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Marcos Novaro

Alberto Fernández pide al Congreso un gran cheque en blanco para no cambiar nada

(TN) El diálogo y el consenso proclamados durante la campaña fueron reemplazados por una masiva delegación de facultades legislativas y un ajustazo vía suba de impuestos y caída de las jubilaciones. Se vuelven a patear los problemas para adelante.

Por Marcos Novaro
18 de diciembre de 2019
 
Alberto Fernández y Cristina Kirchner

(TN) La mejor manera de cambiar no es intentar algo nuevo, según el manual del nuevo gobierno, sino ponerle un nombre nuevo a soluciones viejas. Ahora, la ley de emergencia se llama “de solidaridad social y reactivación productiva”, ¡qué novedad!. En esto de poner nombres rimbombantes a impuestazos y ajustes hay que reconocer, de todos modos, que están haciendo un gran esfuerzo: con la misma febril imaginación le pusieron “impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria” al 30% de recargo sobre la cotización libre del dólar. Que ya no tendrá sentido seguir llamando “libre” porque accederán a él solo las empresas que importen esos bienes y servicios que antes podíamos comprar directamente por internet; y ahora ellas nos los podrán revender con hasta un 30% de recargo. Todo muy solidario e inclusivo.

Como sea, la ley en cuestión es una vieja conocida, dice algo muy parecido a la de emergencia de 1989, y se parece más todavía a la homónima de 2002, que rigió durante los quince años siguientes: concede una amplia delegación de atribuciones del Congreso al presidente para que aumente impuestos, recorte gastos, renegocie tarifas y contratos y burle el presupuesto cada vez que lo considere necesario.

La diferencia es que algunas atribuciones se conceden ahora sin límite de tiempo, o por plazos más prolongados que el mandato presidencial que recién está comenzando. Para no tener que estar votando la renovación de la emergencia cada año, como se hizo hasta 2015. Una diferencia importante, porque augura que Alberto Fernández no piensa hacer como Menem, que usó los poderes delegados durante la hiperinflación, pero desde 1991 volvió al Congreso a discutir y negociar las reformas, los impuestos y los gastos, si no que pretende reeditar a Néstor, y perfeccionarlo: las urnas también a Alberto le dieron un poder limitado, y su coalición le responde aún menos, pero lo compensará logrando que el Congreso le libere las manos, para gobernar solo y sin rendir cuentas durante el tiempo que considere necesario. No cabe ya ninguna duda: volvieron mejores.

¿Por qué el Congreso le va a conceder semejante poder al presidente? Porque los legisladores oficialistas prefieren que sea él quien cargue con los costos y responsabilidades de medidas incómodas: si hay protestas por el nivel de las retenciones y otros tributos y por la baja de las jubilaciones prefieren que se haga cargo Alberto, y no tener que dar ellos explicaciones. También lo harán porque los gobernadores han recibido del presidente una licencia semejante para saquear los bolsillos de sus contribuyentes, antes de que se empezara esta discusión sobre la emergencia: la “suspensión” del Pacto Fiscal que firmaron en 2017 con Macri significa que la baja de impuestos ha pasado a mejor vida y los mandatarios distritales podrán también subir alícuotas a voluntad en sus jurisdicciones, no vaya a ser que tengan que recortar sus gastos, lo que se sería imperdonable, neoliberal. Seguramente, se les permitirá asimismo repetir que practican la solidaridad y promueven la reactivación cada vez que suben ingresos brutos, sellos y demás contribuciones.

Hacerlo les será conveniente, además, porque la Nación también sacó un beneficio de declarar caído el Pacto Fiscal de 2017: quedó en suspenso el compromiso que Macri les hiciera a las provincias en cuanto a que completaría la devolución del 15% de impuestos coparticipables retenidos injustificadamente desde 2009 para la Anses. Lo que, sumado a la suspensión de la actualización automática de las jubilaciones, podría bastar para contener, por ahora, el déficit previsional. Pero, ¿y después qué?

Precisamente, los déficits más serios del proyecto de ley parecen residir, más allá del carácter abusivo de algunos impuestos, en lo incierto que resultan los “por ahora” y los “después qué”. Podemos coincidir en que la emergencia en sí es un recurso, por de pronto, imprescindible. Si hubiera ganado Macri también hubiera pedido una autorización de este tipo. Pero el problema no es tanto la amplitud de la autorización, como el tiempo durante el cual se pretende usar, y las pocas chances de que al final de ese período exista algo así como una “normalidad” gobernable, una situación que no requiera de más medidas de emergencia.

El caso más palmario es el de las jubilaciones: suspender el régimen de actualizaciones, votado en 2017 junto al Pacto Fiscal, contra los que entonces decían defender los ingresos de los jubilados, para reemplazarlo por aumentos discrecionales que perjudiquen particularmente a quienes cobran más que la mínima es tan abiertamente violatorio de la ley y la jurisprudencia que llevará dentro de unos años a que el Estado tenga que volver a saldar una enorme deuda acumulada. Puede que a Alberto le resulte tentador por ahora esconder esa deuda bajo la alfombra, pero difícilmente el resultado cuente como “equilibrio fiscal”.

El sablazo sobre las exportaciones del agro posiblemente tenga resultados semejantes: por ahora, con los campos ya sembrados, supondrá un aumento de los ingresos del fisco, pero dado que ningún país vecino aplica derechos de exportación, ni siquiera mínimos, va a ser en adelante un estímulo para sembrar cada vez menos acá e invertir cada vez más en Uruguay, Paraguay y Brasil. El resultado no puede ser muy distinto al que ya se observó entre 2008 y 2015. A menos que se le imponga un plazo muy acotado a la medida. Como se comprometió a hacer Duhalde en 2002, y luego Néstor incumplió. También en este terreno la señal es que se pretende “volver mejores”: el nuevo gobierno no sólo llevó al límite las retenciones, sino que pide al Congreso que le autorice elevar aún más ese límite, como para tener más margen en el futuro. Se ve que piensan seguir mejorando.

Por cierto, el Ejecutivo aceptó quitar el artículo 85 del proyecto de ley, que le otorgaba amplias atribuciones para reformar organismos del Estado. Muchos ven en eso un gesto de moderación, hasta de republicanismo. Pero tal vez lo sea más bien de conservadurismo: nos está diciendo que no nos asustemos, que no vienen a cambiar nada, al menos nada que pueda dañar a su coalición. Si la delegación de facultades contenida en este proyecto fuera para hacer reformas, como la usó Menem en su momento, tal vez podría imaginarse que la situación al terminar la emergencia sería distinta, y más sustentable, que a su inicio. Pero es claro que si algo no quiere este gobierno es hacer reformas. La emergencia es su único programa. Y la meta, hacerse del poder de sacarle a unos y darle a los otros. Nada distinto, ni una sola idea más allá de esa simple gestión de los recursos disponibles.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)

 
Acerca del autor
Marcos Novaro
Marcos Novaro
Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Liderazgos, representación y opinión pública” y adjunto regular de la materia “Teoría Política Contemporánea”. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) e “Historia de la Argentina Contemporánea” (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2006).