey Jorge III de Inglaterra, dijo preferir periódicos a gobiernos, hasta que fue presidente y, harto de las críticas, condenó reiteradamente a la prensa.

Aquel estilo “jeffersionano” de tensión entre medios y gobiernos, fue natural en la evolución de la prensa en las Américas, desde que era subsidiada y servía como vocera de partidos políticos, hasta que se benefició con la irrupción de las tecnologías de la comunicación que antecedieron al internet, como el telégrafo, las imprentas para periódicos, la radio y la televisión, haciendo más barata y rápida la confección y distribución de noticias.

Aquella masificación informativa y el desarrollo tecnológico introdujeron la publicidad y las suscripciones, lo que permitió a los medios tener rentabilidad y ganar independencia despegándose de subsidios y favores gubernamentales. Ello permitió mantener la operación compleja y cara de producir noticias, aumentar la profesionalización y, por contrato social, convertirse en un “cuarto poder” para fiscalizar a los tres poderes públicos, exigiéndoles rendición de cuentas frente a los ciudadanos, los verdaderos dueños del Estado.

Engañar sobre que los medios privados no deben ser rentables como predican Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, o que comunicar la verdad es solo posible a través de los medios estatales, es solo un justificativo para agrandar sus aparatos de propaganda y beneficios electorales.

En el caso de Venezuela el acoso económico contra Globovisión mediante multas, presión contra anunciantes privados y amenazas de no renovación de la licencia de operación, es un ejemplo más de un modelo malversado y reiterado que busca imponer dueños allegados al gobierno para silenciar la crítica y neutralizar la independencia.

En Argentina, las nuevas leyes de protección a la libertad de prensa impulsadas en Buenos Aires y Córdoba, prohíben al gobierno nacional que en esas jurisdicciones continúe con su política de destrucción de medios privados. Pese a la polémica, se trata de medidas extraordinarias para que se cumpla con la Constitución, un documento que aunque acomodan y reforman los políticos a su gusto, no tiene otro propósito que imponer límites y controles al gobierno para que no pueda cometer abusos contra las libertades individuales y sociales, incluidas las de prensa y expresión.

Aunque todos los gobiernos se digan respetuosos de la libertad de prensa, solo existe plenamente en aquellos países donde, desde el poder, se incentiva la abundancia de medios privados comerciales y se respeta que puedan operar con libertad e independencia, dentro de un modelo de rentabilidad razonable.

Fuente: (Prensa y Expresión)