Artículos / Opinión

Indices de Etructura Institucional Económica en América Latina, Canadá y Estados Unidos

13 de octubre de 2003
 

A lo largo de las últimas dos décadas, numerosos trabajos teóricos han destacado la importancia que presentan los marcos institucionales en la construcción del proceso de desarrollo. En este campo, los trabajos de investigación de Douglass North (1990) han marcado el camino de todo un conjunto de perspectivas que llaman la atención sobre los efectos que sobre lo económico tienen las instituciones.

En este sentido, el Banco Mundial ha elaborado una base de datos (Doing Business database) que provee un conjunto de indicadores sobre los costos de la actividad empresaria, identificando regulaciones específicas que intensifican o detienen la inversión, la productividad y el crecimiento. A partir del relevamiento de la legislación y regulaciones en cada economía y de encuestas dirigidas a funcionarios y especialistas del sector privado en cada área de interés. La información requerida para la conformación de la base de datos es construida a partir de un período de tres años y en esta primer edición, que ha incluido un total de 133 economías de todo el mundo, ha sido recopilada entre enero de 2001 y enero del presente año; la base de información de cada indicador se actualizará año a año. La excesiva regulación de la economía, según proponen los estudios de especialistas del Banco Mundial, está normalmente relacionada con la ineficiencia de las instituciones públicas, lo que causa mayores retrasos y costos adicionales. En esta misma dirección, los trabajos del economista peruano Hernando de Soto se han encargado de describir cómo los marcos normativos sofocantes, al volver sumamente costosa la legalidad, crean amplias economías subterráneas e inutilizan así amplios stocks de capital con que cuentan las sociedades latinoamericanas para el desarrollo de mercados competitivos.

Entre la información presentada en esta base de datos, tres índices (construidos todos en una escala de 0 a 100) parecen destacarse al brindar un panorama de la situación en tres ámbitos vinculados directamente al desempeño de la actividad empresaria. Primero, en el ámbito de la exigibilidad contractual, el “índice de complejidad de procedimientos” (Procedural Complexity index) mide la facilidad procesal que cada sistema judicial presenta para obtener el cumplimiento de un contrato comercial, sobre tres indicadores: el número de procedimientos exigidos, la duración estimada de la disputa y los costos económicos incurridos (tasas, honorarios profesionales, etc.) para lograr el cumplimiento contractual. Los mayores puntajes indican mayor complejidad en el cumplimiento forzoso del contrato. En el terreno de concursos y quiebras, el “índice de obtención de insolvencia” (Goals-of-Insolvency index) es una medida que documenta el éxito de la Justicia en liquidar entidades ineficientes y, entonces, es calculado a partir de los costos, el tiempo y la observancia de la prioridad en los reclamos para obtener la insolvencia; el máximo puntaje significa un sistema perfectamente eficiente. Finalmente, el “índice de legislación laboral” (Employment Laws index) es calculado en función de la facilidad para contratar, las condiciones de empleo exigidas a los empleadores y la facilidad para despedir empleados, y un índice de 100 indica el mayor grado de rigidez.

Tal como reflejan los datos arrojados por los mencionados índices del Banco Mundial, la región latinoamericana presenta, respecto a los países desarrollados del hemisferio (Canadá y los Estados Unidos), marcos institucionales menos favorables para la construcción de mercados eficientes.

Índices de Estructura Institucional Económica en América Latina, Canadá y Estados Unidos (2003).

Nota: Los países latinoamericanos incluidos son, sobre los diecinueve totales, aquellos para los que se cuenta con datos comparables. Ellos son: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (MERCOSUR + Chile); Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela (Área Andina); Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica y Caribe) y México.
 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Banco Mundial: http://rru.worldbank.org/doingbusiness/default.aspx