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Tomas Linn

Controlar los contenidos, una tentación

(La Nación) Acallar la prensa es el primer paso que da todo gobierno que quiere ser autoritario. Neutralizar al Poder Judicial como cuerpo independiente y garante de los derechos y las libertades individuales es el otro paso. Esto ya está pasando en más de un país de la región.

Por Tomas Linn
11 de enero de 2013
 

(La Nación) Intentaron hacer creer que los motivaban razones técnicas para ordenar mejor la adjudicación de ondas y eliminar supuestos monopolios. Aseguraron (lo siguen haciendo aún hoy) que su solo interés es apuntar a lo tecnológico y una mejora administrativa del mecanismo. Sobre contenidos, nada. Sin embargo, la embestida apunta a otra cosa y en algunos países (como sucede con la Argentina), el lío ya está contaminando al Poder Judicial.

La argumentación entonces convenció a mucha gente que hoy ya está de vuelta. Vieron la trampa y saben que el objetivo es otro. En la Argentina, en Venezuela, en Ecuador. No quieren ser cómplices de lo que en el fondo es un ataque a la libertad de prensa, el deseo explícito de intimidar, acallar, censurar. Y mientras tanto, acumular medios que estén de su lado: les molestan los presuntos monopolios que los cuestionan, no los que los avalan.

Acallar la prensa es el primer paso que da todo gobierno que quiere ser autoritario. Neutralizar al Poder Judicial como cuerpo independiente y garante de los derechos y las libertades individuales es el otro paso.

Esto ya está pasando en más de un país. La embestida contra Clarín, en su actual fase, exige torcerles el brazo a los jueces y para eso no sólo alcanza con desprestigiarlos como personas, sino también como poder independiente.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa prácticamente le sopla a algún magistrado el texto de las sentencias para beneficiarlo. En la Argentina, los asesores del Gobierno cuestionan la legitimidad del Poder Judicial porque no siendo éste "democrático", no puede interferir con leyes aprobadas por la mayoría elegida del Congreso. Tal razonamiento demuestra que sobra desprecio o sobra ignorancia respecto de la esencia de una democracia. En Venezuela, la Suprema Corte es lisa y llanamente funcional a los intereses del chavismo.

Si la consigna del gobierno de Cristina Kirchner fuera decir "Clarín monopoliza", tal vez algunos estarían dudando y sentirían que el objetivo de la ley de medios es romper una estructura de apariencia férrea e intocable. Pero la consigna no es ésa. Lo que se dice es que "Clarín miente". Y una supuesta mentira no es una cuestión administrativa ni referida a formas de repartir ondas y espacios. Es una cuestión de contenidos.

Si se presume que alguien miente es porque está diciendo cosas que molestan y, por lo tanto, deben ser silenciadas. La propia consigna del Gobierno desnuda su intención final. Pretender castigar a quien miente es castigar al que emite mensajes con contenidos. Eso es censurar y ello viola derechos básicos.

Sólo a Correa se le ocurre pensar que como los medios son poderosos, deben ser vigilados y controlados por el Estado. Eso de que son poderosos está por verse. ¿Y de dónde sacó Correa que es el Estado quien debe vigilar esa libertad? En toda democracia, la tesis es la contraria. Es el Estado quien debe ser vigilado y en especial aquellos que fueron elegidos para administrarlo. Para eso está la prensa libre. La buena, la que nos gusta, la que es amable y correcta. Y la mala, la que agrede, la que cuestiona, incluso tal vez miente. Dicha libertad no puede hacer distingos entre aquellos que le caen bien y los que son más desprolijos. Y los ciudadanos no deben ceder a nadie (y menos al gobierno) la custodia de esa libertad, pues les es un derecho inherente. Su garante es la Justicia, siempre que actúe sin presión y con independencia.

La enfermedad regulatoria se extiende y ya en Uruguay hay borradores de proyectos. También allí se dice que dados los cambios tecnológicos se hace necesario revisar concesiones y redistribuir ondas o hasta crear nuevas emisoras. Sin embargo, para analizar las propuestas se creó una suerte de "coalición civil" con organizaciones sociales que pelean por los derechos de la mujer, de los gays y de otras minorías, y combaten la discriminación. Son todas causas legítimas y es bueno que haya quien las defienda. Pero si conforman una coalición alrededor de estos temas, no es porque su aporte será técnico o administrativo (no es ésa su especialidad), sino porque querrán que los contenidos favorezcan sus posturas y sus causas. Y por más simpatía que generen, nadie debe presionar desde una ley para que su causa, sea cual fuere, sea informada desde una luz favorable que sólo a ellos interesa. Eso es meterse en los contenidos y termina siendo una forma de censura.

Otra vez, pues, surge el mismo tema, otra vez las supuestas necesidades tecnológicas impulsan formas de regulación que terminan limitando la libertad de prensa y de expresión, que son el pilar sobre el cual se sostiene una democracia.

¿Es tan difícil entender esto? No debería serlo, lo que hace sospechar que los argumentos que justifican estas embestidas que se extienden por el continente son intentos deliberados de controlar los mensajes y contenidos, para imponer sólo el relato oficial.

Fuente: La Nación, Buenos Aires

 
Acerca del autor
Tomas Linn
Tomas Linn
Columnista del semanario Búsqueda, Uruguay, y autor del libro "Así concebidas - Nuestras democracias imperfectas" (Editorial Fin de Siglo, 2008).