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05.02.13

La tozudez paraliza al gobierno argentino

(DyN) Como la ideología le está ganando la batalla al pragmatismo, es en este punto donde las autoridades se traban, ya que no hay quien pueda acometer el propósito de arreglar algo que no se considera que esté dañado, ni los defectos de base del modelo económico, ni siquiera los desbordes ya incontenibles de su actual instrumentación.
Por Hugo E. Grimaldi

(DyN) - La Argentina gobernada por el cristinismo no cree en las estadísticas homogéneas ni tampoco considera como un valor apreciable la seguridad jurídica. El FMI le sacó tarjeta amarilla por lo primero y la Presidenta dio la nota en Chile al unirse ideológicamente a Cuba, Venezuela y al resto del ALBA, no precisamente los países que más inversiones reciben por estos días, en el repudio a ese punto de la Declaración conjunta que firmó el resto de los estados miembros de la CELAC y de la Unión Europea.

Si a estas dos situaciones a contramano del mundo que se dieron durante la semana se le suma la sensación de que la economía anda como barrilete sin cola, por qué extrañarse entonces que el dólar, que ha rozado los 8 pesos, una vez más se haya transformado en la Argentina en el termómetro de las expectativas.

Ya desde el Gobierno se está diciendo que hay en marcha una “conspiración” de características desestabilizadoras. ¿Qué cambió, si para las usinas oficialistas hasta hace tres días la suba de dólar era propia de un “mercado chico” y se daba por “el cambio de quincena”?  Nunca se lo va a admitir, pero el valor del paralelo es más la consecuencia del desmadre económico que su causa.

¿Por qué hablar de desmadre? Porque a las características ya conocidas del cristinismo de utilizar el palo o la zanahoria del dinero como modo de disciplinar a todos los que se le oponen (provincias, partidos políticos, sector privado), para transformarlos así en vasallos de extremo verticalismo, hay que sumarle un elemento central que hace a la tipología gubernamental: la tozudez extrema que hoy paraliza al Gobierno y, paradójicamente, lo saca de cauce.

Como la ideología le está ganando la batalla al pragmatismo, es en este punto donde las autoridades se traban, ya que no hay quien pueda acometer el propósito de arreglar algo que no se considera que esté dañado, ni los defectos de base del modelo económico, ni siquiera los desbordes ya incontenibles de su actual instrumentación. No entienden como algo tan genial, que sirvió para sacar el país de una profunda crisis, es resistido hoy por una parte de la sociedad y mucho menos por qué deberían hacer algo al respecto.

Pero, además, el modo tan terco de no considerarlo siquiera va contra la lógica de la fatiga del material, como si no fuera natural, después de diez años, hacerle un service al modelo. Desde las diferentes vertientes de la oposición señalan que hoy con un ajuste no alcanza, que hay que cambiar la matriz económica por completo y otros, con mayor maldad, señalan desde lo político, que éstas son las consecuencias de retener el poder durante tanto tiempo, ya que el “gobierno anterior”, siempre culpable de todos los males, esta vez es el propio.  

También desde el ángulo opositor, políticos y economistas ortodoxos marcan dramáticamente que lo que ocurre es que el Gobierno ha agotado casi todas sus fuentes de recursos y que la pretendida prosperidad está solamente basada en la emisión monetaria y en las cajas cada vez más exhaustas de la ANSeS y los bancos oficiales.

Ponen como ejemplo la sequía a Buenos Aires, un capítulo bien dramático de la falta de dinero que busca desgastar a Daniel Scioli, un administrador que tiene efectivamente dificultades estructurales que, sin fondos nacionales, harían peligrar la gobernabilidad de la provincia. Pero, en Olivos, nadie es tan necio como para no darse cuenta que allí están los votos y que no pueden dejarla caer. Entonces, si hay plata, ¿por qué tirar tanto de la cuerda? ¿sólo para condicionarle las listas al gobernador?, se preguntan los críticos.

Como cuarto elemento de la situación económica, el más delicado para considerar, hay quienes observan que en vez de rectificar el motor se lo está acelerando peligrosamente (emisión descontrolada, gasto público creciente, inflación cristalizada, cepo cambiario, etc.), sometiéndolo a mayor fricción y camino a fundirlo. Como esto ya le pasó a la Argentina varias veces en los últimos 50 años, el Gobierno debería ver en el precio del dólar “blue” una señal de alerta, antes que un intento de ataque a la estabilidad institucional.

Pero, además de la negativa gubernamental a proceder a cualquier cambio, existe también una evidente falta de figuras que puedan asumir de modo solvente el desafío de hacerlo. En el Gobierno hay al menos un cuádruple o quíntuple comando económico, casi espasmódico en sus resoluciones y desde afuera se percibe que no existe ninguna coordinación que modere los excesos y prevea cubrir los agujeros que se van produciendo. No hay mecánicos; ni siquiera, un ingeniero.

Todo lo dicho en materia macroeconómica tiene un correlato muy cercano con los problemas que padece la infraestructura, que se ido deteriorando de modo palpable en la última década, tal como le pasó al área energética, también con precios políticos que casi terminaron con el sector. Transportes, caminos, distribución de electricidad, gas, teléfonos, etc. gozaron durante los primeros años del kirchnerismo de las mejoras de los años ‘90, que luego se fueron agotando paulatinamente, junto a la política de avance estatal que convirtió a las empresas en meros apéndices del Gobierno.

El Estado, antes que ejercer la función de control, improvisó más de la cuenta, las acogotó desde el costado de las tarifas, dándoles subsidios a destajo, permitiendo además muchos excesos que deberá atender la Justicia y limitándoles toda posibilidad de acondicionamiento de las redes. Así, sucedió la tragedia de Once y, salvo el intento que está haciendo el ministro Florencio Randazzo para salvar la ropa con los ferrocarriles, la obstinación oficial también se ha puesto de manifiesto en toda el área de los servicios públicos.

Además, el permanente acoso a las empresas para que se sometan a los designios del Estado llegó al exceso de prohibirle a Telefónica que pague en una cuota y por adelantado los impuestos a la municipalidad de General Pueyrredón, para que este municipio encare un nuevo edificio en la ciudad de Mar del Plata. Pero, además, en este caso, hay cuestiones políticas dentro del cristinismo que juegan para desestabilizar al intendente o al menos para alinearlo.   

Lo más terrible para el Gobierno es que la población se ha dado cuenta de cómo son las cosas y ya el relato no lo puede disimular más. Símbolo del deterioro de estos días son los al menos “2.000 cortes de luz” que están sufriendo por el calor los habitantes de la Capital Federal y el GBA. Lo peor es que el servicio es decidídamente malo, que cada día cuesta más y que tendrá que costar más todavía. Un laberinto.

El encomillado anterior pertenece al ministro del área, Julio De Vido, un funcionario que se ha convertido en un estupendo relator de la realidad y que, sin ninguna autocrítica, mezcló la penosa situación por la que pasa mucha gente con la necesidad de reelegir a la Presidenta: “esto está más allá de lo que es su voluntad. Yo creo que es el mejor dirigente político para encarar un nuevo período y consolidar lo que se viene haciendo desde 2003 a la fecha” (sic).

Justamente, Cristina Fernández sigue siendo la protagonista casi excluyente de la cuestión política. Se presume que esto es así por su vocación de estar siempre en el centro de la escena para capitalizar los logros, pero tampoco se puede desconocer que ese lugar tiene sus costos, ya que ministros y funcionarios suelen patear la pelota afuera dejándola pegada a ella también con lo peor.

Para colmo, las dos o tres intervenciones que tuvo en la semana la expusieron a críticas de diversos sectores. Fue la orgullosa difusora por Twitter del alineamiento con el ALBA, usó las redes sociales para anunciar el Acuerdo al que se llegó con Irán, también un aliado estratégico de Venezuela, y sin hablar de la inflación anunció por cadena nacional la suba de 20% del Mínimo No Imponible (MNI), más el aumento de las jubilaciones, ante el aplauso victorioso del auditorio que premió las nominalidades porcentuales e hizo más evidente la falsa escuadra presidencial.

El caso del MNI se empastó por dos lados. Primero, en el porcentaje, ya que alguien convenció a la Presidenta que hablar de 20% era lo correcto si se quiere desindexar la economía. Sin embargo, ella no tomó en cuenta que el atraso del ajuste del mínimo (21 meses) hubiera merecido una recuperación de 50%, pero, además, no podía desconocer que cualquier aumento por arriba del 20% conseguido en las próximas paritarias, en dos o tres meses, iba a retrotraer la situación a fojas cero.

Además, le hicieron comentar a Cristina como un logro (y se la aplaudió por ello) que el Tesoro iba realizar un “sacrificio” fiscal anualizado de 8 mil millones de pesos. Con lógica, este aspecto bien vulnerable del discurso fue atacado sin piedad, ya que nadie entrega algo que no tenía antes, salvo que ya lo hubiera considerado como un derecho para siempre y/o se lo haya gastado. Es como quien gana un dinero marginal en el Casino y en la segunda visita diga, al no ganar, que hizo un “sacrificio” por ello. Los palos le llovieron al Gobierno desde las cinco centrales sindicales.

Este suceso casi doméstico, quedó empequeñecido por la cuestión con Irán, debido a la tragedia que involucra el asunto con un interlocutor que no goza de la confianza de Occidente, ni menos de la colectividad judía en la Argentina. De modo unilateral, sin consulta con nadie, la Argentina decidió firmar un Acuerdo con el país que hoy es el cuco de los Estados Unidos, Europa e Israel y, además de legitimarlo, dejó abierta varias puertas de gran recelo.

Pasada la conmoción inicial, que se mezcló con el modo poco formal de comunicarle a la sociedad tan delicada novedad (vía tuits presidenciales), el canciller Héctor Timerman llegó al país para explicar el tema a las instituciones judías y a los familiares de la víctimas. Con un singular operativo de desinformación, se quiso hacer creer que todos estaban de acuerdo con la postura oficial, hasta que Israel dijo que “no” y Timerman le respondió con su estilo tan personalista, modo que no abandonó en los cruces que tuvo en la semana con las autoridades del Reino Unido, por Malvinas.

Pero, además, la propia AMIA le acaba de pedir al Gobierno que “rehaga” el Acuerdo y le precisó que éste debe contener tres o cuatro cosas diferentes a las firmadas: cambiar el nombre de “Comisión de la Verdad”, que desnaturaliza la investigación local, hablar de declaración indagatoria y no de “interrogatorio”, darle lugar a las autoridades judiciales argentinas y precisar los “tiempos”.

No sólo el canciller ha quedado descolocado, sino todo el Gobierno, además del calificativo “histórico” que gastó la Presidenta. Lo único que faltaría ahora es que Timerman haga explícito algo obvio para quitarse el sayo: que lo que él firmó en contaba con el aval presidencial. Como se ha visto con De Vido, a Cristina no hay parapeto que la proteja.

Fuente: Agencia Diarios y Noticias, Argentina