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Leandro Querido

La moda de los datos: falacias y desinformación en datos sin contexto

El solo hecho de que mujeres ocupen cargos en el parlamento no quiere decir que las mujeres en su conjunto están siendo representadas. De manera que resaltar la paridad de género en un régimen totalitario es un dato vacío, porque para el dato comparativo solo debemos contemplar a los regímenes democráticos o competitivos. Las mujeres en el parlamento cubano representan al Partido Comunista, no a las mujeres cubanas.

Por Leandro Querido
Twitter: @leandroquerido
7 de febrero de 2020
 
La moda de los datos: falacias y desinformación en datos sin contexto

En la era de las breaking news, en la que los medios de comunicación de cualquier tono, línea editorial o plataforma luchan para reportar de forma atractiva y rápida la noticia, notamos en ocasiones una falta de precisión conceptual considerable cuando se trata de cierto tipo de información. En esto nos alejamos un poco del concepto de fact-checking y nos acercamos a un enfoque que podría a veces requerir más recursos de los que requeriría la verificación de la información. Mientras que el fact-checking hace más referencia a comprobar lo fidedigno de una fuente, el siguiente planteamiento se basa en la importancia de verificar que la noticia no sea en sí misma una falacia.

La falacia es un concepto muy bien conocido por quienes se dedican a las Ciencias Sociales o la academia, dado que es una afirmación o conclusión que se basa sobre la presunción de correspondencia entre ciertos datos o hechos que en realidad no es tal. Como ejemplo citaremos una aclaración que solemos sostener en la ONG Transparencia Electoral: afirmar que un país es democrático solo porque celebra elecciones es una falacia, dado que la calidad de esa democracia puede delatar la presencia de un autoritarismo competitivo o incluso una dictadura, como en los casos de Venezuela (1999-2016) y Cuba, respectivamente.

Mal puede estudiarse la calidad de un fenómeno allí donde no existe, por lo que no hay estudios sobre calidad democrática que incluyan a Cuba o a Arabia Saudita, una dictadura una, y una monarquía teocrática absoluta otra. Una institución no exclusiva de la democracia liberal o representativa es el parlamento. De hecho, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, la Asamblea Popular Nacional de China y la Asamblea Consultiva de Arabia Saudita, son entes que sirven para distribuir cuotas de poder y cargos entre los miembros de la élite autocrática y tienen poder nulo de interpelación o contrapeso. El poder real en estos casos yace en el partido único o en el monarca, y el “Poder Legislativo” es más un órgano que no representa intereses de ciudadanos sino de quienes gobiernan sin límite alguno en contextos autoritarios.

Aún a la luz de estos hechos, al analizar el progreso de la representación de las mujeres en legislaturas nacionales los medios de comunicación llegan a calificar de “grandes avances” el hecho de que en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba haya más de un 40% de parlamentarias cubanas, o que desde 2013 el Rey saudí haya empezado a apuntar mujeres a su Asamblea Consultiva. Para ser claros, esto ciertamente es un dato importante para el estudio de la igualdad de género en sistemas políticos autoritarios y puede llevar incluso a considerar un enfoque de género en el análisis de las dictaduras contemporáneas, pero bajo ningún concepto podría ser tomado en cuenta en términos de calidad de representación.

La negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba a incluir en el cronograma legislativo la discusión de una Ley Integral contra la Violencia de Género, cuya propuesta fue entregada en noviembre de 2019 por parte de un grupo de 40 activistas de la sociedad civil, es un buen ejemplo de cómo un hecho no implica conclusiones inmediatas. Es decir, el solo hecho de que mujeres ocupen cargos en el parlamento no quiere decir que las mujeres en su conjunto están siendo representadas. De manera que resaltar la paridad de género en un régimen totalitario es un dato vacío, porque para el dato comparativo solo debemos contemplar a los regímenes democráticos o competitivos. Las mujeres en el parlamento cubano representan al Partido Comunista, no a las mujeres cubanas.

La evidente falta de integridad en las elecciones cubanas es lo que condena estos datos a la irrelevancia. Ya desde el momento en el que la Comisión Electoral Nacional (CEN) establece el período en el que los candidatos a delegados municipales pueden hacer “campaña política”, empiezan los comicios en la isla a alejarse sustancialmente de los principios de integridad electoral. En el contexto de elecciones libres, los candidatos y partidos políticos deben cumplir con requisitos razonables para postularse a cargos de elección popular y deben poder llevar adelante una campaña para difundir propuestas e ideas, y en el caso cubano ninguna de estas condiciones se cumple.

Los vecinos que integran las Asambleas Populares que pueden nominar a los candidatos deben votar por estos a mano alzada bajo la mira de sensores estatales, comprometiendo el secreto del voto incluso desde esta temprana etapa del proceso. Ya en las municipales de 2015 dos activistas independientes lograron contra todo pronóstico captar el apoyo de sus vecinos y ser candidatos a delegados municipales, Hildebrando Chaviano y Yuniel López. Sin embargo, la legislación electoral dispone que está prohibido que los candidatos hagan campaña a su favor y que esta debe ser llevada a cabo por el Estado a través de las Comisiones Electorales de Circunscripción, únicas instancias autorizadas para divulgar fotos y biografías de los candidatos en lugares públicos (p. 98-99). Esto, y la participación de los candidatos en actos, conferencias o reuniones en centros laborales para hacerse conocer por los trabajadores, es la entera extensión de la “campaña electoral”.

            En las biografías de Hildebrando Chaviano (periodista independiente y activista por los DDHH) que la comisión electoral publicó y difundió se leía que “pertenece a grupúsculos contrarrevolucionarios (…) escribe para sitios financiados por organizaciones radicadas en el extranjero que también financian sus viajes”. Aún así, obtuvo el 20% de los votos en 2015. La sociedad civil independiente de Cuba empezaría así una cruzada por surtir algún efecto sobre estos procesos, mal llamados democráticos, siguiendo las reglas de juego que el mismo régimen impuso e irrumpir organizados en la escena política.

Para las elecciones legislativas de 2018 en Cuba, desde que fueron convocadas por la Comisión Electoral Nacional (CEN) en junio de 2017, organizaciones no alineadas con grupos que el Estado cubano considera “sociales y de masas” siguieron los pasos de López y Chaviano y coordinaron esfuerzos para intentar nominar candidatos disidentes de la dictadura y someterlos a consideración en las Asambleas Populares, pero esta vez el régimen se aseguró de que ninguno pasara siquiera de la etapa de nominaciones.

Por primera vez en su historia electoral, al menos 600 aspirantes independientes del Partido Comunista a delegados municipales buscaron la nominación de las Asambleas Populares, la mayoría de los cuales no pudo siquiera someter su nombre a consideración. Tan pronto se supo que la sociedad civil propondría candidatos se activaron los organismos de seguridad, así como las “organizaciones de masas”, que emprendieron campañas de descrédito, intimidaciones y amenazas, y las autoridades electorales incluso dejaron de informar oportunamente la fecha en la que se celebrarían las Asambleas Populares. Aquellos que no se inhibieron de participar y buscaron llegar a las asambleas, fueron perseguidos o secuestrados por la seguridad estatal, que se sirvieron de citaciones policiales, privaciones temporales de libertad y obstáculos al libre tránsito. Uno de los casos más insólitos fue el de Confesor Verdecia. El día en el que se celebraría la Asamblea Popular de su circunscripción, en el domicilio de este activista independiente se presentó una “comisión de salud pública” integrada por una doctora, una enfermera y un especialista en epidemiología, y le informaron que tenía que quedar en “ingreso domiciliario” porque había un brote de conjuntivitis, enfermedad que Verdecia había contraído días atrás y de la que ya estaba curado. Con dos “enfermeros” apostados en la entrada de su domicilio, tuvo que desistir de participar en la asamblea. Así es la democracia total en la que las mujeres logran “representación” parlamentaria.

En este mismo sentido, algunos medios dan difusión irrestricta, viciada por las mismas falencias conceptuales, a datos de instituciones internacionales. En la red social Twitter, el medio alemán DW en Español publicó el 8 de enero una lista de países catalogados en base al gasto público en educación como porcentaje del PIB. Cuba estaba a la cabeza con 12,8%, seguida por Costa Rica (7,4%), Bolivia (7,3%) y Venezuela (6,9%). En Estados en los que prima la falta de transparencia y la corrupción, y donde la administración de gobierno no puede ser interpelada, no hay datos públicos confiables que tomar. Incluso en democracias, estos números suelen ser relativos y con frecuencia su interpretación depende de la metodología con la que se obtienen. La inversión en educación puede tomar muchas formas, y mientras un gobierno podría, por ejemplo, factorizar las inversiones para mejorar la alimentación de estudiantes en escuelas públicas, otros gobiernos podrían no considerarlo un gasto en educación como tal.

En el caso de Cuba y Venezuela, hay educación gratuita disponible en todas las etapas, incluso la universitaria, dato que por sí mismo para muchos analistas e intelectuales es válido resaltar para reforzar la narrativa a favor del modelo comunista. En el caso venezolano, las universidades nacionales y experimentales proliferaron durante el régimen chavista, pero no se suele mencionar que son instituciones fundadas para servir de sistema paralelo al existente, compuesto por las universidades autónomas que Chávez no pudo controlar y que terminó considerando “oligárquicas” y cerradas a la población estudiantil en general, por dar demasiada importancia a las pruebas de admisión y el historial académico para otorgar cupos por naturaleza limitados. Además, las “misiones” educativas como Robinson y Ribas son apéndices que forman parte del ecosistema institucional chavista en esta área. Con estándares sumamente relajados, la misión Ribas gradúa “médicos comunitarios” en la mitad del tiempo que suele tomarse un estudiante de una universidad autónoma para cursar toda la carrera de Medicina, y el chavismo suele hacer mención a la cantidad de graduados como logros de la Revolución.

Los precedentes establecidos por la Unión Soviética y la China de Mao Tse Tung durante el Gran Salto Adelante son las muestras más elementales de cómo los números o datos por sí mismos no nos dicen nada, menos cuando son presentados de manera sugestiva para causar impresiones calculadas ¿De qué sirve resaltar las toneladas de granos producidos en una temporada si millones de chinos murieron de inanición y trabajo forzoso para cumplir con las cuotas impuestas por el PCC? Lo mismo sucede con el programa de médicos cubanos, más parecido a un modelo de trata de personas con el que el régimen cubano hace millones todos los años que a un intercambio cooperativo tradicional, y que incluso fue recientemente calificado como trabajo forzoso por las Relatorías Especiales de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud y sobre la trata de personas. Venezuela todavía hoy envía miles de barriles diarios de petróleo a Cuba para pagar por los médicos que forman parte de la “Misión Barrio Adentro” creada en teoría para complementar el sistema de salud venezolano y que, aunque llegaron a atender a personas de bajos recursos y excluidas por un tiempo, terminaron abandonados o inoperantes. Algunos estudios que resaltan este caso como un éxito de la cooperación Sur-Sur dependen exclusivamente de las fuentes oficiales de ambas dictaduras, muy lejos de ser datos fiables.

Además de las iniciativas de fact-checking, que son un enorme aporte en la era de la información, es preciso abrir el debate sobre este problema e impulsar medidas para cubrir de contexto estos datos vacíos antes de lanzarlos al ciberespacio, donde son utilizados para avanzar narrativas de las autocracias que hoy están en guerra con las democracias del mundo. La edición 2019 del Índice de Democracia de The Economist solo cataloga a 74 países de 167 como democráticos, de los cuales 22 son democracias plenas y 54 democracias comprometidas o con defectos. No es momento para holgazanear al momento de publicar la información, es necesario estar comprometidos con la información fidedigna, pero también con su contextualización. Vale la pena intentarlo.

 
Acerca del autor
Leandro Querido
Leandro Querido
Politólogo especializado en observación electoral y director ejecutivo de Transparencia Electoral.
Twitter: @leandroquerido