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Carlos Malamud

Una buena nueva en un mar de calamidades

(Infolatam) Si bien todavía no se han cruzado las líneas rojas que separan las democracias de los regímenes autoritarios, en ciertos casos los márgenes se están estrechando dramáticamente. La radicalización de algunos gobiernos, el deseo a ultranza de hacer avanzar revoluciones inexistentes o el creciente incumplimiento de la ley con el falaz argumento de respetar la voluntad de las mayorías son factores a considerar en el futuro inmediato.

Por Carlos Malamud
Twitter: @CarlosMalamud
13 de mayo de 2013
 

(Infolatam) La condena a Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y genocidio es una gran noticia en el actual contexto latinoamericano. Y lo es por varias cuestiones, comenzando por los avances logrados en la última década en la defensa de los derechos humanos, pero también por el simbolismo inequívoco de cuán importante es la independencia del poder judicial en la lucha constante por el bienestar social.

En estos tiempos convulsos, cuando en varios países aumenta la subordinación de la justicia y de los jueces al poder presidencial, se agradecen señales de este tipo. A esto se agrega la embestida de algunos gobiernos contra el sistema interamericano de derechos humanos, que tanto ha hecho y sigue haciendo en su campo específico de actuación.

A diferencia de la excelente noticia anterior, esta semana también hubo un cúmulo de malas nuevas, producto del déficit democrático y de la deficiente cultura política imperante, con independencia del color ideológico de los implicados. Entre las cuestiones más deprimentes está el peso de la retórica, especialmente de la retórica vacía, con sus mismos efectos devastadores originados a diestra y siniestra. En este caso no se trata de gobiernos del ALBA, sino de todo lo contrario, como el anuncio de creación del parlamento de la Alianza del Pacífico y la denuncia de un “conato de golpe de estado” en Panamá, del presidente Ricardo Martinelli.

Comenzaba mi columna de la semana pasada dando cuenta del excesivo número de parlamentos regionales y subregionales. Dado el estado crítico de la integración regional y la multiplicidad de proyectos existentes, algunos contradictorios entre sí, suenan bastante innecesarias iniciativas de este tipo. Con ellas no se va a impulsar la integración, ni la voluntad popular ni la democracia. Hasta ahora los últimos experimentos de crear asambleas legislativas regionales han sido un remedo de fortalecimiento institucional, en procesos que buscan comenzar a construir las viviendas por el tejado.

En la misma línea lamentable hay que considerar las denuncias de Martinelli a raíz de una serie de manifestaciones, algunas de carácter extremadamente violentas, contra la venta de tierras en la Zona Libre. Independientemente del confuso magma de intereses vinculados a las protestas es inadmisible que la reacción popular se defina como un golpe de estado, como una operación que busca cambiar el gobierno al margen de las instituciones. Parecería que la investidura presidencial goza de una legitimidad especial que la sitúa por encima de los otros poderes del estado e inclusive por encima de las leyes y de la constitución.

En los últimos años hemos visto y oído muchas denuncias como la de Martinelli, con el claro fin de deslegitimar la protesta y a la oposición. Esto ocurrió en Ecuador donde Rafael Correa catalogó a una sublevación policial como un golpe de estado. Y también en Venezuela y Bolivia, acompañadas de múltiples denuncias de magnicidio contra Hugo Chávez y Evo Morales. O en Argentina, donde el matrimonio Kirchner acuñó el concepto “destituyente” para calificar las iniciativas de la oposición capaces de amenazar su manejo del gobierno. ¡Hasta en el caso de Paraguay se ha hablado de un golpe de estado parlamentario!

Por lo que se ve, el “relato” y el “modelo” se imponen a las instituciones y las normas. Y va a tener razón Diosdado Cabello cuando presentaba al comandante Chávez como el más racional de todos ellos, el dique capaz de contenerlos. Esta versión de un Chávez moderado parece imponerse dentro de Venezuela, vistos los lamentables sucesos en la Asamblea Nacional, y en el resto de América Latina, dados los recientes ejemplos de incumplimiento de la ley.

En Bolivia, pese a los compromisos adquiridos por Morales de no presentarse a una nueva reelección, el máximo tribunal del país, subordinado al ejecutivo, ha permitido con razonamientos bizantinos su continuidad en el poder. En Argentina, no se trata sólo de forzar vía reformas legislativas de dudosa constitucionalidad la estructura y el funcionamiento del poder judicial, sino de amordazar a la prensa independiente que no se somete al discurso monocorde del gobierno. La amenaza de intervención del grupo Clarín, capaz de modificar toda su línea editorial, así parece atestiguarlo.

Si bien todavía no se han cruzado las líneas rojas que separan las democracias de los regímenes autoritarios, en ciertos casos los márgenes se están estrechando dramáticamente. La radicalización de algunos gobiernos, el deseo a ultranza de hacer avanzar revoluciones inexistentes o el creciente incumplimiento de la ley con el falaz argumento de respetar la voluntad de las mayorías son factores a considerar en el futuro inmediato. Parecía que el tránsito iniciado tras la muerte de Hugo Chávez iba a ser lento, pero a la vista del nerviosismo de algunos es posible que los plazos puedan acelerarse.

Fuente: (Infolatam)

 
Acerca del autor
Carlos Malamud
Carlos Malamud
Carlos Malamud es Investigador Principal para América Latina en el Instituto Real Elcano.
Twitter: @CarlosMalamud