El asesinato de los integrantes de Hermanos al Rescate
Justicia de Estados Unidos imputa al dictador Raúl Castro y otros militares por el asesinato de ciudadanos estadounidenses
El Departamento de Justicia presentó cargos por el derribo de dos avionetas civiles en 1996. Entre los imputados figuran pilotos y altos mandos de la Fuerza Aérea de Cuba, señalados por el operativo que terminó en la muerte de cuatro miembros de Hermanos al Rescate que auxiliaba a balseros que intentaban huir del régimen socialista.
Fuente: Análisis Latino
Raul Castro, Dictador Cubano acusado por dar la orden de asesinar a los integrantes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles los cargos criminales contra el ex dictador cubano Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en lo que el fiscal general interino Todd Blanche describió como la primera acusación formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen de Cuba por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
El actual Dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró que la acusación formal contra Raúl Castro es una “acción política sin basamento jurídico” que busca justificar una “agresión militar” a la isla. Usando los mismos argumentos, el encargado de Negocios, Leonardo Baster, de la Embajada de Cuba en Argentina señaló: “No hay un argumento válido para esta falsa imputación. Buscan instalar la narrativa de que tenemos un gobierno incapaz de encauzar el desarrollo y las políticas de nuestro país”.
Estos son los 6 militares acusados de asesinato: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, Raúl Castro, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis y Raúl González-Pardo Rodríguez
El derribo de las avionetas fue ejecutado el 24 de febrero de 1996. En las mismas iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con “Hermanos al Rescate”, una organización humanitaria que auxiliaba a personas desesperadas, que ante el hambre, la desolación, la falta de oportunidades o la persecución política, intentaban huir de la isla.
En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que lo pondría en la cúspide de la cadena de mando para decidir el derribo de los aviones. La acusación formal incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua, y el fiscal general interino, Todd Blanche, confió en que comparezca “por su propia voluntad o de otra forma”.
Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura de La Habana, que alegó que las aeronaves habían violado su espacio aéreo y calificó a los aviadores de “terroristas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló además que los pilotos no recibieron advertencias previas antes de ser derribados.
El ex fiscal federal Guy Lewis, quien trabajó en investigaciones relacionadas con el caso, aseguró que “las pruebas eran contundentes” y calificó el derribo de las avionetas como “un homicidio premeditado y orquestado”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles los cargos criminales contra el ex dictador cubano Raúl Castro Ruz por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en lo que el fiscal general interino Todd Blanche describió como la primera acusación formal en casi 70 años contra el liderazgo superior del régimen de Cuba por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses.
El actual Dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, aseguró que la acusación formal contra Raúl Castro es una “acción política sin basamento jurídico” que busca justificar una “agresión militar” a la isla. Usando los mismos argumentos, el encargado de Negocios, Leonardo Baster, de la Embajada de Cuba en Argentina señaló: “No hay un argumento válido para esta falsa imputación. Buscan instalar la narrativa de que tenemos un gobierno incapaz de encauzar el desarrollo y las políticas de nuestro país”.
Estos son los 6 militares acusados de asesinato: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, Raúl Castro, José Fidel Gual Bárzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis y Raúl González-Pardo Rodríguez
El derribo de las avionetas fue ejecutado el 24 de febrero de 1996. En las mismas iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con “Hermanos al Rescate”, una organización humanitaria que auxiliaba a personas desesperadas, que ante el hambre, la desolación, la falta de oportunidades o la persecución política, intentaban huir de la isla.
En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que lo pondría en la cúspide de la cadena de mando para decidir el derribo de los aviones. La acusación formal incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua, y el fiscal general interino, Todd Blanche, confió en que comparezca “por su propia voluntad o de otra forma”.
Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura de La Habana, que alegó que las aeronaves habían violado su espacio aéreo y calificó a los aviadores de “terroristas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló además que los pilotos no recibieron advertencias previas antes de ser derribados.
El ex fiscal federal Guy Lewis, quien trabajó en investigaciones relacionadas con el caso, aseguró que “las pruebas eran contundentes” y calificó el derribo de las avionetas como “un homicidio premeditado y orquestado”.