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Hugo E. Grimaldi

¿Por qué una reforma que parece «cosa de abogados» impacta en la vida cotidiana, aun en la de los pobres?

(DyN) En aquel mensaje de lanzamiento de las seis leyes que mandó al Congreso para poner a la Justicia en línea con los paradigmas institucionales que pregona el kirchnerismo, Cristina Fernández no sólo expresó una falacia, sino que en paralelo pareció deslizar un prejuicio contra el entendimiento de los más humildes.

Por Hugo E. Grimaldi
Twitter: @HugoE_Grimaldi
15 de abril de 2013
 

(DyN) Por su sesgo de manipulación es imposible no refutar de inicio la frase que pronunció la presidenta de la Nación durante la última semana, en relación a la limitación por seis meses de los recursos de amparo patrimoniales, que hoy permiten a los particulares defenderse judicialmente de las acciones que toma el Estado para avasallarlos: “Para los invisibles y los pobres, no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada”, explicó.

En aquel mensaje de lanzamiento de las seis leyes que mandó al Congreso para poner a la Justicia en línea con los paradigmas institucionales que pregona el kirchnerismo, Cristina Fernández no sólo expresó una falacia, sino que en paralelo pareció deslizar un prejuicio contra el entendimiento de los más humildes, quizás un modo subliminal de instalar, para bajarle el precio al tema, “a quién le importa todo esto, son cosas de abogados”.

Es verdad que la reforma judicial, que el Gobierno pomposamente llama “democratización de la Justicia” y que la oposición intenta demoler con  argumentos político-judiciales (“la suma del poder público”, “golpe como el del ’76”, “buscan impunidad”) tiene aristas controvertidas y demasiado técnicas, pero es fácil de interpretar lo demagógico del dicho presidencial si se plantean ejemplos, sobre todo si se repara que los cambios pueden llegar a impactar a pleno en la vida cotidiana de todos los estratos sociales.

Los miles y miles de juicios de jubilados que creen que el Estado los ha perjudicado a través de los años, muchos de ellos con sentencias de ajuste que la ANSeS (el Estado), en franca rebelión, no atiende, pese a haber perdido los juicios y aún a requerimiento de la Corte Suprema, son una referencia muy sencilla para entender que no es verdad que los más necesitados no pleitean.

Un segundo dato obligado surge de la gran cantidad de recursos de amparo que presentaron los gremios, en nombre de sus afiliados, contra la flexibilidad laboral, la famosa “Ley Banelco”, que en los años ’90 avasallaba conquistas y avanzaba contra la sindicalización.

Por supuesto, que hay que recordar también el “corralito” que implantó el mismo Estado, aunque con otros ejecutores transitorios a cargo de la cosa pública, situación traumática que, de no haber mediado la Justicia, hubiese dejado a muchos más ahorristas en el camino. Igualmente, la omnipotencia estatal hizo quitas, entregó bonos y terminó descapitalizando a mucha gente.

Hay numerosos ejemplos que demuestran que los pobres acceden más de lo que se cree a este tipo de remedios constitucionales, ya que cuando el Estado somete no mira la clase social del perjudicado. En todo caso, corresponde a las propias estructuras estatales informarle a todos los ciudadanos cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, para velar que todos sean iguales ante la Ley.

Jubilados, trabajadores y ahorristas, quizás no demasiado pobres algunos de estos, es verdad, son una muestra del desacierto de tirar frases de efecto para explicar lo inexplicable y para justificar el proyecto que la Presidenta defiende con argumentos poco convincentes, aunque ideológicamente profundos, a favor de que el derecho debe estar únicamente del lado de las mayorías.

Según Cristina, “cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado… (le ha producido)”.

En esta afirmación está el nudo de lo amañado del concepto. Las medidas cautelares operan para que, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces congelen la situación para que todo siga igual hasta que se llegue a un fallo definitivo. En el mientras tanto, los privados que han planteado una acción contra el Estado por temas patrimoniales pueden seguir con sus tareas diarias, con la marcha de sus negocios o manteniendo los bienes que se les quiere confiscar.

La dilación del caso Clarín, del que el senador neuquino Marcelo Fuentes acaba de confesar ha sido el inspirador de la medida, lleva ya tres años y medio de amparo, mientras los jueces fallan sobre si aspectos parciales, pero relevantes, de la Ley de Medios son o no son constitucionales. La propia Corte ha dicho que tres años es un plazo “razonable”, pero éste se ha estirado por cuestiones procesales en la segunda instancia, lo que ha motivado que llovieran las burlas sobre el Gobierno cuando se tuvo que tragar el 7-D.

En su discurso del lunes, la Presidenta aludió con sorna al tema, para fustigar a “los jueces (que) no han escuchado a la Corte”. Sobre ellos dijo que “esperemos que escuchen al Parlamento (sic) argentino, porque acá nadie ha sido elegido con la varita divina y los poderes del Estado tienen que funcionar dentro del marco de la Constitución y, en definitiva, no puede haber tampoco nada por sobre la soberanía popular, sobre todo cuando una Ley no ha sido declarada inconstitucional. Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley, sin lugar a dudas; pero, no puede estar cinco años para determinar que es inconstitucional”, aseveró.

Si algo hay seguro, que con la novedad que se propicia tampoco "los pobres ni los invisibles" saldrán beneficiados, ni los particulares, ni las PYME, que necesitan vivir de su trabajo. En ese acotado lapso de medio año, sólo podrán mantenerse en pie los que tengan espaldas bien anchas, las grandes empresas en primer término y las globales más aún. Ninguno de aquellos sectores puede esperar hasta que el Estado pague “la indemnización por los daños” sin fundirse. Los grandes o la multis pueden adelgazar su negocio, retacear inversiones, echar gente o irse del país, como ya lo han hecho tantos.

Sin embargo, la situación es más profunda aún, porque debido a la lentitud estructural de la Justicia, en la mayor parte de los casos que han merecido el dictado de un amparo, éstos se prolongan tanto en el tiempo sin que haya un fallo de fondo, que parecería ser en la práctica que lo reemplazan, ya que la situación queda cristalizada y no hay justicia para el demandado. Esto es lo que argumenta la Presidenta, con una dosis de sentido común, aunque no deja de teclear cuando no quiere advertir que de esta circunstancia no tiene la culpa el demandante.

En seis meses, aún sin incorporar ninguna chicana procesal de las que usan los abogados para estirar los plazos, los tiempos de los procedimientos, entre vistas, traslados y ferias de todas las instancias (Primera, Cámara y la Corte) hoy superan holgadamente ese lapso que se pretende imponer como plazo “razonable” para que tenga vigencia una medida cautelar patrimonial contra el Estado.

Pero, además, ahora se le agrega un escalón que le sumará más plazo al proceso, las nuevas Cámaras de Casación. Aunque suene tétrico, hay prevista una de Trabajo y Seguridad Social que puede llegar a demorar un par de años más los juicios de los jubilados, un excelente tapón legal para darle más tiempo a la gente para morirse.

Como se vé, todo lo que está sucediendo en la Argentina en materia judicial no es algo propio “de abogados”, sino que es una cosa de todos los días que atañe a todo el mundo y no importa de qué condición social sea el perjudicado. El facilismo presidencial de subestimar a la sociedad al reducir tan delicada situación a una frase más o menos ingeniosa conspira contra la gravedad que merece la discusión del tema, porque la Justicia y la protección de derechos que implica su correcto funcionamiento en tiempo y forma es algo de todos los días.

Otro punto que entiende hasta el menos avispado, ya que es inherente al ser humano y a la vida en sociedad es el concepto de imparcialidad de los jueces. Sin embargo, el Gobierno está empeñado en que los magistrados explícitamente dejen de serlo y que fallen de acuerdo a lo que exige “la voluntad popular”, en este cambio de fondo que se propicia de la organización nacional. Los más críticos han considerado los proyectos que están en el Congreso como una verdadera reforma constitucional sobre la división de poderes, que se ejecutará alegremente y sin cambiar la Carta Magna.

Para ello, el Ejecutivo armó un esquema diferente de composición del Consejo de la Magistratura, con mayorías y minorías que van a surgir del voto popular, lo que le dará siempre al partido más votado la posibilidad de nombrar y remover jueces por mayoría simple dentro de ese organismo (hoy se necesitan dos tercios), lo que le permitirá al Presidente de turno poner magistrados parciales, sacar a los que no acompañen ideológicamente y avanzar contra todo tipo de derechos de los ciudadanos, sin que la Justicia se mosquee.

En cuanto a la mecánica del Consejo, que será de 19 miembros (25 hasta 2015 por única vez) contra 13 de hoy en día, los representantes de abogados y jueces, junto a los académicos, tendrán que afiliarse a partidos políticos para aspirar a integrar las boletas en las Primarias de agosto y los candidatos deberán ser únicos para todo el país, por lo que los partidos de carácter nacional tendrán todas las chances y el que gane las elecciones, aunque sea por un voto, se llevará la mayoría y convertirá en hegemónico y sin contrapeso de ningún tipo al Poder Ejecutivo.

Después está toda la discusión filosófica sobre la necesidad de buscar consensos y de dialogar este tipo de cambios tan drásticos, que imponen una nueva visión institucional. Ya se sabe que la Presidenta cree que el que manda es quien tiene la iniciativa política y esto hoy no cuaja porque toda la otra parte de la sociedad cree lo contrario y no se escuchan entre sí.  Es tan amplia la cesura, que se espera que las marchas y concentraciones del próximo jueves sean más contundentes que las anteriores, pero no sólo en gente sino en consignas.

Más allá del norte ideológico de sumar voluntades a como dé lugar, del que no se apartan, también los kirchneristas son campeones en instalar y desinstalar temas, de acuerdo a las necesidades del momento, como para salir lo más indemnes posible de las inundaciones y dar vueltas de campana, aún con traiciones transitorias a principios que parecían inmutables o a circunstancias que suponían un cambio.

En este último aspecto, lo que se suponía era un giro en la actitud presidencial en materia de diálogo, que parecía haber surgido del viaje al Vaticano, se trastocó rápidamente en imposición y autoritarismo. De aquel  discurso de Cristina post-Francisco del “vamos a discutir, a hablar, a debatir, a acordar” se pasó a las manifestaciones de cuño dogmático del senador Aníbal Fernández sobre el paquete de leyes: “Ya viene discutido y preparado".

Y en medio del retorno a las fuentes también reapareció la intransigencia del diputado Andrés Larroque para ordenarle enfurecido a un periodista: “lo importante es no enredarse en cosas que no suman”. Como dice la canción, “qué poco te duró el amor”.

Fuente: (DyN)