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Carlos Gervasoni

Las consecuencias de los emiratos provinciales

(Club Político Argentino) Que haya bajos niveles de democracia en Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz o Santiago del Estero (para nombrar los distritos más problemáticos) no es sólo un problema para los habitantes de esas provincias. Es, es por motivos reseñados arriba, un problema muy grave para todos los habitantes del país.

Por Carlos Gervasoni
21 de marzo de 2019
 

Hace años que investigo la democracia y el autoritarismo en las provincias argentinas. Confirmando ciertas presunciones tempranas del periodismo, las mediciones más rigurosas de la cuestión muestran que hay en Argentina provincias que, si bien cuentan con instituciones electorales, son en los hechos muy poco democráticas. En particular Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero vienen sosteniendo desde hace años, en el mejor de los casos, regímenes híbridos [1]. Aún allí donde una intervención federal terminó con el dominio de caudillos tales como Vicente Saadi o Carlos Juárez, lo que vino luego no fue mucho más democrático. El régimen del gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero es más que ilustrativo.

Esto significa, en primer lugar, que hay muchos argentinos que no gozan de derechos democráticos básicos como el de expresar ideas sin temor a represalias gubernamentales, el de votar en un contexto de razonable paridad de recursos entre el oficialismo y la oposición, o el de acceder a fuentes de información que expresen diversos puntos de vista.

La existencia de estos regímenes, sin embargo, tiene también importantes consecuencias a nivel nacional. Las provincias menos democráticas son demográficamente pequeñas, pero las correas que transmiten su influencia hacia el ámbito de las políticas públicas nacionales amplifican su poder significativamente. El amplificador más obvio es el Senado, que sobrerrrepresenta muy fuertemente a las provincias pequeñas. Otro amplificador menos obvio (y absolutamente inconstitucional) es el decreto-ley de la dictadura militar que asigna a las provincias chicas muchos más diputados de lo que le correspondería de acuerdo a la distribución proporcional que ordena la Constitución Nacional. Además, en cualquier ámbito en que los gobernadores o sus representantes negocian alguna política nacional (como ocurre en los varios consejos federales, típicamente integrados por un ministro de cada provincia junto con el par de Nación), cada provincia tiene el mismo peso independientemente de su población. La voz de Gildo Insfrán, Alicia Kirchner o Alberto Rodríguez Saá pesa tanto como la de Miguel Lifschitz o María Eugenia Vidal, aunque estos últimos representen muchísimos más ciudadanos que aquellos (por ejemplo, la población de Buenos Aires es unas cincuenta veces mayor que la de Santa Cruz).

La influencia nacional de los regímenes provinciales menos democráticos se hace notar de muchas maneras. En la década del ’80, por ejemplo, Vicente Leónidas Saadi lideraba la mayoría del PJ en el Senado (mientras su hijo Ramón gobernaba Catamarca), y desde allí influía intensamente en cuestiones centrales, tales como las designaciones de los jueces federales que debían obtener la aprobación del cuerpo. Más cercanamente en el tiempo, el Senado fue presidido durante el segundo mandato de CFK por Beatriz Rojkés (esposa del entonces gobernador tucumano José Alperovich, bajo cuyo mandato descendió fuertemente el nivel de democracia provincial) y por el santiagueño Gerardo Zamora, que obligado por la Corte Suprema Nacional, había dejado la gobernación provincial en manos de su esposa. En otras palabras, la segunda persona en la línea de sucesión presidencial (luego del muy debilitado vicepresidente Amado Boudou) eran representantes de regímenes provinciales escasamente democráticos. Hoy los dos principales bloques de senadores peronistas (el liderado por Miguel Angel Pichetto y el que responde a Cristina Kirchner) coinciden en proteger de las órdenes de arresto judiciales al ex Presidente Menem (miembro del Bloque Justicialista) y a la ex Presidenta (miembro del Bloque Frente para la Victoria-PJ).

La más poderosa vía de amplificación del poder de las provincias híbridas, sin embargo, ha sido la propia Presidencia. Un analista informado en 1983 casi seguramente hubiera supuesto que la política nacional estaría dominada en las próximas décadas por políticos porteños (como De la Rúa), bonaerenses (como Alfonsín y Cafiero), cordobeses (como Angeloz o De la Sota) o santafesinos (como Vernet o el “Changui” Cáceres). Pero no, fueron ex gobernadores de La Rioja primero y Santa Cruz después, los que dominaron la presidencia durante estos 35 años de democracia (la población conjunta de ambas provincias apenas supera el 1% del total del país).

Muchos hemos notado y criticado las similares tendencias hegemónicas y cleptocráticas de los gobiernos menemistas (1989-1999) y kirchneristas (2003-2012), su tendencia a la transgresión institucional y a la concentración del poder en el Ejecutivo. Algunos atribuyen estos paralelos a su común pertenencia al Partido Justicialista. Sin embargo, sería razonable pensar (contrafácticamente) que gobiernos encabezados por los también justicialistas Antonio Cafiero, José Manuel de la Sota o José Octavio Bordón hubieran sido mucho menos hegemónicos y corruptos. De la misma manera, no parece arrojado imaginar que una hipotética presidencia de Vicente Saadi, Carlos Juárez o Gildo Insfrán no hubiera sido muy diferente de las de Menem, Kirchner y Fernández de Kirchner (probamos algo así durante una semana con Adolfo Rodríguez Saá). Es decir, la tesis que propongo es que no es tanto (o no solo) la pertenencia a un partido en general poco apegado a las instituciones y a la ética republicana, sino la socialización política en regímenes provinciales híbridos, lo que llevó a los desbordes institucionales y morales del menemismo y el kirchnerismo.

Si tal tesis es cierta, la influencia nacional de nuestras provincias menos democráticas ha sido enorme (y muy negativa) para nuestro país. La Argentina sufrió un deterioro institucional y moral de gran magnitud cuando Raúl Alfonsín fue reemplazado por Menem (acompañado de Corach, Dromi, Gostanian, Kohan y Yoma), y nuevamente cuando Kirchner consolidó su poder en la presidencia (acompañado por Boudou, D’Elía, De Vido, Aníbal Fernández, Moreno y Zannini). Quizás no es tan raro que un gobernador que designa un Tribunal Supremo adicto decida hacer la misma cosa cuando llega a presidente. Quizás sea esperable que un político que como gobernador no está acostumbrado a enfrentar medios de comunicación independientes en su provincia emprenda, como presidente, una guerra contra los medios nacionales que lo critican. Una evidencia adicional en favor de esta tesis es que, con todas las críticas que se le pueden hacer a los gobiernos de Alfonsín, De la Rúa, Duhalde o Macri (todos presidentes de origen político bonaerense o porteño), ninguno se caracterizó por el atropello sistemático de las instituciones ni por la instauración desde la cima del poder de prácticas cleptocráticas.

En resumen, que haya bajos niveles de democracia en Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz o Santiago del Estero (para nombrar los distritos más problemáticos) no es sólo un problema para los habitantes de esas provincias. Es, es por motivos reseñados arriba, un problema muy grave para todos los habitantes del país.

[1] Ver Gervasoni, Carlos. 2018. Hybrid Regimes within Democracies. Fiscal Federalism and Subnational Rentier States. Cambridge University Press

 
Acerca del autor
Carlos Gervasoni
Carlos Gervasoni
Profesor-Investigador en el departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maestría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctorado en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios sobre la democracia, política provincial, opinión pública y metodología de la investigación. Sus artículos han aparecido en América Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Journal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, y World Politics. Miembro fundador y presidente de CADAL entre 2003 y 2004.