La Política de Defensa y Seguridad Democrática del presidente Uribe aunque en un principio fue un buen programa de gobierno, con el fin de contrarrestar la violencia en Colombia, al no tener límites claros pervirtió su objetivo y la obsesión por lograr seguridad y resultados llevó a una sistemática violación de derechos humanos, como lo destacan varios informes.

Por Mario Pineda Vivas

Después de ocho años de gobierno, el presidente Álvaro Uribe se despide de la Casa de Nariño dejando varios sinsabores de su mandato en cuestión de derechos humanos. El pilar fundamental del gobierno de Uribe fue, sin duda, la “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, la cual pocos días después de su primera posesión empezó a desarrollar.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática tal como se expresa en el texto original presentado por el mismo presidente “ es el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada ”. Además, agrega: “ de este documento se desprenden las directrices generales que seguirán, en la elaboración de sus respectivos planes y estrategias, la Fuerza Pública, todos los ministerios y demás entidades del Gobierno. Dentro de sus planes de acción contemplarán cronogramas y medidas prioritarias para cumplir con los propósitos de esta política” .

Lo anterior nos da una clara dimensión del gran alcance de esta política, la cual tiene como “objetivo general reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común” . A pesar de que la seguridad democrática expresaba en un principio “la protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología política así como la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democrática” y que “La pluralidad del debate político depende de unas condiciones de seguridad que permitan la libre expresión de diferencias de opinión y el libre ejercicio de la autoridad democrática” donde “El gobernante, el opositor o el disidente político requieren garantías que les permitan ejercer su mandato popular o participar en la política sin temer por su seguridad personal” , la realidad ha sido otra con los casos de los “falsos positivos” por parte de la Fuerzas Armadas y las “chuzadas” telefónicas por parte del DAS.

Las ejecuciones extrajudiciales o como se conocen comúnmente “falsos positivos” hacen referencia a l asesinato de civiles inocentes con el fin de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, y poder mostrar resultados por parte de las brigadas de combate, tal como lo exige la planeación estratégica de las Fuerzas Armadas en congruencia con lo planteado en la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Así, lo que empezó a finales de 2008 con la desaparición de 19 jóvenes en Soacha, al sur de Bogotá, rápidamente se convirtió en una investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación de más de 716 casos relacionados, y 943 casos investigados por parte de la Procuraduría General de la Nación, tal como lo informó la revista Semana.com del pasado 7 de abril.

Por su parte, Philip Alston, relator especial de la ONU describió los “falsos positivos”, “ como el reclutamiento, mediante engaños, de víctimas que son seguidamente llevadas a remotas localidades, donde miembros del Ejército les dan muerte. Posteriormente, manipulan la escena, toman fotografías del muerto, a quien han vestido con uniforme guerrillero, con un arma o granada en la mano. Las víctimas son enterradas en fosas comunes, y los asesinos reciben un premio por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla” .

Lo más preocupante de los “falsos positivos”, luego de varias investigaciones, fue que se concluyó que era un práctica sistemática y regular en las Fuerzas Armadas. Es decir, que no fue realizada en forma aislada por unos cuantos miembros del Ejército, sino de manera planeada en varias partes del país. Como si fuera poco, los “falsos positivos” han sido tratados como un delito ordinario sin ningún tipo de atención prioritaria y especial, y tras conocerse la liberación de varios militares implicados, las familias de las víctimas han tenido que acudir a la Corte Penal Internacional con el fin de evitar que los crímenes queden en la impunidad.

Por otra parte, l as intercepciones telefónicas conocidas comúnmente como “chuzadas” realizadas por el Departamento de Administración Superior (DAS) a magistrados, periodistas, políticos, generales de la republica, fiscales y miembros de la oposición, es otro de los grandes escándalos del gobierno del presidente Uribe. Según la emisora “La FM” alrededor de 100 personajes de la vida nacional fueron ‘chuzados' entre abril y mayo de 2006, ad portas de las elecciones presidenciales y en momentos en que el ajedrez político movía sus fichas de manera estratégica, bien para apoyar la reelección del Jefe de Estado, o bien para tratar de impedirla .

Las intercepciones telefónicas ocurrieron durante la dirección de Andrés Peñate, nombrado por el presidente Uribe en octubre de 2005 tras la destitución de Jorge Noguera por la infiltración del paramilitarismo en la organización. Por su parte, el DAS ha rechazado las acusaciones y afirmó que nunca se han dado instrucciones para realizar las interceptaciones. Realizar interceptaciones de manera ilegal, sin una respectiva orden judicial, viola el Derecho a la Intimidad y constituye un delito sancionado por la legislación penal colombiana.

En definitiva, la Política de Defensa y Seguridad Democrática del presidente Uribe aunque en un principio fue un buen programa de gobierno con el fin de contrarrestar la violencia en Colombia, al no tener límites claros pervirtió su objetivo y la obsesión por lograr seguridad y resultados llevó a una sistemática violación de derechos humanos, como lo destacan los informes de la “Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia”, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, el “Departamento de Estado de los Estados Unidos”, “Human Rights Watch” y “Amnistía Internacional”, entre otros.

A pesar de esto, el candidato Juan Manuel Santos, quien fue ministro de defensa del presidente Uribe del 2006 al 2009 y defensor acérrimo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, es el favorito para ganar las próximas elecciones presidenciales del mes de mayo con un 29,5% de intención de voto según la encuesta del pasado 10 de abril realizada por el diario “El Tiempo” y la emisora “La W”. Sin embargo, tras la alianza con el candidato independiente Sergio Fajardo como fórmula vicepresidencial, Antanas Mockus avanza en las encuestas significativamente, posicionándose en el segundo lugar con el 24.8%, superando a la candidata por el partido conservador Noemí Sanín relegada al tercer lugar con un 16,4% de intención de voto.

El candidato Mockus como propuesta de gobierno pretende pasar de la seguridad democrática a la legalidad democrática, entendida ésta como la lucha contra la corrupción, el clientelismo, la vinculación de las mafias en la política, la utilización del atajo para ascender en la escala social, la cultura del dinero fácil, entre otras, con lo cual pretende recuperar la decencia de todos los colombianos.

Por otro lado, la candidata Sanín aspira a consolidar un modelo de país que genere prosperidad basado en la seguridad, la productividad y el trabajo digno en condiciones de equidad.

El futuro de Colombia es aun incierto y solo hasta el próximo 30 de mayo próximo, cuando los colombianos acudan a las urnas, se podrá conocer la propuesta que tuvo mayor respaldo.

Mario Pineda Vivas se encuentra realizando una pasantía en el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) como parte de la práctica de la carrera de Ciencia Política que está finalizando en la Universidad Javeriana de Colombia.

Aparecen ‘chuzadas' del DAS, Diario el Espectador, disponible en (linea) http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso140741-aparecen-chuzadas-del-das , consultado 07/04/2010