Dejando de lado cómo se posiciona cada país en este punto del drama hondureño, resulta válido remarcar que la intransigencia de los países de la izquierda populista regional es absolutamente deshonesta. El purismo democrático que invocan Chavez, Correa y Evo es descaradamente incoherente con su propio modo de arribar al poder.

Por Pablo Díaz de Brito

Las elecciones hondureñas del pasado domingo 29 de noviembre ahondaron la divisoria entre los países que condenan sin matices el proceso iniciado con el golpe del 28 de junio y quienes buscan una salida a partir de ese voto.

Frente a los países del Alba y Brasil, están quienes, con Estados Unidos y, ahora, España, buscan una salida negociada que parta del reconocimiento de la validez de las elecciones del domingo y los que rechazan de plano cualquier concesión. El negociador de la OEA y presidente de Costa Rica, Oscar Arias, impulsa con fuerza este criterio. No hacerlo sería condenar a Honduras a ser una Albania o un Myanmar de Centroamérica, argumentó el Nobel de la Paz en la cumbre de Estoril. Vale recordar que Arias, durante las gestiones que lideró en su casa de San José de Costa Rica, realmente impulsó la reinstalación de Zelaya. Nadie puede sospecharlo de ser un simpatizante golpista. También la chilena Bachelet hizo sugerencias en ese sentido en Estoril, aunque mucho más matizadas y dejando claro que no se podía dejar pasar el golpe.

Pero dejando de lado cómo se posiciona cada país en este punto del drama hondureño, resulta válido remarcar que la intransigencia de los países de la izquierda populista regional es absolutamente deshonesta. El purismo democrático que invocan Chavez, Correa y Evo es descaradamente incoherente con su propio modo de arribar al poder. Los tres incurrieron en abiertas ilegalidades para llegar o mantenerse en sus cargos.

Chávez, que ha hecho de su cruento intento de golpe de 1992 una fecha nacional con las honras propias de una epopeya fundacional, es además quien ordenó un referendo forzado que le permitió la reelección indefinida, cuando la propia Constitución impedía esa consulta. Porque el texto constitucional imponía que un asunto no se podía llevar a referendo dos veces bajo la misma presidencia, como hizo Chavez: en diciembre de 2007, cuando perdió, y en enero de 2009, cuando ganó. Detalles formales, para el caudillo autoritario de Caracas.

Correa, por su lado, es inimaginable sin el proceso de golpes civiles que castigaron a Ecuador antes de su llegada al poder. Pero aún haciendo abstracción de ese pasado, el propio Correa incurrió en ilegalides inmimaginalbles, que en un país serio le hubiesen costado el puesto por juicio político. Baste recordar que en marzo de 2007 hizo destituir a la mayoría de los legisladores del Congreso mediante el dictamen de un tribunal electoral. Algo que no existe en ningún ordenamiento constitucional mencionable, y que también impedía la Constitución ecuatoriana. No importó: se hizo igual.

En cuanto a Morales, hay tanto para elegir aún sin mencionar su participación protagónica en el golpe civil de 2003. Se puede citar la Constitución que sin mayoría calificada hizo aprobar entre bayonetas y en medio de una brutal represión en la ciudad de Sucre, en noviembre de 2007.

Por todo esto y mucho más, los que hoy exigen con intransigencia la pureza democrática del proceso hondureño no tienen pergaminos para hacerlo. Así de sencillo y contundente. Es una lástima que la Argentina se sume a este coro de falsos puristas de la democracia, en lugar de elegir la alternativa pragmática de Chile y España en Estoril. Porque hoy el camino de recuperación de la democracia en Honduras pasa, aunque no guste al paladar de un demócrata, por reconocer las elecciones y paralelamente exigir el cumplimiento de los demás puntos del Acuerdo de San José. Tal como hacen por estos días Oscar Arias, Estados Unidos y España.