(Revista Perspectiva/Colombia) La emergencia medioambiental en las estrategias de defensa nacional y los conflictos medioambientales menores que se han producido entre algunos países anuncian un nuevo paradigma de seguridad y un elemento que necesariamente deberá incluirse en el marco de las relaciones internacionales en América Latina. El tema, sin embargo, no lo han abordado en escenarios de institucionalidad común todos los mandatarios.

Por Jairo Delgado

“La competencia entre las comunidades y los países por los recursos escasos, especialmente por el agua, se intensifica, agravando antiguos problemas de seguridad y creando otros nuevos. (…) En Rio, debemos eliminar las brechas que existen entre la seguridad energética, la seguridad alimentaria y nutritiva, la seguridad hídrica, la seguridad climática y el desarrollo, de manera que todos nuestros pueblos puedan gozar de prosperidad, paz y seguridad internacional” .

El comportamiento medioambiental de América Latina se ha caracterizado en los últimos años por el impacto de los desastres naturales, las tensiones internas de los países por la ejecución de políticas de desarrollo sostenible y su compleja adaptabilidad a los intereses de distintos sectores poblacionales, sobre todo en ámbitos como la minería, la construcción de hidroeléctricas, obras de infraestructura vial y en la implementación de monocultivos agr industriales. Igualmente, por controversias y enfrentamientos interestatales que expresan un inconformismo bilateral ocasionado por “diferendos medioambientales” que se han presentado en zonas limítrofes.

Todo esto ocurre en el marco de una tendencia global que muestra el detrimento de los ecosistemas. De acuerdo con la “evaluación de los ecosistemas del milenio” , se observa su degradación o su uso no sostenible, incluyendo el agua dulce, la pesca de captura, la purificación del aire y del agua, la regulación del clima regional y local, los riesgos naturales y las pestes. Se concluye además que “la mayoría de las transformaciones en los ecosistemas se han hecho para resolver el enorme aumento de la demanda de alimentos, agua, madera, fibras y combustibles”.

Por otra parte, en el informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Johannesburgo, septiembre de 2002) se considera “que el medio ambiente mundial sigue deteriorándose, continúa la pérdida de biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza, cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables”.

Las anteriores descripciones constituyen argumentos institucionales y se convierten en los modernos desafíos para la gobernabilidad y la gobernanza, que demandan la prioridad del tema medioambiental en la agenda de los mandatarios. El reto de los tomadores de decisión en políticas públicas es cómo generar modelos de transformación productiva ambiental.

Hechos de tensión medioambiental que se han venido registrando entre algunos países de la región comienzan a sugerir la emergencia de amenazas y conflictos ambientales como elementos de mayor relevancia en las relaciones internacionales. Igualmente lo sugiere la elaboración de hipótesis de amenazas a partir de la importancia estratégica de los recursos naturales. Vale la pena considerar los siguientes:

Argentina – Uruguay “crisis de las papeleras”

Así se conoció el diferendo entre Argentina y Uruguay surgido por la construcción de las plantas de celulosa “Botnia y Ence” (de origen finlandés) en jurisdicción de Fray Bentos, departamento de Rio Negro (Uruguay). La diferencia se presentó al considerar el gobierno argentino que la contaminación producida afectaría gravemente el ecosistema del rio Uruguay y en general de la cuenca del Plata. Desde la población argentina de Gualeguaychù provincia de Entre Ríos, se generaron acciones de protesta bloqueando el puente internacional General San Martín durante tres años (2007-2010) dificultando la movilidad entre los dos países.

Argentina acudió a la Corte Internacional de la Haya para dirimir la controversia, Tribunal que no consideró procedente la desinstalación de la planta de celulosa.

Costa Rica – Nicaragua: “Crisis del río dragado”

Esa es la denominación que le podemos dar al diferendo suscitado entre los dos países centroamericanos. Según lo denunciado por el gobierno costarricense, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó el dragado del río San Juan, que forma un por las características de su recorrido fluvial hacia el mar Caribe, en la frontera. Aunque históricamente ambas naciones han tenido divergencias limítrofes alrededor de ese afluente, en esta ocasión el tema ambiental fue el que se puso sobre la mesa.

En octubre de 2010, el mandatario nicaragüense dispuso que se dragara el rio en un tramo de 33 kilómetros para mejorar la navegabilidad. Costa Rica rechazó esta determinación por considerar que al remover una gran cantidad de tierra, se originaría una grave contaminación de distintas fuentes hídricas. El escalamiento de la “confrontación medioambiental” llevó a los dos gobiernos a movilizar unidades militares de Nicaragua y unidades policiales de Costa Rica hacia la isla Portillos, acción que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró un “gesto bélico bilateral”; por eso, en noviembre de 2010 exhortó a los dos países que retrocedieran esas unidades armadas y se insistiera en el diálogo como vía de solución.

En diciembre de 2010, Costa Rica elevó una queja ante la Corte Internacional de Justicia, resuelta en marzo de 2011 mediante medidas cautelares para las dos naciones, aclarando que Costa Rica podía enviar, en caso necesario, personal civil encargado de la protección del medio ambiente al territorio en disputa.

Chile-Bolivia: “Crisis de las aguas del río Silala”

Esta controversia medioambiental, que ha tenido también un antecedente histórico, recobra actualidad por los anuncios del gobierno boliviano de acudir a tribunales internacionales si Chile no acepta sus condiciones sobre el uso del agua dulce que proviene de este afluente y “no respeta los derechos bolivianos sobre las aguas manantiales del Silala”.

La cuenca hidrográfica del Silala se encuentra ubicada en territorio del departamento de Potosí, al suroeste de Bolivia, en la zona conocida como salar de Uyuni, formando varias vertientes que comparten los dos países suramericanos. Autoridades de Bolivia han considerado exigir a Chile el pago de una especie de regalías (¿impuestos medioambientales?) que compensen la utilización de estas aguas por parte de los chilenos en actividades agroindustriales y de minería, principalmente.

Mientras que para Chile la utilización de las aguas del río Silala es legal por tratarse de un afluente internacional de curso sucesivo, Bolivia piensa que la construcción de unos canales fluviales habría variado el cauce a favor de los chilenos.

En el año 2006 llamó la atención la instalación de una base militar para el ejército boliviano en el área de influencia del Silala, de acuerdo con un anuncio del presidente Evo Morales, para guarnecer las fronteras y proteger los recursos naturales. El comandante del ejército de Chile consideró que la decisión de ubicar esta unidad militar en la jurisdicción de la frontera (aproximadamente ocho kilómetros) correspondía a un acto soberano de Bolivia que no debería causar preocupación.

Colombia - Costa Rica: “Crisis de Malpelo”

La faena ilícita de pescadores costarricenses en aguas continentales de Colombia, específicamente en el considerado Santuario de Fauna y Flora Malpelo, ubicado en el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Oriental Tropical, a finales del año 2011, alertó al gobierno colombiano, a las autoridades ambientales y a la misma Armada Nacional sobre el caso de “crimen medioambiental” contra una especie de tiburones.

El negocio ilícito de aletas de tiburón para atender la demanda de consumo de “paladares exóticos” quedó evidenciado como un importante eslabón de la cadena de redes criminales internacionales especializadas en esta actividad ilegal.

El hecho produjo la intervención de las cancillerías de los dos países, después de que Colombia hiciera la denuncia formal ante el gobierno de Costa Rica. Preliminarmente, se decidió conformar una comisión bilateral para estudiar y adoptar medidas conjuntas que faciliten el control de la pesca ilícita, aparte de que el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada colombiana ordenó patrullar con el buque ARC Calima el área marítima del incidente.

Como se observa, a través de la vía diplomática se superó parcialmente la situación, complementada con una acción militar preventiva de soberanía, desplegada por la Armada Nacional de Colombia, en una clara demostración del vínculo seguridad-medio ambiente.

Acuífero Guaraní y Región Amazónica, ejes de las nuevas estrategias de defensa

El ejército de Argentina presentó a finales del año 2006, ante el Ministerio de Defensa, el Plan Ejército Argentino 2025, en el marco de un proceso de modernización para salir de un modelo organizacional adoptado en la década de los sesenta, con el fin de adaptarse a las nuevas realidades militares de la actual estructura regional. De manera específica en el sistema de fuerza operativa, ha considerado organizar unidades más pequeñas y capacitadas para enfrentar una eventual guerra por los recursos, al tiempo que pretende demostrar firmeza en la protección de los recursos naturales estratégicos.

En la elaboración de hipótesis de amenaza, el acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más importante del mundo, surgió como el núcleo de construcción del nuevo plan del ejército argentino. Las inquietudes que han surgido giran alrededor de cómo integrar ese enfoque medioambiental de defensa nacional de Argentina con los tres países (Brasil, Uruguay y Paraguay) con los que comparte territorio y, por tanto, intereses en el acuífero.

Brasil, a su vez, incorporó en su Estrategia Nacional de Defensa a la región amazónica como eje de toda la renovación de las Fuerzas Armadas, su despliegue operacional, su reorganización y, lo más relevante, el desarrollo de su industria militar.

Consideración final

La emergencia medioambiental en las estrategias de defensa nacional y los conflictos medioambientales menores que se han producido entre algunos países anuncian un nuevo paradigma de seguridad y un elemento que necesariamente deberá incluirse en el marco de las relaciones internacionales en América Latina. El tema, sin embargo, no lo han abordado en escenarios de institucionalidad común todos los mandatarios.

Uno de los aspectos que quizás han influido en esa actitud marginal de la región está relacionado con la manera en que los máximos organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, han venido avanzando lentamente en la construcción de consensos y acuerdos que generen compromisos vinculantes.

Desde el Protocolo de Kioto de 1997, cuya primera fase concluye el 31 de diciembre de 2012, hasta su prolongación al año 2020, de conformidad con lo establecido en la Decimoséptima Conferencia de las Partes (COP XVII), celebrada en Durban (Sudáfrica) entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre de 2011, no se ha logrado elaborar un tratado que determine las responsabilidades y las sanciones a los países que por diferentes circunstancias están afectando el medio ambiente.

En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, obtenida en la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (realizada en el Estado plurinacional de Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre de 2010), se enunció “el papel que pueden desempeñar los ministerios y otras instituciones de defensa de los estados de la región y su compromiso con las actividades que apoyen la sostenibilidad del medio ambiente”. Este enfoque debería constituir una alternativa de integración para identificar y definir las amenazas ambientales de la región y, sobre esa aproximación inicial, avanzar en la elaboración de modelos de seguridad cooperativa que garanticen la protección de los recursos naturales.

Los ministros de Defensa de Colombia y Brasil, en reciente encuentro celebrado en la población brasileña de Tabatinga, reconocieron “la importancia estratégica de los temas relacionados con la protección de recursos naturales, biodiversidad y protección de la Amazonia”, lo cual señalaría que la viabilidad de los procesos de integración para enfrentar los desafíos medioambientales de América Latina se hallan en principio en las iniciativas bilaterales sectoriales, en este caso, el de la defensa.

Fuente: Revista Perspectiva