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Hugo E. Grimaldi

La marginalidad en ascenso que enfrenta al discurso K

(Agencia Diarios y Noticias) ¿Cómo se llegó hasta estas circunstancias de cuasi ley de la selva en un país que supuestamente sigue un modelo político y económico envidiado por otros que no se va a cambiar por nada del mundo? Esa respuesta es en todo caso para los gobernantes y no se agota en que haya o no haya planes sociales, sino en que mientras se declama la cultura del trabajo como integradora, se corre a los inversores con medidas que bajan la creación de puestos de empleo.

Por Hugo E. Grimaldi
Twitter: @HugoE_Grimaldi
24 de diciembre de 2012
 

(Agencia Diarios y Noticias) El viernes 21 de diciembre pasado, alrededor de las nueve y media de la noche, seis canales de televisión de modo simultáneo, cinco de noticias y uno de aire, tenían escrito en el zócalo de la pantalla el mismo concepto referido a los “robos y saqueos” que habían asolado a buena parte del país: “organizados”, decían todos ellos en cadena.

Lo visto por TV en cuanto a la calificación oficial de lo sucedido quedó reflejado luego en letras de molde en las tapas de, al menos, cinco diarios nacionales del sábado. El adjetivo “organizados” fue la clara bajada de línea que partió quién sabe desde dónde y que fue disparado al unísono hacia el monopolio actual de medios, fruto de la colonización K.

Disciplinadamente, todos los canales de difusión supuestamente independientes, sólo porque son de dueños diferentes de acuerdo a la concepción del pluralismo que tiene el kirchnerismo, cumplieron con los designios del cerebro central. Como no se discute, así quedó expuesto groseramente en las pantallas en pleno “prime time”. Ni siquiera se preocuparon los muy chapuceros que no se notara la uniformidad.

No por ser probablemente cierta la presunción que apunta a una autoría intelectual o material común de los asaltos que sufrieron los supermercados, esta otra circunstancia de la transmisión conjunta destinada a machacar una sola idea en los cerebros de la gente que aparece como un segundo elemento del cuadro junto a la anarquía que trasunta el desborde social, no deja de aterrar. La uniformidad de la palabra remite a lo peor de los totalitarismos.

Otro artificio oficial del mismo tenor es sesgar el discurso, aún a costa de contradecirse a sí mismo y sostener los argumentos de modo unánime. Para muestra basta el botón del recurso judicial de “per saltum” que se pidió para que la Corte resuelva rápidamente la disputa por la constitucionalidad de la Ley de Medios.

Más allá de que se ha dado el inédito caso de que quien ha ganado una instancia presente la situación, tal como ha quedado, dentro de parámetros de “gravedad institucional que merezcan la atención directa del Alto Tribunal”, están los argumentos que los abogados del Estado han dado para sostener el pedido. Ocurre que para ellos el Grupo Clarín no está “legitimado” para ser querellante porque como tal “no es titular de ninguna licencia de radio difusión, ni tampoco accionista o socio de compañías que sean titulares de esas licencias en Argentina”

Una cosa es lo que se escribe en los pedidos a la Justicia y otra que lo diga públicamente y con desparpajo el ministro de Justicia, Julio Alak a quien pertenecen las comillas. Si fuese así, ¿dónde estaría dada la situación de “monopolio” que tantas veces denunció el Gobierno? ¿Por qué Martín Sabbatella fue al edificio del Grupo Clarín a notificarlo sobre el período de desinversión si no le cabe la Ley?  ¿Qué hicieron los mismos abogados durante los últimos tres años litigando contra un fantasma?

Cuando hay voces que genuinamente dicen estar preocupadas por la energía que el Gobierno gasta para instaurar a como diera lugar la Ley de Medios sin dedicarle mayor atención a otros temas más cotidianos y en apariencia más graves como la inseguridad o la inflación, lo que se pide desde la urgencia es que se subordine la libertad de expresión a todo lo demás, sin entender que su falta tendería a tapar inevitablemente todo lo demás.

Como el Gobierno lo sabe, no se equivoca y por eso toma la decisión prioritaria para consolidar la hegemonía y la negación del diálogo. Por eso, batalla con todas las armas a su disposición para conseguir doblegar primero a la Justicia y luego a la prensa, antes que atender otras cuestiones que indica la lógica de las prioridades. Para muestra, vale lo relatado en cuanto a la manipulación de contenidos y a la uniformidad de pensamiento.

La creencia de que la gente sigue los designios de la manada, tal como muestra la realidad que “fabrican” los medios, es lo que ha guiado la relación del Gobierno con la prensa. El argumento es de lo peor en materia de subestimación y lo seguro es que lo expone al descrédito. Cada vez que se hace algún anuncio, se dispara una información o se genera una opinión sobre algún tema, las antenas se despliegan para ver dónde está la trampa.

Esta desconfianza remite nuevamente al análisis de lo sucedido en vísperas de la Navidad, en coincidencia con los violentos sucesos del año 2001. En otra muestra de la intención de imponer el discurso único la marcha de tres centrales sindicales, justo el 19 de diciembre, le dio pasto al oficialismo para sumar dos más dos y emparentar al sindicalismo opositor con los disturbios.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo dio el puntapié inicial. Tras haber comunicado el tarifazo sobre los pasajes de colectivos y trenes, en la última pregunta de la rueda de prensa y casi como al pasar, respondió que la marcha se hizo en “una fecha desafortunada”. Como una exhalación, el coro de voceros oficialistas siguió el argumento y con los saqueos los dardos ya tuvieron destino fijo para responsabilizar a Hugo Moyano, Pablo Micheli y Luis Barrionuevo.

En verdad, antes de hacer acusaciones habría que determinar desde la investigación judicial, en cada caso, “si hubo quien organizó” los desmanes y allí se determinarán las responsabilidades. Lo seguro es que habrá sospechas de todos contra todos, tanto si aparecen algunos camioneros involucrados, como afirmó el Gobierno o si se cree que fue éste el que motorizo los disturbios para victimizarse, como ha dicho Moyano.

En tanto, desde el análisis político, queda abierta la discusión, con facturas que se han cruzado gobernadores, intendentes, senadores, gremialistas y miembros del oficialismo y de la oposición, todos lenguaraces expertos en quitarse el sayo de la responsabilidad de la “organización” práctica de los disturbios, sin atreverse a bucear en otro tipo de motivaciones, las sociales, como si éstas no fueran hijas de las políticas públicas.

Lo grave es que se llega al centro del problema social a partir de un claro hilo conductor que sustenta toda la situación, como es la instauración de la marginalidad como medio de vida, un complejo cuadro que muchos involucrados ya aceptan resignadamente como algo natural y así se lo transmiten a sus hijos.

Este lamentable estilo de la decadencia que hoy predomina en la Argentina, combina algunos ingredientes-clave que conviene puntualizar para completar el escenario del caldo de cultivo que explotó en Bariloche por cuestiones propias de la política local y que generó inmediatas réplicas por contagio en medio país.

Es que ocurre que en todos lados hay situaciones similares de exclusión: la pobreza, la penetración de la droga, las deficiencias educativas, la falta de respeto por la Ley y el ejemplo que llega desde la dirigencia de que todo es igual y que aquí todo lo que el Estado quiere lo toma, un territorio donde vale “lo mismo un burro que un gran profesor”.

¿Cómo se llegó hasta estas circunstancias de cuasi ley de la selva en un país que no para de crecer y que supuestamente sigue un modelo político y económico envidiado por otros que no se va a cambiar por nada del mundo?  Esa respuesta es en todo caso para los gobernantes y no se agota en que haya o no haya planes sociales, sino en que mientras se declama la cultura del trabajo como integradora, se corre a los inversores con medidas que lo único que hacen es bajar la creación de puestos de empleo.

En este sentido, hubo otros dos hechos que muestran cómo el sesgo anti-inversor se profundiza y en ambas se pueden agregar lecturas de claros intentos de manipulación comunicacional: YPF y La Rural.

En el caso de la petrolera se trató de hacer pasar gato por liebre tirando al ruedo una cifra de U$S 15 mil millones de inversión, como si los estadounidenses de Chevron estuvieran dispuestos a desembolsarlos ya. Sólo basta leer los titulares de la prensa alineada con ese número fetiche como bandera para observar cuál era el sentido que se le quiso dar al asunto. ¿Por qué la euforia? Porque en ocho meses de administración estatal esto es lo único que se ha podido mostrar con algún grado de avance.

Lo concreto es que YPF y su potencial socia van a emplear por ahora U$S 1.000 millones para hacer un desarrollo de 100 pozos en un año, en una zona más que prometedora por el volumen de petróleo y gas que puede contener, aunque de gran necesidad de dinero en inversión porque se trata de recursos no convencionales. Esa promesa de desembolso total ha sido sólo una manera de “pagar para ver” durante cuatro meses, el período en el cual los estadounidenses tendrán “exclusividad para negociar las condiciones finales de una eventual asociación.

Lo que no se ha dicho es qué cosas puede llegar a pedir Chevron para hundir un paquete de dinero en un país que cambia las reglas de juego a cada rato. El precio por el nuevo gas que se obtenga ya lo ha conseguido y ahora es probable que ponga como condición para seguir adelante que se le permita liquidar las divisas en el exterior o que se no se le trabe el giro de utilidades. O quizás que la Argentina interceda ante el gobierno de Rafael Correa o que presione a los jueces locales para evitar que se cumpla una orden de embargo contra los activos de la petrolera de EE.UU. aquí por un problema ecológico en Ecuador, sino será imposible el desembarco.

Tampoco fue muy edificante el panzazo financiero de YPF que, sin margen para tomar fondos en el exterior, salió a buscar dinero en la plaza local por 4.500 millones de pesos y consiguió algo más de 3.600 millones, con buena parte del intento cubierto por la ANSeS a tasa negativa para los jubilados. Nada mejor para tapar las malas noticias que fabricar una buena.

En el caso del Predio Ferial de Palermo que pertenece a la Sociedad Rural Argentina se fue por un atajo, revocando por Decreto otro de Carlos Menem “por estar afectado de nulidad absoluta”. Una expropiación disimulada porque la compra por parte de los hombres de campo se consiguió a “precio vil”, dijo el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La Rural señaló que se trataba de una “venganza por  la 125”, pero lo cierto es que será otra vez la Justicia la encargada de dirimir la cuestión, mientras que el Gobierno le quiso dar un carácter de gesta al asunto.

El propio Abal fijó la línea y luego la catarata de voceros y los medios difusores repitieron y repitieron para que algo quede: “esta decisión, que ha tomado nuestra Presidenta, no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades y sus condiciones”. Y allí mismo recordó las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas, las AFJP y las acciones de Repsol en YPF.

Es que, caiga quien caiga y aunque sea por un emblemático pedazo de terreno, la epopeya es otra de las características indelebles del kirchnerismo y todo aquel que la difunda a como de lugar también tiene asegurado el sustento.

Fuente: (Agencia Diarios y Noticias)