02.04.19Evo Morales, ¿el último «hiperpresidente»?
En las elecciones nacionales a realizarse en siete meses- a las que concurren en total nueve candidatos- no solamente está en juego el último proyecto bolivariano del denominado “socialismo del siglo XXI”. La posibilidad de que Morales llegue a gobernar el país hasta 2025 dependerá de la evaluación ciudadana sobre aspectos, algunos de ellos polémicos.Por Hugo Machín Fajardo
La última encuesta sobre expectativa de votos para el 20 de octubre en Bolivia ubica al presidente Evo Morales, aspirante a un cuarto período consecutivo, con 45% del electorado; seguido por Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), con 35%; y, en tercer lugar, se ubica Óscar Ortiz (Bolivia dice No), con 9%; según el sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
El estudio de Celag abarca todo el país y demuestra que seis de cada diez personas reconocen mejoramiento en “bienestar, empleo y salarios”; y que el 53% de los encuestados “tiene una imagen positiva” del presidente Morales.
Es evidente que en las elecciones nacionales a realizarse en siete meses- a las que concurren en total nueve candidatos- no solamente está en juego el último proyecto bolivariano del denominado “socialismo del siglo XXI” continental, pues Uruguay, que también tendrá elecciones a fines de 2019, tiene otro perfil de administración progresista.
La posibilidad de que Morales llegue a gobernar el país hasta 2025 dependerá de la evaluación ciudadana sobre aspectos, algunos de ellos polémicos, que tienen un peso evidente.
Logros. Entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes, una inestabilidad institucional proverbial en un país que en el siglo XX se caracterizó por la ocurrencia de permanentes golpes de Estado. Morales puso fin a ello.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, incluyó a centrales sindicales e indígenas a su organización.
En 2006, las reservas internacionales de Bolivia alcanzaban los USD 3.000 millones, cifra que llegó a USD 15.000 millones, diez años después. Fue clave en ello, la decisión del presidente de nacionalizar los hidrocarburos y de la aplicación de un nuevo modelo económico en el país. Ciertamente en 2017 esas reservas bajaron a USD 10.000; a USD 9.174 en 2018; y a marzo, se ubicaron en USD 8.946,3 millones; pero siguen siendo de las mejores de Latinoamérica, según cifras del Banco Central del país y rondan un 23% respecto del Producto Interno Bruto (PIB).
Otro logro de esta administración ha sido una red de teleféricos de La Paz, que no solamente tiene fines turísticos, sino que mediante una inversión multimillonaria es parte del servicio de transporte público de la ciudad y conecta a la periferia pobre de la ciudad con las zonas donde se concentran los empleos.
Es que la inversión pública para toda Bolivia en 2005 era de US$600 millones, mientras que la cifra alcanzó los US$7.200 millones en 2015 y está programada para llegar a los USD 6.510 millones en 2019, según el Presupuesto General del Estado (PGE).
La inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas de educación y salud implementados por la administración Morales han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Con la ayuda de médicos cubanos se realizaron 650.000 curaciones gratuitas y operaciones de la vista.
Críticas. Como en otros países bolivarianos, Morales recuperó el control sobre el sector extractivista de la economía, lo que le permitió redistribuir la riqueza desde arriba. Los proyectos mineros e hidrocarburíferos han generado resultados importantes en la política de economía sostenida. Pero también objeciones desde analistas de izquierda, cuestionadores de esa apelación al “neoextractivismo”. Así lo señala el Centro de Documentación e Información Bolivia: se ampliaron las áreas petroleras constantemente y en tan sólo siete años, de 2005 a 2012, se incrementaron de 11 a 98 las áreas reservadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, llegando esto a representar aproximadamente un tercio de la superficie total de aquel país.
Lo anterior se vio acompañado por el debilitamiento de los controles fiscalizadores del poder legislativo y esa discrecionalidad privativa del poder ejecutivo derivó, por ejemplo, en el caso del Fondo Indígena que generó en 2015 la detención de una exministra, de dirigentes y legisladores del MAS. El hecho involucró a sindicalistas rurales también.
Un año después, se conoció que Gabriela Zapata, ex novia de Morales, se había beneficiado por un supuesto caso de tráfico de influencias favorable a la empresa china en la que trabajaba. Habría obtenido contratos por cientos de millones de dólares.
Los críticos de Morales afirman que nunca antes se habían originado casos de corrupción desde la presidencia que involucren esa magnitud de dinero.
Cívico-militar. Recuérdese que en 2008 se votó una nueva Constitución en Bolivia, que permitió tres años después elegir por voto popular a las máximas autoridades judiciales, algo inédito en Latinoamérica. Resultó un fracaso según reveló en 2016 el vicepresidente Álvaro García Linera. El funcionario dijo que la justicia boliviana estaba “podrida” y que con dinero se arreglaba todo.
El Gobierno llegó a controlar a la mayoría de los medios en Bolivia mediante compras de empresas por parte de empresarios amigos o utilizando la publicidad estatal como manera de cooptarlos, lo que permitió a Morales afirmar en 2016 que casi un 90% de los medios le eran favorables. Antes había calificado a los periodistas como su “principal oposición”.
Siguiendo el peor ejemplo bolivariano de Maduro, Morales delegó en las fuerzas armadas las empresas públicas. En su opinión "las empresas públicas que tenemos y las nuevas empresas públicas deben estar a cargo de nuestras Fuerzas Armadas”.
Críticas de izquierda. “Es inevitable preguntarnos cómo semejante concentración del poder político en el ejecutivo puede ser conciliable con el fortalecimiento de la democracia", es la pregunta hecha por el sociólogo alemán Klaus Meschkat, un estudioso del socialismo real.
Otro crítico del MAS es el politólogo argentino Atilio Borón, habitual defensor de los regímenes bolivarianos: “Las políticas de promoción de sectores de propiedad social y cooperativa a cargo de los movimientos sociales terminaron en gran medida en un fracaso, reconocido por el propio gobierno. Es que no basta la transferencia de las empresas al control popular para que funciones eficientemente, y por eso la mayoría de ellas tuvieron que ser re-estatizadas para salvarlas de la quiebra”, sostuvo en 2017.
También otra analista de izquierda, la argentina Maristella Svampa, investigadora principal del Conicet, Universidad de La Plata, si bien reconoce “la reducción de la pobreza, el aumento del consumo, el reparto de tierras”, bajo la administración Morales; admite que “hace tiempo que el populismo plebeyo boliviano perdió el 'aura', pues esa tensión insoslayable entre la faz democrática y la autoritaria fue mostrando su costado más amenazador por la vía dela concentración del poder, la intolerancia a la disidencia y los hechos de corrupción”.
Naturalmente que desde la oposición partidaria boliviana surgen otras críticas. En la región cocalera del Chapare, donde Morales empezó su carrera política, la empresa surcoreana Samsung instaló en 2016 su planta procesadora de amoniaco y urea después de adjudicarse el proyecto de USD 800 millones. El columnista Humberto Vacaflor sostiene que “los funcionarios masistas que pagaron 953 millones de dólares por la planta de urea de Bulo Bulo olvidaron un pequeño detalle: faltaba una parte que solo cuesta 36 millones de dólares para que la planta funcione bien”.
El Gobierno debió contratar empresas para que completaran el procesamiento de la urea mediante contratos millonarios “todos llave en mano” -apunta el crítico- que solucionaran “los descuidos de los camaradas masistas”.
Otro caso de imprevisión lo constituye el ingenio Lucianita de Huanuni, que costó 50 millones de dólares y no ha podido funcionar desde hace siete años. Es que quienes compraron el ingenio olvidaron que en Huanuni no existe una provisión segura de agua, que el ingenio necesita para poder funcionar.
También desde la oposición se evidencia que las remesas de los bolivianos establecidos en el exterior alcanzaron, desde el 2006, alrededor de mil millones de dólares anuales -inédito en la historia del país- equivalente a una cifra entre el 14 al 20 por ciento del valor total de las exportaciones anuales del país (gas, zinc, estaño, soya). Según los opositores a Morales, dichas remesas “significaron el 51 por ciento del total de los depósitos públicos en las finanzas nacionales y más de 16 veces el total de las reservas internacionales (RIN), hasta el 2018”. Con base a esos datos se afirma que esa enorme cantidad de dinero proveniente de las remesas de trabajadores bolivianos desde el exterior es, en realidad, la que crea estabilidad y no así las medidas del Estado Plurinacional fundado por el MAS.
Trabajo infantil. Otros cuestionamientos provienen desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se ha criticado la legislación boliviana de 2014 que permite el trabajo infantil a partir de los 10 años. Varios expertos, como José Ramírez de OIT, mostraron su preocupación por “el carácter erróneo de la medida” que dijo “lanza el mensaje a las familias y menores pobres que para salir de esa situación no van a tener ninguna ayuda y que lo mejor que puedan hacer es trabajar”.
Ramírez apuntó que la misma infringe “totalmente la legalidad internacional y los convenios de la OIT”, además de no tener en cuenta que la formación debe ser obligatoria hasta los 16 años. En Bolivia hay al menos unos 850 mil niños trabajadores, según datos oficiales al momento de aprobarse la polémica legislación. "Cuando uno trabaja desde niño, tiene más conciencia social" se ha justificado Morales.
Tres años antes, el 51,31% de la ciudadanía boliviana le dijo “No” a la aspiración de Morales de entronizarse en el poder, mientras que un 48, 69 % le dio su apoyo. Pese a ese revés, sus aliados en los tribunales cambiaron las reglas de los mandatos argumentando que eran injustas y que la reelección indefinida constituye un “derecho humano”. Evo Morales tiene abierto el camino a la “hiperpresidencia”. ¿La obtendrá?
La última encuesta sobre expectativa de votos para el 20 de octubre en Bolivia ubica al presidente Evo Morales, aspirante a un cuarto período consecutivo, con 45% del electorado; seguido por Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), con 35%; y, en tercer lugar, se ubica Óscar Ortiz (Bolivia dice No), con 9%; según el sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
El estudio de Celag abarca todo el país y demuestra que seis de cada diez personas reconocen mejoramiento en “bienestar, empleo y salarios”; y que el 53% de los encuestados “tiene una imagen positiva” del presidente Morales.
Es evidente que en las elecciones nacionales a realizarse en siete meses- a las que concurren en total nueve candidatos- no solamente está en juego el último proyecto bolivariano del denominado “socialismo del siglo XXI” continental, pues Uruguay, que también tendrá elecciones a fines de 2019, tiene otro perfil de administración progresista.
La posibilidad de que Morales llegue a gobernar el país hasta 2025 dependerá de la evaluación ciudadana sobre aspectos, algunos de ellos polémicos, que tienen un peso evidente.
Logros. Entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes, una inestabilidad institucional proverbial en un país que en el siglo XX se caracterizó por la ocurrencia de permanentes golpes de Estado. Morales puso fin a ello.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, incluyó a centrales sindicales e indígenas a su organización.
En 2006, las reservas internacionales de Bolivia alcanzaban los USD 3.000 millones, cifra que llegó a USD 15.000 millones, diez años después. Fue clave en ello, la decisión del presidente de nacionalizar los hidrocarburos y de la aplicación de un nuevo modelo económico en el país. Ciertamente en 2017 esas reservas bajaron a USD 10.000; a USD 9.174 en 2018; y a marzo, se ubicaron en USD 8.946,3 millones; pero siguen siendo de las mejores de Latinoamérica, según cifras del Banco Central del país y rondan un 23% respecto del Producto Interno Bruto (PIB).
Otro logro de esta administración ha sido una red de teleféricos de La Paz, que no solamente tiene fines turísticos, sino que mediante una inversión multimillonaria es parte del servicio de transporte público de la ciudad y conecta a la periferia pobre de la ciudad con las zonas donde se concentran los empleos.
Es que la inversión pública para toda Bolivia en 2005 era de US$600 millones, mientras que la cifra alcanzó los US$7.200 millones en 2015 y está programada para llegar a los USD 6.510 millones en 2019, según el Presupuesto General del Estado (PGE).
La inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas de educación y salud implementados por la administración Morales han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Con la ayuda de médicos cubanos se realizaron 650.000 curaciones gratuitas y operaciones de la vista.
Críticas. Como en otros países bolivarianos, Morales recuperó el control sobre el sector extractivista de la economía, lo que le permitió redistribuir la riqueza desde arriba. Los proyectos mineros e hidrocarburíferos han generado resultados importantes en la política de economía sostenida. Pero también objeciones desde analistas de izquierda, cuestionadores de esa apelación al “neoextractivismo”. Así lo señala el Centro de Documentación e Información Bolivia: se ampliaron las áreas petroleras constantemente y en tan sólo siete años, de 2005 a 2012, se incrementaron de 11 a 98 las áreas reservadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, llegando esto a representar aproximadamente un tercio de la superficie total de aquel país.
Lo anterior se vio acompañado por el debilitamiento de los controles fiscalizadores del poder legislativo y esa discrecionalidad privativa del poder ejecutivo derivó, por ejemplo, en el caso del Fondo Indígena que generó en 2015 la detención de una exministra, de dirigentes y legisladores del MAS. El hecho involucró a sindicalistas rurales también.
Un año después, se conoció que Gabriela Zapata, ex novia de Morales, se había beneficiado por un supuesto caso de tráfico de influencias favorable a la empresa china en la que trabajaba. Habría obtenido contratos por cientos de millones de dólares.
Los críticos de Morales afirman que nunca antes se habían originado casos de corrupción desde la presidencia que involucren esa magnitud de dinero.
Cívico-militar. Recuérdese que en 2008 se votó una nueva Constitución en Bolivia, que permitió tres años después elegir por voto popular a las máximas autoridades judiciales, algo inédito en Latinoamérica. Resultó un fracaso según reveló en 2016 el vicepresidente Álvaro García Linera. El funcionario dijo que la justicia boliviana estaba “podrida” y que con dinero se arreglaba todo.
El Gobierno llegó a controlar a la mayoría de los medios en Bolivia mediante compras de empresas por parte de empresarios amigos o utilizando la publicidad estatal como manera de cooptarlos, lo que permitió a Morales afirmar en 2016 que casi un 90% de los medios le eran favorables. Antes había calificado a los periodistas como su “principal oposición”.
Siguiendo el peor ejemplo bolivariano de Maduro, Morales delegó en las fuerzas armadas las empresas públicas. En su opinión "las empresas públicas que tenemos y las nuevas empresas públicas deben estar a cargo de nuestras Fuerzas Armadas”.
Críticas de izquierda. “Es inevitable preguntarnos cómo semejante concentración del poder político en el ejecutivo puede ser conciliable con el fortalecimiento de la democracia", es la pregunta hecha por el sociólogo alemán Klaus Meschkat, un estudioso del socialismo real.
Otro crítico del MAS es el politólogo argentino Atilio Borón, habitual defensor de los regímenes bolivarianos: “Las políticas de promoción de sectores de propiedad social y cooperativa a cargo de los movimientos sociales terminaron en gran medida en un fracaso, reconocido por el propio gobierno. Es que no basta la transferencia de las empresas al control popular para que funciones eficientemente, y por eso la mayoría de ellas tuvieron que ser re-estatizadas para salvarlas de la quiebra”, sostuvo en 2017.
También otra analista de izquierda, la argentina Maristella Svampa, investigadora principal del Conicet, Universidad de La Plata, si bien reconoce “la reducción de la pobreza, el aumento del consumo, el reparto de tierras”, bajo la administración Morales; admite que “hace tiempo que el populismo plebeyo boliviano perdió el 'aura', pues esa tensión insoslayable entre la faz democrática y la autoritaria fue mostrando su costado más amenazador por la vía dela concentración del poder, la intolerancia a la disidencia y los hechos de corrupción”.
Naturalmente que desde la oposición partidaria boliviana surgen otras críticas. En la región cocalera del Chapare, donde Morales empezó su carrera política, la empresa surcoreana Samsung instaló en 2016 su planta procesadora de amoniaco y urea después de adjudicarse el proyecto de USD 800 millones. El columnista Humberto Vacaflor sostiene que “los funcionarios masistas que pagaron 953 millones de dólares por la planta de urea de Bulo Bulo olvidaron un pequeño detalle: faltaba una parte que solo cuesta 36 millones de dólares para que la planta funcione bien”.
El Gobierno debió contratar empresas para que completaran el procesamiento de la urea mediante contratos millonarios “todos llave en mano” -apunta el crítico- que solucionaran “los descuidos de los camaradas masistas”.
Otro caso de imprevisión lo constituye el ingenio Lucianita de Huanuni, que costó 50 millones de dólares y no ha podido funcionar desde hace siete años. Es que quienes compraron el ingenio olvidaron que en Huanuni no existe una provisión segura de agua, que el ingenio necesita para poder funcionar.
También desde la oposición se evidencia que las remesas de los bolivianos establecidos en el exterior alcanzaron, desde el 2006, alrededor de mil millones de dólares anuales -inédito en la historia del país- equivalente a una cifra entre el 14 al 20 por ciento del valor total de las exportaciones anuales del país (gas, zinc, estaño, soya). Según los opositores a Morales, dichas remesas “significaron el 51 por ciento del total de los depósitos públicos en las finanzas nacionales y más de 16 veces el total de las reservas internacionales (RIN), hasta el 2018”. Con base a esos datos se afirma que esa enorme cantidad de dinero proveniente de las remesas de trabajadores bolivianos desde el exterior es, en realidad, la que crea estabilidad y no así las medidas del Estado Plurinacional fundado por el MAS.
Trabajo infantil. Otros cuestionamientos provienen desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se ha criticado la legislación boliviana de 2014 que permite el trabajo infantil a partir de los 10 años. Varios expertos, como José Ramírez de OIT, mostraron su preocupación por “el carácter erróneo de la medida” que dijo “lanza el mensaje a las familias y menores pobres que para salir de esa situación no van a tener ninguna ayuda y que lo mejor que puedan hacer es trabajar”.
Ramírez apuntó que la misma infringe “totalmente la legalidad internacional y los convenios de la OIT”, además de no tener en cuenta que la formación debe ser obligatoria hasta los 16 años. En Bolivia hay al menos unos 850 mil niños trabajadores, según datos oficiales al momento de aprobarse la polémica legislación. "Cuando uno trabaja desde niño, tiene más conciencia social" se ha justificado Morales.
Tres años antes, el 51,31% de la ciudadanía boliviana le dijo “No” a la aspiración de Morales de entronizarse en el poder, mientras que un 48, 69 % le dio su apoyo. Pese a ese revés, sus aliados en los tribunales cambiaron las reglas de los mandatos argumentando que eran injustas y que la reelección indefinida constituye un “derecho humano”. Evo Morales tiene abierto el camino a la “hiperpresidencia”. ¿La obtendrá?