Además de un retroceso en materia de libertades económicas, implicaría un grave deterioro institucional modificar mediante un trámite legislativo rápido al que está acostumbrado el kirchnerismo, una Ley cuya sanción en 1993 se generó después de tanta discusión y búsqueda de consensos durante trece meses.

Por Gabriel C. Salvia

Por Gabriel C.Salvia

BUENOS AIRES, oct 22 (DyN).- Llama la atención que livianamente se diga que "en enero" comenzará a regir el nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La Ley anterior, por la cual se instauró el régimen previsional mixto de reparto y capitalización individual que se aprobó durante la primera presidencia de Carlos Menem, llevó trece meses de arduo debate en el Congreso de la Nación.

En ese sentido, la iniciativa actual de la presidenta Cristina Fernández de estatizar los ahorros privados de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) para que los afiliados regresen al sistema único de reparto estatal, debería tener al menos un trámite similar en el Congreso.

La medida pone en juego los aportes 3,6 millones de personas, justamente de quienes no hace mucho ratificaron su deseo de seguir en el subsistema de capitalización, ante la oportunidad que les brindó el Gobierno de pasarse al régimen de reparto.

Si al atropello que significa el traspaso compulsivo de fondos de particulares se le suma velocidad y ligereza en el trámite legislativo de un proyecto que podría considerarse confiscatorio, se estaría en presencia de un doble atropello a la institucionalidad.

Como antecedente válido, vale la pena recordar que la semi-privatización del sistema previsional argentino se inició con el proyecto de ley enviado por Carlos Menem al Congreso, el cual ingresó el 27 de agosto de 1992 a la Cámara de Diputados.

Allí, recién obtuvo entonces dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social el 3 de marzo de 1993 y luego recibió la media sanción de la Cámara Baja el 6 de mayo de ese mismo año. A su vez, en el Senado logró la sanción definitiva el 23 de septiembre de 1993. Un año y un mes después.

En consecuencia, además de un retroceso en materia de libertades económicas, implicaría un grave deterioro institucional modificar mediante un trámite legislativo rápido al que está acostumbrado el kirchnerismo, una Ley cuya sanción se generó después de tanta discusión y búsqueda de consensos.

Ahora, si se optara por hacer un tira y afloje legislativo serio de esta iniciativa, el mismo podría generarle al Poder Ejecutivo un "efecto campo 2", pues el gran número de afectados por la propuesta podría comenzar a movilizarse y a poner nuevamente en jaque al Gobierno.

Además, en vísperas de realizarse dentro de un año elecciones legislativas, los afectados por la propuesta kirchnerista podrían votar masivamente a candidatos de la oposición en octubre de 2009 y de esa manera el oficiliasmo quedaría herido de muerte, si pierde la mayoría propia.

Lo interesante es que esta iniciativa del Gobierno ofrece una nueva divisoria de aguas políticas en la Argentina, entre los alineados en el populismo y los que defienden la institucionalidad republicana. Por ejemplo, que personas como Hermes Binner, gobernador socialista de la provincia de Santa Fe y el propio vicepresidente, Julio Cobos la apoyen, ayuda a ordenar el escenario político y a unificar a la oposición.

Es que en el debate sobre el régimen previsional lo que está más en juego es la calidad institucional. El sistema de capitalización individual se aplica con éxito en países como Suecia, símbolo del estado benefactor donde el sistema de reparto colapsó y al lado de la Argentina, en Chile.

Está claro que el sistema de previsión mediante capitalización individual aplicado en ambos países es muy diferente al argentino. Pero ésta no es la única diferencia que tienen esos países con la Argentina, pues tanto el menemismo como el kirchnerismo comparten en el imaginario popular las sospechas de prácticas corruptas y en ese contexto la economía de mercado es inviable.

Solamente hay que ver las posiciones de Suecia, Chile y Argentina en el ranking de Transparencia Internacional. Allí, los nórdicos se ubican en el puesto número 1 con un puntaje de 9,3, sobre 10 que es el máximo, en tanto, Chile está en el lugar número 23 con un puntaje de 6,9 y la Argentina aparece en el lugar 109 con un puntaje de 2,9.

Esta controvertida iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner debería servir, además, para generar en la opinión pública un debate de fondo sobre el modelo de país, a partir de que en materia de desempeño político, económico e institucional claramente un sector de la sociedad prefiere a Chile y otro a Venezuela.

Gabriel C. Salvia es presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).