Relevos indican un contundente descontento respecto de la gestión del primer mandatario colombiano. ¿Los motivos? La paz, la polarización en la ciudadanía y los asesinatos a líderes sociales, entre las carencias más marcadas. Y una crisis sanitaria tan global como inoportuna.

Por Hugo Machín Fajardo

Iván Duque (43), a casi 17 meses de asumir como presidente de Colombia, enfrenta una difícil situación de gobernabilidad que contrasta con los buenos indicadores que hasta el presente ofrece la macroeconomía del país cafetero.

La última Encuesta Invamer informa que el 71% de quienes respondieron desaprueba la gestión presidencial. Porcentaje que fue del 48% en el momento de la ascensión presidencial en agosto de 2018. La aprobación, que se ubicaba en un 42%, cayó a un 23% este mes.

Según la cientista política Elizabeth Ungar, entrevistada en Semana, este desencanto se debe “a la falta de un proyecto político por parte del presidente Duque. (Álvaro) Uribe tuvo la seguridad, (Juan Manuel) Santos, la paz, pero la ciudadanía no percibe cuál es el rumbo en este momento”.

Ungar ubica en tres aspectos las carencias de la Administración Duque: paz, polarización en la ciudadanía y asesinatos a líderes sociales.

Sobre el acuerdo de paz firmado entre Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la politóloga sostiene que “no está pasando mucho, sino que se están poniendo piedras en el zapato para la implementación integral de los acuerdos”.

La polarización “no sólo no disminuyó, sino que en los últimos meses aumentó, y seguirá. En las próximas elecciones — en 2022—  va a haber dos bloques muy radicalizados en torno a la paz”, agrega.

Las autoridades colombianas han manifestado que hay tantos asesinatos por delitos comunes como de líderes sociales. Ante esto, Ungar responde que con esa posición “se le está restando importancia ética, simbólica y real a la tragedia de lo que significa” la pérdida de vidas de defensores de derechos humanos o líderes sociales.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la  ONU presentó el 25 de febrero de 2020 su informe anual sobre Colombia en el que señala la existencia de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, incremento en los asesinatos de indígenas, abuso de la fuerza en las protestas, homicidios cometidos por militares y policías, muchos casos de violencia sexual y de género, y ausencia de presencia estatal en zonas rurales. Entre sus recomendaciones, pide que la Policía colombiana pase a depender del Ministerio de Interior y no del de Defensa. Duque consideró que esto era “una intromisión en la soberanía” por parte de la oficina que dirige la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, y agregó que el informe contiene “imprecisiones” y no dice “la verdad” respecto de cómo el Gobierno viene implementando los acuerdos de paz con las FARC. Sin embargo, el lunes 10 de marzo, luego de sellar en Nueva York un acuerdo marco por tres años con el secretario general de la ONU, António Guterres, acuerdo que en dos de sus ejes apunta implantar una “paz con legalidad” y el apoyo a los migrantes venezolanos, Duque matizó su respuesta inicial e indicó que Colombia no rechaza la visita de la Alta Comisionada.

Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Interior y Justicia durante la primera presidencia de Uribe, e integrante del Centro Democrático, principal partido de apoyo a Duque, admite que el presidente “ha tenido una enorme dificultad para conseguir gobierno en 2019”, así como para ofrecer “un relato coherente del país”, pese a que las cifras macro de Colombia son mucho mejores hoy, 3.3 del PBI —a diciembre 2019—, en contraste con el último año de Santos, cuando se ubicó en el 1.7. “Son cifras cinco o más veces que el promedio general de América Latina”, subraya. Las economías de América Latina y el Caribe crecerán a una tasa promedio del 0,1%. Y las proyecciones de crecimiento para 2020 serán de un 1,3% en promedio, según la CEPAL.

No obstante, Nieto advierte que si ese crecimiento no llega al 4% del PBI –las previsiones del Ministerio de Hacienda son de 4,6%— no podrá disminuirse el desempleo. Y agrega: “Tenemos un millón y medio más de venezolanos que impactan en la mano de obra”. Y le asiste razón en su prevención. El ex ministro mexicano Jorge Castañeda acaba de publicar un artículo en The New York Times en el que sostiene que “Colombia enfrenta sola la mayor crisis de refugiados de la región y es hora de ayudarlos”.

Castañeda explica que los refugiados venezolanos que llegan a Colombia son, en su mayoría, indigentes: “Hombres, mujeres y niños que no sólo huyen de la represión y las violaciones a los derechos humanos cometidas por Maduro, sino, más significativamente, del hambre, las enfermedades y la falta de bienes básicos, como medicinas”. Requieren de mucho apoyo estatal colombiano, ya se trate de documentos para trabajar, vivienda, escuelas para sus hijos y atención médica.

Sobre la paz, la posición del Centro Democrático es que hay “elementos estructurales” del acuerdo de paz que hacen imposible su plena aplicación. “Hubo incentivo perverso al narcotráfico” —afirma Nieto— “y hay un correlato entre el narcotráfico y la violencia”.

La administración Duque recibió 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos, cifra muy superior a las 60 mil que llegó a reducirse en Colombia.

Como prueba del enlace entre narcotráfico y violencia, Nieto subraya que “la tasa de homicidios en [el municipio de] Boyacá es de seis homicidios cada 100 mil habitantes en 2018, última cifra conocida, casi europea; pero en donde hay narcotráfico, como en el Valle del Cauca, es de 46 homicidios cada 100 mil habitantes. O en el Bajo Cauca, que es más alta. Y hay municipios donde la tasa es de 90, 120, 140 mil homicidios por cada 100 mil habitantes”.

El desplome en el precio del petróleo y la consiguiente suba del dólar —en el fin de semana del 7 y 8 de marzo pasó de $3.500 a $3.803, máximo histórico— encendieron las alertas en el equipo económico colombiano. En el Plan Financiero del Gobierno se prevé una tasa de cambio promedio de $ 3.320 para este año. La estimación a principios de 2020 era que el precio del barril de petróleo se situaría en los USD 60, pero ahora hay que encarar una realidad que puede llevarlo a la mitad, de hecho, el martes 10 de marzo se ubicó en USD 34,36 el barril.

La devaluación del peso colombiano fue la segunda divisa detrás de Rusia con mayor devaluación. El impacto se ha hecho sentir en la Bolsa de Valores. El periódico salmón Portafolio informa que el principal indicador bursátil “presentó una pérdida de 10,53% hasta los 1.344,60 puntos, algo que no se veía desde el 12 de junio de 2006”, acumulando una caída general del mercado de bolsa para 2020 de 19,12%.

Aunque Colombia no sea país petrolero, su economía tiene alta dependencia de esa industria en sus cuentas fiscales como en la economía en general. Los términos déficit de cuenta corriente, deuda externa, inflación y metas respecto del PBI se transforman en nubarrones a seguir con atención.

Colombia también ingresa en estos días a las medidas preventivas tomadas respecto del coronavirus, lo que ya está afectando a la industria turística. El Ministro de Salud Fernando Ruiz confirmó 6 nuevos casos en Medellín, Bogotá y Cartagena y decretó aislamiento para vuelos internacionales. En el crucero de bandera bahamesa Braemar que estuvo en Cartagena de Indias el 8 de marzo, y se permitió el desembarco, ocho de los pasajeros traían síntomas, y una viajera fue el primer caso en la principal ciudad turística colombiana. En materia de virus, Colombia contabiliza 23 muertes por dengue en lo que va del año, y tiene 12.217 pacientes afectados, según el Instituto Nacional de Salud, un 10% de ellos en la ciudad de Cali. Cifras que, sin ser las de Brasil, donde en un mes se han registrado 57,4 mil casos, igualmente constituyen un alerta. La letalidad por dengue grave en 2019 en Colombia se situó en 6,8%, inferior a lo registrado entre 2015 y 2018, y se garantizó la hospitalización al 96,4% de estos casos.

Miles de colombianos se han volcado a las calles o han caceroleado en los últimos meses con diferentes reclamos. Pero el dato a tener en cuenta es el que aporta la encuesta de Cifras & Conceptos, encargada por la prestigiosa Universidad de los Andes y el periódico El Tiempo de Bogotá, realizada mediante consulta presencial a 2.513 jóvenes, entre 18 y 32 años, en 10 capitales y municipios. En Bogotá, 78 de cada 100 dicen haber participado en protestas y cacerolazos el ultimo año. El 60% del total de entrevistados protestó frente a un 40% que dijo no haberlo hecho. El 69% de quienes protestaron lo hizo en marchas callejeras; el 60%, en redes virtuales; el 56%, mediante cacerolazos, y en el entorno de un 44% lo ha hecho en debates familiares, con amigos o en sitios de trabajo.

Esos jóvenes consideraron que el principal problema de Colombia es la corrupción (30%); seguida del desempleo (20%); la situación económica del país (14%); la inseguridad (12%); el acceso y la calidad de la educación superior (11%) y el Gobierno (10%).

Al presidente Duque le restan diez meses para implementar una gobernabilidad que modifique este cuadro desfavorable en la percepción ciudadana. Ya en 2021 se vivirá el año preelectoral y, como siempre sucede, los realineamientos partidarios dificultan la cohesión gubernamental.