(Análisis Latino) - Con el reingreso a la OEA, Honduras da un paso clave en la normalización de sus relaciones con el mundo. Pero esos meses de convulsión, con Zelaya primero exiliado, luego asilado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, luego de nuevo exiliado en Republica Dominicana, sirvieron para testear a las fuerzas políticas del continente. Puede verse a todo el episodio como una reacción y un ensayo. La derecha latinoamericana venía observando cómo la izquierda bolivariana avanzaba sin pausa, y no sólo por el legítimo método del sufragio; veía, por un lado, cómo ganaba adeptos en Centroamérica y el Caribe a fuerza de petróleo; y denunciaba los irregulares y brutales procesos de reforma constitucional de Ecuador, Venezuela y Bolivia, los ataques sistemáticos contra las oposiciones y la prensa en esos tres países y en Nicaragua, vecina de Honduras. Pero ese cúmulo de ilegalidades y de atropellos recibía la anuencia silenciosa de la comunidad democrática de la región, donde hoy predominan gobiernos de centroizquierda que guardan simpatía ideológica hacia sus radicalizados primos bolivarianos (el Frente Amplio uruguayo, sectores del PT de Lula en Brasil, etc.)

Por Pablo Díaz de Brito

(Análisis Latino) Honduras se apresta a volver a la OEA, después de casi dos años de exilio. El 1º de junio una Asamblea General Extraordinaria votará su reingreso. El acuerdo fue negociado por Venezuela y Colombia.

Honduras fue suspendida como miembro de la OEA el 4 de julio del 2009, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de ese mismo año que sacó del poder al entonces presidente Manuel Zelaya. Ahora, un acuerdo entre Zelaya y el actual presidente, Porfirio Lobo, mediado por Caracas y Bogotá, permitió terminar con el exilio del ex presidente y la rehabilitación de Honduras. Zelaya estaría regresando de su exilio en República Dominicana antes del 1º de junio.

Aquel golpe, como se recordará, actuó de parte-aguas continental entre quienes lo legitimaron  -algunos partidos políticos conservadores y medios de comunicación, pero ningún gobierno- y los que lo condenaron sin cortapisas.

Recordemos algunos puntos salientes del episodio: Zelaya había convocado a un referendo que abriría las puertas a su reelección y  que era claramente inconstitucional; la Justicia y el Congreso habían dictaminado contra esa consulta; Zelaya siguió adelante y la madrugada del 28 de junio fue secuestrado por un comando militar y enviado en un avión a Costa Rica. El gobierno provisional que asumió, de Roberto Micheletti, afrontó la condena unánime del continente y del resto de la comunidad internacional. Brasil y Argentina, entre otros países, lideraron el repudio activo y hasta hoy no reconocen al gobierno de Lobo.

Siguió al golpe un largo proceso de negociación encabezado por el Nóbel de la Paz Oscar Arias, que no desembocó en una solución. Finalmente, Honduras fue a elecciones y Porfirio Lobo resultó electo por un amplio caudal de votos. Ahora, con el reingreso a la OEA, Honduras da un paso clave en la normalización de sus relaciones con el mundo.

Pero esos meses de convulsión, con Zelaya primero exiliado, luego asilado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, luego de nuevo exiliado en Republica Dominicana, sirvieron para testear a las fuerzas políticas del continente. Por un lado, el frente bolivariano, más que nadie, encabezó la solidaridad  activa con Zelaya, socio político de esa coalición de países. Era, decían, un golpe de la derecha cavernícola con la complicidad del “imperio” y había que reaccionar en consecuencia, con un “no pasarán” coral, unánime. Pero la apelación, por venir de quienes venía, no logró adhesiones y se quedó en el bloque bolivariano y sus aliados de la izquierda continental.

En el otro extremo, los partidos de derecha más duros, como el republicano de Estados Unidos y el Partido Popular español, reconocieron y apoyaron al gobierno de Micheletti.

En el medio, con matices, estaban todos los demás, pero a partir de un acuerdo básico: la condena del golpe. Allí apareció el Departamento de Estado norteamericano, que aplicó sanciones muy dolorosas para Honduras, pero que tampoco quería hacerle el juego a Chávez y a Castro; Argentina y Brasil, decididos a frenar la maniobra golpista pero también por su lado, sin encolumnarse con el chavismo. Y luego, más o menos en sintonía con Washington, estaban Perú, Colombia, México y Chile. Todos países que ya reanudaron sus lazos diplomáticos con Honduras.

Puede verse a todo el episodio como una reacción y un ensayo. La derecha latinoamericana venía observando cómo la izquierda bolivariana avanzaba sin pausa, y no sólo por el legítimo método del sufragio; veía, por un lado, cómo ganaba adeptos en Centroamérica y el Caribe a fuerza de petróleo; y denunciaba los irregulares y brutales procesos de reforma constitucional de Ecuador, Venezuela y Bolivia,  los ataques sistemáticos contra las oposiciones y la prensa en esos tres países y en Nicaragua, vecina de Honduras. Pero ese cúmulo de ilegalidades y de atropellos recibía la anuencia silenciosa de la comunidad democrática de la región, donde hoy predominan gobiernos de centroizquierda que guardan simpatía ideológica hacia sus radicalizados primos bolivarianos (el Frente Amplio uruguayo, sectores del PT de Lula en Brasil, etc.)

La solidaridad activa de la UNASUR, y con ella del Brasil de Lula y de la Argentina de los Kirchner, siempre actuó como pantalla protectora para los gobiernos bolivarianos. Estos países con gobiernos progresistas cubrían las espaldas y dejaban hacer a los gobernantes bolivarianos, que trituraban a las instituciones democráticas y anulaban y perseguían a las oposiciones con total tranquilidad. La derecha regional veía todo esto con indignación e impotencia.

Entonces, se dijo esa derecha regional, “¿por qué nosotros no? Acá hay doble Standard: ellos pueden hacer cualquier tropelía y nosotros debemos comportarnos como monjas de clausura”.

Este clima de opinión dentro de los sectores conservadores latinoamericanos hizo eclosión en Honduras, seguramente porque ahí se daban las condiciones óptimas: una democracia oligarquizada, con fuerzas conservadoras dominantes, unas Fuerzas Armadas con un peso más propio de los años 70-80 y el avance sin dudas preocupante del bolivarianismo sobre Centroamérica y el Caribe (Zelaya llevó a Honduras al ALBA en 2008).

El caso Honduras-Zelaya puede así caracterizarse con el título: “Cuando las derechas de la región decidieron también ellas bajar a la lucha en el barro”, que venía proponiendo la izquierda populista bolivariana. Así volvieron esas derechas a sus viejas prácticas de décadas anteriores y junto con los militares perpetraron un golpe al más viejo estilo de los años 70. Setentistas, dirían en la Argentina kirchnerista, pero setentistas de derecha. Por este consenso de buena parte de las elites regionales,  el gobierno interino de Micheletti se mantuvo en medio del aislamiento internacional de manera bastante confortable.

Así, el “no pasarán” bolivariano se fue diluyendo, y a partir de la asunción de Lobo el 21 de enero de 2010 comenzaron a retomar sus relaciones con Tegucigalpa numerosos países, dando de esa forma su anuencia tácita pero clara al irregular proceso iniciado con el golpe y que había llevado al poder a Lobo. Ahora, con el acuerdo para el retorno a la OEA negociado por Colombia y Venezuela, por Lobo y Zelaya, este proceso de legitimación da un paso decisivo.

Si Honduras fue un operativo de emergencia sin pretensiones de servir de modelo, o si al contrario las elites conservadoras latinoamericanas tomaron apuntes y se los guardaron como manual de estilo para futuras oportunidades, es por ahora un inquietante misterio.  

Pablo Díaz de Brito es periodista y redactor especial de www.analisislatino.com